Análisis de la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita, su importancia en el proceso jurisdiccional y su garantía en el derecho de propiedad

El dominio doctrinariamente es el derecho real máximo del cual se desglosan la mayoría de los derechos reales consagrados en el derecho civil, de esto se desprenden facultades, o derechos los cuales revisten al propietario, para que pueda usar, gozar y disponer libremente de una cosa. Pero si analizamos bien la concepción del concepto de dominio consagrado en el Código Civil, nos daremos cuenta que hay una forma de concebir las cosas corporales. El Art. 568 Código Civil Se llama Dominio o Propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad y el uso de la cosa se le llama usufructo. El derecho de dominio tiene características que le hacen ser diferentes de los demás derechos, es por ende que gozan de características especiales como los que identifican a los derechos reales: a) Es un derecho real, b) Es absoluto, c) Es exclusivo, d) Es perpetuo. En la Constitución se establecen una cantidad de derechos fundamentales entre ellos el derecho de propiedad y posesión, sobre los bienes que una persona puede tener, así mismo la constitución regula que la persona no puede ser privada de sus derechos fundamentales sin que esta sea antes previamente oída y vencida en un juicio mediante un proceso que se le debe seguir para no vulnerar sus derechos y garantías tanto constitucionales como las que las leyes aplicables determinan. La ley que se Analizara persigue la recuperación de bienes producto de actos ilícitos, y regula los medios, competencias y procedimientos para obtener dicha recuperación. "Por tal razón, es indispensable dotar al Estado, garantizando el debido proceso, de un mecanismo legal para la investigación, el examen y establecimiento del origen ilícito de patrimonios realizadas al margen de la ley y proceder a su extinción". La figura de la extinción de dominio tal y como aparece definida en dicha ley, por lo menos en el medio, es novedosa. Hasta ahora, la extinción del derecho de dominio considerada como el cambio de titularidad del derecho real de propiedad se producía por los medios tradicionales, o títulos de adquisición de dominio o pérdida como la transferencia en sus diversas modalidades, la expropiación, la transmisión y la prescripción. La novedad de la ley consiste en la introducción de una nueva forma de extinción, que es la "pérdida de ese derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular", por razón de la naturaleza de la procedencia adquisitiva del bien, en resumen que provenga de hechos o actos ilícitos. No obstante para que haya una completa legalidad en el proceso y el destino de estos bienes que sean objeto de medidas cautelares o extinguidos mediante una sentencia definitiva dictada por un juez especializado, para garantizar su buena administración se crearan las distintas instituciones especializadas en el área; estas se encargaran de reparación, identificación inventario, administración, mantenimiento, preservación, custodia, y la destinación de los mismos todo ello para garantizar el derecho de propiedad ya sea que lo tenga el particular o este pase a favor del Estado.

Oficio N° 220-196110 Garantía mobiliaria

"Supersociedades: Mecanismos de ejecución de la garantía mobiliaria"

Contribución de la misión de naciones unidas en Guatemala – Minugua, a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca (1994 a 2004)

El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

Sistema público de comunicación en Brasil: el camino hacia la garantía del

 Uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la comunicación, no está garantizado para todas las personas en Brasil y no forma parte del debate en los medios de comunicación ni se encuentra entre las preocupaciones de la sociedad. Aunque la legislación nacional prohíba el monopolio y el oligopolio, los medios están en manos de pocos y la mayoría de la población se encuentra marginada en el proceso de la producción y la divulgación de la información asumiendo el papel de simple consumidora de noticias. Apartada del acceso a la participación de la comunicación pública a través de los medios, tiene igualmente restringida su libertad de expresión y de elección. Hechos que comprometen no solo derechos individuales y colectivos, sino también la propia consolidación de la democracia brasileña. Un largo camino han recorrido las organizaciones sociales que defienden y exigen el derecho humano a la comunicación. Como uno de los resultados de esta labor, se realizó recientemente la primera Conferencia Nacional de Comunicación, donde estas cuestiones fueron discutidas, mientras una serie de propuestas fueron aprobadas con la participación de representantes del gobierno, de las empresas de comunicación y de la sociedad civil. Entre las proposiciones está la organización y el fortalecimiento de un sistema público de comunicación percibido como una de las más importantes estrategias de democratización de la comunicación. El desarrollo de un sistema público, por sus características diferenciadas de gestión, gobernanza y financiación, se presenta, por lo tanto, como un gran paso para garantizar el derecho humano a la comunicación en el país. Communication is a fundamental right, but it’s not guaranteed to all people in Brazil. Even worse: it’s not even part of the debate in most media nor it is a priority issue amongst society. Even though national laws forbid monopoly and oligopoly in media, most communication companies are owned by few people and most of the population is excluded in the process of producing and broadcasting information – becoming mere news consumers. People have no access to participation in public communication and has also their freedom of speech restricted by media. This problem not only jeopardizes individual and collective rights, but also impedes the consolidation of Brazilian democracy. Social organizations have been struggling to defend and demand communication rights. As a result of this work, Brazil has recently promoted the first National Communications Conference, where these issues were discussed and many propositions were approved with the participation of government, communication corporations and organized civil society representatives. The organization and the strengthening of a communications public system – one of the most important strategies for communication’s democracy - was one of the approved propositions. The development of a public system, with its different forms of management, governance and funding, presents itself as a great step towards the enforcement of communication rights in the country.  

