320 resultados para Concesión


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Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

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A lo largo de la historia los Estados han creado diversos tributos, los mismos que deben ser pagados por determinados miembros de la sociedad que gozan de capacidad contributiva, con la finalidad de obtener recursos, lo que les ha permitido cubrir el gasto público, así como también desarrollar políticas económicas y sociales. Nace de esta forma la relación jurídica tributaria entre la Administración y los particulares, la misma que genera derechos y obligaciones para las dos partes, dentro de esta relación jurídica se genera la obligación tributaria, cuyo nacimiento, exigibilidad y extinción son regulados por la ley. En este sentido es importante examinar una de las formas más comunes de extinguir la obligación tributaria como es "el pago o solución efectiva", el mismo que se encuentra regulado por principios constitucionales y normas legales que forman parte de las legislaciones de los países andinos. Es así que, este trabajo tiene como objetivo principal analizar el tratamiento que los países miembros de la CAN dan al pago como modo de extinguir la obligación tributaria conforme a sus legislaciones vigentes. Para lo cual se ha dividido a este documento en dos capítulos, el primero de los cuales hace referencia a aspectos esenciales del pago, como son: su naturaleza jurídica, su concepto, los sujetos que forman parte de la obligación jurídica tributaria, pues es fundamental conocer a ciencia cierta por quién, a quién y en dónde debe efectuarse el pago de la deuda tributaria; así como también las distintas formas de pago que existen. Se abordan además temas referentes al pago anticipado de tributos y a su imputación, para concluir con los efectos jurídicos del mismo. En el segundo capítulo se hace referencia a temas especiales del pago, como son: la consignación y la compensación en materia tributaria, así como también la concesión de facilidades de pago de la deuda tributaria que hace la Administración a los sujetos pasivos. Conoceremos además los impuestos nacionales, municipales y aduaneros que rigen en la actualidad en estos países. A partir de este estudio podremos llegar a establecer varias conclusiones sobre el tema tratado. Cabe señalar que estos temas son analizados de manera generalizada debido a la amplitud de los mismos no obstante se pone a consideración información actualizada, pues el estudio giera alrededor de las legislaciones vigentes en los países andinos.

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La presente investigación sobre el estado actual de las frecuencias de radio, concedidas en el período enero de 2003 al 30 de mayo de 2005, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, me permitió acudir al informe de la contraloría General del Estado aprobado el 6 de noviembre de 2007 y a las Resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL. En base a las concesiones en ese ciclo, debía conocer como se encuentran en la actualidad las mismas si se hallan en operación o no por lo que fue necesario investigar en el archivo de la Secretaría General del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL, e investigar todas las resoluciones realizadas en varios sesiones del directorio de la mencionada institución, durante el período requerido. Se ha otorgado frecuencias sin considerar el aspecto técnico y jurídico, se puede apreciar que se dio apertura al poder económico y político, es decir a las personas que poseían frecuencias, en esta oportunidad se les apoyó para la creación de repetidoras en varias provincias de la costa, sierra y oriente con las matrices en las capitales de provincias. Se pudo observar también el apoyo de CONARTEL a conocidos políticos del partido Social Cristiano los mismos que luego se cambiaron al partido de gobierno es decir a Sociedad Patriótica y que ocuparon importantes lugares de trabajo en el régimen gutierrista. No podemos pasar por alto a los diputados de ese entonces, quienes también aprovecharon para obtener su frecuencia de radio. No se respetó la autonomía del CONARTEL, se violó la Ley de Radiodifusión y Televisión y no se cumplió con la Constitución de la República al otorgar varias frecuencias de radio a favor de pocos concesionarios sin cumplir los debidos requerimientos. El tiempo pasó y llegó el Gobierno de Rafael Correa, quien se dedicó a reestructurar toda la Institución Pública, incluido el CONARTEL, con el fin de fiscalizar y descubrir varias irregularidades cometidas en el anterior gobierno, especialmente en lo referente a la concesión de frecuencias.

