734 resultados para JUSTICIA TRANSICCIONAL - GUATEMALA - 1994-2004


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El presente trabajo busca hacer un análisis sobre los arreglos institucionales introducidos con la ley 100 de 1993 a las Empresas Sociales del Estado (ESE), y cómo estos han afectado la prestación del servicio de salud y la garantía del derecho; para lo cual se escoge como ejemplo el Hospital Simón Bolívar E.S.E de Bogotá durante los años 2002 a 2014. Se explica como con la implementación de la descentralización, el modelo de aseguramiento y la autonomía financiera se afectó la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta la introducción de un eslabón dentro del sistema de salud: las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

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A partir de la reconstrucción del proceso de creación e implementación del programa presidencial para la reparación a población desplazada Familias En Su Tierra, se exploran las dificultades y retos que enfrenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Esta obra es resultado de investigación sobre dos conceptos de enorme importancia para la educación jurídica en Iberoamérica: la educación legal clínica como modelo pedagógico en construcción y el litigio estratégico como herramienta de incidencia social y política. Se considera que el proceso de construcción de las clínicas en la región es un hito en la educación jurídica iberoamericana y existen evidencias que permiten afirmarlo, ya que se trata de historias paralelas que se fortalecieron por los intercambios de aprendizajes y experiencias a través de las redes. De igual manera se desarrolla el concepto de litigio estratégico o estructural y se examina la forma como inciden en dicha propuesta las alianzas estratégicas. Se pasa luego a una profundización sobre la agenda de las clínicas y los temas prioritarios de Derechos Humanos en Iberoamérica. Examen que se realiza a partir de casos reales que se han trabajado las clínicas. Se concluye en la necesidad del surgimiento de nuevas clínicas y de más proyectos de investigación.

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Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del período 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de cada corporación.Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.ratio decidendi de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.

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Resumen basado en el de la publicación. El seminario: Enfoques actuales de la educación física y el deporte. Retos e interrogantes, se llevó a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Iberoamérica, y tuvo lugar en Antigua, Guatemala, entre los días 21 y 25 de noviembre de 2005

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Basándose en un amplio análisis del sistema educativo y de la formación del profesorado en Guatemala, realiza una propuesta de formación permanente de éste en educación vocacional y técnica con los siguientes objetivos: formar dentro del sistema reglado, permitiendo la participación a los profesores desde sus centros de trabajo y en relación al contexto donde desarrollan su tarea docente; crear vías de formación para la actualización didáctica y tecnológica; fomentar el trabajo en equipo del profesorado y lograr la integración de contenidos mediante el intercambio de experiencias, la investigación y la reflexión; optimizar los recursos en los centros educativos y efectuar actividades interdisciplinarias. En lo que se refiere a la actualización de contenidos se consideran básicas las áreas de psicología educativa, didáctica, principios educativos, administración de empresas y nuevas tecnologías. Para la puesta en práctica del plan se ve necesaria la descentralización educativa y el apoyo económico tanto del gobierno como de las empresas. Estas han de prestarse también a colaborar para la realización de prácticas.

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Indagar la naturaleza y concreción que ha tenido el principio de equidad, entendido como eje articulador de las políticas públicas en educación, desde 1965 a 1994.. El objeto de análisis lo constituyen 4 proyectos educativos chilenos concretos de 4 gobiernos sucesivos: la reforma educacional del 65, el informe ENU (Escuela Nacional Unificada) de 1973, los planes y programas del gobierno militar y la ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE) de 1982 y 1990, y finalmente el programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación (MECE) en sus componentes preescolar, básica y básica rural, que va desde 1991 a 1994.. En primer lugar el análisis se sitúa en el contexto de la profusa investigación que existe sobre educación y desarrollo en América Latina y que sirve de marco referencial y téorico al tema. Además de la delimitación del concepto de equidad, determinadas cuestiones teóricas adquieren especial importancia: el concepto de educación que se maneja en cada periodo, la teorías de aprendizaje, las relaciones entre educación y sociedad, entre educación y economía. Se presenta a continuación un recorrido por la historia de América Latina, deteniéndose en el caso de Chile. Se reseña la historia política de 1965 a 1994 y se estudian los proyectos educativos de la Democracia Cristiana (1964-1970), de la Unidad Popular (1970-1973), de la Dictadura Militar (1973-1990) y de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-1994).. En los dos primeros proyectos se ha contado con los debates parlamentarios; en el tercero con los informes de las comisiones legislativas nombradas discrecionalmente por la autoridad y en el cuarto con el esbozo del programa marco. También se ha hecho uso de fuentes orales, fuentes secundarias (libros y resvistas) y bibliografía complementaria.. La base teórica y metodológica general es la teoría y la historia de la educación. El enfoque del estudio es histórico y político, buscando una perspectiva multidisciplinar. Se aprecian tres fases: se da un proceso heurístico de búsqueda, un proceso hermenéutico y un esfuerzo de síntesis.. Desde 1960 la equidad se expresa tanto en América Latina como en Chile, en los intereses políticos por democratizar el sistema educativo, principalmente mejorando el acceso al mismo. Consolidados los sistemas educativos, la equidad viene a manifestarse en la preocupación por la permanencia del niño en la escuela. Han aumentado las tasas de deserción escolar y han disminuido las de retención. En un tercer momento, equidad es sinónimo de calidad; se trata de reducir la brecha entre la escuela privada de calidad y la escuela pública ineficiente. En un cuarto momento surge la necesidad de hacer relevantes los aprendizajes, es decir que respondan a los requerimientos sociales básicos, dotando al individuo de las competencias mínimas para que pueda desenvolverse en su entorno sociocultural.. La equidad se ha presentado asociada a diferentes conceptos: asistencialidad, participación, libertad y compensación. Ninguna de estas acepciones da solución al problema fundamental que se planteaba: la desigualdad y la injusticia en el sistema educativo. Está claro que la educación por sí sola no elimina las descompensaciones socioeconómicas y culturales de origen social; de no mediar otros modelos de desarrollo a escala humana y sostenible, podrán juntarse ingentes recursos en compensación pero no serán sino retardatarios de una solución profunda. Fecha de finalización tomada del código del documento.

