715 resultados para Administración de justicia España 1553 ordenanzas


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Los documentos especializados proferidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre los accidentes de tránsito en vehículos oficiales y la privación injusta de la libertad se ajustan al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.

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Vivimos en una sociedad en la que el miedo está muy arraigado y eso provoca que en momentos de falta de autoridad, se acuda al populismo autoritario. Tanto alumnos como profesores piden más disciplina en el aula, pero centrada en aquellos alumnos que provocan más alteraciones de orden. La Comunidad de Madrid decidió, como respuesta a esta indisciplina reinante, convertir al profesorado de centros públicos en agentes de autoridad. Por otro lado, se intenta reducir el papel del Estado y centrarse en la administración de justicia, en la policía y en el ejército, encargados de garantizar la seguridad. Las causas de la conflictividad escolar tienen poco que ver con la falta de autoridad del profesorado. La primera es el ligero crecimiento y estancamiento del fracaso escolar. La segunda causa es que la democracia implica un alto grado de tolerancia que fácilmente deriva en permisividad. Y la tercera, la forma de dar clases en las edades conflictivas de Educación Secundaria.

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Contiene: Una nueva inspección para un nuevo sistema educativo; Un real decreto regulará el ejercicio de la inspección; Los sindicatos quieren negociar la regulación de la función inspectora; La inspección debe asesorar a toda la comunidad educativa; Disparidad de estructuras y funciones en Europa; Francia, de censores a consejeros; Una inspección para un sistema educativo distinto

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Resumen basado en el de la publicación

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Profundizar y tratar de ver las raíces que hacen aflorar la delincuencia. Se divide en cuatro partes diferenciadas. En la primera parte se hace referencia a los aspectos psico-sociológicos de la delincuencia a través de los siguientes contenidos: evolución de la delincuencia en general, algunos delitos en particular, nuevas formas de delito, juicios de faltas, administración de justicia penal, interpretación sociológica del aumento de la delincuencia y factores sociales, familiares, escolares y laborales. En la segunda parte se hace una pequeña historia de las Instituciones Penitenciarias tratando de ver en este campo los cambios hacia adelante o hacia atrás remitiéndolos a dicha historia. La tercera parte se ciñen a la legislación española para saber la situación en la que se encuentran las condiciones de los penados, dedicando especial atención al campo educativo, sin olvidar las condiciones humanas que tienen en las instituciones penitenciarias. Se explica la reforma penitenciaria de 1979 y el reglamento penitenciario de 1981. En la última parte se refiere a la acción educadora en Instituciones Penitenciarias a través de los siguientes contenidos: trabajo de reinserción social de CEPA, explica tres actividades culturales llevadas a cabo en la prisión de Zamora y muestra un proyecto pedagógico de reeducación y reinserción social. 1) La delincuencia es una consecuencia de nuestra vida moderna, 2) Hay que concienciar que la cárcel no es la única ni la principal respuesta del derecho penal frente al delito, 3) Lo más eficaz es potenciar la prevención de la delincuencia, 4) Debido a la gran masificación de las cárceles se hace muy difícil llevar a cabo iniciativas de reinserción social, 5) Cuando el preso sale de la cárcel tiene muchas dificultades para encontrar un trabajo regular que es la primera condición para la integración social, 6) Son los menos quienes entrando muy jóvenes en prisión toman conciencia de su situación y deciden cambiar su vida, 7) La reglamentación es como una espada que cuelga siempre sobre la cabeza del condenado y se aplica siempre que la disciplina se altera, 8) A la vez que estas personas son privadas de libertad material, se las está privando de la libertad moral y que una persona sin 'libertad' se aleja de su plenitud personal.

