492 resultados para DERECHOS POLITICOS - COLOMBIA


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La excesiva proliferación de partidos políticos y listas a las corporaciones públicas, permitidas por la debilidad normativa de la Constitución de 1991 y la suspicacia de los políticos colombianos, hizo necesaria una reforma política en el año 2003. Esta reforma, manifestada en el Acto Legislativo 01 de 2003, modificó el sistema electoral colombiano; los cambios más visibles modificaron la forma de conversión de votos en escaños, la forma de candidatura y modalidad del voto, y la creación una barrera legal. Estas modificaciones llevaron a la reagrupación de los partidos políticos, pero no necesariamente a su fortalecimiento, ya que no establece las herramientas necesarias para la transparencia y la democratización interna de los partidos, que conllevarían a su real institucionalización. El Partido Social de Unidad Nacional , partido de La U-, es creado después de la implementación de la reforma y consigue la mayor votación nacional en sus primeras elecciones. Pero, ¿lo convierte ese resultado electoral en un partido fuerte?.

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Esta monografía pretende establecer en que medida la relación entre ONG locales e internacionales ha logrado afianzar procesos de luchas políticas de la población LGBT a partir del estudio de la relación entre Colombia Diversa y Human Rights Watch. Los propósitos particulares que persigue la investigación giran en torno a tres puntos: primero, analizar el surgimiento y la consolidación de Colombia Diversa y el papel de las ONG en el sistema internacional; segundo, analizar la relación entre ONG locales y ONG internacionales, y tercero, analizar el efecto “bumerang” producto de la relación entre ONG nacionales e internacionales. La investigación recoge y aplica el modelo analítico de Margaret Keck y Kathryn Sikkink sobre redes trasnacionales de defensa y lo aplica al caso de estudio de Colombia Diversa y Human Rigths Watch. El estudio detallado del modelo planteado por Keck y Sikkink nos permite reconocer diferentes etapas de lucha, deslocalización e influencia o incorporación que permite mirar un número importante de variables para lograr comprender el trabajo de las ONG. Se espera que el presente texto sirva para que el lector entienda el funcionamiento de las redes trasnacionales de defensa aplicado a un caso poco estudiado, que incluye análisis de dinámicas internas e internacionales. Diferente a lo planteado hasta el momento en los textos que abordan el tema LGBT en Colombia, esta monografía no hace un análisis jurisprudencial fuerte de las sentencias que han reconocido los derechos de las parejas del mismo sexo, por el contrario pretende hacer un análisis amplio de la actuación de las ONG en general, sus acciones e incorporaciones a partir de los postulados del transnacionalismo.

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Con el paso del tiempo la humanidad ha vivido cruentas confrontaciones armadas, siendo las dos guerras mundiales, sucedidas durante la primera mitad del siglo XX las más determinantes en la transformación de las dinámicas en el Sistema Internacional y en el período de posguerra. Dichos conflictos trajeron importantes consecuencias entre ellas el desplazamiento forzado de más de 40 millones de refugiados en toda Europa. Por lo tanto, el recrudecimiento de algunas confrontaciones ya existentes, y el surgimiento de nuevos conflictos internos que en ocasiones trascienden la esfera mundial, son factores que han permitido violaciones masivas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, siendo las principales víctimas miembros de la población civil. Entonces, han sido estos escenarios de conflictividad interna en varios países, los que han dado paso a nuevas dinámicas en los procesos migratorios, en donde los afectados deben huir forzosamente de sus lugares de origen para salvaguardar sus vidas ante la constante situación de amenaza. Sin embargo, la problemática que supone el desplazamiento forzado no se limita a una movilización al interior del territorio nacional en presencia de conflictos armados, pues en muchas ocasiones los desplazados se ven obligados a cruzar las fronteras para escapar de la hostilidad y persecución, llevándolos a adquirir el estatus de refugiados.

