La presión laboral tendenciosa (Mobbing)

El trabajo de investigación surge en el año 2001, ante la necesidad de hacer frente a una nueva realidad jurídica, el mobbing. Para ello fue decisivo el estudio de lo publicado (básicamente de ramas ajenas al Derecho) pero sobre todo las entrevistas con las víctimas de mobbing y sus asociaciones; este extremo, unido a la ausencia de un tratamiento internacional, obligó a un camino autodidacta para definir mobbing jurídicamente. La Tesis define mobbing como la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración (presión laboral tendenciosa), y con ello por primera vez se tiene una definición de mobbing en línea y media, con plena validez jurídica, que es susceptible de ser memorizada y por lo tanto divulgada, para corregir el problema. El denominado "concepto uniformado de mobbing" recalca la denigración como mecanismo frente a los tratos degradantes y recalca la autoeliminación como finalidad de un comportamiento doloso. El trabajo aporta fórmulas para deslindar casos de mobbing de otras figuras próximas, y en este sentido debe citarse "la regla del 9" para saber si hay mobbing; en sede de estadísticas se critican metodológicamente muchas de ellas presentadas hasta el momento y se aporta alguna en sede de Tribunales; pero sobre todo se advierte de los riesgos jurídicos de una previsible regulación específica antimobbing, mediante el examen de las distintas definiciones que se han esgrimido hasta el momento. La segunda parte de la Tesis profundiza sobre el grado de sensibilización de nuestro ordenamiento jurídico y Tribunales, a cuyo fin se ha trabajado con más de un centernar y medio de sentencias dictadas sobre la materia, y por supuesto la totalidad de las recogidas en las bases de datos de las editoriales. El análisis sirve para apreciar la bondad de la sistemática aquí defendida, poniendo en evidencia errores, y contradicciones. La Tesis advierte que la presión laboral tendenciosa más allá de vulnerar el derecho constitucional al trabajo, o los derechos fundamentales a la integridad moral y el honor, es una transgresión a todo un "espíritu constitucional", y en este sentido se analiza con detalle tanto la posibilidad de recurrir en amparo, como el derecho a la indemnidad para quien se enfrenta a esta situación. Advirtiendo de las ventajas de efectuar esta reacción mediante la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales, se analiza la recurrida acción del art.50 ET, donde se realizan aportaciones sugerentes como el plazo prescripción o la "doctrina de los antecedentes", y se otorgan respuestas a las preguntas sobre obligación de seguir trabajando y ejecución provisional. En sede de acciones de Seguridad Social, la Tesis distingue entre la incapacidad temporal y permanente (depresiones) y la muerte y supervivencia, aportándose sobre la primera la técnica denominada "interpretación en tres niveles" y descartando la posibilidad de considerar accidente de trabajo el suicidio tras un mobbing por imperativo legal, pero aportando un sucedáneo bastante razonable como es el accidente no laboral. Junto a ello se razona por la viabilidad del recargo del art.123 LGSS. Civilmente, la Tesis se posiciona de "lege ferenda" por reconducir este tipo de acciones resarcitorias del daño psíquico y moral al orden civil, por una mayor explicación sobre el origen del quantum, pero sobre todo considera inadmisible la STS 11-3-04, y ello por una pluralidad de argumentos, pero sobre todo por cuanto viene a autorizar "de facto" este tipo de conductas. La posibilidad de accionar administrativamente frente a este riesgo psicosocial se analiza en un doble terreno, la empresa y la Administración. Si bien el cauce sobre el primero tiene algunos meandros que se desbelan, la situación es radicalmente frustrante en la Administración -donde se encuentra el mayor caldo de cultivo del mobbing- , y ello por el RD 707/2002, pero todavía en mayor medida por el Criterio Técnico 34/2003 mediante el cual la interpretación del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha venido tácitamente a derogar parcialmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración. En materia penal, la Tesis se decanta "a priori" por dos tipos penales, los delitos contra los derechos de los trabajadores, y el delito de trato degradante; sin embargo, en la práctica sólo este segundo es el camino que puede alcanzar buen puerto. Finalmente se realiza un estudio detallado de la Ley 62/2003, ley que se divulgó como reguladora del acoso moral, y que después se defiende como un avance frente al mobbing. La Tesis advierte que no es cierto ni lo uno, ni lo otro, habiendo creado un "espejismo legal" que puede perjudicar a las víctimas de mobbing, además de no servir su estructura para una futura regulación explícita antimobbing.

