159 resultados para Criminales
Resumo:
El fenómeno de la criminalidad en Medellín, como en otras ciudades, ofrece unas facetas nuevas; cambia, se transforma. Aunque no es una tarea sencilla, tenemos que buscar el análisis estructural de una economía criminal, pasando de la cuantificación de los homicidios a las articulaciones del crimen organizado. Nosotros desde la administración, los académicos, los expertos, los movimientos políticos, el sector privado y las organizaciones sociales estamos en la obligación de conocer a fondo este tema que ocupa un lugar prioritario en las agendas institucionales, para afrontarlo, para tratarlo en forma eficaz y oportuna. Esta investigación que contratamos con EAFIT buscará ofrecernos argumentos que pongan en evidencia la magnitud de este fenómeno, de manera que podamos intervenirlo con eficacia. Un aspecto de esta investigación llama muchísimo la atención: Desde la desarticulación del llamado cartel de Medellín a mediados de la década de 1990, no ha habido un seguimiento ni un análisis rigurosos de los cambios ocurridos, menos aún de los procesos de interconexiones que han hecho posible el narcotráfico como eje articulador de la violencia de la ciudad y otras formas delincuenciales, que han configurado nuevas modalidades de criminalidad organizada en Medellín. Esto nosdice la investigadora Ana María Jaramillo. Nos preocupa que el sector público y la academia hayan perdido de vista el papel que tuvo el narcotráfico en el fortalecimiento de los grupos paramilitares y guerrilleros, y la dinámica que el desorden creado por la guerra les imprimía a las economías y a nuevos agentes de crimen organizado. Para las autoridades públicas es indispensable y determinante desarrollar políticas públicas, gestión que depende del preciso y riguroso entendimiento del modus operandi de este fenómeno, y comprender y desarrollar estrategias encaminadas a intervenir las dificultades que surgen del fenómeno del narcotráfico, que nos sigue permeando, y de las dinámicas que se originan y se multiplican por fuera del marco normal. ¿Cuál es el objetivo final de este estudio? Acercarnos de forma analítica en el contexto de un mercado ilegal o criminal que degenera la actividad económica. Son tres las modalidades de transacción y captación de rentas ilegales en la ciudad: La ocupación ilegal de predios con fines de lucro, la monopolización criminal de mercados barriales y la trata de personas, a quienes se les explota con mendicidad. Pretendemos ir mucho más allá de las interconexiones entre la producción y comercialización de la cocaína y sus conexiones con el crimen organizado, lo cual nos llevará a reflexionar sobre el orden de las prioridades a la hora de explicar el fenómeno de la seguridad en la ciudad. Aceptamos que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades la forma de operar y de explotar el mercado, y otras formas delincuenciales que los conducen a diversificar e intentar controlar más aún el poder en la ciudad. Es evidente que los grupos criminales saben cómo diversificar sus formas de financiarse y entrecruzan economías formales e informales no ilegales para generar fronteras grises e indefinibles que no las permiten identificar. Es cierto que mediante esta clase de investigaciones alcanzamos a conocer las estructuras criminales. Pero lo más importante es que luego de conocer el análisis de las transacciones económicas, podamos llegar a toda la red: proveedores, comercializadores, reguladores, consumidores, y protectores. Tenemos que llegar, como dicen investigadores, a la forma como estos grupos criminales se camuflan en todos los negocios y en el mercado informal y hasta en el mercado formal: una diversificación que explica su crecimiento y fortalecimiento. Aquí veremos el contexto de seguridad de la ciudad, la delimitación de las modalidades y la metodología del mapa de los actores, como una herramienta que nos permitirá un análisis claro de los distintos escenarios de la economía criminal. Al final formularemos conclusiones y recomendaciones de política pública relacionadas con la seguridad, que nos llevarán a análisis y a plantear decisiones que serán motivo de debate en escenarios académicos nacionales e internacionales.
Resumo:
El libro "Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia" escrito por Jorge Giraldo Ramírez y Juan Carlos Muñoz Mora, con el apoyo de EAFIT y Proantioquia fue comentado en la Revista de Negocios Internacionales de la Universidad de Columbia. Este libro analiza cómo los sectores del oro y la madera se han convertido en una fuente de financiación de los grupos armados. Lleva a cabo un análisis microeconómico de las cadenas de suministro de extracción de Antioquia e identifica con precisión los mecanismos que usan los actores armados ilegales para entrar en el mercado. Según los autores, la confluencia de los mercados extractivos informales con altos niveles de desigualdad socio-económica y la ausencia de un estado que funcione bien incentiva a los actores no estatales a asumir el papel del Estado y participar en la actividad criminal. Esta "ecología criminal" es un sistema de auto-perpetuación que se caracteriza por la intervención estatal ineficaz, débil regulación y sanción, y los altos niveles de influencia política y económica por parte de actores no estatales. Los resultados de Giraldo y Muñoz son impresionantes: encuentran correlaciones entre la minería del oro y la presencia de grupos armados ilegales, tenencia informal de tierras, el aumento de la violencia y la debilidad de las instituciones. Los autores concluyen la discusión con recomendaciones de política, que han sido debatidas en diversos foros, que incluyen la reforma de código minero del país. El libro habla de una compleja relación entre una economía tradicionalmente informal, la delincuencia ilegal y la demanda internacional de un recurso escaso (oro), que es ampliamente aplicable a cualquier número de países y contextos.