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El 26 de julio de 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) el denominado bloque petrolero 23 que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonía ecuatoriana, un 65% de las cuales afectan al territorio de Sarayaku. Actualmente la petrolera estadounidense Burlington Resources es propietaria del 50% de los derechos en el Bloque 23. Esta concesión fue efectuada sin que se haya realizado ningún proceso jurídico de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad, pese a que dicho proceso constituye un estándar obligatorio que debe cumplir de acuerdo a la legislación ambiental nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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En el presente trabajo investigativo se hace un análisis de las medidas cautelares como instrumento de protección autónoma de derechos humanos y/o constitucionales. Está dividido en tres capítulos, constando además con un acápite de conclusiones. En el primer capitulo hacemos un estudio de las características, finalidad, presupuestos de concesión y concepto de las medidas cautelares; todo esto desde el punto de vista de la concepción clásica y desde la perspectiva de la protección de derechos humanos, en esta última concluimos adquieren matices especiales que hace difícil encuadrar de manara absoluta a estos pedimentos en la estructura cautelar clásica; En el segundo capitulo se estudia las medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como un antecedente necesario para una mejor comprensión de la regulación de estas medidas en nuestro país, las cuales tiene como punto de partida y/o modelo principal el sistema autónomo de medidas cautelares y provisionales de la Corte y Comisión Interamericana. Finalmente en el tercer capítulo analizamos la regulación ecuatoriana de las medidas cautelares autónomas, institución que se encuentra contemplada en el artículo 87 de la Constitución. Institución que así establecida y con ese fin específico es totalmente nueva en nuestro país. No decimos que antes de dicha norma no habían medidas cautelares en Ecuador, así en los procesos civiles, penales, e incluso constitucionales, siempre concurrieron medidas cautelares, pero no existió una regulación de medidas cautelares como institución autónoma de protección preventiva de derechos humanos y/o constitucionales.

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El desenvolvimiento del mercado de la telefonía móvil bajo el modelo económico neoliberal y el esquema monetario de dolarización aplicado a partir del año 2000 en la economía del Ecuador, sugieren un tema interesante para la investigación y el análisis académico. La presencia de tres operadoras con cobertura nacional en el mercado de telefonía móvil ecuatoriano, CONECEL-Porta, OTECEL-Movistar y TELECSA-Alegro PCS, las dos primeras con presencia en el mercado desde 1993 y la última relativamente nueva, desde el año 2003 han mostrado distintas suertes en un escenario económico caracterizado por el régimen de libre competencia y la intención del gobierno actual por implantar nuevas políticas socioeconómicas denominadas de socialismo moderno. Este trabajo realiza una evaluación del mercado del servicio de telefonía móvil en el Ecuador, analizando aspectos relativos con la penetración del servicio, recursos escasos, interconexión, precios, productos, cobertura y lo más importante, una estimación de la percepción de los usuarios, autoridades y empresas operadoras sobre la calidad y la satisfacción de los usuarios. La renovación de los contratos de concesión de las principales operadoras CONECEL y OTECEL, crea el momento oportuno para que el Estado analice la situación del sector y busque nuevos y mejores instrumentos de regulación considerando una realidad inevitable, la convergencia. De allí, que al finalizar este trabajo presentaremos propuestas de orden regulatorio que permitan a las autoridades de telecomunicaciones del Ecuador actuar con eficiencia técnica y jurídica, cumpliendo y haciendo cumplir derechos y obligaciones de operadores y usuarios, privilegiando la innovación, la calidad de los servicios móviles y por supuesto la satisfacción de los usuarios.