O atendimento educacional especializado para o aluno com paralisia cerebral em uma escola municipal do Nordeste Brasileiro

Ações em torno da efetivação da política de Educação Inclusiva no contexto brasileiro tem sido uma realidade constatada no âmbito da legislação, prevendo ações de qualidade que favoreçam o acesso e a permanência de alunos com deficiência no ensino regular. Dentre essas ações, destaca-se a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMF), visando à garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Nessa perspectiva, a presente pesquisa se propõe a descrever o AEE a um aluno com paralisia cerebral em uma escola municipal do Nordeste brasileiro e, também, seus desdobramentos em termos de articulação e atendimento às prerrogativas legais, utilizando-se o método estudo de caso. Participaram do estudo a diretora, a coordenadora pedagógica, as professoras da SRMF e da sala de aula regular, o aluno com paralisia cerebral e a mãe do aluno. Os dados construídos com base em observações e entrevistas, entre outros instrumentos, apontaram, nas análises, para a necessidade de articulação e definição de papéis entre as professoras da Sala de Recursos Multifuncionais e da sala de aula regular, de modo a atender às diretrizes do AEE bem como às ações voltadas para formação continuada e à parceria com a família, com vistas ao fortalecimento do AEE na escola regular.

Ecuador y la integración: una revisión a la posición oficial

El estudio que aquí se pone a consideración del lector pretende de una manera crítica y objetiva dar cuenta, en primer término, de las estructuras institucionales que operan, a nivel del estado (ejecutivo, ministerios, etc.) y los otros actores políticos (Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional, partidos políticos), para procesar lo concerniente a la integración política regional, y en segundo término, de las orientaciones que tienen los actores políticos más relevantes de Ecuador: ejecutivo, constituyentes, partidos políticos, formadores de opinión ciudadana, respecto de las estructuras, mecanismos y procesos de la integración política en la región sudamericana y en la Comunidad Andina. Todo ello ilustrado con datos de la práctica reciente del estado en materia de relaciones internacionales de integración.

What are the costs of procurement and who bears them?

The costs of procurement are transaction costs which are separate from the direct costs of a project. In this paper discussion is concentrated on costs of tendering. Types of cost, including money costs and opportunity costs, short-term and long-term costs, private and social costs are defined and examined in relation to various types of product and methods of procurement. The costs of the contractor and of the client are considered and tentative conclusions drawn as to who bears these costs in the short-run and in the long run. They may fall on the parties to the process for the particular project, on other contractors and clients or on society as a whole.

How could construction supply chain benefit from RFID/GPS integration: a knowledge management perspective

Construction materials and equipment are essential building blocks of every construction project and may account for 50-60 per cent of the total cost of construction. The rate of their utilization, on the other hand, is the element that most directly relates to a project progress. A growing concern in the industry that inadequate efficiency hinders its success could thus be accommodated by turning construction into a logistic process. Although mostly limited, recent attempts and studies show that Radio Frequency IDentification (RFID) applications have significant potentials in construction. However, the aim of this research is to show that the technology itself should not only be used for automation and tracking to overcome the supply chain complexity but also as a tool to generate, record and exchange process-related knowledge among the supply chain stakeholders. This would enable all involved parties to identify and understand consequences of any forthcoming difficulties and react accordingly before they cause major disruptions in the construction process. In order to achieve this aim the study focuses on a number of methods. First of all it develops a generic understanding of how RFID technology has been used in logistic processes in industrial supply chain management. Secondly, it investigates recent applications of RFID as an information and communication technology support facility in construction logistics for the management of construction supply chain. Based on these the study develops an improved concept of a construction logistics architecture that explicitly relies on integrating RFID with the Global Positioning System (GPS). The developed conceptual model architecture shows that categorisation provided through RFID and traceability as a result of RFID/GPS integration could be used as a tool to identify, record and share potential problems and thus vastly improve knowledge management processes within the entire supply chain. The findings thus clearly show a need for future research in this area.

