876 resultados para Actores colectivos


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La administración de justicia indígena, en la óptica de la construcción de un Estado plurinacional, implica reformular los conceptos de justicia y derecho. El reconocimiento del pluralismo jurídico rompe con el esquema del Estado nacional, donde solo cabe un sistema jurídico, siendo imposible entender la coexistencia de varios sistemas. El pluralismo jurídico significa que los miembros de la sociedad hegemónica acepten la existencia de diferentes concepciones de hombre, sociedad y derecho.

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A inicios de los años ochenta del siglo XX, se abrió un debate en el mundo académico e intelectual en torno a las minorías étnicas, nacionales, grupos culturales, lingüísticos y religiosos, así como sobre toda clase de entes colectivos que reclamaban extensas reivindicaciones sociales y la titularidad de derechos como sujetos. En Europa y América del Norte, especialmente en este, las minorías étnicas y nacionales en algunos Estados plantearon una fuerte crítica a estas sociedades liberales occidentales. Amparados, estos grupos sociales (“culturales”) por políticas del multiculturalismo y propuestas teóricas del comunitarismo, el valor “identidad” se ha sumado a los valores “libertad” e “igualdad” como la tríada que da sostén a los derechos humanos.

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Las identidades y políticas culturales que tienen lugar en ciudades como Esmeraldas y Cali, implican el análisis de procesos de modernidad/colonialidad a través de los cuales es posible escuchar las voces subalternizadas de los afropobladores en estas ciudades. El trabajo que se presenta a continuación es el resultado del trabajo de investigación que imbrica el trabajo de campo en las ciudades en mención, esto es, del diálogo con los actores sociales que posibilitan la renovación y (re)significación de términos como cultura, política, identidad, organizaciones, así como del diálogo con autores, conceptos y abordajes teóricos que posibilitan una inmersión en la densidad histórica, política y cultural expuesta. Recoger, de manera sistemática las posibilidades analíticas generadas en la maestría, con las experiencias colectivas de colectivos y organizaciones afro esmeraldeñas y afro caleñas, es la ruta de estudio presentada en esta tesis, para comprender la construcción identitaria y los procesos que dan lugar a la emergencia de políticas y de agencias políticas en Cali y Esmeraldas.

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La política petrolera privilegia los ingresos económicos y margina los derechos ambientales y sociales de la población en las zonas petroleras. Ilustra el análisis de la entrega de licencias que contravienen los derechos establecidos: contrato en el bloque 20 y la explotación en la costa ecuatoriana; a esto se suma los numerosos y graves casos de derrame de petróleo. El gobierno implementa un programa de reparación ambiental y social entre el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, pero falta tomar decisiones fuertes para no ampliar más la frontera petrolera y para aplicar verdaderos procesos de reparación integral, tal como lo estipula la Constitución. Es urgente la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta la participación social, por ser inconstitucional.

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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.

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La demanda que promueven pobladores y comunidades indígenas contra la empresa Chevrón (antes Texaco) es uno de los más importantes casos de judicialización por temas de contaminación ambiental y afectación a los derechos humanos. El juicio se inició en 1993, ante tribunales de EEUU y fue dirigida contra la empresa Chevron (antes Texaco) por los daños humanos y ambientales que generó la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. En el 2003, el caso pasó a ventilarse ante juzgados nacionales. Pese a que han transcurrido más de 6 años, este proceso permanece sin sentencia. Su retardo ha obedecido a un proceso constante de dilación, intimización y politización promovido por la empresa Chevron – Texaco. El principal reto que se tiene es lograr que en el 2010 la justicia ecuatoriana, libre de presiones y ateniéndose a la prueba del proceso, dicte sentencia.

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La Constitución define al estado como plurinacional y el reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Pese a ello, durante el año 2009 se violaron los derechos de la naturaleza y los Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades en los siguientes casos: el Eje Multimodal Manta Manaos; la iniciativa ITT; la normatividad y políticas para la explotación minera industrial en la Cordillera del Cóndor, concesiones y privilegios para misiones católicas en la Región Amazónica, el cierre de la radio La Voz de Arutam, el ataque de los Pueblos del Yasuní y el caso de Sarayaku. Los casos evidencian que el poder gubernamental continúa atado al modelo preconstituyente, los afanes desarrollistas y extractivistas han llenado de conflictos a los pobladores ancestrales.