La función social de la propiedad en la Doctrina Social de la Iglesia

La Doctrina Social de la Iglesia ha sostenido desde sus inicios la legitimidad de la propiedad privada como garantía de autonomía de la persona, señalando como camino para la justicia social su difusión, sobre todo a través del salario justo. Con el tiempo ha logrado equilibrar mejor su función individual y su función social, profundizando en su carácter instrumental, ordenado a hacer efectivo un derecho anterior y más fundamental de todos los seres humanos al uso de los bienes de la tierra. Hoy insiste en que toda forma de dominio privado o público puede ser legítima mientras esté al servicio del trabajo, lo que en la economía industrial moderna implica la necesidad de crear estímulos para canalizar la renta al ahorro y la inversión. Facilitar el paso de la posesión precaria a la propiedad legítima sigue siendo un objetivo central en la lucha contra la pobreza.

Informe de Economía e Instituciones

Resumen: El Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan cuestiones teóricas y de política económica relacionadas con la temática de la economía y las instituciones. En la primera columna, Acuerdos del G-20 para enfrentar la crisis, el autor parte del diagnóstico de que la crisis financiera se profundizó, transformándose en una crisis económico–social. Luego se focaliza en el tratamiento de los asuntos globales de la cumbre de los líderes del G-20 en Londres, con el fin de establecer los lineamientos para salir de la actual crisis y sentar las bases de un nuevo orden económico mundial. Se comentan, con énfasis en lo institucional, las tareas y cambios a realizar agrupadas en torno a cinco objetivos. Estos objetivos son: restaurar el crédito, fortalecer la supervisión y la regulación financieras, fortalecer las instituciones financieras mundiales, resistir el proteccionismo y promover el comercio y la inversión mundiales y garantizar una recuperación justa y sostenible para todos. En la segunda columna, El Fideicomiso, se define que este instrumento legal se crea cuando una persona trasmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra quién se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato y a trasmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición, al beneficiario. La virtud de este instrumento es que se trata de una figura legal que aísla un patrimonio por lo que el fondo es inmune a cualquier riesgo y el fiduciario que lo administra, tiene instrucciones concretas, lo que representa una garantía fuerte. El fideicomiso en su esencia importa un negocio de confianza (fidei) en la persona del fiduciario para que éste de cumplimiento al encargo convenido en el contrato. Este es apto por sus ventajas para; fortalecer garantías y acuerdos, neutralizar riesgos, evitar procesos judiciales de ejecución con sus consecuencias de mora y costos, etc. En la tercera columna, Modernización del Estado y Articulación de Intereses, hace hincapié en la necesidad de un Estado Moderno, que es aquel que atiende eficazmente las necesidades de los ciudadanos generando asimismo adhesión al mismo. El elemento fundamental para el desarrollo de un estado moderno consiste en la independencia de los grupos de interés particular. Existen dos formas de relación entre el estado y lo grupos de interés de acuerdo a la tradición en la que uno se ubique: institucionalizadas en forma de corporaciones o instrumentalizadas mediante las actividades de los denominados lobbies. La articulación de intereses en las instituciones no es suficiente para un balance político sino que se requiere la formación de un compromiso ético y una actitud de cooperación subyacente. En cuanto a la capacidad de los grupos de intereses de balancear la acción de las agencias gubernamentales y de ejercer una acción frente a algunos desarrollos económicos, su función es invalorable siempre que sean una expresión democrática.