The engineer under FDIC's conditions of contract for construction

FIDIC has over the years produced standard forms of contracts for the international procurement of projects. A source of continuing criticism of its Red Book concerns the duality in the traditional role of the engineer as the employer's agent and as an independent third party holding the balance fairly between the employer and the contractor. In response to this and other criticisms FIDIC produced a replacement for it in 1999. The role of the engineer under the new Red Book is critically examined in the light of relevant case law, expert commentaries and feedback from two multidisciplinary workshops with international participation. The examination identified three major changes: (1) a duty to act impartially has been replaced by a duty to make fair determination of certain matters; (2) it is open to parties to allow greater control of the engineer by the employer by stating in the appropriate part of the contract powers the engineer must not exercise without the employer's approval; (3) there is provision for a Dispute Adjudication Board (DAB) to which disputes may be referred. Although the duality has not been eliminated completely, the contract is structured flexibly enough to support those who wish to contract on the basis of the engineer acting solely as the agent of the employer.

Non-Refoulement between 'Common Article 1' and 'Common Article 3'

This article considers whether, in the context of armed conflicts, certain non-refoulement obligations of non-belligerent States can be derived from the 1949 Geneva Conventions. According to Common Article 1 (CA1) thereof, all High Contracting Parties (HCPs) undertake to ‘respect and to ensure respect’ for the four conventions ‘in all circumstances’. It is contended that CA1 applies both in international armed conflicts (IACs) and in non-international armed conflicts (NIACs). In turn, it is suggested that Common Article 3 (CA3) which regulates conduct in NIACs serves as a ‘minimum yardstick’ also applicable in IACs. It is widely (though not uniformly) acknowledged that the undertaking to ‘ensure respect’ in a given armed conflict extends to HCPs that are not parties to it; nevertheless, the precise scope of this undertaking is subject to scholarly debate. This article concerns situations where, in the course of an (international or non-international) armed conflict, persons ’taking no active part in hostilities’ flee from States where violations of CA3 are (likely to be) occurring to a non-belligerent State. Based on the undertaking in CA1, the central claim of this article is that, as long as risk of exposure to these violations persists, persons should not be refouled notwithstanding possible assessment of whether they qualify as refugees based on the 1951 Refugee Convention definition, or could be eligible for complementary or subsidiary forms of protection that are regulated in regional arrangements. The analysis does not affect the explicit protection from refoulement that the Fourth Geneva Convention accords to ‘protected persons’ (as defined in Article 4 thereof). It is submitted that CA1 should be read in tandem with other obligations of non-belligerent States under the 1949 Geneva Conventions. Most pertinently, all HCPs are required to take specific measures to repress ‘grave breaches’ and to take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the 1949 Geneva Conventions other than the grave breaches. A HCP that is capable of protecting displaced persons from exposure to risks of violations of CA3 and nonetheless refoules them to face such risks is arguably failing to take lawful measures at its disposal in order to suppress acts contrary to the conventions and, consequently, fails to ‘ensure respect’ for the conventions. KEYWORDS Non-refoulement; International Armed Conflict; Non-International Armed Conflict; Common Article 1; Common Article 3

The rise of the far right in debtor and creditor European countries: the case of European Parliament elections

While the 2014 European Parliament elections were marked by the rise of far right-wing parties, the different patterns of support that we observe across Europe and across time are not directly related to the economic crisis. Indeed, economic hardship seems neither sufficient nor necessary for the rise of such parties to occur. Using the cross-national results for the 2004, 2009 and 2014 EP elections in order to capture time and country variations, we posit the economy affects the rise of far right-wing parties in more complex ways. Specifically, we compare the experience of high debt countries (the ‘debtors’) and the others (the ‘creditors’) and explore the relationship between far right-wing party success on the one hand, and unemployment, inequality, immigration, globalization and the welfare state on the other hand. Our discussion suggests there might be a trade off between budgetary stability and far right-wing party support, but the choice between Charybdis and Scylla may be avoided if policy makers carefully choose which policies should bear the brunt of the fiscal adjustment.

Case studies for contract-based systems

Of the ways in which agent behaviour can be regulated in a multiagent system, electronic contracting – based on explicit representation of different parties' responsibilities, and the agreement of all parties to them – has significant potential for modern industrial applications. Based on this assumption, the CONTRACT project aims to develop and apply electronic contracting and contract-based monitoring and verification techniques in real world applications. This paper presents results from the initial phase of the project, which focused on requirements solicitation and analysis. Specifically, we survey four use cases from diverse industrial applications, examine how they can benefit from an agent-based electronic contracting infrastructure and outline the technical requirements that would be placed on such an infrastructure. We present the designed CONTRACT architecture and describe how it may fulfil these requirements. In addition to motivating our work on the contract-based infrastructure, the paper aims to provide a much needed community resource in terms of use case themselves and to provide a clear commercial context for the development of work on contract-based system.

