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Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación que mantuvo el estado provincial con los municipios bonaerenses durante los años del primer peronismo, que presentó como rasgo particular un progresivo intervencionismo del gobierno provincial sobre las administraciones comunales. Esta tendencia colaboró en la formación de un modelo estadual centralizado que se caracterizó, entre otros aspectos, por limitar la autonomía de los gobiernos comunales. Asimismo esta modalidad fue acompañada por una creciente desvalorización del rol político de los intendentes, en beneficio de otras esferas del aparato estatal como del propio partido, y por su reconversión en simples funcionarios administrativos.
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El Desarrollo Local Territorial es un proceso endógeno de construcción social que apunta a la generación de capacidades locales aprovechando los recursos territoriales para fortalecer el entramado socio-institucional y el sistema económico-productivo y movilizarlos para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Un aspecto relevante, de cara al Desarrollo Local, es conocer la estructura y evolución de la población, el perfil del mercado de trabajo, así como los principales problemas de empleo en la zona en consideración. La Región de Cuyo, integrada históricamente por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, presenta singularidades tanto en sus perfiles productivos como en su desarrollo económico. En particular, la Provincia de San Luis se caracteriza fuertemente por la aplicación de una sostenida política pública de reducción de los efectos de desempleo e inequidad que se manifestaron profundamente desde la devaluación de la moneda. En ese sentido, este trabajo -que continúa y actualiza la línea de un estudio previo relacionado con la Región Centro Ampliada, elaborado con datos provisorios del Censo 2010- pretende aportar al estudio del mercado laboral de la Región Cuyo y su relación con el desarrollo territorial, elaborando un diagnóstico de las provincias involucradas. Como fuente principal de información, se utiliza la Base de Microdatos de la eph, que releva y publica el indec, para el período comprendido entre 2003 y 2011 y datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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En la actualidad, el individualismo social originado por las nuevas sociedades de la información, la crisis económica, y, aún más acusado por aquella arquitectura que busca la máxima rentabilidad, ha provocado una creciente incomunicación entre las personas que comparten los mismos espacios residenciales. La presente tesis doctoral aborda el estudio del espacio común dentro del proyecto de vivienda colectiva, desde la noción de espacio intermedio, entendido como frontera espacial –entre el espacio público de la ciudad y la atmosfera íntima de la vivienda– donde tienen lugar los encuentros sociales entre residentes. El principal objetivo de la investigación es rescatar y poner en valor principios básicos del diseño arquitectónico –muchos de ellos en desuso– que mejoran la calidad del espacio colectivo y favorecen la aparición de una atmósfera agradable para el encuentro interpersonal, así como un intento de codificación de estos aspectos, atendiendo a criterios conceptuales que definen el espacio público contemporáneo. La hipótesis de partida se basa en la consideración del proyecto de viviendas como modelo análogo al proyecto urbano de la ciudad –con el que guarda sugerentes similitudes–, y los espacios intermedios como espacio de referencia que pone en valor aquello que liga – integrado en el propio proyecto–. Este supuesto básico ha permitido a diferentes autores poner en relación fecunda el diseño de la casa, el edificio y la ciudad, con el individuo, la comunidad y la sociedad; y ha posibilitado plantear la trasposición de conceptos arquitectónicos fructíferos, en relación con el espacio público –usando como representante la idea de calle elevada–, que ahora pueden enriquecer el entorno privado del edificio. Sirviéndose de instrumentos específicos de la disciplina arquitectónica, la tesis trata de explicar la devaluación a nivel social de los espacios colectivos, derivada de la construcción en altura y del uso excesivo de la estandarización en el proyecto de viviendas a partir del período de postguerra, e intensificada en el postmodernismo por la revolución de las comunicaciones. Se puede así reorientar el diseño de los proyectos de vivienda colectiva no como una simple agrupación de viviendas que favorecen la incomunicación, sino tratando de impulsar unas edificaciones que potencien la comunicación interpersonal. La reunión y reagrupación de un vocabulario arquitectónico específico, acorde con la complejidad social intrínseca en los espacios colectivos, amplia el alcance de los conceptos tratados. Dicha terminología se basa principalmente en mecanismos de cualificación espacial y permite evaluar la dimensión colectiva de la esfera semipública en el edificio de viviendas. ABSTRACT Currently, the social individualism caused by the new societies of information, the economic crisis and even more by architecture, which looks for maximum profitability, has led to a rising lack of communication between people that share the same living space. This doctoral thesis deals with the study