La delegación legislativa : evolución y estado actual

Introducción: "A comienzos de la década de 1990 la delegación legislativa despertó luego de un prolongado letargo de casi sesenta años. No obstante su importancia como fuente del derecho, desde fines de la década de 1920 el reglamento delegado había vegetado confusamente, junto con el reglamento ejecutivo, bajo el entonces Artículo 86, inciso 2º de la Constitución (actualmente el Artículo 99, inciso 2º), sin que pronunciamiento judicial alguno lograra establecer con claridad las diferencias entre uno y otro. La Corte, rutinariamente, se había limitado a convalidar el obrar del Poder Ejecutivo en ambos reglamentos, apelando a dos reglas muy generales elaboradas –con diferencia de un año– en los casos “A.M. Delfino” y “Administración de Impuestos Internos c/ Chadwick, Weir y Cía. Ltda.”, a los que me referiré en el punto siguiente. Esta inercia jurisprudencial tuvo un cimbronazo en 1993, cuando la Corte resolvió “Cocchia c/ Estado Nacional”, forzando la teoría de la delegación legislativa para declarar la constitucionalidad de un decreto que había derogado un convenio colectivo de trabajo. Aisladamente este caso no hubiera tenido mayor trascendencia, pero en aquel entonces la sensibilidad hacia la hiperactividad presidencial estaba agudizada desde que la Corte, en “Peralta c/ Estado Nacional”, convalidara el llamado “Plan Bonex”, por medio del cual el Decreto Nº 36/1990 había ordenado la devolución de los depósitos bancarios en Bonos Externos con garantía dólar, títulos que todavía no habían sido emitidos..."

Evaluación de la ejecución del Plan de negocios "Granja huevos de oro" en el municipio de Camoapa durante el período Marzo - Septiembre 2013

El presente trabajo se realizó con el objetivo de Analizar la ejecución del Plan de negocios "Granja huevos de oro en el municipio de Camoapa durante el período marzo a septiembre 2013. La granja avícola inició operaciones en el mes de marzo del 2013, con 153 pollitas, una instalación de 16 m2 y con las condiciones mínimas para el manejo eficiente de las mismas que permita la producción de más de 100 cajillas de huevos mensualmente y asegurar la calidad requerida por el consumidor final. Las estrategias de marketing ejecutadas para el posicionamiento del producto en el mercado fueron relativas a: producto, precio, plaza, promoción y publicidad. Las mismas contribuyeron a que los cliente tuvieran una nueva opción para adquirir este producto de alta demanda y necesidad nutritiva para la población a un precio más bajo que el de la competencia. En el desarrollo del proceso productivo se logró establecer un programa de manejo garante del Buen crecimiento de las pollas hasta alcanzar su etapa de postura. El manejo establecido respondió a las recomendaciones técnicas encaminadas a brindar los nutrientes en las proporciones requeridas de acuerdo a la edad, asimismo la garantía de las medidas higiénicas y preventivas dirigidas a mantener las aves con buen estado de salud y de esa manera obtener la producción en el tiempo estipulado. Se requirió un costo total de producción de CS 43,466.77 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis córdobas con 771100. La estructura orgánica establecida es del tipo lineal con tres niveles jerárquicos y un área funcional conformada por el área de producción y venta. Para cada miembro de la estructura se elaboró una ficha que contiene la identificación, descripción y requisitos del puesto. El aspecto organizativo requirió un gasto de administración de C$ 4,133.33 (Cuatro mil ciento treinta y tres córdobas con 33/100) y un gasto de ventas de C$ 472(Noventa y seis córdobas con 67/100). Al comparar la proyección con la ejecución de los 7 meses evaluados, se encontró subejecución de ingresos y sobre ejecución de egresos debido a múltiples factores, dentro de los que se puede mencionar la disminución de la cantidad de aves al ejecutar la compra e incremento de los costos de producción desde la planificación hasta la ejecución. Según la ejecución, se obtuvieron pérdidas en todos los meses pero con proyecciones de cambiar a utilidades a partir del mes octavo por el incremento de la producción de huevos y la estabilización de los costos. Asimismo hay disminuciones de capital en todo el período ejecutado, observándose mejoras en los últimos meses debido al incremento de los ingresos.

