1000 resultados para Ley 1116 de 2006
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La Federación Herrikoa, da su punto de vista sobre la Ley Orgánica 10-2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Esta asociación de padres cree que la ley aplicará medidas educativas que debieran estar superadas, plantea medidas de hace más de 30 años para un sistema educativo del siglo XXI.
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Se estudia el proceso de transformación de la educación especial en La Rioja. Se analizan las siguientes realizaciones legislativas: Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945; Ley General de educación de 4 de agosto de 1970; Ley de Integración Social de los Minusválidos de 7 de abril de 1982; Ley de ordenación General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1995. Se concluye con la necesidad de reconocer que la inclusión en los niños con necesidades educativas especiales no ha funcionado. En cambio en las escuelas especiales más pequeñas encuentran un ambiente mas tranquilo y atento a sus necesidades especiales.
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Resumen basado en el de la publicación
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XII Jornadas de Investigación en el Aula de Matemáticas : estadística y azar, celebradas en Granada, noviembre y diciembre de 2006. Resumen tomado de la publicación
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La presente investigaci??n se centra en el conocimiento y an??lisis del proceso de democratizaci??n de los Centros no universitarios establecido por la nueva Ley Org??nica del Derecho a la Educaci??n (LODE) y llevado a la pr??ctica en los Consejos Escolares. Se trata de conocer el grado de participaci??n de los distintos estamentos de la Comunidad Escolar, en la vida de los Centros, tanto lo que marca la LODE como lo que se desarrolla en sus m??rgenes y m??s all?? de sus previsiones. Estudio de campo (curso 86-87): muestra de 32 Centros (1221 profesores, 21849 padres, 24772 alumnos). Elegidos teniendo en cuenta las variables: 1.- Atribuci??n o no de competencias educativas a los territorios donde est??n asentados los Centros. 2.- Modalidad de Ense??anza. 3.Titularidad. 4.- Tama??o del Centro. 5.- Car??cter socio-econ??mico del lugar de ubicaci??n. 1.- Proceso hist??rico de formaci??n de los Consejos Escolares. 2. Registro material de los nuevos Consejos Escolares: a) proceso de elecci??n (p??blicos-privados), b) estado actual (estudio de campo, encuesta). 3. Participaci??n no normalizada: turbulencias. Encuesta de Centros; grupos de discusi??n; entrevistas y cuestionarios enviados a los protagonistas de las experiencias participativas m??s sobresalientes. Encuesta realizada por el MEC. Los Consejos Escolares representan un avance en la democratizaci??n de la Ense??anza aunque de hecho existan frenos al desarrollo m??s amplio de la participaci??n. Por otra parte se hace patente un cierto retraimiento en relaci??n a actuaciones un tanto corporativistas de los propios colectivos sobre todo en el de profesores (cierre ante las cr??ticas del Consejo). Los colectivos de padres centran su actividad en el campo tradicional de la gesti??n de actividades extradocentes. En lo que se refiere a los alumnos, se puede afirmar que realmente son el pretexto de la conversaci??n de los otros. Para el an??lisis del desarrollo diario de la LODE en los Consejos Escolares, se obtuvieron datos contrastables de dos encuestas: la oficial y la encuesta elaborada ad hoc. El resultado es un acuerdo razonable en cuanto al juicio sobre las atribuciones de gesti??n y desacuerdo sobre las actuaciones de control. Tambi??n es destacable el acuerdo existente en los Consejos acerca del exceso de influencia de la Administraci??n en el funcionamiento de ??stos de forma que los distintos colectivos opinan que realmente su papel es m??s figurativo, o simplemente gestor, que miembro responsable.
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El artículo forma parte de un monográfico dedicado a la LOE (Ley Orgánica de Educación)
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Comentario sobre el anuncio de una nueva Ley de Educación para Castilla-La Mancha realizado por José María Barreda, presidente de dicha comunidad autónoma, en octubre de 2006. Se pretende establecer un marco jurídico propio con el que desarrollar una educación de calidad para la región.