A economia da arbitragem: escolha racional e geração de valor

Este texto analisa a arbitragem e suas relações com a jurisdição a partir do conceito de custo de transação. Seu objetivo é mostrar como a arbitragem é capaz de reduzir os custos de transação de um determinado ambiente normativo e contribuir para aperfeiçoar as instituições. Os custos relacionados ao uso da arbitragem e da jurisdição funcionam como um preço: quanto maior o custo, menor a procura por eles (e viceversa). potencialmente, a arbitragem pode permitir a redução dos custos de transação em razão (a) da relativa agilidade com que é concluída, (b) da relativa imparcialidade do árbitro e (c) da especialização dos árbitros. Além disso, a utilização da arbitragem pode criar melhores incentivos para o adimplemento das obrigações contratuais. Isso porque a inclusão da cláusula arbitral em um contrato dá às partes a possibilidade de regular o ambiente normativo a que se submeterão em caso de disputas. a falta de clareza sobre a legalidade dos procedimentos arbitrais aumenta os custos de transação impostos pelo ambiente normativo. Quanto maior o grau de incerteza, tanto maiores serão os incentivos para que os indivíduos alterem seus padrões negociais ou simplesmente reduzam sua participação em atividades econômicas, reduzindo-se, conseqüentemente, o potencial de geração de riqueza para a sociedade.

Vantagens e desvantagens da estrutura de holding na administração pública: um estudo de caso do Ministério da Defesa

Esse estudo buscou identificar vantagens e desvantagens da estrutura de holding na Administração Pública a partir da análise da constituição e organização do Ministério da Defesa. Realizamos um estudo de caso e, para a preparação do mesmo, partimos de referenciais teóricos que nos permitissem entender a estrutura de holding e controladas, a administração privada, a pública e a diferença entre elas. Foram realizadas doze entrevistas em duas etapas. A primeira abrangeu consultas a especialistas sobre holdings, e a segunda, pessoas com conhecimento sobre o Ministério da Defesa e Forças Armadas. As respostas das entrevistas foram analisadas tomando como base o que foi apresentado no Referencial Teórico. De forma geral, os entrevistados apresentaram como vantagens de uma holding na administração pública: facilitar maior integração e diálogo entre as partes; centralizar o poder norteando o rumo da organização; facilitar o desempenho estratégico e a visão; fomentar a governança; intensificar o diálogo, pensamento conjunto e atuação sistêmica; identificar maior poder de barganha e representatividade política; gerar maior eficácia por conta do entendimento entre as partes e melhor aproveitamento dos recursos; permitir a tradução de objetivos em diretrizes; aumentar a possibilidade de reduzir as desigualdades quando não pensa só no lucro; e buscar o benefício público. Como desvantagens foram citados o aumento de problemas no compartilhamento entre as controladas; a intensificação da possibilidade de choques de culturas diferentes; a possibilidade de cada gestor se voltar mais para sua organização quando os recursos são limitados; o maior esvaziamento da discussão de assuntos importantes na controlada; brecha para a ocorrência de retrabalho; possibilidade de atrasos na entrega das compras, que agora são centralizadas; maior exposição à politização e influência política; insuficiência de mecanismos de controle de desempenho; limitação das decisões e da gestão pelo que é estabelecido pela lei; existência de Forças políticas atuando e negociando; inexistência de carreiras civis em certas áreas aumentando essa exposição; falta de blindagem política e ingerência política; capacitação e estruturação não satisfatórios.

Integrating open innovation in the social innovation process: an exploratory study

Inovação tem se tornado um fenômeno cada vez mais complexo e dinâmico, com a mudança de um paradigma focado na inovação industrial, onde a inovação acontecia no produto ou no processo de fabricação, para outro baseado no conhecimento, muito mais amplo. Além disso, o conhecimento e a competência técnica não são mais considerados como um monopólio do departamento de pesquisa e desenvolvimento. Isto trouxe mudanças nas práticas de inovação, que se tornaram mais abertas e levaram as empresas a interagir cada vez mais com o seu ambiente. Por outro lado, a inovação tecnológica, cujo primeiro objetivo é de criar valor para a empresa, tem experimentado alguns limites para resolver problemas sociais, como o aquecimento global. As novas tecnologias têm a capacidade de melhorar a qualidade de vida de muita gente, mas não é suficiente. É nesse contexto que surge outro tipo de inovação, cujo objetivo é de maximizar o impacto positivo na sociedade: a inovação social. Estes dois paradigmas de inovação, mais adequados aos desafios atuais, têm alguns pontos em comum na sua integração com o ambiente externo: a sociedade e outros atores da inovação. No entanto, praticamente não existem estudos integrando inovação aberta e inovação social. Este trabalho estuda a integração destes dois modelos a partir de uma pesquisa exploratória, realizando entrevistas em profundidade com 11 dirigentes de organizações sociais. As iniciativas sociais parecem atrair mais organizações externas para colaborar do que empresas com fins lucrativos, já que são mais altruístas. Parecem integrar essas pessoas e procurar por mais ajuda, especialmente no momento de escalar o negócio. Ainda que algumas organizações têm como prioridade institucionalizar a inovação aberta, outras veem isto como secundário ou simplesmente não sabem como fazer. Isto resulta em uma colaboração mais informal, que não é focada em atividades de pesquisa e desenvolvimento, prática ausente nas empresas da nossa amostra.