Privatización de pensiones y provisión de garantías: una exploración del caso español

Los sistemas de pensiones públicas de reparto con prestación definida a lo largo del mundo se están convirtiendo a planes de aportación definida capitalizados, donde los agentes eligen sus carteras de acciones y bonos. A fin de hacer más atractivas al público estas reformas, los gobiernos típicamente han proporcionado garantías que reducen la exposición de los individuos a los riesgos de inversión, por ejemplo, una garantía de prestación mínima. En este trabajo se analiza una conversión hipotética del actual sistema español de reparto a un modelo de estas características. El valor de la garantía de prestación mínima se aproxima utilizando datos representativos de la situación española. Con objeto de controlar el coste de esta garantía, se exploran algunas técnicas de gestión de riesgos. La práctica más común, a saber, la sobrecapitalización, es bastante ineficaz. Precisamente por ello, después se presentan dos alternativas: (a) una garantía sobre una cartera estandarizada, y (b) un impuesto contingente (dependiente del estado de la naturaleza) sobre los rendimientos. Los cálculos indican que los compromisos no capitalizados pueden reducirse significativamente, e incluso por completo, bajo ambos enfoques, con tasas de aportación relativamente modestas.

A educação continuada e os servidores da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados

Propõe a construção de uma trilha de aprendizagem a ser percorrida pelos servidores da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados (SECIN), que garanta a aquisição das competências necessárias à realização do trabalho.

Diário da Constituinte [gravação de vídeo] : [programa n. 144 A]

Depois de dois dias de debates, a Convenção do PMDB resolveu que a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) é soberana para definir o sistema de governo e a duração do mandato do Presidente José Sarney. Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) considera que foi um resultado de equilíbrio, que vai permitir ao PMDB fazer uma análise sensata e adotar o que for melhor para o Brasil e para a democracia. Mário Covas (PMDB-SP) afirma que partido que discute não racha. Um grupo do PMDB decidiu analisar os resultados da Convenção, vão defender 4 anos de mandato para o Presidente Sarney e acham que vai ser impossível manter o partido unido na Assembleia Nacional Constituinte. Domingos Leonelli (PMDB-BA) diz que o povo precisa de um partido e que, se o PMDB se negar a ser esse partido, um verdadeiro MDB terá de ser construído. O Governador de Pernambuco Miguel Arraes considera que o PMDB sai da Convenção unido, com as bandeiras que sempre defendeu. O Governador de São Paulo Orestes Quércia afirma que a Convenção definiu um sentido de unidade e trabalhou em benefício do partido e do país. O Governador do Rio de Janeiro Moreira Franco diz que a unidade do PMDB é hoje a condição fundamental para a transição democrática e para sustentar a possibilidade de termos uma Constituição que garanta a liberdade e a justiça social. O sistema de governo e a duração do mandato do Presidente Sarney voltam a ser discutidos por toda a ANC. O Governador da Bahia Waldir Pires, Plínio Arruda Sampaio (PT-SP), o Ministro das Comunicações Antonio Carlos Magalhães e Eduardo Bomfim (PC do B-AL) comentam os temas e a posição do PMDB. Ulysses Guimarães (PMDB-SP) entende que um partido moderno não gravita apenas em torno de ambições pessoais, mas principalmente em torno de compromissos com a coletividade e com a nação, tendo sido isso que o PMDB fez com grande sucesso.

Diário da Constituinte [gravação de vídeo] : [programa n. 174 A]

A Constituinte e as formas de prevenir o agravamento dos problemas das grandes cidades. Deni Schwartz, Ministro do Desenvolvimento Urbano, considera que um dos pontos mais sérios é o da propriedade urbana, que não pode ser tratada da mesma forma que a propriedade rural. O Deputado Manoel Castro (PFL-BA) diz que a Constituição deve obrigar o governo a cuidar da habitação popular. Na Assembleia Nacional Constituinte (ANC) algumas ideias já surgiram, como por exemplo a do usucapião urbano. O Senador Teotônio Vilela Filho (PMDB-AL) considera que a questão urbana está intimamente ligada e dependente a questão agrária. O Deputado Jessé Freire (PFL-RN) quer que a nova Carta garanta instrumentos de planejamento espacial capazes de resolver, como um todo, o problema agrário e urbano. O Deputado Roberto D'Ávila (PDT-RJ) reapresentou duas emendas populares, que não puderam ser aproveitadas por não cumprirem todas as exigências. Uma delas trata da obrigatoriedade de concurso público para ingresso no funcionalismo público. Outra trata de direitos humanos, como a liberdade de credo e direitos dos presos. O Deputado Eraldo Trindade (PFL-AP) apresentou emenda que garante a nacionalização das riquezas minerais. Ivan Lins convoca o povo a participar das emendas populares.