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Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación –TICs-, como herramientas influyentes en las estructuras sociales y los procesos económicos, han permitido transformar las relaciones del Estado y el ciudadano, y aún más, aspirar a fortalecer las prácticas democráticas fundamentadas en la participación. Con este propósito, surgió la iniciativa de Gobierno Electrónico o e-Government, que para el caso colombiano, se encuentra actualmente en manos del programa Agenda de Conectividad y la estrategia de Gobierno en Línea –GEL-. Con dicha estrategia, el Ministerio de Educación Nacional, diseñó en el año 2006, un modelo de participación basado en la utilización de medios electrónicos por parte de los ciudadanos para realizar aportes, contribuir al debate, y finalmente construir el documento final del Plan Nacional Decenal de Educación –PNDE- 2006-2016. Este proceso de construcción del PNDE, ha permitido visualizar cómo las soluciones electrónicas utilizadas para tal fin y la creación de espacios de deliberación de ésta naturaleza, elevan los niveles de inclusión política y social (si se tiene en cuenta la gran variedad de actores involucrados), favorecen la participación, y contribuyen al compromiso del Estado con la disminución de la Brecha Digital existente en el país.

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El presente escrito analiza el resultado de la cooperación internacional OIM y UNICEF con respecto a los procesos que se han llevado a cabo para lograr una desvinculación de la niñez de los grupos armados ilegales del país colombiano. Así mismo, la problemática de la niñez dentro del marco de la cooperación internacional será estudiada y analizada reconociendo los lineamientos establecidos por los diferentes convenios, protocolos, códigos y leyes que salvaguardan los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país.

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La búsqueda de alternativas que frenen eficazmente las consecuencias del conflicto armado en Colombia, es una labor que algunos ex mandatarios han liderado debido a los perjuicios que ocasionan no solo al núcleo familiar, sino en gran medida a la mujer. Ella es una de las víctimas de la violencia por ser líder comunitaria, por dirigir una fundación, ó por tener algún familiar vinculado a la Policía, el Ejército o a un grupo al margen de la ley. Todas estas condiciones, propias del conflicto armado, vulneran los derechos de la mujer pero, al mismo tiempo, impulsa a que ellas hagan uso de sus experiencias negativas con el fin de minimizar las problemáticas sociales y el impacto de la violencia en sus vidas. Este trabajo periodístico desarrolla cuatro reportajes mediante el uso de cuestionarios con preguntas a profundidad y es complementado con un video, con el propósito de destacar la lucha y la labor de cuatro gestoras de paz, quienes utilizan diferentes estrategias como la creación de movimientos sociales, la utilización de marchas o plantones, la divulgación de talleres sobre el perdón y reconciliación, o la construcción de un Banco del Trueque, para contrarrestar la violencia de la que son objeto. Se concluye que el papel de la mujer, como constructora de paz, no puede ser clasificado en un único objetivo, sino debe entenderse como la suma de múltiples prioridades debido a que el conflicto armado afecta de diferente manera a la mujer, a su familia, y a su comunidad. Su capacidad de liderazgo y de entrega hace que su labor sea de suma importancia pues su huella beneficia a toda la sociedad. Hay que destacar que el desafío de esta nueva gestora consiste en visibilizar su trabajo para ganar mayor reconocimiento político, promover su participación en acuerdos de paz, y minimizar las situaciones que ponen en riesgo su vida y la de sus organizaciones.

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El estigma es una marca que separa a los individuos en grupos basándose en juicios sociales acerca de la supuesta inferioridad de un grupo con respecto al otro. Esta separación puede ser secundaria a atribuciones religiosas, raciales o por tener una enfermedad mental, dando lugar a respuestas negativas de la sociedad hacia estos pacientes como la exclusión, hecho que potencializa algunos riesgos propios inherentes al trastorno mental (1). Desde la década de los 60, se han realizado estudios sobre el estigma por la enfermedad mental, en especial para la esquizofrenia (2), en estos se evidenció al estigma como responsable de una carga adicional de la enfermedad, con consecuencias que van desde la demora en el inicio del tratamiento (3), hasta la pérdida del disfrute de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las personas con enfermedad mental, debidos estos últimos a efectos del estigma público (4). A consecuencia de estos eventos negativos, se disminuye la calidad de vida del paciente, se estimulan la permanencia de los síntomas y la baja autoestima (5).

