Resolución 074 del 13 de junio de 2013: Por la cual se resuelve un trámite de revocatoria directa

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Resolución 77 del 20 de junio de 2013: Por la cual se acepta un desistimiento

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Resolución 079 del 25 de junio de 2013: Por la cual se decide un recurso de reposición y se concede el de apelación

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Resolución 085 del 08 de julio de 2013: Por medio de la cual se resuelve un trámite de revocatoria directa en el registro mercantil

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Resolución 086 del 08 de julio de 2013: Por medio de la cual se rechaza un recurso de reposición y en subsidio de apelación

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Resolución 112 del 28 de agosto de 2013: Por la cual se acepta un desistimiento de un recurso de reposición y en subsidio de apelación

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Resolución 114 del 30 de agosto de 2013: Por la cual se acepta un desistimiento

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Resolución 120 del 09 de septiembre de 2013: Por la cual se acepta un desistimiento de un recurso de reposición y en subsidio de apelación

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La aplicación del principio de transparencia en los procesos de selección en la contratación estatal colombiana a través del Secop

El Principio de Transparencia aplicado a los procesos de selección en la contratación estatal colombiana a través del SECOP es un rito confesional, es decir, debe estar presente tanto y desde la licitación pública como y hasta en la contratación directa, pues ese ‘derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y la transparencia de la actuación política y administrativa que a través de él se asegura son considerados hoy con toda razón (…) elementos esenciales para la formación de una opinión pública libre y garantías imprescindibles para el buen funcionamiento de las instituciones y para el ejercicio de los derechos fundamentales sobre los que descansa todo sistema democrático’

Estudio sobre la operatividad y eficacia de las multas en el marco de la contratación estatal

El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.

El derecho fundamental de acceso a la información pública

Tanto en Italia como en España las personas han reivindicado que el ordenamiento jurídico reconozca un verdadero derecho de todos a acceder a la información pública de manera libre. En parte, esto ha sido así por la desafección de los ciudadanos con el sistema político que los ha llevado a reivindicar un rol más preponderante en los procesos de toma de decisiones públicas y a exigir una mayor eficiencia en la lucha contra la corrupción en el sector público. Con el libre acceso a la información pública se favorecen ambas cosas, ya que la información que posee el sector público resulta valiosísima para que los ciudadanos puedan enjuiciar de manera crítica «cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones» -apartado I del preámbulo de la LTAIBG-. Tradicionalmente, el derecho a acceder a los documentos públicos ha sido una cuestión vinculada al procedimiento administrativo y su ejercicio quedaba circunscrito a ser parte en el procedimiento. Este derecho ha sido el modelo seguido para la creación del derecho de acceso a la información público, aunque nace desvinculado del procedimiento administrativo en la medida en que tiene un fundamento democrático del que carece el derecho de acceso en el procedimiento administrativo. En esta tesis doctoral estudiamos las normas que han hecho posible que en Italia y España se cree este nuevo derecho político en el siglo XXI y su fundamento democrático. Concretamente, en Italia han sido el Decreto Legislativo 33/2013 y el Decreto Legislativo 97/2016 y en España la LTAIBG, las normas que han configurado este nuevo derecho.

La falta de justicia en el procedimiento contencioso administrativo federal

Tesis (Doctor en derecho) U.A.N.L.

Manual de procedimiento : r??gimen disciplinario de los funcionarios

Carece de port., t??t. tomado de la cub.

La desaparición forzada de personas: análisis crítico del derecho administrativo colombiano a través de los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estudio de caso de los mal llamados “falsos positivos”

La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

El procedimiento contencioso administrativo para tutelar los derechos de los servidores públicos

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la legislación ecuatoriana, como parte integrante del Derecho Administrativo, es un tema poco difundido y comentado, tanto por tratadistas cuanto por los profesionales del Derecho. El presente trabajo tiene como propósito efectuar un análisis general de contenidos inherentes a la Administración Pública, los actos administrativos emanados por los órganos y entidades del sector público, el origen de la jurisdicción contenciosa administrativa y los recursos contenciosos previstos en la ley, analizando sus antecedentes, características, elementos, etc. Dentro del ámbito procesal examinaremos con un caso práctico, el recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción, interpuesto por un servidor público ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a través del cual impugna el acto administrativo de destitución del cargo público que ocupaba. La base fundamental de estudio y análisis es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, instrumento jurídico, que reglamenta el procedimiento contencioso administrativo, que para nuestro estudio académico lo desarrollamos en tres etapas: inicial, probatoria y resolutoria.