1000 resultados para instrucción pública


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El primer paso fue la aprobación del presupuesto de Instrucción Pública pendiente que concedía un crédito extraordinario a este ministerio por un importe de 26.000.000 de pesetas para ser empleadas en el Plan Nacional de Cultura; el segundo, la creación en 1937 de una comisión para la reforma de la enseñanza primaria. Un año después, esta comisión terminó sus trabajos. El primer paso fue la regulación de las normas de acceso a la segunda enseñanza, nivel al que hasta ahora se accedía por un examen de ingreso. Desde este momento la admisión a los institutos se hizo según una prueba de capacidad. Tras haber aprobado ese examen en el propio instituto los profesores decidirían el curso por el que debía comenzar el alumno sus estudios, dependiendo de conocimientos y edad escolar o física. El golpe a la enseñanza privada se manifestaba sobre todo por la cláusula que establecía la supresión de la enseñanza libre. La figura del maestro fue objeto de regulación específica, de acuerdo con el nuevo papel que se le confería y les fue encomendada, especialmente, la preparación ideológica. El conocimiento directo de la escuela y la formación en las nuevas tecnologías se consideraba esencial para los maestros. Se luchó contra el analfabetismo, se creó el instituto para obreros, es decir, el bachillerato abreviado para ellos; se cambió la enseñanza profesional, primero se preparó a técnicos para mejorar la estructura de la futura economía y después se dio acceso a esta cualificación a todas la clase obrera, sin distinción de sexo. Varios de los decretos más importantes de la reforma de la enseñanza están ligados a la reforma agraria por último, se creó un centro de educación especial para minusválidos.

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Se creó por Real Decreto el 18/04/1900 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se le encomiendan las cuestiones relativas a la enseñanza pública y privada en todos sus grados, el fomento de las ciencias, artes y letras, los archivos, museos y bibliotecas y el Instituto Geográfico y Estadístico. Nace así, un departamento ministerial específicamente dedicado al sector educativo y cultural, que ya se mantendrá hasta nuestros días (salvedad breve paréntesis de 1923-1925). En este tiempo, setenta y cinco años, han sucedido profundos cambios en la sociedad en la educación e incluso en el concepto mismo de la propia administración. En este sentido pueden señalarse cuatro etapas que presentan grandes diferencias importantes para una necesaria y adecuada comprensión de la evolución de la administración educativa. Son: 1. Etapa de consolidación de la autonomía administrativa (1900-1936); 2. Etapa de transición desde fines de la Guerra Civil hasta la promulgación de la Ley en 1955 de Reforma Orgánica del Ministerio; 3. Etapa de fortalecimiento y progresivo deterioro desde 1955-1968; 4. Años transcurridos desde la aprobación de la Ley General de Educación, con los intentos de poner en marcha una nueva administración que responda a las exigencias del nuevos sistema educativo.

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Se creó en 1836 y desde entonces ha cambiado tres veces de nombre, el actual y tercero desde 1940. Este cambio de nombres no a significado en realidad modificaciones sustanciales respecto a las funciones asesoras que el Consejo siempre ha tenido encomendadas. Teniendo en cuenta esta continuidad, las fases de evolución del Consejo se concretarían así: el Consejo conoce un primer momento fundacional y vacilante entre 1836-1848; una segunda etapa de consolidación que coincide con la promulgación de la Ley Moyano en 1857, que dedicó un capítulo a la regulación de este consejo y cuya prolongada vigencia implicó la subsistencia de una serie de estructuras fundamentales, entre ellas la de este órgano colegiado. A partir de 1932 y durante un periodo que llega hasta nuestros días, el Consejo sufre cambios de orientación. Este periodo se inicia ese año transformando el Consejo de Instrucción Pública en Consejo Nacional de Cultura, con la consiguiente ampliación del ámbito de sus funciones de asesoramiento, añadiendo a las clásicas ya asignadas de instrucción pública añade otras relativas a archivos, bibliotecas , tesoro artístico, instituciones benéfico-docentes, etcétera. El periodo termina con la promulgación de la Ley General de Educación, a partir de la cual se inicia otro periodo de configuración aún incierto porque se le añaden más funciones, no menos importantes, de representación de los organismos, entidades y sectores vinculados directamente a la educación o relacionados con sus problemas. La novedad está ahora en la conversión en un órgano colegiado teóricamente apto para su exposición e influencia, de forma que sus dictámenes se convierten en expresiones mixtas de expertos en educación y representantes de las aspiraciones sociales ne materia de educación. Este periodo tiene un significado ambivalente. Por una parte refleja la crisis del consultivo tradicional en su versión a de administración educativa, y por otra, la incrustación de los elementos representativos en el Consejo, lo que corresponde con el fenómenos aparecido en la moderna administración europea, el renacimiento de la colegialidad. Un renacimiento que se genera por la utilización del mismo para nuevos cometidos, dando entrada a la participación de ciertos sectores de interesados y administrados en la gestión de los asuntos públicos de la educación.