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En la actualidad, la realidad política de Colombia y Venezuela se ha caracterizado por tener similitudes fundamentales tales como la creación de coaliciones políticas ya sea en la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos o en la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Estos procesos, han tendido a ser comparados con alianzas que generaron una transición democrática como lo fueron el Frente Nacional en Colombia y el Pacto de Puntofijo en Venezuela. Así bien, las coaliciones actuales suelen considerarse como reproducciones de dos procesos fundamentales en la historia política de ambos países. La investigación que se propone a continuación, plantea un análisis comparado entre el Frente Nacional en Colombia y el Pacto de Puntofijo en Venezuela, para de esta manera observar el comportamiento de los partidos políticos y más exactamente de las coaliciones. Lo anterior, tiene tres propósitos fundamentales: 1. establecer similitudes y diferencias entre dichos fenómenos políticos, lo cual permita ver que tan semejantes fueron las realidades en Colombia y Venezuela. 2. A partir de la diversidad de coaliciones políticas presentadas en el Frente Nacional y el Pacto de Puntofijo, esta investigación pretende hacer la creación de una tipología de coaliciones políticas, que permita entender los distintos comportamientos de los partidos políticos. 3. Finalmente, a modo de reflexión, el análisis comparado en estos dos fenómenos permite analizar la actualidad política en Colombia y Venezuela en cuanto al comportamiento de los partidos políticos a la hora de hacer coaliciones o alianzas.

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El texto hace un análisis y evaluación parcial de los resultados del componente de Lucha contra las Drogas Ilícitas del Plan Colombia, por lo que ve tanto los aspectos positivos como negativos, plasmados en el período 2002-2010.

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El proyecto busca establecer las competencias que debe desempeñar el gestor cultural frente al reto de la cibercultura y la sociedad del conocimiento. A partir del análisis de las actividades de gestores en ejercicio y de la oferta de programas de formación se pueden elaborar nuevos significados e identificar nuevas prácticas del trabajo del gestor cultural en sus comunidades. La investigación del perfil profesional permitirá entender cómo fortalecer las redes sociales – integración social -; fomentar el reconocimiento de las diferencias – pluralismo -; promover el uso de TIC como vehículo de comunicación, proyección, formación de redes y gestión de comunidades; agenciar a los individuos y comunidades para una apropiación eficiente de sus saberes y tradiciones, de sus deberes y derechos como ciudadanos. Si la gestión cultural está íntimamente ligada a la construcción de nuevos sentidos de identidad, creatividad y participación democrática, entonces conocer, articular y fortalecer el perfil profesional de los gestores culturales coadyuvará para el logro de éstas y otras metas de la política cultural de Colombia.

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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.

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La investigación tiene por objetivo en primer lugar hacer una revisión teórica del concepto de sociedad civil a fin de entablar una reflexión del papel de actores sociales en procesos de reclamación de derechos humanos, consolidación y recuperación de la democracia, emancipación de la ciudadanía y construcción de mecanismos para lograr la paz. En segundo lugar, el texto presenta un diagnóstico de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz que se llevó a cabo entre las Farc- Ep y el gobierno nacional bajo el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002), para así, plantear un esbozo de alternativas para afrontar el conflicto desde la solución política negociada.

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La percepción que se tiene en Colombia acerca de la noción de oposición política es confusa si consideramos que diferentes actores como la opinión publica, partidos políticos y la academia han dado diferentes acepciones acerca de la oposición, teniendo cierta tendencia a catalogarla en un ámbito negativo.

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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.

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“Locos, furiosos y mentecatos” fueron algunas de las palabras utilizadas por el Código Civil colombiano para hacer alusión a las personas con discapacidad. Durante más de cien años estos términos, que en los tiempos recientes se reconocen como ofensivos, estuvieron de boca en boca sin que alguien levantara su voz en contra. Se necesitó un cambio radical de enfoque y una demanda al Código para que se declarara inconstitucional esta terminología. Demanda U. Rosario(...). No obstante la modificación introducida a “ese conjunto de normas”, en el imaginario social aún resuenan con fuerza las expresiones humillantes, persisten las actitudes que hieren la dignidad de las personas y las acciones violatorias de sus derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica. Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo. En estas circunstancias y bajo la dirección del abogado y doctor en Derechos Humanos, Carlos Parra Dussan, quien logró introducir las modificaciones mencionadas al Código Civil, la Universidad del Rosario y Colciencias desarrollaron el proyecto de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”(...).