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El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública que sitúa la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana como ejes primordiales para la acción política. El gobierno abierto fomenta que las administraciones y los gobiernos afronten el reto de recuperar la legitimidad y la confianza de la población a través de la transparencia y la responsabilidad, así como mediante la generación de espacios de intercambio y participación que promuevan la inteligencia colaborativa. Desde hace más de una década, el concepto de gobierno abierto ha formado parte de los estudios de Ciencias Políticas en relación a la transparencia, la participación, la modernización de la administración pública y el gobierno electrónico. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando alcanzó su máxima notoriedad debido a la presentación del Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto presentado por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como punto de partida orientado a cerrar la brecha existente entre el pueblo americano y su gobierno. Poco después, un pequeño grupo de países (Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido, bajo el liderazgo de Brasil y los EE.UU.) crearon la Alianza para el Gobierno Abierto u Open Government Partnership (OGP) una iniciativa destinada a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación gracias a las oportunidades que brinda las nuevas tecnologías y la web 2.0. A partir de ese momento, el gobierno abierto entró a formar parte de la agenda internacional, ofreciendo prácticas y conocimientos en red basados en un nuevo esquema de relación entre gobierno y ciudadanía a través del uso de las nuevas tecnologías...

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Los procesos de privatización y globalización económica debilitan la soberanía del los estados y cuestionan la noción y la práctica de la democracia representativa. Para que esta siga siendo efectiva, ha de adaptarse a la dimensión global de la economía y a los problemas que plantea un mundo interdependiente. Esto requiere, entre otras cosas, redefinir la forma, el papel, las competencias, las formas de representación y control y los procesos de toma de decisiones de los organismos regionales e internacionales, así como su relación con los estados y la sociedad civil. El artículo propone reformas concretas aplicables al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional: nueva forma de ponderación del voto de los estados miembros, transparencia y rendición de cuentas, mayor coordinación con el sistema de Naciones Unidas y participación de la sociedad civil.

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Antecedentes/Objetivos: Pese al aumento de los recursos financieros y ser a menudo el 1er objetivo de los gobiernos, muchos países no están en camino de alcanzar el objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con la reducción de la mortalidad materna (MM). La gobernanza de los países es uno de los determinantes de la MM sobre el que hay disparidad de criterios y escasa literatura sobre el impacto de la misma en la MM. Objetivo: analizar la relación entre los factores de la gobernanza y la mortalidad materna en Iberoamérica, en 2012. Métodos: Estudio transversal ecológico para 2012, que utiliza el país como unidad de análisis sobre relación entre la gobernanza y la MM. Fuentes información: Estadísticas de Naciones Unidas, Banco Mundial, OMS/OPS. Se realizó un modelo de regresión lineal simple, y ajustado por riqueza (PIB). Resultados: Controlado por la riqueza del país, se detectan asociaciones significativas entre la MM con las variables de la gobernanza: Control de la corrupción R2 = 73,2% (p = 0,001), Estado de derecho R2 = 73% (p = 0,001), calidad regulatoria R2 = 70,9% (p = 0,002), efectividad gubernamental R2 = 69,5% (p = 0,003), voz y rendición de cuentas R2 = 68,3% (p = 0,004) y transparencia R2 = 66,8% (p = 0,003). Todas estas variables se asociación inversamente. Conclusiones: La mortalidad materna en 2012 está fuertemente relacionada con la capacidad y calidad gubernamental de los 19 países Iberoamericanos. En concreto, la MM se asocia con 6 de las 7 categorías componentes de la gobernanza. Afrontar la multicausalidad de la MM es un reto, entre los que se debe considerar y analizar el impulso político para la reducción de la corrupción, el desarrollo del estado de derecho, la calidad regulatoria, la efectividad gubernamental, el facilitar la voz y rendición de cuentas y la transparencia.