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Enrique Ayala es entrevistado por el historiador catalán Manuel Chust sobre la independencia de Hispanoamérica. Ayala plantea que la crisis de 1808 afectó la economía de la metrópoli, pero también posibilitó cambios en las relaciones de poder en las colonias: fue instalándose el control de los señores criollos sobre la tierra y de los comerciantes sobre las economías locales y regionales, la burocracia española debilitada conservó solo el manejo político, lo cual favoreció a las clases dominantes locales. Insiste en que las independencias deben ser vistas como procesos, cuyo éxito fue posible al convocarse a los actores populares e integrarse los esfuerzos de diversas colonias. Visualizar eso, afirma, fue uno de los mayores aportes de Simón Bolívar. Finalmente, no se llega a la Independencia por actos de personalidades determinantes, sino por el peso de protagonistas colectivos: notables criollos, grandes latifundistas y comerciantes de los puertos de primer orden, jefes de los ejércitos e intelectuales, la jerarquía de la Iglesia, y el apoyo británico a los insurgentes.

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El estudio del territorio y los diversos, complejos y conflictivos procesos que lo configuran, debe tener en cuenta que dichos procesos se operan desde distintas lógicas. Justamente éstas lógicas y procesos de poder, dominación y conflicto son los que se describen de manera general en este texto. En este sentido, consideramos que lo primordial es entender que la noción de territorio entraña un alto grado de conflictividad, en la medida en que una visión hegemónica de éste, no guarda muchas veces relación con las dinámicas internas locales de los pobladores de ese territorio que, como en el caso de Guapi (Cauca-Colombia) son claramente diferentes; por el contrario, la normativa reguladora de estos territorios a través de los Planes de Ordenamiento Territorial y los proyectos de inversión como el cultivo de palma africana, trae aparejado un nuevo orden territorial excluyente, basado en un patrón de poder que nada tiene que ver con las lógicas ancestrales de muchos de los actores locales. De esta forma es posible encontrar sobre un territorio, lógicas dominantes excluyendo o en pugna con otras visiones, fundadas en amplios y complejos marcos de relaciones sociales. En este trabajo, tratamos de mostrar las relaciones de poder en cuanto al acceso y uso del territorio se refiere, en este sentido, nos parece importante entender que dichas relaciones de poder crea actores particulares que se enfrentan de manera directa o no, a una serie de conflictos que descansan en esas construcciones (significados, usos) territoriales, muchas veces como en el caso del Estado colombiano, fundamentadas en una racionalidad económica capitalista que excluye y violenta los proceso locales de creación de identidad y en esta medida, de construcción de otras formas de ordenamiento del territorio. Por otro lado, nos parece que Guapi se constituye en un ejemplo valioso para entender en un estudio de caso, las dimensiones reales de las distintas relaciones sociales entre actores diversos y los conflictos que la interacción sobre un mismo territorio genera.

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En medio de una dinámica de cambios y redefiniciones política, económicas y sociales de tipo global, un localismo representado por los conocimiento que poseen comunidades indígenas y locales ubicadas al interior de los Estados nacionales, representa el tipo de conflictos que deben ser resueltos por la sociedad política actual, esto es, un conflicto que para su resolución, depende no solo de las políticas que se adopten al interior de los Estados, sino que involucran las definiciones que se den tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Los pueblos indígenas demandan el reconocimiento de derechos de los conocimientos que han acumulado y que generan como fruto de su sistema de vida comunitario y consideran que despojan las grandes corporaciones internacionales en su afán ilegítimo e ilegal de acceso y uso de la biodiversidad, de los recursos genéticos y de los conocimientos asociados a ellos. El sistema legal internacional, regional y nacional ha venido estableciendo normas y procedimientos para regular este conflicto, sin embargo, no resultan suficientes debido a la asimetría de poder entre unos y otros, a la falta de eficacia de algunos instrumentos legales y al escaso desarrollo de la legislación secundaria para regular realidades específicas. En este contexto, la ubicación de mecanismos y procedimientos específicos de protección de conocimientos colectivos así como la identificación de contenidos para el desarrollo de un sistema sui generis de protección de tales derechos contribuirá a encontrar salidas favorables a la integridad de la biodiversidad y a los derechos de los pueblos indígenas.