Resumo:
Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.
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Este trabajo revisa las diferentes etapas de la cadena de valor del narcotráfico en Colombia, empezando por el cultivo de la hoja de coca, pasando por el microtráfico en ciudades del país y el lavado de las rentas provenientes de este negocio. Asimismo, revisa las implicaciones que sobre la cadena del narcotráfico tiene la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta revisión hizo evidentes dos retos principales de cara al posacuerdo: Primero, la lucha contra la cadena del narcotráfico se ha fundamentado en acciones dirigidas a los eslabones más fáciles de atacar, que a su vez son los menos valor agregado generan en el negocio. En particular, gran parte de los recursos se ha orientado a la reducción de cultivos ilícitos enfrentando campesinos cultivadores, con menos acciones dirigidas a la destrucción de laboratorios e interdicción, pocas al microtráfico y casi ninguna al lavado de activos. Esto tiene serias implicaciones sobre la legitimidad del Estado y sobre resultados tangibles que logren disminuir de manera significativa las rentas del tráfico de cocaína. Segundo, no es claro que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de copar los espacios de control territorial que tienen hoy las FARC. Este grupo armado ilegal controla gran parte de los cultivos ilícitos de coca y pretende apoyarse en los cultivadores, entre otros, como base política en el posacuerdo. No obstante, es claro que otros grupos como el ELN y las bandas criminales tienen suficientes incentivos para, una vez las Farc estén por fuera del espectro político y se vean impedidas para obtener sus intereses por la fuerza, ampliar su control territorial sobre estas zonas. Una parte importante de las ganancias que trae el posacuerdo para el país dependerán de cómo se sortea esta situación. Este trabajo propone una revisión de estos retos, y contribuye a la discusión de política pública sobre las que se fundamentarán las instituciones del posacuerdo.
Resumo:
En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grandes cantidades de dinero de forma de remesas familiares o paquetes de encomiendas, a sus parientes radicados dentro del territorio nacional, llegando a representar hasta el año 2014 el 17% del producto interno bruto, sin embargo este tipo de empresas dedicadas a las encomiendas y remesas no son únicamente utilizadas por los salvadoreños en el exteriorsino también a nivel local, es decir, muchas empresas o comerciantes hacen uso del servicio para realizar traslados de dinero derivados de sus operaciones comerciales. Debido a la naturaleza y al flujo de transacciones que estas empresas realizan, existe la probabilidad de la materialización de muchos riesgos, entre ellos uno de los principales es el involucramiento o utilización para el cometido de lavado de dinero o financiamiento alterrorismo, hecho por el cual de acuerdo al art.2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se convierten en uno de los sujetos obligados al cumplimiento de lo establecido en la misma, una de las principales obligaciones es gestionar ese delito y nombrar un oficial de cumplimiento que se dedique a la implementación de políticas, controles y procedimientos para el contraste del mismo.Uno de los principales problemas que las compañias de envíos y recepción de encomiendas y remesas enfrenta en la actualidad, es la falta o inadecuadas medidas de prevención utilizadas para la gestión de estos riesgos, es por ello que la metodología utilizada en la investigación sirvió para el diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en este tipo de entidades.Para establecer con mayor precisión la propuesta del sistema de gestión, se hizo una caracterización de la problemática, en la cual se describen las principales deficiencias que poseen las compañias en cuanto a la aplicación de medidas preventivas o de mitigación de los riesgos, además se hace referencia a las diferentes formas que las organizaciones o personas criminales ejecutan para cometer sus actos ilicitos a través de estas empresas; mediante la formulación del problema se espera resaltar las consecuencias derivadas de la falta de un buen sistema de gestión de riesgos para la detección de los delitos de LA/FT, en el desempeño de las funciones por parte del oficial de cumplimiento. La investigación se realizó bajo el método hipotético deductivo, describiéndose las características del problema y estructurandose una hipótesis, las unidades de análisis fueron las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas ubicadas dentro del área metropolítana de San Salvador; adicionalmente se realizaron encuestas dirigida al oficial de cumplimiento de estas empresas utilizando el cuestionario como instrumento para la recopilación de información; con la finalidad de evaluar y obtener datos reales que nos permitieran formular una propuesta fácil de aplicar y más adaptada a las necesidades de la naturaleza del negocio. Los resultados obtenidos de la investigación realizada permiten establecer que en la mayoria de las compañias de envío y recepción de encomiendas no cuentan con un profesional que ejerza la función de oficial de cumplimiento, no poseen un sistema de gestión para el riesgo de lavado de dinero y también carecen de un software que genere alertas para transacciones de carácter inusual o sospechas, no obstante, las empresas dedicadas al envío y recepción de remesas si cumplen con su obligación de poseer un oficial de cumplimiento, asi mismo poseen manuales que les permiten aplicar medidas de prevención, sin embargo, estos no se encuentran actualizados, lo que genera fallas y vulnerabilidad de los procedimientos. Se espera que la elaboración del presente trabajo de investigación sirvan como herramienta que le facilite al oficial de cumplimiento la adecuada gestión de los riesgos de LA/FT, para ello se elabora un sistema de gestión, el cual incluye seis fases las cuales son: diagnóstico, identificación de riesgos, medición y evaluación de los riesgos, adopción de controles, divulgación y documentación y una fase final denominada seguimiento o monitoreo, el cual a la vez incluye en la fase cinco, las políticas y procedimientos a aplicar en los diferentes procesos envío y recepción de encomiendas y remesas, asi como las obligaciones que debe cumplir ante los entes supervisores y reguladores.