Diário da Constituinte [gravação de vídeo] : [programa n. 172 A]

O chamado Grupo dos Trinta e Dois Constituintes revisou o projeto de Constituição, do Relator Bernardo Cabral (PMDB-AM), e reduziu o texto para duzentos e cinquenta artigos. O Deputado Israel Pinheiro (PMDB-MG) declara que o texto constitucional ficou mais organizado, mais articulado, após a revisão. Não houve preocupação em tocar nos pontos polêmicos do projeto, mas apenas de enxugar o texto original, deixando para a lei ordinária o que não é constitucional. O Senador Virgílio Távora (PDS-CE) considera que foi uma tentativa válida de auxílio. O Deputado Ulysses Guimarães (PMDB-SP), a quem foi entregue a nova versão, considerou que é uma contribuição importante, assim como outras tantas que chegarão. Balanço da primeira semana de entrega das emendas populares a Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Representantes de empregados em empresas de telecomunicações de todo o país entregam emenda na qual pedem a manutenção do monopólio estatal nos serviços de telecomunicação e a criação do Conselho Nacional de Comunicação, que garanta a cada brasileiro o direito à informação livre e sem censura. Representantes das cooperativas entregam emenda na qual pedem a auto-gestão dos seus negócios, o ensino do cooperativismo e a isenção de impostos. Roberto Rodrigues, representante das cooperados, diz que quando a cooperativa vende algum insumo para o cooperado, cobrando dele um diferencial referente ao custo operacional da cooperativa, não pode haver incidência de imposto. O Deputado Ivo Vanderlinde (PMDB-SC) considera positivo o fortalecimento do cooperativismo. O Deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM) mostra entusiasmo ao receber as emendas populares. Fernando Gabeira, jornalista e escritor, convoca o povo a participar.

Diário da Constituinte [gravação de vídeo] : [programa n. 167]

Começa a primeira sessão dedicada ao debate dos temas mais polêmicos na Constituinte. O Líder do PMDB Mário Covas (PMDB-SP) fez o sorteio dos debatedores do partido que vão ficar encarregados de cada sessão. O primeiro assunto é o regime de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. O Conselho de Comunicação também é tema polêmico na Assembleia Nacional Constituinte (ANC). A Deputada Rita Furtado (PFL-RO) informa que seu grupo não aceita a figura do Conselho. O Deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM), Relator da Comissão de Sistematização, opta pela existência do Conselho, previsto no substitutivo do Deputado Artur da Távola (PMDB-RJ). O Deputado Arolde de Oliveira (PFL-RJ) informa que o Conselho é desnecessário, pois o Congresso tem função fiscalizadora. Armando Rollemberg, Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, defende o controle público para a concessão de canais de rádio e de televisão. O Deputado Roberto D`Ávila (PDT-RJ) declara que é favorável ao Conselho de Comunicação, com pessoas representativas da sociedade brasileira, de tal forma que o poder de outorga de canais de comunicação não seja mais prerrogativa apenas do Presidente da República. Histórico da ideia de criação do Conselho de Comunicação. O Deputado Jorge Maluly Neto (PFL-SP) declara que a opinião pública há de ser pública e não uma opinião publicada por poucos, porque isso leva a um problema de segurança do país. O Deputado Arolde de Oliveira (PFL-RJ) considera que não tem havido alternância do poder porque, se houvesse, também a distribuição de canais de rádio e de tv seria absolutamente democrática. O Deputado Carlos Alberto Oliveira Caó (PDT-RJ) afirma ser necessário pensar em mecanismos que assegurem a pluralidade de informações, que garanta a qualquer grupo social o acesso aos meios de informação. O Deputado Antônio Brito (PMDB-RS) declara que é certo que nada nesta matéria será da forma como é hoje, o que já significa um avanço.

Diário da Constituinte [gravação de vídeo] : [programa n. 037]

Em busca de soluções para a reforma agrária, os representantes da Subcomissão da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) visitam o Combinado Agrourbano de Brasília, agrovila considerada um modelo de assentamento de trabalhadores rurais. Os constituintes receberam informações sobre a estrutura de um projeto agrourbano dadas por técnicos da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. A Deputada Irma Passoni afirmou que a contribuição do trabalhador rural se dará na medida em que houver vontade política. A Subcomissão do Sistema Financeiro, encerrando suas audiências públicas, ouve representantes de banqueiros, industriais e empresários, cuja maior preocupação refere-se à intervenção do Estado na economia. Os representantes desta categoria reivindicam a democratização do sistema financeiro, a livre iniciativa, uma menor intervenção do Estado na economia e a diminuição dos juros. Na última audiência da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, os constituintes recebem representantes de entidades que se dedicam ao trabalho com idosos. Compareceram representantes de asilos, grupos comunitários e do Ministério da Cultura, que pediram uma política econômica mais justa que garanta aos idosos uma aposentadoria tranquila.