Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Cómplices y coautores del hecho : Delitos sexuales "en grupo" en la Provincia de Buenos Aires (1863-1903)

Los crímenes sexuales en general, y la violación en particular, suelen concebirse como una situación que involucra únicamente a dos personas: la víctima y su atacante. Sin embargo, los expedientes judiciales vinculados a estos delitos muestran un universo complejo de actores, que no ;se agota en aquel binomio. El presente trabajo se enfoca en algunas de esas ocasiones donde aquella lógica se demuestra incorrecta, mostrando cómo la justicia lidia con aquel desafío desde el discurso jurídico, analizando imágenes y concepciones que abogados y médicos expresan, afirman ;o discuten en relación al comportamiento esperado de hombres y mujeres, así como la situación de la justicia frente a crímenes que se alejan de la "normalidad" reconocida

Cómplices y coautores del hecho : Delitos sexuales "en grupo" en la Provincia de Buenos Aires (1863-1903)

Los crímenes sexuales en general, y la violación en particular, suelen concebirse como una situación que involucra únicamente a dos personas: la víctima y su atacante. Sin embargo, los expedientes judiciales vinculados a estos delitos muestran un universo complejo de actores, que no ;se agota en aquel binomio. El presente trabajo se enfoca en algunas de esas ocasiones donde aquella lógica se demuestra incorrecta, mostrando cómo la justicia lidia con aquel desafío desde el discurso jurídico, analizando imágenes y concepciones que abogados y médicos expresan, afirman ;o discuten en relación al comportamiento esperado de hombres y mujeres, así como la situación de la justicia frente a crímenes que se alejan de la "normalidad" reconocida

Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Cómplices y coautores del hecho : Delitos sexuales "en grupo" en la Provincia de Buenos Aires (1863-1903)

Los crímenes sexuales en general, y la violación en particular, suelen concebirse como una situación que involucra únicamente a dos personas: la víctima y su atacante. Sin embargo, los expedientes judiciales vinculados a estos delitos muestran un universo complejo de actores, que no ;se agota en aquel binomio. El presente trabajo se enfoca en algunas de esas ocasiones donde aquella lógica se demuestra incorrecta, mostrando cómo la justicia lidia con aquel desafío desde el discurso jurídico, analizando imágenes y concepciones que abogados y médicos expresan, afirman ;o discuten en relación al comportamiento esperado de hombres y mujeres, así como la situación de la justicia frente a crímenes que se alejan de la "normalidad" reconocida

3.4 United States Supreme Court 1938

Gaines’ legal team, led by Houston, had faith in the justice system of the United States and anticipated getting a fair trial at the federal level. So far, all decisions had occurred in Missouri, a state with a segregated system.The fact that Gaines v Canada had reached the Supreme Court was promising indeed. It was rare that any case involving African-Americans would be considered by the highest court in the land. President Franklin D. Roosevelt had been appointing Justices that were more willing to consider cases concerned with civil rights. On November 9, 1938, the Supreme Court of the United States heard arguments in the Gaines v Canada case. The defense was unmoved by the rude treatment and made their presentation with professionalism and aplomb. Houston’s argument remained steadfast; not only was the state of Missouri’s statute concerning out-of-state tuition for blacks in violation of the 14th Amendment, but the very idea of segregation itself violated the Constitution. William Hogsett, the attorney for the University of Missouri, countered that the school was merely following state laws. The MU legal team was flustered as questions from the bench forced them to correct overstatements regarding Missouri’s “generosity to Negro students”. With crossed fingers and high hopes, the Gaines legal team rested their case and awaited the verdict. Meanwhile, Lloyd Gaines was still in Michigan. Lloyd held a W.P.A. job as a Civil Service Clerk and was in constant contact with his family and attorneys. His mood in his correspondence was hopeful and positive.

Uso do território e justiça: a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e os limites à garantia constitucional do direito de defesa

Este trabalho investiga os limites à garantia constitucional do direito de defesa no Brasil, partindo de uma análise do uso do território paulista pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), criada em 2006. Uma vez que as defensorias públicas oferecem assistência jurídica gratuita quase que exclusivamente aos pobres, o estudo de seus objetos e ações muito contribui para a compreensão destes limites. Assim, a pesquisa tem como objetivo testar a hipótese de que o uso do território paulista pela DPESP é expressão de como o sistema de justiça brasileiro não tem como prioridade a garantia constitucional do direito de defesa. Partindo de uma discussão teórica sobre a relação entre o território e o setor terciário, além da análise de uma série de mapas, o trabalho mostra como a localização das 41 unidades de atendimento da DPESP constitui um primeiro obstáculo ao acesso: na maior parte dos municípios atendidos, as unidades localizam-se nas áreas centrais enquanto os pobres habitam as periferias urbanas. Os deslocamentos representam um custo maior justamente para aqueles que mais necessitam dos serviços. A investigação em cada um dos municípios revela também a insuficiência no número de defensores. Ultrapassando a questão das localizações, a pesquisa analisa ainda os problemas estruturais, evidenciando que o sistema capitalista produz pobreza e concentração de renda, o Estado atende prioritariamente aos interesses empresariais e a justiça concentra seus esforços na garantia da ordem necessária aos negócios. Neste sentido, além de uma abordagem teórica a respeito do capitalismo, do Estado e da justiça, o trabalho recorre a dados empíricos do estado de São Paulo para evidenciar a produção estrutural de pobreza e a seletividade das ações estatais. Para teste da hipótese, são analisados igualmente os aspectos históricos da estruturação do direito na sociedade capitalista, destacando sua importância específica para a garantia dos interesses comerciais. Além disso, fundamentandose em pesquisa bibliográfica, a investigação sobre as origens dos serviços de assistência jurídica gratuita e da criação das defensorias públicas revela como estes são o resultado de difíceis embates políticos e que sua existência não é uma consequência natural do sistema legal pensado pelos ideólogos iluministas. A principal conclusão deste trabalho é que as dificuldades hoje enfrentadas pelas defensorias são, em grande medida, a expressão de uma estrutura social produtora de desigualdades e seletiva na aplicação da justiça. Neste sentido, a solução do problema do acesso à justiça aos mais pobres não se esgota na expansão dos serviços das defensorias. Este é apenas o começo, a partir do qual as desigualdades podem se tornar mais evidentes e as pessoas mais conscientes e exigentes de transformações sociais profundas.