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Se proponen una serie de pautas para la reflexión en relación a cómo organizar un centro educativo para la justicia y cómo ofrecer calidad educativa y realizar la justicia. En primer lugar analiza el contexto en el que se mueven los alumnos, los valores que lo rigen y cómo debe adecuarse la pedagogía al cambio social. Después se centra en la calidad educativa y en cómo, para obtenerla, debe incluirse una educación en valores, concretamente de justicia y solidaridad. Finaliza con una reflexión sobre la educación inclusiva.

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Se explica el proceso por el cual la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Educación y Gestión de Escuelas Familiares Agrarias, impugnaron por separado diferentes artículos del Decreto 22/2004, de admisión de alumnos en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.Se señalan los motivos que han conducido a impugnar dicho Decreto y se expone la explicación del Tribunal Supremo en relación con los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

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En esta guía se recoge la relación de los centros docentes de Educación Especial y aquellos otros centros dotados con recursos para la integración educativa del alumnado con discapacidad. Incluye, además, la información sobre los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, tanto los específicos, como los generales y los de atención temprana. Igualmente se relacionan los recursos educativos para el alumnado hospitalizado y convaleciente, y se incluye la información relativa a los centros de Formación del Profesorado, territoriales y regionales, y los Programas de Garantía Social, en las distintas modalidades como alumnos con necesidades educativas especiales, iniciación profesional, y talleres profesionales en unidades de formación e inserción laboral. Finalmente se recoge el marco normativo referido a la atención educativa del alumnado citado.

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Se analiza el proceso de incorporaci??n de ni??os y ni??as extranjeros al sistema educativo espa??ol desde 1994 hasta 2005, teniendo en cuenta las siguientes variables: curso escolar, regi??n geogr??fica de procedencia del alumnado, comunidad aut??noma, nivel educativo, y titularidad del centro. Se aporta como resultado, un mapa diagn??stico cuantitativo de c??mo se ha configurado en Espa??a la pluriculturalidad del sistema educativo. Por ??ltimo, se ofrece un an??lisis detallado del ??ltimo curso escolar 2004-2005 basado en las mismas variables citadas anteriormente.

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Resumen tomado parcialmente de la revista

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Resumen en inglés y catalán. Monográfico con el título: Perspectiva de género en la acción socioeducativa

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El presente trabajo indaga sobre la significación del Tribunal Constitucional de Bolivia como nueva institución en la administración y fortalecimientos de la justicia, y como órgano especializado de control constitucional, que contribuye a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine qua non para la consolidación del régimen democrático. Desde esta óptica, se analiza al Estado de derecho y al Estado constitucional de derecho en un Estado moderno; con especial detenimiento en la justicia constitucional, las razones y motivos para su existencia y los presupuestos jurídicos que la sustentan sus principios y los sistemas de control institucional. El estudio analiza el control constitucional antes y después de la reforma constitucional boliviana de 1994; se detiene en las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y en los criterios para la elaboración de su ley orgánica; precisa sus antecedentes, composición, independencia, funciones y alcance como actor principal en la justicia constitucional, y los efectos y carácter de sus resoluciones. Así se examina el papel que éste desempeña en la defensa y garantías de los derechos fundamentales, y se ubica al órgano constitucional como instrumento para el fortalecimiento el régimen democrático y la consolidación de la Constitución.