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Antecedentes/Objetivos: El discurso político sobre el reto de la desnutrición ha aumentado y llevado a acuerdos nacionales e internacionales. Pero existe un nivel crucial de acción descuidado, centrado en los entornos y procesos que sustentan las políticas y su implementación. Se pretende analizar los factores de la gobernanza que influyen en el impulso de las políticas de nutrición en Iberoamérica, comparándolos con un grupo de países desarrollados, en 2012. Métodos: Estudio transversal ecológico para 2012, que utiliza el país como unidad de análisis (iberoamericanos, Canadá, nórdicos y España) sobre relación entre la gobernanza y 1. Seguridad alimentaria (SeA) y 2. Soberanía alimentaria (SoA). Fuentes información: Estadísticas de Naciones Unidas, Banco Mundial, FAO y UNICEF. Se realizo un modelo de regresión lineal simple, y ajustado por riqueza. Resultados: Controlado por la riqueza del país se detectan asociaciones entre las variables de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria con las de gobernanza: La efectividad gubernamental se relaciona con el acceso al agua R2 = 67,4% (p = 0,002), prevalencia de subnutrición R2 = 44,9% (p = 0,02) intensidad déficit alimentario R2 = 51,5% (p = 0,03), desnutrición aguda R2 = 52,1% (p = 0,01). La voz y rendición de cuentas con el acceso al agua R2 = 66,4% (p = 0,003), desnutrición aguda R2 = 49,1% (p = 0,02). El estado de derecho con el acceso al agua R2 = 66,4% (p = 0,003), desnutrición aguda R2 = 51,1% (p = 0,01). El control de la corrupción con el acceso al agua R2 = 71,4% (p = 0,01), desnutrición aguda R2 = 49,8% (p = 0,02). La transparencia con el acceso al agua R2 = 69,5% (p = 0,001), desnutrición aguda R2 = 50,9% (p = 0,01). Y la calidad regulatoria con el acceso al agua R2 = 55,4% (p = 0,05) y desnutrición aguda R2 = 52,9% (p = 0,009). Conclusiones: La efectividad gubernamental es la condición de la gobernanza más ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en los países Iberoamericanos. La disponibilidad de agua potable mejorada, se relaciona con todas las categorías de la gobernanza, y la desnutrición aguda con la mayoría. Siendo importante el impulso político para dar respuesta a la población vulnerable necesitada, las intervenciones para fomentar la disponibilidad, utilización y acceso a los alimentos todavía precisan mejorar y evaluar los procesos de toma de decisiones, y los procesos por los que las decisiones son implementadas, o no.

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This methodological note describes the development and application of a mixed-methods protocol to assess the responsiveness of Spanish health systems to violence against women in Spain, based on the World Health Organization (WHO) recommendations. Five areas for exploration were identified based on the WHO recommendations: policy environment, protocols, training, accountability/monitoring, and prevention/promotion. Two data collection instruments were developed to assess the situation of 17 Spanish regional health systems (RHS) with respect to these areas: 1) a set of indicators to guide a systematic review of secondary sources, and 2) an interview guide to be used with 26 key informants at the regional and national levels. We found differences between RHSs in the five areas assessed. The progress of RHSs on the WHO recommendations was notable at the level of policies, moderate in terms of health service delivery, and very limited in terms of preventive actions. Using a mixed-methods approach was useful for triangulation and complementarity during instrument design, data collection and interpretation.

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El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes.

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Este estudio comparado de las leyes de educación superior de Argentina, Chile y España, promulgadas durante la última década del siglo pasado en el contexto dominante de la políticas liberales, apunta a determinar las analogías y diferencias existentes; así como derivar conclusiones sobre los sistemas y criterios que sirvan al perfeccionamiento y reforma de la ley de educación superior, resignificando el rol de las instituciones universitarias en la Argentina reciente. El abordaje investigativo ha estado transversalizado por el planteo acerca de cuáles han sido las consecuencias de los cambios legislativos sobre los modelos organizacionales de conocimiento, habilidades, curriculum, finanzas, rendición de cuentas y organización. Los ítems comparados fueron las regulaciones estatales y las políticas de evaluación establecidas y su incidencia en las autonomías universitarias; la emergencia de nuevos actores y modos de organización en los procesos universitarios de oferta académica y producción de saber: la diferenciación institucional y expansión de proveedores privados; la multiplicidad de las fuentes de financiamiento y las presiones en torno a la búsqueda de una mayor "utilidad social" de los contenidos impartidos y los conocimientos generados por sus investigadores; el ingreso universitario y las restricciones a la libre admisibilidad como pauta de inclusión / exclusión educativa. Las leyes de educación superior analizadas comparativamente son: la Ley de Educación Superior argentina (LES, 1995), la Ley Orgánica Constitucional de Educación chilena (LOCE, 1989) y la Ley Orgánica de Universidades española (LOU, 2001)