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Desde 1876 hasta sesenta años después se observa la vigencia de algunos de sus presupuestos educativos, tanto los referentes a la estructura del sistema de enseñanza como los pedagógicos. Es de lamentar que la denuncia que de la realidad educativa española formularon respectivamente, tenga todavía validez en nuestros días en lo que se refiere a los aspectos cualitativos, autonomía universitaria, profesorado suficiente y preparado, enseñanza individualizada, etcétera, y aún a algunos cuantitativos. Podrá objetarse que las peticiones de una enseñanza básica prolongada y única, la concepción del proceso educativo como un desarrollo coherentes en el que los niveles inferiores preparen, y no sólo precedan a los superiores, la necesidad de educar al niño desde los primeros años de su infancia, son propuestas muy anteriores todas a fin de siglo. Demasiados años después el Libro Blanco señalará que el contexto del sistema actual no difiere mucho del que se estableció a lo largo del siglo XIX y primeros lustros del XX, cuando las características, tendencias y necesidades de la sociedad eran muy distintas de las actuales. A esta estructura tradicional se le han ido añadiendo algunas modalidades nuevas, como apéndices superpuestos, pero sin la integración orgánica que reclama el carácter global y unitario que debe tener el sistema educativo. Tanto por lo que se refiere a la capacidad de crear centros escolares necesarios para una escolarización suficiente, que sólo en 1902 se hizo obligatoria hasta los doce años, como para crear un profesorado preparado y dedicado de lleno a la enseñanza, el sistema educativo se mostraba ineficaz. Lógico si la administración educativa no se concretizó en un Ministerio de Instrucción Pública hasta 1900 y cuando recibió partidas irrisorias en los presupuestos generales del estado y comparando la educación con la de otros países, en España prácticamente estaba abandonada. La institución desde su nacimiento, no era ni podía ser una alternativa a las deficiencias del sistema educativo. Los hombres que se agruparon a su alrededor, sin embargo, la concibieron como un centro de influencia y propaganda de las reformas paulatinas que fueron realizando. Esta influencia fue posible desde el momento en que sus hombres entraron en contacto con la administración educativa, encontrando el apoyo necesario. Así, surgió el Museo pedagógico, La Escuela Superior de Magisterio, la Junta para la Ampliación de Estudios y la creación del propio Ministerio de Instrucción. Es cierto, que los institucionistas no concebían al estado como dispensador y gerente final de la instrucción. Les interesaba la clase obrera, el problema social entendido como un problema global y era en gran medida, según los institucionistas, una cuestión cultural. Se trataba de educar a la sociedad entera para que esta se estructurase armónicamente de forma que cada uno de los elementos de la organización social se desarrollase de acuerdo con su naturaleza. Pero ¿A quien le interesaba que la clase obrera fuera instruida e integrada en la sociedad? No a la oligarquía sobre la que se asienta la Restauración y si a la burguesía, apartada del poder político, por la oligarquía dominante. Si atraía a la clase obrera podría alcanzar o compartir el poder político. Si las propuestas reformadoras se hubiesen llevado a la práctica nos hubiéramos encontrado frente a una concepción liberal-meritocrática de la sociedad y del propio papel de la educación. Concedidas las mismas oportunidades a todos los individuos, el sistema educativo tiende a reflejar y consolidar las diferencias producidas en el seno de la sociedad. Es por ello, que la reforma educativa no puede ser sustituida por la reforma de la sociedad. Eran dos alternativas distintas las que afrontaba la transformación de esta última.