of common space, which is based on the notion of in-between space, within the collective housing project. It is considered as a spatial frontier –between the public space of the city and the intimate atmosphere of the housing– where social contact between residents takes place. The main purpose of this research is to collect basic principles of architectural design –many of them no longer in use– that improve the quality of collective space. Following conceptual criteria that define the contemporary public space, they encourage the emergence of a pleasant atmosphere for interpersonal meeting as well as an attempt to codify these aspects. The initial hypothesis is based on the consideration of the housing project as a model analogous to the urban project of the city, with which it bears some similarities. Furthermore, it is based on the in-between spaces as space of reference that valuates what binds – integrated in the project-. That basic supposition has served various authors to connect the design of the house, the building and the city with the individual, the community and the society. In addition –regarding public space and using the idea of the street in the sky as representative–, it has enabled to bring up the transposition of productive architectural concepts, which can now enrich the private environment of the building. Using specific architectural instruments, this thesis deals with explaining the social devaluation of collective spaces. It has resulted from the high rise building construction as well as from the excessive standardization in the housing project since the postwar period and is intensified by the communications revolution in postmodernism. Thus, it is possible to change the design of collective housing projects not as a mere cluster of dwellings that enhance isolation, but by trying to promote buildings that improve interpersonal communication. The collection and regrouping of a specific architectural vocabulary, in accordance with the social complexity inherent in collective spaces, expands the scope of the discussed concepts. Such terminology is mainly based on qualifying spatial strategies and allows to assess the collective dimension of the semi-public sphere in dwelling.
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Tendo em vista a atual crise das licenciaturas, especialmente em termos da pouca atratividade que a formação para a docência vem apresentando em nosso contexto educacional e, considerando, ainda, as críticas sobre a fragilidade da formação inicial de professores ocorrer na modalidade a distância (no caso, o curso de Pedagogia), o PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência surge como uma política de incentivo e valorização do magistério com o propósito de contribuir para uma formação mais sólida e articulada em termos da relação teoria-prática, especialmente pela proximidade que favorece aos alunos bolsistas, com o cotidiano escolar – este é o foco desta investigação que teve por objetivos: refletir sobre o histórico da formação docente em interface com a desvalorização do magistério que, consequentemente, levou à crise das licenciaturas e, a partir disso, analisar a proposição do PIBID como uma política pública para o enfrentamento desta crise; analisar as representações de bolsistas do PIBID, de um curso de Pedagogia a distância, sobre a experiência que estão tendo, e se ela contribui, no caso dos licenciandos, para o fortalecimento da escolha pela carreira docente; verificar as contribuições do programa para a formação dos licenciandos, dos supervisores (professores das escolas públicas parceiras) e do coordenador de área e se este oportuniza uma complementação na preparação para o exercício da docência. A pesquisa realizou uma revisão da literatura sobre a crise das licenciaturas e o contexto do aparecimento do PIBID, bem como sobre a formação de professores ocorrer na modalidade a distância, tendo como referencial teórico autores como Libâneo (1998), Gatti e Barreto (2009), Bahia e Duran (2011), Scheibe (2006), Sommer (2010), FCC (2009), Tardif (2005). Realizou, também, uma pesquisa de campo que teve como sujeitos sete bolsistas do PIBID de um curso de Pedagogia a distância (de uma instituição de ensino superior, particular, de São Paulo), sendo: quatro licenciandas, duas supervisoras e uma coordenadora de área do subprojeto. Foram aplicados dois instrumentos para a coleta de dados: um questionário para o delineamento do perfil dos sujeitos e a realização de entrevistas de aprofundamento. As reflexões realizadas a partir da revisão da literatura e das análises dos dados coletados junto aos sujeitos indicam que: em relação à proposição da formação inicial de professores a distância, esta denota maiores críticas, diferentemente da formação continuada de professores a distância, que apresenta uma maior aceitabilidade; em relação ao PIBID, os estudos vêm apontando a positividade das diversas experiências que vêm se desenvolvendo no território nacional e que denotam um trabalho articulado entre teoria e prática, bem como no resgate da identidade docente, com uma ênfase na valorização, inserção e permanência dos licenciandos nos seus cursos; as representações dos sujeitos investigados sobre a experiência que estão tendo com o PIBID apontam para: o reconhecimento de que o Programa garante, efetivamente, a reflexão e vivência entre a teoria e prática; a contribuição para a aquisição de maior segurança na relação com os alunos das escolas parceiras e também no desenvolvimento das atividades práticas; a certeza e/ou convicção de que realmente querem ser professoras