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Historias de mujeres ex combatientes en estado de reclusión” tiene como objetivo central reconstruir, visibilizar y analizar las experiencias de vida de cuatro mujeres excombatientes de las guerrillas postuladas a la Ley de Justicia y Paz.
Resumo:
“La Unidad de Víctimas de la Fiscalía de la CPI envió en agosto de 2015 a la Clínica Jurídica Internacional de la Universidad del Rosario la siguiente pregunta: “En cuanto al rechazo de la cámara de la solicitud de autorización para apelar presentada por la Defensa en el caso Ntaganda contra la “Solicitud de Defensa de autorización para apelar la decisión sobre la confirmación de los cargos de fecha 09 de junio 2014” de la Sala de cuestiones preliminares I, No ICC-01/04-02/06-322, 7 de Julio de 2014), el artículo 8(2)(e)(viii) del Estatuto de Roma requiere que la Fiscalía demuestre que una orden específica fue dada por el autor para ejecutar el desplazamiento ilegal de la población civil? ¿Y cuál es la relación (semejanzas y diferencias) entre el delito de desplazamiento ilegal en virtud del artículo 8 (2) (e) (viii) del Estatuto de Roma, y el crimen de persecución en virtud del artículo 7 (1) (h)? En términos más generales, ¿cuál es el ámbito de aplicación del crimen de guerra de desplazar a la población civil en virtud del artículo 8 (2) (e) (viii) del Estatuto de Roma? Por favor, incluya en su respuesta un análisis de la historia de la redacción de la disposición pertinente (s) del Estatuto de Roma y los Elementos de los crímenes, así como de la jurisprudencia pertinente de otros tribunales penales internacionales sobre el crimen de guerra de desplazar a la población civil…”
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Inversiones ABC S.A.S es una empresa colombiana situada en la ciudad de Bogotá, la cual ofrece servicios cambiarios y de intermediación financiera al segmento específico de las empresas de transporte terrestre de carga en la capital del país. La actividad principal de la empresa consiste en el cambio de cheques y la compra de facturas (factoring). Derivados de dicha actividad se ofrecen los siguientes servicios; servicio por ventanilla, servicio puerta a puerta (a domicilio) y consignaciones y giros en bancos y otras entidades como Efecty, Super giros, Western Union (giros y finanzas) y demás casas de giros presentes actualmente en el país. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la liquidez constituye en elemento fundamental para el óptimo funcionamiento de los procesos de la compañía. Sin embargo, la tenencia de altas sumas de dinero en efectivo supone también una serie de riesgos asociados a la problemática de inseguridad en la capital del país. Anteriormente, se han presentado asaltos a la sede principal los cuales generalmente resultan en pérdidas económicas que afectan los resultados de la compañía al igual que acciones violentas contra los empleados que atentan contra su integridad física. 1 Teniendo en cuenta que la inseguridad en Bogotá es una amenaza constante, que afecta la operación de la empresa y podría inclusive amenazar su perdurabilidad, el presente trabajo tiene como fin determinar estrategias viables que permitan a la compañía contrarrestar el accionar delictivo de los grupos criminales que amenazan su operación.
Resumo:
Tras conocer cuatro años de debate (dentro y fuera de La Habana), los borradores de dos puntos de la agenda y presenciar el crecimiento de bandas criminales y/u organizaciones sucesoras del paramilitarismo, de la mano de la expansión de economías ilegales y una polarización creciente (y preocupante por sus características) en torno a la paz y el conflicto social/armado en el país, el presente trabajo pretende analizar a profundidad el carácter y alcance de los discursos emitidos por los negociadores en La Habana.