776 resultados para Comunidad Andina de Naciones


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La solución de controversias comerciales ha adquirido gran importancia en los acuerdos multilaterales, bilaterales y regionales en los que participan los países de la región, siendo estos un elemento central de la fortaleza, credibilidad y estabilidad de los mismos. Esta nota analiza la participación de los países de América Latina y el Caribe en los procedimientos de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones, del Mercado Común Centroamericano y del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.

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A pesar de que en los últimos tres años se ha registrado una recuperación en el comercio intraregional, el comercio intragrupo, es decir, dentro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común Centroamericano (MCCA) sigue siendo bajo en comparación con lo observado en otras regiones del mundo. Las principales razones se radican en carencias importantes en materia de complementariedad al proceso de desgravación arancelaria, como lo señala el Capítulo Tres del Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe: Tendencias 2005, y el estudio sobre integración regional titulado "América Latina y El Caribe: La integración regional en la hora de las definiciones", que será publicado próximamente y que actualiza la información de base del primero hasta el mes de diciembre de 2005. Entre las razones figuran: a) el déficit institucional; b) el déficit de coordinación macroeconómica; c) la insuficiencia en infraestructuras; y d) la escasa profundidad de las disciplinas comerciales ligadas a la integración.La presente edición del Boletín revisa los mecanismos de solución de controversias del MERCOSUR, CAN y MCCA, con el fin de inferir algunas conclusiones sobre su grado de utilización. Para reformar tales mecanismos, se podría pensar en crear un mecanismo único de solución de controversias que replicaría los procedimientos y normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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El presente artículo revisa los principales avances verificados en materia de facilitación del comercio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM). No se hace referencia al Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) ni al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ya que dichos acuerdos de integración fueron considerados en el Boletín FAL No. 171 y en el No. 175, respectivamente.

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Aunque varias décadas atrás ya se planteaba la necesidad de coordinación macroeconómica entre los países de América Latina y el Caribe, recién a principios de los años 90, en un contexto internacional de creciente globalización e integración regional, esta idea recobró fuerza de manera simultánea tanto en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el Mercado Común Centro-Americano (MCCA). Desde entonces, los países integrantes de estas instituciones, sumados a los que se engloban dentro de la Comunidad Caribeña (CARICOM), han intensificado los esfuerzos en la búsqueda de una paulatina armonización de criterios en distintas áreas político-económicas. El presente trabajo brinda una mirada actualizada acerca de la génesis, la evolución, la situación actual y las perspectivas de los procesos de integración regional en los cuatro principales bloques regionales identificados, focalizándose especialmente en la dimensión tributaria/aduanera. Además de presentar una breve descripción de la situación tributaria a nivel regional, el análisis particular de cada caso gira en torno a cuestiones relacionadas con tratamientos especiales y desgravaciones arancelarias y no arancelarias, la adopción de un arancel externo común y la armonización de instrumentos de política comercial y tributaria entre países.

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La Comunidad Andina es una organización subregional constituida por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. De estos países, Colombia es el segundo miembro más grandedespués de Venezuela. Los principales objetivos de la ComunidadAndina (CAN) son: promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, y promover un mejoramientopersistente en el nivel de vida de sus habitantes.

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La primera parte del artículo muestra cómo el período de transición que vive actualmente la Comunidad Andina (CAN) puede conducir a su liquidación o a la redefinición de su sentido y de su alcance. La forma en que las dinámicas sudamericanas pueden incidir en la suerte de la CAN, de acuerdo a que si las cuestiones energéticas y de infraestructura amplían la fragmentación ideológico- política o si impulsan una reestructuración plural de la integración regional, son abordadas en la segunda parte de este trabajo.

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El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.

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El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración2 (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)3, pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.

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En la actualidad el Pacífico es visto como un espacio de oportunidades para aprovechar, bien sea de manera individual o a través de la creación de iniciativas comunes que conduzcan a mayores acercamientos a esta región. Si se apela a las iniciativas, es preciso estudiar el Acuerdo del Pacífico – AP, un espacio conformado por México, Colombia, Perú y Chile, que se plantea como principal objetivo el acercamiento a la región de Asia – Pacífico. Así, el presente documento intenta hacer un aporte a la disciplina de las Relaciones Internacionales por medio de un análisis de estas dos iniciativas, haciendo énfasis sobre el Acuerdo del Pacífico, también llamado Alianza del Pacífico, espacio que en la actualidad se perfila como uno de los de mayor dinamismo y relevancia en Latinoamérica.

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Introducción: Es una necesidad para los países del mundo, tener información epidemiológica mucho más precisa y oportuna sobre las sustancias psicoactivas (SPA), partiendo del conocimiento científico de porqué unas personas abusan de las sustancias y otras no. El objetivo de investigación es establecer el perfil epidemiológico y evolución de los pacientes consumidores de SPA que acuden al servicio de toxicología de Colsubsidio durante el 2011 y 2012. Caracterizar la población, identificar su patrón de consumo y explorar las tendencias, para poder generar estrategias dirigidas de atención y prevención. Metodología: Estudio descriptivo observacional exploratorio retrospectivo. 610 historias clínicas fueron analizadas para variables epidemiológicas y clínicas, por medio de análisis univariados acorde al tipo de variable y análisis bivariados exploratorios en los cuales se compararon proporciones. Resultados: Se evaluaron un total de 610 pacientes, 475 hombres y 135 mujeres. El promedio de edad, la mediana y la moda fue de 24,9, 17 y 16 años respectivamente; la mayoría solteros y cursando bachillerato; la mayoría menores de 18 años fueron remitidos por ICBF y psiquiatría. Los patrones de abuso y dependencia representaron los porcentajes más elevados. Las sustancias más consumidas fueron marihuana, etanol y tabaco. El tratamiento para el 44,3% de los pacientes fue valoración por especialidades, seguido de básico (33,1%), y sólo 1,1% asistieron para prevención en el consumo de SPA. Discusión: Es necesario dirigir los esfuerzos y recursos a la generación de campañas de diagnóstico temprano y prevención en el consumo de SPA principalmente para la población adolescente.