Análise dos aspectos envolvidos na condução de contratos de terceirização de tecnologia da informação

Terceirização de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) é uma prática crescente entre organizações de diversos portes e setores, onde uma relação entre contratante e contratado usualmente regida por contratos. Contratos são dispositivos destinados a regular obrigações e direitos entre as partes. Em função da impossibilidade das partes preverem todas as contingências futuras e também devido à imprecisão da linguagem escrita, contratos são usualmente reconhecidos em Economia como sendo fundamentalmente incompletos. Disso se origina a possibilidade de classificar contratos como predominantemente formais, aqueles cuja estrutura escrita apresenta mecanismos de completude suficiente para conduzir o relacionamento entre as partes, e predominantemente relacionais, aqueles cuja estrutura formal é insuficiente para coordenar o relacionamento, e que demandam mecanismos adicionais de comunicação e interação para que o relacionamento entre as partes ocorra de adequadamente em torno do objeto contratado. Dentre os mecanismos usados em contratos formais para sinalizar às partes os comportamentos desejados, inclui-se a estrutura de incentivos. Pouco se estudou sobre o efeito que a combinação de estruturas de incentivos e mecanismos relacionais tem sobre o andamento dos contratos. Este estudo analisa os efeitos de mecanismos formais de estruturas de incentivos e os mecanismos relacionais sobre o andamento do contrato, usando como contexto o cenário de contratações de serviços de terceirização de Tecnologia da Informação (TI). Como resultados dos três capítulos principais deste estudo, configurados no formato de artigos acadêmicos, são apresentados altos poderes explicativos das interações entre estruturas de incentivos, governança relacional, comportamento do contratado e expectativa de sucesso dos contratos. Da mesma forma, antecedentes e resultantes são analisados e discutidos. Do ponto de vista da contribuição para a prática gerencial, o trabalho como um todo contribui para melhorar decisões de contratação de serviços de TI, formulação de contratos mais efetivos, e apoio na escolha dos mecanismos de contratação mais adequados ao contexto do contratante.

O ágio e a Lei 12.793: a independência entre as partes e o valor justo dos ativos

Esta monografia analisa três das principais alterações ao instituto do ágio trazidas pela Lei nº 12.973, de 2014. Estudou-se neste trabalho, especialmente: (i) a alteração na contabilização do ágio; (ii) a obrigatoriedade de elaboração de laudo de avaliação para validade do ágio por perspectiva de rentabilidade futura; e (iii) a necessidade de “não dependência” entre as partes envolvidas na operação. Para elaboração deste estudo foi realizada uma resumida análise histórica do instituto do ágio no Brasil, atentando para os conceitos, critérios e requisitos para o surgimento deste instituto no plano do direito tributário e das ciências contábeis. Concluiu-se que as modificações na contabilização do ágio implementadas pela Lei nº 12.973, de 2014, tendem a diminuir o valor do ágio gerado nas operações de fusões e aquisições e de reorganização societária, reduzindo os incentivos tributários para realização destas operações. Além disso, no tocante à elaboração de laudo de avaliação concluiu-se que a medida garante aos contribuintes maior segurança jurídica, apesar de tornar a operação mais custosa. Por fim, em relação à obrigatoriedade de “não dependência” entre as partes envolvidas na operação, entendeu-se que esta regra extingue a ágio decorrente de operações entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico ou entre partes relacionadas. Diante da importância das alterações trazidas com a Lei nº 12.973, de 2014, recomenda-se que a doutrina e a jurisprudência aprofundem os estudos sobre o tema.