1000 resultados para Política de vivienda - Envigado (Antioquia)
Resumo:
Esta investigación parte de las diferentes iniciativas que se presentan en el escenario nacional e internacional en torno a la intención por consolidar y mejorar la función de control social a la gestión pública que ejercen por mandato constitucional las veedurías ciudadanas, a partir de referentes que orienten la labor de sus integrantes, en el caso concreto del municipio de Envigado dadas sus características y la cultura de participación ciudadana que ha implementado. En ese sentido, se indaga acerca de ¿Cómo fortalecer el control social, a través del mejoramiento en la función de seguimiento a la gestión pública que desarrollan las veedurías ciudadanas en el municipio de Envigado? En este trabajo se propone un modelo para el fortalecimiento del control social a la gestión pública que ejercen las veedurías ciudadanas, como herramienta de consulta para el desarrollo de actividades de seguimiento real y efectivo a las diferentes actuaciones que enmarcan la gestión pública; desde la formulación misma de la Política de Participación Ciudadana y su nuevo marco normativo en Colombia, el análisis e identificación de otras publicaciones que buscan facilitar la labor del veedor ciudadano con guías, instructivos, entre otros; así como un análisis de los principales obstáculos que se presentan en su función, conforme algunos referentes de investigaciones al respecto.
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El presente trabajo de investigación pretende generar propuestas para garantizar la solvencia fiscal y financiera en el municipio de Envigado, solvencia que permitirá realizar con eficiencia, eficacia y efectividad la gestión necesaria para el logro de las soluciones a los problemas y necesidades de la comunidad, haciendo que se mejore el desarrollo económico y social con mejor calidad de vida. Igualmente la solvencia financiera propiciará un mejor posicionamiento del municipio en el Rankin del Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda en los indicadores de desempeño fiscal e integral, según las diferentes categorías del Formato Único Territorial (FUT) que reporta el municipio trimestralmente, como también el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. De acuerdo con lo anterior, el municipio de Envigado requiere mantener patrimonio suficiente para poder pagar la deuda pública, los pasivos exigibles y contingentes, tanto en el corto como en el largo plazo. Igualmente debe buscar siempre mantener condiciones de liquidez inmediata, es decir disponibilidad de dinero en las cuentas financieras bancarias a la vista que le permitan hacer frente a sus obligaciones. La investigación se fundamenta en el análisis y la síntesis, mediante el proceso de investigación aplicada respecto del marco referencial, buscando con relaciones de causa efecto en una matriz de riegos y mediante la evaluación, la acción y la valoración de impacto financiero. El actual trabajo tiene la razón de hacerse, ya que el municipio de Envigado carece de un proceso de planeación financiera adecuado que presupueste los ingresos, apropie los egresos y ejecute los mismos con equidad, eficiencia y efectividad, y le permita tener la solvencia fiscal para que preste eficazmente sus funciones en búsqueda de mejor desarrollo económico y social para la comunidad. El análisis de la investigación se hará obteniendo información de diversas fuentes, tales como: El Sistema local de Planeación Municipal - SLPM, Plan Estratégico Territorial – PET, Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Políticas Públicas y Planes Sectoriales, Plan de Desarrollo Municipal, Planes Zonales de Desarrollo, Presupuesto Participativo, Programa de Gobierno, Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Financiero, Presupuesto Anual y Plan Anual de Caja- PAC. La administración central municipal de Envigado debe garantizar a sus acreedores y a su comunidad en general la solvencia fiscal y financiera, así como la de sus nueve entes descentralizados para asegurar el buen desarrollo económico y social, pero también para evitar caer en ley 550 de 1999, ley de insolvencia fiscal, que ha dejado a muchos municipios con un estigma difícil de mejorar en el mediano plazo, lo anterior independientemente de las sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales que reciben las administraciones responsables por acción u omisión al no orientar al municipio hacia la solvencia fiscal y financiera. La Ley 550 de 1999 desarrolla los artículos 334 y 335 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo y regulando los instrumentos de intervención estatal en la economía, y en el capítulo quinto (V) regula su aplicación a las entidades territoriales y descentralizadas del nivel territorial, tales como los departamentos, municipios o distritos. Tener solvencia fiscal y financiera en el municipio evitará que se incumpla la mencionada Ley, que se tenga que celebrar un convenio interadministrativo entre el municipio y el ministerio de Hacienda y crédito público, con la obligación de corregir las deficiencias que presente en su capacidad de operación y en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, para que pueda recuperarse dentro del plazo estipulado y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo acuerdo. (Art. 5 de la ley 550). Este convenio tiene efecto vinculante, tanto para los municipios como para la totalidad de los acreedores.
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En el presente trabajo investigativo de estudio de caso se documentó y analizó la gestión de la Gerencia de Municipios de la Gobernación de Antioquia propuesta en el Plan de Desarrollo “Antioquia la más Educada” durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015 como un modelo de innovación administrativa basado en la identificación de la institucionalidad y en la evaluación de la eficiencia en el marco de la gobernanza territorial -- Todo esto propiciado por la construcción de redes con actores claves como son los alcaldes y alcaldesas que articularon las diferentes acciones y procesos dentro una estructura departamental y municipal -- Para ello se implementaron los denominados Acuerdos Públicos Municipales, se fortaleció la presencia activa del Gobernador y de los coordinadores zonales en el territorio, se estableció una bitácora de actuación, dentro del marco de estrategias y mecanismos novedosos para generar gobernanza territorial, fortaleciendo así los conceptos de eficiencia e institucionalidad -- Lo anterior permite recomendar que dicha experiencia de innovación administrativa sea inicialmente propuesta como una política pública, donde posteriormente se institucionalice y transcienda la voluntad política del gobernante electo en la administración departamental y municipal -- De igual manera que se considere como un modelo de impacto estratégico replicable, adaptable y de continua retroalimentación en sus instrumentos y procesos a las características de los entes territoriales a nivel nacional
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El presente artículo trata de ofrecer una visión global sobre el derecho a una vivienda digna reconocido en el ordenamiento jurídico español. Para ello se analizará no solo dónde se regula el mencionado derecho, sino también quiénes pueden ser sujetos del mismo, qué límites presenta, con qué mecanismos de protección cuenta y qué peculiaridades presenta en el nivel competencial.