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El presente artículo estudia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de legítimo interés necesario para oponerse a una solicitud de patente de invención. Ante la insuficiencia de referentes específicos en esta materia, se estudian también los pronunciamientos del Tribunal sobre este mismo concepto en el campo del derecho mercario. De este modo, el autor sostiene que no se ha realizado, en la mayoría de las veces, la debida diferenciación entre legitimado para formular oposición, y fundamento de ésta. La identificación de estos extremos de análisis en la jurisprudencia comunitaria andina, junto con el recurso al derecho administrativo y la doctrina y la jurisprudencia del derecho de la propiedad industrial, demuestran que dicha legitimación obedece al perjuicio que puede resultar para el oponente, en caso que el privilegio sea otorgado, y que el fundamento de su oposición, al menos en principio, puede constituir cualquier norma jurídica que discipline la actuación administrativa para la concesión de la solicitud de patente. Por tanto, la titularidad de un derecho subjetivo no es necesaria para legitimar la intervención del oponente ni para fundar su oposición.

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Este artículo analiza los avances de la Constitución Política del Ecuador en materia de derechos de las mujeres y el enfoque de género, así como los retos que este nuevo marco legal propone, tanto al Estada ecuatoriano como al movimiento social de las mujeres y a la sociedad en general, de manera que se pueda pasar del solo reconocimiento del Derecho en la letra de la ley, al ejercicio y goce pleno de los mismos. La reflexión sigue la propuesta del feminismo en la crítica al Derecho. Se profundiza el análisis de los derechos constitucionales civiles y políticos, económicos y sociales, pero sobre todo, se reconoce la importancia del reconocimiento de muchos de los derechos sexuales y reproductivos que ya han sido incorporados como parte del Derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, entendiendo que este logro no es una concesión generosa del Estado sino más bien es el resultado de todo un proceso de movilización y generación de propuestas legales, trabajadas desde el movimiento de mujeres del Ecuador, que tuvo como corolario la aprobación de 34 de las 36 propuestas presentadas a la última Asamblea Nacional.

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Archer Harman fue el empresario que organizó la compañía norteamericana que construyó el Ferrocarril del Sur. A pesar de que existen numerosos informes oficiales y documentos sobre el ferrocarril en el Archivo Nacional de Historia en Quito y la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit en Cotocollao, no se encuentran datos sobre los antecedentes de Archer Harman antes de su llegada al Ecuador, en 1897, para conseguir la concesión para construir el ferrocarril de Guayaquil a Quito. El propósito de este estudio es reconstruir la vida de Archer Harman antes de su llegada al Ecuador en el año 1897 y explicar cómo formó la compañía que obtuvo el contrato del 14 de junio de 1897 para la construcción del ferrocarril.

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El ensayo analiza los cambios jurídicos y sociales que experimentaron las mujeres durante los años posteriores a la Revolución Liberal de 1895. La mayoría de las mujeres pioneras en la vida pública del Ecuador provinieron de las clases sociales media y alta. El estudio se concentra en los casos de María Luisa Gómez de la Torre, profesora y la única mujer participante en la fundación del Partido Socialista del Ecuador, y Matilde Hidalgo de Prócel, primera mujer graduada de médico, primera en sufragar en una elección y en obtener un escaño en el Congreso. El artículo indaga si estos cambios institucionales fueron el resultado de una concesión del poder o de una lucha social desde abajo.

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El intercambio de capitales es esencial en la economía actual, al ser un factor de producción básico que se requiere para poder encarar la producción creciente que demanda un consumo también acrecentado. Los mercados financieros constituyen el lugar en el cual se lleva a cabo el intercambio de capitales. Los euromercados son una clase de estos mercados financieros, dentro de los cuales se realizan una serie de transacciones de financiamiento. Los préstamos otorgados en el marco de los euromercados (denominados europréstamos) se convirtieron en el instrumento más importante de financiamiento para Estados y empresarios privados, no obstante, a raíz de la crisis de la deuda, las condiciones en que se otorgaban los eurocréditos se tornaron restringidas y, por ello, su concesión decreció, lo que produjo una transición desde la intermediación financiera a la desintermediación.