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Comentario sobre las palabras de José Valverde, Consejero de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, acerca de la Ley Orgánica de Educación de 2006. Se habla de las características de dicha ley y de su calendario de aplicación.
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La aprobación de la Ley de Justicia y Paz, por parte del gobierno colombiano ha recibido fuertes críticas, tanto de la comunidad internacional, como dentro del país; llegándose a calificarse por algunos sectores de la opinión como una "Ley de Impunidad". Lo cual permite retomar una de las reflexiones más fecundas de los países del sur en los últimos años, el de las relaciones entre memoria y olvido en los procesos de transición hacia a la paz.
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Esta tesis se orienta al análisis del poder tributario municipal, su reconocimiento en el marco de la Constitución Política de la República del Ecuador que define sus límites y efectos. En este contexto, tiene como propósito evidenciar a la luz de la actual Ley Orgánica de Régimen Municipal, el ejercicio del poder tributario, sus implicaciones y eventuales desbordamientos que derivan en el cuestionamiento de la constitucionalidad de ciertas disposiciones de esta ley, como la de poder modificar mediante ordenanza impuestos municipales. Modificación que implica bajo el justificativo de estimular actividades productivas, culturales, educativas, deportivas y de beneficencia, la reducción de hasta un 95 por ciento de los valores a pagar por tales impuestos. Se analiza los principios de reserva de ley y de legalidad al tenor de las prescripciones constitucionales vigentes, complementado con un desarrollo doctrinario que refleja la postura de estos principios frente al ejercicio del poder tributario municipal y a los elementos del tributo. Se enfoca igualmente la teoría de estímulos tributarios, el proceso político-jurídico que plasmó las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Municipal y, finalmente el análisis de la constitucionalidad o no de la norma de la LORM antes referida, en tanto se verifique si excede o no los límites del poder tributario municipal reconocidos por nuestra Carta Política.
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Este trabajo tratará sobre el marco jurídico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la Ley de Modernización del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el año de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la “modernización” del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesión desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que más ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernización, para la prestación de servicios públicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizará el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefónica o de cualquier otra índole de una manera específica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre éstas materias complejas, sujetas a un régimen jurídico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cuáles son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente práctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediación y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitución como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizará también la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.
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Esta tesis se la ha desarrollado con el propósito de sustentar a la seguridad social como parte del derecho y no simplemente como empresa, ente asegurador o institución de servicios como se la ha definido en algunos espacios; y, de revisar sus alcances constitucionales y legales en el Ecuador. El texto de esta tesis se lo redactado en tres capítulos, el primero con un contenido doctrinario, evolutivo, cronológico y conceptual del Derecho de la Seguridad Social, con una breve referencia del proceso de reforma en el Ecuador y de los seguros en el modelo Chileno y Uruguayo; el segundo, contiene las normas constitucionales y legales, u alcance y un estudio comparativo de la normativa constitucional y legal; y, por último, en un tercer capítulo se recogen las conclusiones y recomendaciones.
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Sobre la base del principio de justiciabilidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 196 de la Constitución Política de la República del Ecuador y de la anacrónica clasificación del recurso contencioso administrativo en: subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación, establecida en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he desarrollado esta tesis que tiene como propósito fundamental determinar el marco legal que en el ámbito ecuatoriano, permite la activación de la justicia contencioso administrativa. Las reformas constitucionales de diciembre de 1992, otorgaron a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencia para conocer y resolver, en única instancia y mediante la interposición de los recursos contencioso administrativos antes indicados, las impugnaciones de los actos administrativos y normativos expedidos por la Administración en ejercicio de la potestad estatal; atributo que hasta entonces había correspondido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional. Tales presupuestos constituyen el fundamento de esta tesis que aborda también, temas necesariamente inmersos en la justicia contencioso administrativa, como administración, justicia, principios de legalidad y constitucionalidad, autotutela administrativa y tutela jurisdiccional final; distinción entre los recursos subjetivo y objetivo y la acción de lesividad, los términos legales previstos para su ejercicio, los operadores de la justicia contencioso administrativa, y, finalmente, la determinación de los asuntos sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.