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Introdução: O Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA), na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), destacou-se devido à compreensão dos determinantes para a Promoção da Saúde (PS). A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma ferramenta capaz de promover a reflexão dos cidadãos sobre como realizar esse direito. No Brasil, o quadro de insegurança alimentar entre crianças e adolescentes torna os profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) atores promissores para a reversão desse quadro, já que esses trabalham com os principais influenciadores desse público: a família. Objetivo: Analisar a atuação de profissionais de saúde não nutricionistas coordenadores de grupos educativos com conteúdo de alimentação e nutrição, desenvolvidos na APS do município de São Paulo. Métodos: Estudo qualitativo, com aplicação de entrevistas semiestruturadas e análise por meio do Discurso do Sujeito Coletivo. Foram levantados os dados a respeito da formação desses profissionais e identificadas suas percepções sobre seus papéis nos grupos que coordenam e a importância atribuída a eles. Resultados: A profissão dos 21 entrevistados reflete a atual configuração da Estratégia Saúde da Família. Há predominância de profissionais do sexo feminino com pós-graduação em temas de saúde coletiva. Foram identificadas 13 Ideias Centrais dividas em 2 Eixos Temáticos. Levantaram-se percepções contrárias e outras a favor aos referenciais teóricos trabalhados. Como favoráveis, identificou-se a valorização dos grupos como espaços de participação, troca de experiências e criação de vínculo entre seus membros, sendo o coordenador do grupo responsável pela condução desses. A importância na atuação interprofissional para o atendimento integral à saúde e atualização entre os profissionais também foi destacada. Já as desfavoráveis trouxeram a desvalorização das atividades em grupo, ou a atribuição de sua importância como forma de acesso a serviços, medicamentos ou informação, a identificação dos coordenadores como responsáveis por mudanças de comportamentos nos participantes, modelos a serem seguidos, e sendo considerados detentores do conhecimento, o que parece sobrecarregá-los, desmotivá-los e frustrá-los. Assim, alguns buscam seu reconhecimento trazendo atividades que agradam os usuários, independentemente da constatação das necessidades do território. Conclusões: A percepção dos profissionais parece refletir a forma em que atuam, evidenciando um momento heterogêneo sobre as formas de se abordar os aspectos relacionados à alimentação, além do despreparo para a coordenação de grupos. Dessa forma, recomenda-se a aproximação entre os campos da saúde e da educação, visando práticas mais significativas e libertadoras, bem como a reflexão sobre a formação desses profissionais, já que suas atuações parecem refletir a educação na qual foram moldados. Os princípios da PS, do DHAA, da SAN, da EAN e das características essenciais a um coordenador de grupos, devem ser trabalhados com esses atores, e, para tanto, como produto dessa pesquisa, sugeriu-se um curso de atualização.
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En este artículo, el autor presenta las diferencias más relevantes entre el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo garantista. En primer lugar, afirma que el constitucionalismo puede ser concebido de dos formas opuestas: como una superación del positivismo jurídico en sentido tendencialmente iusnaturalista o como su expansión o perfeccionamiento, realizando para llevar a cabo esta labor una revisión terminológica. En segundo lugar, el autor considera que si las constituciones incorporan principios de justicia de carácter ético-político desaparece el principal rasgo distintivo del positivismo jurídico: la separación entre Derecho y moral o entre validez y justicia. A continuación, considera al constitucionalismo garantista como un iuspositivismo reforzado, completando al Estado de Derecho porque comporta el sometimiento al Derecho y al control de constitucionalidad. En cuarto lugar, el autor afirma que la tesis de que todo ordenamiento jurídico satisface objetivamente algún «mínimo ético» no es más que la vieja tesis iusnaturalista, que termina por convertirse en la actual versión del legalismo ético que es el constitucionalismo ético, en virtud del cual los principios constitucionales se pretenden objetivamente justos. En quinto lugar, el autor realiza una crítica a la contraposición entre principios y reglas, en los que se basa una concepción de la constitución y del constitucionalismo opuesta a la concepción positivista y garantista. En sexto lugar, el autor afirma que la idea de que los principios constitucionales son siempre objeto de ponderación y no de aplicación genera un peligro para la independencia de la jurisdicción y para su legitimación política. Finalmente, el autor considera que el constitucionalismo conlleva un debilitamiento y virtualmente un colapso de la normatividad de los principios constitucionales, así como una degradación de los derechos fundamentales establecidos en ellas a meras recomendaciones genéricas de carácter ético-político.