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Monográfico con el título: “Transparencia y mejora de la educación”

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La Administración Pública se manifiesta a través de hechos, actos, contratos, resoluciones y procedimientos administrativos que producen los órganos de la administración de acuerdo con su competencia, esto es, todas las actividades que realizan en el ámbito de sus funciones los servidores públicos, autoridades funcionarios y empleados de la administración en general que producen efectos jurídicos. Pero, cuando la administración emite actos administrativos que vulneran los derechos consagrados en la Constitución nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado la acción de amparo como una garantía para suspender los efectos ilegítimos de estos actos, en una forma preferente y sumaria es decir a través de un procedimiento ágil y oportuno, prohibiendo cualquier acto que tienda a retardar su despacho. Los objetivos del presente trabajo investigativo son: • Determinar qué actos administrativos de autoridad son impugnables por la acción de amparo y por qué se produce una aplicación inadecuada de esa acción sobre los actos administrativos en el derecho ecuatoriano. • Describir algunas características que permitan puntualizar el mal uso en la utilización de la acción de amparo constitucional, sobre los actos administrativos de autoridad en el Ecuador. En la actualidad, vemos que también existe un abuso en la promoción de esta acción de amparo ya que, por diversidad de motivos, se ha convertido en una especie de acción paralela de administración de justicia, transformándose en un proceso ordinario contrariando la naturaleza de esta acción que es preferente y sumaria, y que tiene como fin último el de proteger la supremacía de la Constitución. El presente trabajo consta de cuatro capítulos. El capítulo I trata sobre la Impugnabilidad de los Actos Administrativos, el capítulo II me refiero a los principios en los que se sustenta el Control Constitucional, en el capítulo III analizo sobre la Acción de Amparo de los Actos Administrativos en el Ecuador y concluyo en el capítulo IV con las conclusiones y recomendaciones. He creído necesario incorporar al final del trabajo, algunos elementos relacionados a la Acción de Amparo Constitucional contemplada en la nueva Constitución que fue aprobada el 28 de septiembre del 2008, mediante referéndum, la misma que pasa a llamarse la Acción de Protección.

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Comentario al libro El reto de la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, escrito por Assies, del Haar y Hoekema. Una mirada boliviana a esta colección de artículos, rica en su variedad de ejemplos y a la vez sumamente sugerente para reflexionar sobre nuestra propia realidad multiétnica y pluricultural y su relación dialéctica con un Estado nacido en otra lógica.

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La interculturalidad no se limita al reconocimiento, respeto y eliminación de discriminaciones; implica un proceso de intercambio y comunicación que parte de los patrones estructuradores de cada cultura superando el prepotente prejuicio de que la verdad es patrimonio de tal o cual cultura y que, como poseedora, tiene la "carga" de transmitirla a las otras.

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La vigencia de la pluralidad jurídica en Ecuador es una realidad constitucionalmente reconocida, un reto fundamental para la sociedad pluricultural ecuatoriana, pero su aplicación aún exige superar las cargas ideológicas de dominación que bajo el escudo de estereotipos suelen adjetivar a la administración de justicia indígena como sinónimo de "salvajismo".

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El proyecto de Ley de Funciones de Justicia de las Autoridades Indígenas de Ecuador contiene una gran voluntad de avanzar en la justicia y la democracia, pero también un serio peligro de que se aliente el fundamentalismo indígena, la parcelación del país. No debemos perder de vista que los grandes cambios se hacen con audacia pero también mediante acuerdos. Debemos apostar por un país unido, nos jugamos la vida de la Patria.

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La propuesta de reforma constitucional que la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos, ha presentado al Congreso de Perú el 13 de marzo de 2002, quiebra la tradición comunera y agrarista para acoderar en un nuevo sujeto de derechos: el Pueblo Indígena. Simultáneamente, visibiliza otro grupo hasta ahora sin derechos colectivos: los afroperuanos.

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Los derechos de pueblos indígenas, de pueblos que no forman estados y que son anteriores a ellos en el propio territorio manteniendo cultura propia, han sido reconocidos bajo formas jurídicas distintas, según su relación con la estructura de los Estados nacionales.

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Las organizaciones indígenas han hecho una rigurosa defensa de su cosmovisión y concepción de justicia, remarcando diferencias con el derecho estatal moderno. Las expresiones del ejercicio del poder interpuestas ante el Estado, permiten entender las formas de poder étnico como factor constitutivo de la cuestión étnica. Los derechos humanos de los Pueblos indígenas deben hacer parte integral de una política de Estado, que armonice con el resto de políticas, especialmente con las de desarrollo económico.