Política y criminalidad en el «nuevo Estado» franquista. La criminalización del «enemigo» en el Derecho penal de posguerra

La consolidación del «nuevo Estado» franquista conllevó la elaboración de una doctrina y una legislación penal que permitiera reprimir a los enemigos políticos de la dictadura, así como conseguir el control de la sociedad. Este estudio analiza la criminalización de la desviación social durante la posguerra. La criminalización es la selección de un grupo de personas, a las que el poder del Estado somete mediante la coacción punitiva de sus acciones. En este proceso de «construcción social» del delito, destacó la categorización del «otro» como un enemigo peligroso y dañino moral y socialmente, también en la justicia común en España.

Texas juvenile probation report.

"Statistical and other data on the state juvenile justice system."

CHRI user's manual : criminal history record information /

This guide provides examples of juvenile and adult arrest fingerprint cards with instructions and additional record forms.

Illinois' multiyear strategy to control drug and violent crime, FFY 2004.

In June 2000, the Authority convened a Criminal Justice Planning Assembly in which policy makers, service providers, researchers, practitioners, and elected officials participated. The goals and objectives for the criminal justice system, which came out of the Assembly, were refined in the following months and recommended action steps to address identified priorities were developed. This work resulted in a Criminal Justice Plan for the State of Illinois. A primary purpose of the Plan was the development of a framework for a comprehensive statewide approach to coordinating the allocation and expenditure of all federal and state funds appropriated to the Authority and made available for juvenile and criminal justice purposes. The Plan as well as past funding initiatives, the latest data on drug and violent crime in Illinois, and new criminal justice issues that have arisen in the last several years were taken into account in the development of the strategy. The strategy describes the role that Illinois' Anti-Drug Abuse Act Edward Byrne Memorial Fund award plays in the larger plan for Illinois, coordinating research, policy, and the legislative activities with funding initiatives.

Gender differences in the relationship between offending, self-harm and depression in adolescence and young adulthood

Criminal offending and poor mental health are both recognised as important social problems warranting prevention and intervention efforts. Although there is some evidence for comorbidity between these problems, little research has examined the causal relationship between offending and mental health, particularly for young people. The present investigation addresses these issues by using data from the Sibling Study, a longitudinal investigation of delinquency as self-reported by 731 adolescents and young adults in south-east Queensland, Australia. The results suggest that for young women, but not men, offending behaviours (including the use of illicit drugs) lead to increases in self-harm and depression. Conversely, poor mental health, as indicated by having low self-esteem, a poor future outlook, and a belief that life is very confusing, does not influence subsequent levels of offending for either sex. The implications for prevention and intervention are discussed, with emphasis on the need for the criminal justice system to provide mental health services to young female offenders.

A transdisciplinary approach to adolescent forensic mental health

Objective: To examine new strategies which may be implemented to address the significant mental health and substance abuse problems of young people within the juvenile justice system. Method: Wide-ranging literature review of mental health problems within the juvenile justice population is given, illustrating the high prevalence of mental health problems within this cohort of young people. Reference is made to the differing demographics and agendas of the American justice system compared to that found in Australia. Results: It is suggested that new initiatives stemming from quality Australian studies are required in order to facilitate reform within adolescent forensic mental health. Psychiatrists need to be at the forefront of innovative policy delivery within the juvenile justice system. Conclusions: A transdisciplinary approach is required to meet the changing needs of young people within the juvenile justice system. Such a system of care recognizes that these young people and their families have multiple needs that cross traditional boundaries and a collaborative approach across agencies is essential at both the policy and practical level. Psychiatrists have an important role to play in the development of these services. A systemic process to address such needs is offered.

Human behaviour modelled as a statistico-deterministic turing machine

'Free will' and its corollary, the concept of individual responsibility are keystones of the justice system. This paper shows that if we accept a physics that disallows time reversal, the concept of 'free will' is undermined by an integrated understanding of the influence of genetics and environment on human behavioural responses. Analysis is undertaken by modelling life as a novel statistico-deterministic version of a Turing machine, i.e. as a series of transitions between states at successive instants of time. Using this model it is proven by induction that the entire course of life is independent of the action of free will. Although determined by prior state, the probability of transitions between states in response to a standard environmental stimulus is not equal to 1 and the transitions may differ quantitatively at the molecular level and qualitatively at the level of the whole organism. Transitions between states correspond to behaviours. It is shown that the behaviour of identical twins (or clones), although determined, would be incompletely predictable and non-identical, creating an illusion of the operation of 'free will'. 'Free will' is a convenient construct for current judicial systems and social control because it allows rationalization of punishment for those whose behaviour falls outside socially defined norms. Indeed, it is conceivable that maintenance of ideas of free will has co-evolved with community morality to reinforce its operation. If the concept is free will is to be maintained it would require revision of our current physical theories.