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Executive Summary. Both the Commission’s proposal for a ‘Competitiveness and Convergence Instrument’ and the ‘contractual arrangement’ presented by President Van Rompuy share a common concept: associating EU money with national structural reforms under a binding arrangement. The targeted ‘structural reforms’ are the labour market reforms and product and services market reforms in eurozone ‘peripheral’ countries facing the most severe external imbalances. Their implementation would speed up and facilitate the ‘internal devaluation’ process of these countries. In the worst case scenario, failure to adopt the necessary reforms and to adjust wages and prices downwards may lead the most vulnerable countries to leave the eurozone under social and political pressure. Contracts seek to reduce this risk by increasing compliance with the country-specific recommendations for structural reforms issued by the EU institutions within the European Semester, and in particular with the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). As for the financial support, it follows two different, albeit overlapping rationales. First, the perspective of obtaining EU funding would incentivize the governments of vulnerable countries to adopt reforms that would bear a high political and social cost in the short term. That is, without some form of incentive, it is unlikely that the necessary reforms would be undertaken and this could have significant negative consequences for the EMU as a whole. The second rationale amounts to outright solidarity: EU support is needed to cushion the inevitable socio-economic costs implied not only by the structural reform, but also by the internal devaluation taking place. To make sense of contractual arrangements, some points should be considered in future discussions: 1. Contracts on a voluntary basis only: Contracts cannot be mandatory unlike initially suggested in the Van Rompuy report. This stems not only from the inherent definition of a ‘contract’ – where mutual consent is key – but also from the non-binding nature of the preventive arm of the MIP. Making the country-specific recommendations issued by the EU institutions systematically binding would imply transfers of sovereignty from the national to the EU level that go well beyond the present discussion. Instead, contracts would introduce the possibility of making the preventive arm binding for some countries where corrections are most needed and urgent for the EMU as a whole.
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The EMS crisis of the 1990s illustrated the importance of a lack of confidence in price or exchange rate stability, whereas the present crisis illustrates the importance of a lack of confidence in fiscal sustainability. Theoretically the difference between the two should be minor since, in terms of the real return to an investor, the loss of purchasing power can be the same when inflation is unexpectedly high, or when the nominal value of government debt is cut in a formal default. Experience has shown, however, that expropriation via a formal default is much more disruptive than via inflation. The paper starts by providing a brief review of the EMS crisis, emphasising that the most interesting period might be the ‘post-EMS’ crisis of 1993-95. It then reviews in section 2 the crisis factors, comparing the EMS crisis to today’s euro crisis. Section 3 outlines the main analytical issue, namely the potential instability of high public debt within and outside a monetary union. Section 4 then compares the pressure on public finance coming from the crises for the case of Italy. Section 5 uses data on ‘foreign currency’ debt to disentangle expectations of devaluation/inflation from expectations of default. Section 6 concludes.
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In the last few years, Europe has been forced to re-think its socio-economic model. Social indicators speak for themselves. Real household income declined significantly between 2008 and 2012, employment rates are lower and the number of people in poverty saw a steady rise with a growing divergence between EU countries. In the eurozone, cuts in public spending and internal devaluation have been the main tools to aim at a correction of unsustainable fiscal positions and a strengthening of competitiveness. It has carried a heavy social price tag. Outside of the eurozone, austerity has also been the prevailing policy, seen as inevitable to avoid economic instability. The crisis has not hit everyone equally. The general losses have been high, but there have also been some quite important redistributive effects. With all the difficulties of defining and measuring 'fairness', it is clear that the adjustment has not been equitable. Apart from issues of market failure, there have been direct increases of inequality within each of the member states. Higher poverty rates have been observed, rises in inequalities between higher and lower income earners as well as intergenerational inequalities between age groups. Long-term consequences are only beginning to surface in the public debate as the most immediate pressures of the crisis are slowly overcome. In this report, the authors first of all look at the results of the survey we have carried out in seven European countries and review perceptions of the socio-economic model. Subsequently, they assess the importance of the social dimension in the broader context of the European growth model. The authors discuss the impact of the structural challenges of globalisation, demography and technological change. They then review the EU’s performance in the crisis. Finally, the authors make a number of recommendations on how to bridge the gap between Europeans‘ expectations and reality.