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Con Los orígenes del totalitarismo Hannah Arendt propuso identificar el mal radical que los regímenes totalitarios efectuaron durante la primera mitad del siglo XX. La política de la muerte de Hitler y Stalin llegó a ser un flagelo hacia la humanidad y causó una gran intimidación que no escatimó la violencia y la aniquilación total de sus opositores. La política de la muerte significa no solo exterminar la vida desde un aspecto físico sino también desde un aspecto político, demostrando la capacidad de aislar al ser humano de su espontaneidad en la esfera pública y de su innegable pluralidad en los asuntos humanos. Las ideologías políticas que antecedieron a los regímenes totalitarios influyeron en la constitución de los partidos nacionalsocialista y bolchevismo, basando su discurso y ejecución mediante acontecimientos históricos que no fueron ajenos a su erección. La política de la muerte fue la determinación de todo un aparato estatal para acabar con la diversidad de los hombres y sumergirlos en la política macabra de los regímenes totalitarios, una política basada en la muerte.
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La edificación residencial tiene especial importancia no sólo por su contribución a la generación de empleo, sino también porque permite la satisfacción de las necesidades prioritarias para todo ser humano. La vivienda, además de proporcionar abrigo, facilita los espacios para que el individuo pueda desarrollarse como persona y ser social. Cualquier sector de la economía requiere de suficiente información para ayudar a diagnosticar con precisión los distintos fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. A partir de una educada estimación de la demanda potencial y efectiva por vivienda, es posible proponer, diseñar e implementar medidas y estrategias que permitan al sector de la construcción continuar siendo motor de progreso. CAMACOL y la Universidad de Medellín en sus facultades de Ingeniería Civil (centro de investigación CEIN) y Economía Industrial (Centro de Investigación CIECA), con el ánimo de conocer las perspectivas y condiciones de la demanda de vivienda de todos los estratos socioeconómicos del Valle de Aburrá (Antioquia, Colombia), realizó un estudio para conocer la magnitud, las características, las preferencias y los deseos de los potenciales demandantes del mercado de vivienda.
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Las diferentes oportunidades para la acción colectiva en México, especialmente las que tienen que ver con la lucha por la vivienda, son producto de escenarios políticos derivados de la relación Estado-sociedad, los cuales podrían caracterizarse en distintos tipos de Estado a partir de la transición y el cambio de modelo económico iniciado en los años ochenta del siglo XX. Se reconoce entonces la existencia de un Estado corporatista, proteccionista y centralista, que da origen a la política social de vivienda; y un Estado neoliberal, achicado, facilitador, cuyo rol es regular la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la provisión de servicios de este rubro. En este trabajo se revisan las transformaciones del Estado mexicano y la metamorfosis de la acción colectiva como los elementos centrales que moldean los cambios en la política social de vivienda.
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El libro "Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia" escrito por Jorge Giraldo Ramírez y Juan Carlos Muñoz Mora, con el apoyo de EAFIT y Proantioquia fue comentado en la Revista de Negocios Internacionales de la Universidad de Columbia. Este libro analiza cómo los sectores del oro y la madera se han convertido en una fuente de financiación de los grupos armados. Lleva a cabo un análisis microeconómico de las cadenas de suministro de extracción de Antioquia e identifica con precisión los mecanismos que usan los actores armados ilegales para entrar en el mercado. Según los autores, la confluencia de los mercados extractivos informales con altos niveles de desigualdad socio-económica y la ausencia de un estado que funcione bien incentiva a los actores no estatales a asumir el papel del Estado y participar en la actividad criminal. Esta "ecología criminal" es un sistema de auto-perpetuación que se caracteriza por la intervención estatal ineficaz, débil regulación y sanción, y los altos niveles de influencia política y económica por parte de actores no estatales. Los resultados de Giraldo y Muñoz son impresionantes: encuentran correlaciones entre la minería del oro y la presencia de grupos armados ilegales, tenencia informal de tierras, el aumento de la violencia y la debilidad de las instituciones. Los autores concluyen la discusión con recomendaciones de política, que han sido debatidas en diversos foros, que incluyen la reforma de código minero del país. El libro habla de una compleja relación entre una economía tradicionalmente informal, la delincuencia ilegal y la demanda internacional de un recurso escaso (oro), que es ampliamente aplicable a cualquier número de países y contextos.
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Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.
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Tesis (Trabajadora Social).-- Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y sociales. Programa de Trabajo Social, 2014
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Introducción Lo que sigue es parte de una extensa conversación que la directora de Perspectivas Rurales, Ligia Martín (Integrante del consejo editorial) y el editor de la revista mantuvieron con Rebeca Grynspan en torno a la política desarrollada por el Gobierno costarricense en relación con la mujer productora rural…
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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Economía
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31 hojas : ilustraciones, gráficos estadísticos.