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La Institución Libre de Enseñanza significa, en la historia contemporánea de España, el más coherente y sostenido intento de configurar la vida de este país, según los principios de la cultura europea moderna. Su actitud vital y mental de los hombres de la Institución es, por antonomasia, la de la izquierda burguesa. Laicismo, secularización, refinamiento estético, pluralismo moral, propósitos minoritarios, formas de vida típicas de la clase media decimonónica. Pero, la revolución hay que hacerla en los espíritus y no en las barricadas. Así, fue su papel en la II República aunque la institución afirmaba su independencia respecto a cualquier forma concreta de gobierno, es evidente su identificación con la II República, régimen democrático y supuso el mayor acercamiento entre hombres que habían venido trabajando en campos diferentes. El Ministerio de Instrucción Pública tomó tres decisiones muy significativas: Decreto sobre la enseñanza en lengua catalana que reconocía el derecho a ser enseñada en lengua materna; se declaraba voluntaria la instrucción religiosa en las escuelas; se reestructuraba el Consejo de Instrucción Pública del que se esperaba la orientación técnica necesaria para la reforma de la educación española. En definitiva, su programa era un proyecto de ley que equivalía a todo un programa docente que suponía la instauración de la escuela única, instrucción primaria gratuita, obligatoria y laica; igualdad de sexos y clases en la educación; selección de los mejor dotados sin atender a su fortuna; instituciones posescolares; misión y organización de la Universidad. La reforma urgía y exigía una inmediata liquidación de la obra de la dictadura y la adopción de medidas eficaces aunque transitorias. El programa educativo de la República hizo suyas las ideas de la ILE . Pero todas las reformas iban a encontrar un obstáculo común los presupuestos generales del Estado. A pesar de todos los inconvenientes, el Ministerio aumentó el presupuesto, pero la situación política y la falta de refrendo constitucional hicieron imposible la realización completa de este proyecto.

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Se ha aceptado en la historiografía general que Madrid por ser la capital de España y la sede del gobierno central, siempre ha mantenido una identidad de objetivos con la Administración central y se ha encontrado en una situación de privilegios económico y político con respecto a otras grandes ciudades españolas. Esto puede ser verdad en determinadas etapas históricas y ante ciertos factores ideológicos, pero no es extrapolable a cualquier momento y circunstancia. Si nos circunscribimos al primer tercio del siglo XX y al problema de la enseñanza primaria pública, veremos que los intereses de Madrid no estaban tan cercanos a los de la Administración central como podría suponerse. También es verdad que el poder estatal consideró a la capital como sede de diversos ensayos pedagógicos que no transpasaron los límites de la excepcionalidad, y que también le adjudicó un papel único con respecto al resto de España, rol asumido por el poder municipal e incluso por la opinión pública. Y, por tener este carácter de modelo se reprimieron duramente todos los aires de autonomía pedagógica, para evitar que pudieran inspirar a otras capitales de provincia. El origen de las diferencias entre el Estado y el Ayuntamiento de Madrid es muy claro, parte de 1901 cuando muchas de las competencias municipales en materia educativa pasaron al Estado por decreto. El Ayuntamiento de la capital no lo aceptó, ya que le relegaba a un segundo plano en temas de enseñanza y sin poder intervenir en su organización y supervisión. Este marginación se notó no solo en Madrid, sino también en todas las grandes poblaciones españolas ,en Cataluña y País Vasco especialmente. Por eso, cada una de ellas no dejaron de luchar durante la primeras décadas del siglo XX, para recuperar el control de las escuelas públicas..Tal era la situación de tensión que tuvieron los poderes central y local en el trienio 1911-13 que el Ministerio de Instrucción Pública publicó una orden para dejar bien claros los límites del gobierno municipal de Madrid y que también sirviese de ejemplo para el resto de las ciudades españolas con aires autonómicos. Hubo que esperar al Plan de 1922 para que se produjese la armonía y el entendimiento entre las partes implicadas. Ese cambio de actitud se debió a una serie de factores del Concejo madrileño: económicos y de distinta índole que explican esas desavenencias con los poderes centrales.

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Elaborada en 1955 por el Ministro de Instrucción Pública, de ahí su nombre. Supone una reforma en todos los campos, jurídico, económico, político y religioso, que fija las reglas de la enseñanza del Estado, de las provincias y de los municipios y de subvenciones de centros de enseñanza media, normal y técnica. El ministro Collard, del grupo socialista en el poder, hizo esta reforma con el fin de acabar con la situación de preferencia que había tenido hasta ahora la religión católica con importante subvenciones de sus escuelas, y por la necesidad de convivencia entre las provincias representantes de las dos religiones. Se establece que la enseñanza religiosa no es obligatoria.