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After a dramatic economic decline after the collapse of the Soviet Union and the financial breakdown of 1998, the Russian economy has begun to emerge from its deep crisis. The years 1999-2004 were a period of dynamic development in all sectors of Russian economy, and saw a rapid growth in GDP of over 7 per cent per year. Russia owed the excellent macroeconomic results of that period to a combination of favourable factors. The key factors were: high hydrocarbon prices on the global markets; an increase in Russia's international competitiveness thanks to the "rouble devaluation effect" (following the 1998 financial crash); and the market reforms carried out within that period. In 2004, despite very high oil and gas prices on world markets, a slowdown of the GDP growth took place. Even though the economy is still developing fairly rapidly, we are able to say that Russia is exhausting those traditional mechanisms (apart from oil and gas prices) which have hitherto stimulated GDP growth. Moreover, there are no new mechanisms which could replace the old ones. In the longer term, these unsolved structural problems may seriously impede Russia's economic growth.
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The drop in Ukraine’s GDP by nearly 18% in the first three months of 2015 (versus the corresponding period in 2014) has confirmed the decline of the country’s economy. Over the last 14 months, the Ukrainian currency was subject to an almost threefold devaluation against the US dollar, and in April 2015 the inflation rate was 61% (year-on-year), which exacerbated the impoverishment of the general public and weakened domestic demand. The main reason behind the crisis has been the destruction of heavy industry and infrastructure in the war-torn Donbas region, over which Kyiv no longer has control, as well as a sharp decline in foreign trade (by 24% in 2014 and by 34% in the first quarter of 2015), recorded primarily in trading volume with Ukraine’s major trade partner, i.e. Russia (a drop of 43%). The conflict has also had a negative impact on the production figures for the two key sectors of the Ukrainian economy: agriculture and metallurgy, which account for approximately 50% of Ukrainian exports. The government’s response to the crisis has primarily been a reduction in the costs of financing the Donbas and an increase in the financial burden placed on the citizens and companies of Ukraine. No radical reforms which would encompass the entire system, including anti-corruption reforms, have been carried out to stop the embezzlement of state funds and to facilitate business activity. The reasons for not initiating reforms have included the lack of will to launch them, Ukraine’s traditionally slow pace of bureaucratic action and growing dissonance among the parties making up the parliamentary coalition. The few positive changes, including marketisation of energy prices and sustaining budgetary discipline (in the first quarter of 2015, budgetary revenues grew by 25%, though partly as a result of currency devaluation), are being carried out under pressure from the International Monetary Fund, which is making the payment of further loan instalments to the tune of US$ 17.5 billion conditional upon reforms. Despite assistance granted by Western institutional donors and by individual states, the risk of Ukraine going bankrupt remains real. The issue of restructuring foreign debt worth US$ 15 billion has not been resolved, as foreign creditors who hold Ukrainian bonds have not consented to any partial cancellation of the debt. Whether Ukraine’s public finances can be stabilised will depend mainly on the situation in the east of the country and on the possible renewal of military action. It seems that the only way to rescue Ukraine’s public finances from deteriorating further is to continue to ‘freeze’ the conflict, to gradually implement wide-ranging reforms and to reach a consensus in negotiations with lenders.
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European countries are losing momentum for social policy reforms: The results of the SIM Europe Index report on social justice, published in September 2014, suggested a growing social divide among the member states. Assessing six policy areas of social inclusion, the data revealed the deteriorating social situation since 2009 across the EU. The report stressed, in particular, the difficulties southern EU member states were having in coping with the effects of the financial and economic crisis. This second report, the SIM Europe Reform Barometer, takes up these results and delivers two tasks: to impartially assess the extent of problem awareness of governments, and to ask whether they have enacted concrete social policy initiatives to tackle these challenges and to counterbalance the growing divide. Southern European member states, especially, did not or have not been able to pursue reforms to limit their withering levels of a socially inclusive society. In almost all key dimensions of social inclusion, those member states most affected by the implications of the protracted economic and fiscal crisis in the EU have been least able to confine the ongoing ‘internal devaluation’ in terms of socially balanced governmental activity. By contrast, some northern member states have legislated acts which seem well-suited to at least stabilise or even increase their level of social inclusion.
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Mode of access: Internet.
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Not in Martin & Walter.
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Hearings held March 1973-Sept. 1976.