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Este estudio comparado de las leyes de educación superior de Argentina, Chile y España, promulgadas durante la última década del siglo pasado en el contexto dominante de la políticas liberales, apunta a determinar las analogías y diferencias existentes; así como derivar conclusiones sobre los sistemas y criterios que sirvan al perfeccionamiento y reforma de la ley de educación superior, resignificando el rol de las instituciones universitarias en la Argentina reciente. El abordaje investigativo ha estado transversalizado por el planteo acerca de cuáles han sido las consecuencias de los cambios legislativos sobre los modelos organizacionales de conocimiento, habilidades, curriculum, finanzas, rendición de cuentas y organización. Los ítems comparados fueron las regulaciones estatales y las políticas de evaluación establecidas y su incidencia en las autonomías universitarias; la emergencia de nuevos actores y modos de organización en los procesos universitarios de oferta académica y producción de saber: la diferenciación institucional y expansión de proveedores privados; la multiplicidad de las fuentes de financiamiento y las presiones en torno a la búsqueda de una mayor "utilidad social" de los contenidos impartidos y los conocimientos generados por sus investigadores; el ingreso universitario y las restricciones a la libre admisibilidad como pauta de inclusión / exclusión educativa. Las leyes de educación superior analizadas comparativamente son: la Ley de Educación Superior argentina (LES, 1995), la Ley Orgánica Constitucional de Educación chilena (LOCE, 1989) y la Ley Orgánica de Universidades española (LOU, 2001)

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La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (ANID), documento que fue trabajado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), es un instrumento técnico para orientar la gestión de las instituciones públicas hacia el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La ANID 2013-2017 tiene 12 ejes que están planteados de manera armónica con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Establece políticas hacia la inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos como prevención, salud, educación, accesibilidad, turismo, cultura, arte, deporte, recreación, protección y seguridad social, legislación, vida libre de violencia, así como política pública y rendición de cuentas.

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Esta investigación parte de las diferentes iniciativas que se presentan en el escenario nacional e internacional en torno a la intención por consolidar y mejorar la función de control social a la gestión pública que ejercen por mandato constitucional las veedurías ciudadanas, a partir de referentes que orienten la labor de sus integrantes, en el caso concreto del municipio de Envigado dadas sus características y la cultura de participación ciudadana que ha implementado. En ese sentido, se indaga acerca de ¿Cómo fortalecer el control social, a través del mejoramiento en la función de seguimiento a la gestión pública que desarrollan las veedurías ciudadanas en el municipio de Envigado? En este trabajo se propone un modelo para el fortalecimiento del control social a la gestión pública que ejercen las veedurías ciudadanas, como herramienta de consulta para el desarrollo de actividades de seguimiento real y efectivo a las diferentes actuaciones que enmarcan la gestión pública; desde la formulación misma de la Política de Participación Ciudadana y su nuevo marco normativo en Colombia, el análisis e identificación de otras publicaciones que buscan facilitar la labor del veedor ciudadano con guías, instructivos, entre otros; así como un análisis de los principales obstáculos que se presentan en su función, conforme algunos referentes de investigaciones al respecto.

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O presente relatório tem por base o estágio curricular realizado no âmbito do Mestrado em Contabilidade e Finanças, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança. O estágio decorreu durante o período de 1 de Dezembro de 2013 a 13 de junho de 2014, na empresa UNUS – Contabilidade, Consultadoria Fiscal e Empresarias Lda., com sede em Bragança e cuja atividade principal é a prestação de serviços de contabilidade e consultoria. Foram efetuadas diversas atividades ao longo deste período, podendo as principais resumir-se em tarefas de classificação, lançamento e arquivo, conferências e encerramento de contas, processamento de salários e obrigações sociais, prestação de contas de natureza fiscal, preenchimento das demonstrações financeiras exigidas e elaboração de relatórios de gestão. Ao longo do relatório pôde observar-se em detalhe as funções desenvolvidas na empresa. Assim, a estrutura deste relatório divide-se em quatro capítulos: no primeiro capítulo é elaborada uma caraterização da entidade de acolhimento; no segundo apresentam-se as tarefas desenvolvidas, suportadas nas mais importantes referências legislativas e esclarecimentos pertinentes; no capítulo terceiro faz-se um breve enquadramento teórico relacionado com contabilidade nas autarquias locais e a utilidade da informação financeira nas mesmas; por fim, no capítulo quarto, apresenta-se um estudo relacionado com a utilidade da contabilidade financeira nas Juntas de Freguesias do Distrito de Bragança. Os resultados do estudo permitem, de entre outros aspetos, concluir que os responsáveis das Juntas de Freguesia do Distrito de Bragança consideram que informação contabilística não influencia a sua tomada de decisões; os responsáveis que atribuem maior grau de importância á contabilidade na tomada de decisões, são aqueles que consideram que a informação contabilística influencia as suas tomadas de decisões; o grau de utilidade dos diferentes documentos contabilísticos não diferem em função do responsável ser da área de economia e gestão ou outra.