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La educación española con los ilustrados va a ser criticada y se intentará reformar por parte de Jovellanos, Quintana, etcétera. pero finalmente debido al régimen absolutista habrá que esperar a que suba al trono Isabel II, durante la regencia de su madre para que los liberales inicien una serie de reformas e intenten cambiar la instrucción publica en nuestro país. Una de las figuras que va a realizar uno de los primeros cambios será el Duque de Rivas, ministro de la gobernación por el Real Decreto de 1836 establece el plan general de instrucción pública, basada en la de Quintana, pero más realista en cuanto a la escasez de presupuestos. Al vivir fuera de España conocerá la educación francesa, inglesa, etcétera, lo que influirá para dar una amplia libertad de enseñanza en el grado medio, al poder abrir colegios privados los españoles que reuniesen unos requisitos concretos. Pero su reforma cayó tras el motín de la Granja y fue perseguido por su liberalismo. Por último, hay que decir que sus planes influyeron en los posteriores decretos.

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Recomendación adoptada por la Conferencia Internacional de Instrucción Pública, el 16 de julio de 1952, dirigida a los Ministerios de Educación Nacional, sobre la enseñanza de las ciencias naturales en la secundaria.

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Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

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Se analiza la protección de los jardines españoles, en concreto los considerados Reales Jardines, desde que se aprobó el Decreto de 3 junio de 1931, por el que cambiaban de dueño y se les incorporó al Patrimonio Nacional. El 13 de marzo de 1934, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes crea un Patronato para la defensa de los jardines españoles. El Patronato también reformó los jardines del Palacio de Aranjuez, los de La Granja y los del Alcázar de Sevilla. Se protegieron también los jardines particulares que destacaban por sus características espectaculares como los del parque de El Fraile de El Escorial o del Parque Güell en Barcelona.

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Se comenta el resultado de un estudio estadístico elaborado por la Dirección de Estadística y Personal del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la República Argentina sobre la situación de la enseñanza entre los años 1938-1939 en aquel país que podría resultar de interés para España, al hallarse en proceso de ordenación de la educación. En él se presentan datos numéricos referidos a profesores, alumnos, matrículas, asistencia, promociones, nacionalidad de estudiantes y profesorado, sexo, títulos y costo de la enseñanza, desde la Escuela primaria a la Universidad, incluyendo las enseñanzas especiales.

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Se aborda la historia del Ministerio de Educación y Ciencia, de las materias de su competencia y de sus distintos organismos, desde la época en que sus funciones pertenecían al Ministerio del Interior. Sin embargo, el germen originario del actual ministerio es la Dirección General de Estudios creada por la Constitución de 1812 y desaparecida en 1832 con la creación del Ministerio de Fomento. A lo largo del siglo XIX, sus competencias fueron pasando sucesivamente por distintos ministerios, del de la Gobernación, al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1847, al de Gracia y Justicia en 1851 y de nuevo al Ministerio de Fomento en 1855. En el siglo XX, se destaca la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, al que se le encomendó la enseñanza pública y privada en todas sus clases, el fomento de las ciencias, las artes y las letras, los archivos, museos y bibliotecas, y el Instituto Geográfico y Estadístico. Y después, la aparición del Ministerio de Educación Nacional después de la guerra de 1936, y su cambio de denominación por el de Ministerio de Educación y Ciencia a partir de la ley de 1966.

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Se presentan las recomendaciones sobre educación aprobadas en las reuniones anuales de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública, agrupadas por temas. En cada recomendación figura: el título; número que hace dentro del conjunto de recomendaciones; número de la reunión de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública en que fue aprobada; año de ésta.

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Con motivo de la proclamación por las Naciones Unidas de 1970 como Año Internacional de la Educación, se esta preparando un programa de actividades prácticas en el que participan varias organizaciones internacionales. Además de la realización de proyectos, organización de cursos, cursillos y sesiones informativas de formación, se publicarán estudios, encuestas e inventarios sobre temas generales y especializados, y se editará material de carácter informativo y complementario. También, se celebrarán dos grandes conferencias internacionales sobre la Instrucción Pública y sobre la enseñanza agrícola en el mundo.