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El análisis de riesgo de crédito en operaciones destinadas al sector de la construcción se ha desarrollado en el área de riesgos de cada institución financiera adoptando sus propios parámetros basados básicamente en la experiencia de los analistas, teniendo en cuenta factores de crédito inherentes a la persona o grupo de promotores y no el proyecto. Esta propuesta metodológica para el análisis de riesgo de crédito en el sector de la construcción ecuatoriano constituye una herramienta de consulta para funcionarios del área de riesgos de las instituciones financieras involucrados en el análisis y concesión de solicitudes de financiamiento para este sector, así como para constructores y promotores de proyectos inmobiliarios que busquen información respecto de las condiciones que deberán observar para que su solicitud de crédito sea gestionada de manera expedita. Este trabajo describe inicialmente las nociones básicas dentro del negocio de la construcción y su financiamiento, luego, se establecen procesos y parámetros bajo los cuales se realice el análisis previo a la concesión de créditos destinados a financiar proyectos inmobiliarios; posteriormente, se abordan temas de administración del riesgo asumido, y por último se evidencian observaciones realizadas con la aplicación de la propuesta metodológica objeto de esta tesis.

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La presente investigación, tiene como objeto principal el reestructurar el modelo de medición actual sobre el crédito educativo dentro del IECE, como una herramienta de gestión eficaz que promueva el control, la acertada toma de decisiones y produzca un impacto positivo social. Por tal motivo el presente trabajo pretende mejorar la gestión operativa del crédito de esta entidad del estado. Se analizará el enfoque de medición de importantes autores como: Robert Kaplan, James Harrington, Paúl R. Niven, David Norton, Peter F. Druker, Robert Eccles, quienes con sus conocimientos aportan enormemente al desarrollo y diseño de indicadores de gestión. Además se pretende analizar el perfil del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas con sus principales aspectos como son: antecedentes históricos, diagnóstico situacional del IECE, filosofía institucional, estructura organizacional así como también la descripción de la Gerencia de Crédito (el corazón del IECE su principal área operativa), la descripción de los procesos de concesión de crédito, el perfil del cliente o postulante al crédito educativo, los montos actuales de préstamos, sus plazos fijados y tasas de cobro. Esta información recopilada permitirá la elaboración de la investigación la misma que contemplará un rediseño de los actuales indicadores de gestión con la identificación de los factores críticos, la implementación de indicador por cada factor crítico, así como la implementación de los mismos en la Gerencia de crédito, lo que permitirá que la institución tenga una herramienta de gestión y de control para una oportuna toma de decisión en los diferentes niveles que se encuentren involucrados con los distintos procesos de concesión del crédito educativo, a fin de optimizar de mejor manera los recursos invertidos y promuevan un impacto social en el mercado.

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Dentro de las tendencias actuales de cambio e innovación, el Ecuador debe lograr los mejores acuerdos dentro de las negociaciones y el comercio internacional. Con el propósito de entrar en un proceso modernizador y disminuir los problemas de la aduana del país se concesionó a las empresas verificadoras la verificación y el aforo físico en la importación de mercancías. Empresas que debían implementar guías de control trayendo el orden y la eficiencia a la aduana nacional. A los diez años de ésta concesión, diversos criterios cuestionan la eficiencia de su servicio, por lo que nos preguntamos si aún es necesario contar con el servicio de estas empresas, o si el Estado es el indicado para tomar las riendas de este trabajo. Luego de realizar consultas, encuestas y entrevistas a actores relacionados al servicio de las verificadoras y analizar los resultados del servicio de estas empresas en otros países de la región, se reafirma la opción de que el Estado termine el contrato con las verificadoras. Se propone crear una institución autónoma de derecho público, que ponga tarifas reducidas, que incremente las arcas fiscales, que implemente nuevas tecnologías, que ofrezca servicios de calidad, tarifas equitativas, celeridad, eficiencia y la participación de profesionales capacitados. Esperamos que en base al estudio realizado, el gobierno considere la creación de la Dirección Nacional de Aforo (DNA).