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La presente investigación constituye una aproximación a una problemática específica de la realidad social en el campo político: la institucionalización de la interculturalidad en el Ecuador. Dentro de este campo de estudio se profundizó científicamente, a fin de alcanzar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Los últimos procesos de reforma a la Carta Constitucional Ecuatoriana -en materia de interculturalidad- constituyen un espacio generador del diálogo o polílogo intercultural? El producto de esta aprehensión al objeto de investigación referido, pretende constituirse en un referente doctrinario válido, fundamentado sobre la base de una sustentación teórica y una aproximación sociológica, a la problemática.

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Esta tesis representa el intento de definir la nueva concepción y práctica de la comunicación popular alternativa en las instituciones del Ecuador, a partir del estudio y comprensión de las transformaciones que ésta ha experimentado en las últimas décadas, obedeciendo a nuevas demandas y comportamientos de los actores sociales que llevan a redefinir la comunicación popular. Para ello, se indaga sobre los determinantes tanto teóricos como históricos que propiciaron dicho cambio y, con el propósito de ilustrar mejor el estudio, se aborda con especial énfasis el caso del Centro de Educación Popular, CEDEP. El trabajo trata de reflejar de qué manera la comunicación popular fue recorriendo tres esquemas, cuya configuración obedece a fines de investigación, sin ser rígida y mucho menos la única; estos esquemas son: el del cambio social y modernización de los pueblos, el de dominación - subordinación, y el de las mediaciones sociales y culturales. Este recorrido obliga a preguntarnos qué es actualmente la comunicación popular y cómo se desarrollan las prácticas comunicativas en un contexto distinto a aquel en el cual nació, es decir en un nuevo contexto caracterizado por las crecientes urbanizaciones, la globalización de la cultura, la reorientación del modelo económico, irrupción de nuevas tecnologías, y sus consecuencias como la conformación de comunidades "desterritorializadas", la revitalización de los particularismos y la fragilidad de las monoidentidades.

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Los fondos de inversión son un medio válido para el desarrollo del mercado de capitales, principalmente en el mundo en el que se desenvuelven las instituciones financieras. Pero un buen desarrollo de los fondos de inversión solo es viable en un marco regulatorio adecuado que garantice las relaciones entre todos los actores del sector económico. Los fondos de inversión son instrumentos financieros que están enmarcados dentro de un régimen jurídico especial, por lo tanto es importante estudiar su naturaleza jurídica; cuales son sus características específicas; cómo se clasifican (fondos administrados, fondos colectivos y fondos internacionales); cuál es la composición de los activos de los fondos; cuáles son las limitaciones a los fondos de inversión; cuál es su importancia; cuál es la vigencia práctica de los fondos de inversión dentro de la Ley de Mercado de Valores Ecuatoriana; cual es el ámbito económico en que se desenvuelven los fondos de inversión, y si estos se enmarcan dentro del sector productivo o dentro del sector especulativo; si los fondos de inversión proporcionan las mismas oportunidades a los propietarios de grandes fortunas y a los pequeños ahorristas; y, si los fondos de inversión, son una de las mejores alternativas para la diversificación del riesgo de una pérdida inesperada.

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Los/as afrobolivianos/as, mediante la movilización política, lograron su reconocimiento constitucional tras 183 años de marginación en la historia oficial de Bolivia. Esta investigación, a partir de entrevistas y diálogos con actores/as sociales, recupera la voz, la acción y los mecanismos que ellos/as emplearon para alcanzar su reconocimiento jurídico en la Asamblea Constituyente que se desarrolló entre 2006 y 2008. Mediante el análisis de documentos y testimonios, el texto privilegia la propia experiencia del pueblo afroboliviano y sus es trategias para ser reconocido con plenos derechos y obtener una valoración positiva de su cultura y experiencia histórica. Finalmente, la autora propone una serie de acciones afirmativas para que los principios y los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se materialicen en la vida cotidiana de los/as afrobolivianos/as, y de este modo se promueva y garantice el ejercicio de los derechos humanos y colectivos.