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Respondiendo a la apuesta y al compromiso de EAFIT con el esfuerzo actual de terminación negociada del conflicto armado interno colombiano, desde septiembre del año pasado el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Escuela de Humanidades de la Universidad emprendió el proyecto de publicación de una serie de Cuadernos de Trabajo como una aproximación académica y cívico-política preliminar al proceso de paz y a los acuerdos que en el transcurso del mismo han ido suscribiendo paulatinamente el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. A esta iniciativa ha querido contribuir la Escuela de Derecho de la Universidad mediante la elaboración del Cuaderno de Trabajo relativo al “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” dado a conocer a la opinión pública el pasado mes de diciembre. Este acuerdo crea el así llamado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (SIVJRNR) y ha sido considerado casi unánimemente como el punto de inflexión o de “no retorno” en el intento de alcanzar un acuerdo de paz definitivo dada la enorme dificultad que supuso convenir un sistema de justicia transicional. En sintonía con la finalidad que persigue el proyecto, los aportes realizados por los profesores de las distintas áreas de la Escuela que participaron en la confección de este Cuaderno, no sólo buscan contribuir con el análisis teórico y/o académico de los distintos componentes del sistema de justicia transicional pactado, sino también con la divulgación y la comprensión del mismo y de sus implicaciones tanto por parte de los distintos sectores de la sociedad como por parte de la población en general; así mismo, procuran establecer un canal de comunicación efectivo con quienes tienen en sus manos la implementación jurídica del acuerdo. Una vez más, agradecemos profundamente a la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia) por la colaboración y el apoyo ofrecidos para la realización del presente Cuaderno y para la satisfactoria materialización de este proyecto en su conjunto.

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En los últimos años la política monetaria se puede considerar como una mezcla de ciencia y arte. Una ciencia por la gran cantidad de herramientas estadísticas que han estado a su disposición, especialmente econométricas, y un arte por la creatividad y estilo personal que algunos banqueros centrales le han impregnado a las decisiones de dicha política en muchos países.Asimismo, en los últimos años y con mayor vehemencia se ha propugnado por la independencia de los bancos centrales y se ha enfatizado en la reducción de la inflación como el único objetivo de la política monetaria.

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El tema del derecho natural, a pesar de lo que se creía en el siglo XIX, no está agotado ni mucho menos muerto. Pero esta afirmación tampoco significa que el positivismo haya sido o que deba ser derrotado. En la academia jurídica, tanto en el iusnaturalismo como el iuspositivismo, siguen debatiendo mutuamente y, hasta ahora, ninguna de las posturas ha logrado una rendición incondicional de la otra. Esta publicación, iniciativa de la Línea de Investigación en Teoría del Derecho, Grupo de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad de Medellín, recopila y presenta las memorias del IV Seminario Internacional de Teoría General del Derecho, espacio en el cual se encauzó la discusión académica referente a los acercamientos de las actuales tendencias iusnaturalistas al neoconstitucionalismo contemporáneo, discusión de gran valor para la filosofía del derecho y el derecho constitucional.

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Este es un libro temático, con trabajos de las diferentes líneas de investigación contable y formación del contador, con la siguiente estructura: En el primer capítulo se presenta la base teórica del XBRL (eXtensible Busines Reporting Language) y el alcance de su aplicación. En el segundo capítulo, se presenta un análisis comparativo del tratamiento contable dado a los impuestos diferidos en una norma nacional y dos normas internacionales. En el tercer capítulo, se discute la responsabilidad social del contador público y la gestión del conocimiento, en torno a la generación de información contable y a la gestión de la misma; allí se establecen una serie de pautas a seguir desde el punto de vista normativo. Seguidamente en el capítulo cuarto se presenta una metodología de diagnóstico y unas estrategias para la gestión del Accountability (rendición de cuentas). El capítulo cinco se trata de una aproximación conceptual a la información contable que necesitan las pymes con transacciones internacionales. El capítulo 6 se refiere a la formación del contador público y sus competencias en la educación superior. Hacía el capítulo siete se hace uso de foros académicos como estrategia de formación en investigación para los estudiantes de contaduría pública. El capítulo nueve es una propuesta de incorporación del capital intelectual a los modelos de valoración de empresas, a partir de los modelos tradicionales de valoración y de los modelos desarrollados más recientemente. Finalmente, para el capítulo diez se presenta un análisis crítico de las estrategias de desarrollo empresarial en Colombia, donde se evidencia que las políticas públicas han concertado los beneficios en unas élites fáciles de identificar.