La Legitimidad de la Deuda Externa Pública en el Ecuador para el período comprendido entre 1994-2006
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La deuda como una obligación moral contraída por un deudor y ofertada por un acreedor está sujeta a las condiciones originariamente pactadas y a la vertiginosa dinámica del mercado financiero internacional. Según esta perspectiva, el capítulo I desarrolla aquellos conceptos claves que conforme al derecho público permitan a los poderes del Estado determinar el carácter lícito o ilícito de la deuda externa. A lo largo del capítulo II la experiencia del caso ecuatoriano se entremezcla entre la visión jurídica y el análisis económico de la deuda externa pública a partir de 1994 hasta el 2006. Los mecanismos financieros implementados para extinguir las obligaciones y transformar la deuda comercial en títulos valor en los noventa dieron un tratamiento diferenciado al capital y a los intereses, con la finalidad de influir sobre la capacidad de pago del país. Sin embargo, la declaración de una moratoria unilateral se hizo presente en 1999 en medio de la más profunda crisis financiera del Ecuador. Fortaleciendo así la idea de que el endeudamiento de un Estado no era cuestión de liquidez sino de solvencia. La renegociación de la deuda por los Bonos Global se produce en medio de condicionamientos favorables para los acreedores. De ahí que en este tramo han surgido las principales causales de ilegitimidad de la actual deuda. En el sentido más amplio de la legitimidad de la deuda pública externa es tratado en el capítulo III. El destino real de los créditos otorgados se confronta con el fin social de los mismos. La ciudadanía en la mayoría de los casos desconoce el real origen de la deuda pública e ignoran el contexto de su legítimo otorgamiento. Pese a ello su pago se ha convertido en una obligación ineludible en el escenario de sus relaciones internacionales y de los acuerdos alcanzados sobre derechos fundamentales. Para finalizar, el manejo de los recursos públicos es analizado con un claro ejemplo: La ejecución del proyecto de riego Carrizal - Chone adjudicada a la constructora Norberto Odebrecht y expulsada el 23 de septiembre del 2008. ¿Cómo proceder? Para ello se propone, en el capítulo IV, a la auditoría pública de la deuda externa como un instrumento facultativo de los poderes públicos que se afianza en el derecho nacional. Se realiza una propuesta metodológica integral entre lo económico y lo jurídico que permita develar una base moral y legítima de los acrecentados pasivos históricos de un estado. Unas breves conclusiones cierran el análisis de aquello que no se adecua con la ley o lo legítimo; y de aquello que no se adecua con la moral, los derechos humanos, la equidad y la justicia, es decir lo ilegítimo de una deuda externa pública.
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EL presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar las reformas al sistema legal tributario municipal contempladas en la ley 2004-44, reformas fundamentales para los municipios del país por la actualización, racionalización del sistema tributario municipal, simplificación y derogatoria de impuestos, encaminada principalmente a facilitar la incorporación de procesos ágiles al momento de la recaudación. La tesis contiene una Introducción en donde se señala la problemática y sus posibles soluciones partiendo de la Constitución Política. El Capitulo I se refiere a aspectos básicos como el papel que cumple el municipio en la legislación ecuatoriana, en qué consiste la tributación municipal, y el análisis de la facultad legislativa concedida desde la Constitución Política a los gobiernos locales. En el Capitulo II se estudia las reformas sustanciales al sistema legal tributario municipal, compuesto por una diversidad de impuestos. En el Capitulo III se analiza la implementación de las reformas por medio de instrumentos necesarios como el catastro municipal y las ordenanzas municipales tributarias las cuales pueden ser de dos tipos: reglamentaria de impuestos y creadora de tributos (tasas y contribuciones especiales) con el respectivo análisis de los posibles efectos en la aplicación de la Ley. El trabajo concluye con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía.