Extracto de los informes producidos por las legaciones británicas sobre impuestos territoriales.

Mode of access: Internet.

Resolución N° 103 del 03 de junio de 2010 ¿Bajo qué reglas se establece la competencia para efectos del cobro del impuesto de registro? ¿Cuáles son los elementos que permiten establecer dicha competencia? ¿En casos relacionados con el cobro de tarifas procede el recurso de apelación ante la SIC?

Servicios registrales

Impuesto estampilla

El estudio y análisis del impuesto de estampilla se convirtió en un importante mecanismo para aliviar las finanzas departamentales y municipales y en orto tiempo puede convertirse en un factor trascendental de reactivación de los ingresos

Análisis de la imposición predial rural y de patente en la actividad agropecuaria en los Municipios de Rumiñahui y Mejía por los años 2012 y 2013

Este trabajo permite conocer la gestión del impuesto predial rural y del impuesto de patente con relación a los actores del sector agropecuario de los municipios de Rumiñahui y Mejía durante los años 2012 y 2013. A través de esta investigación se expone y analiza los aspectos más relevantes en el ámbito conceptual, normativo y aplicativo de estos tributos dentro de la delimitación espacial y temporal referida. Considerando la importancia del sector agropecuario en el Ecuador como un eje primordial del desarrollo económico, resulta vital conocer el tratamiento tributario local hacia el sector, tomando como referencia el impuesto predial rural y el impuesto de patente, con base en la normativa legal que deviene del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de la normativa reglamentaria contenida en las ordenanzas que cada uno de los gobiernos municipales objeto de estudio han expedido para la aplicación de tributos locales. El primer capítulo comprende la descripción de políticas públicas, el régimen tributario establecido para el sector, así como tratamientos tributarios diferenciados que mantienen otros países hacia el sector agropecuario. El segundo capítulo abarca el análisis de la normativa aplicada al sector agropecuario atinente al impuesto predial rural y al impuesto de patente con atención a los casos específicos que motivan esta investigación, complementado con una revisión comparada de las legislaciones de Bolivia, Colombia y Perú, a efectos de determinar el tratamiento tributario respecto a este tipo de impuestos en países andinos, con realidades similares a la ecuatoriana. El tercer capítulo refleja la investigación de campo, enfocando la evolución de los dos impuestos en los gobiernos municipales de Rumiñahui y Mejía con datos cuantitativos que evidencian los volúmenes de recaudación de dichos impuestos en el sector agropecuario por el período analizado, y su peso con relación al resto de tributos gestionados y cobrados por dichos gobiernos locales.

La legalidad y reserva de ley a la luz del régimen del impuesto predial y sus exenciones en el Ecuador

La legalidad y reserva de ley a la luz del régimen del impuesto predial y sus exenciones en el Ecuador, es un tema poco tratado en el país a pesar de que el impuesto en referencia es uno de los mayores representantes de la tributación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o distritales. Se trazó como objetivos de esta investigación: establecer cómo se maneja el principio de legalidad y de reserva de ley en el régimen tributario seccional ecuatoriano; conocer el origen y evolución del impuesto predial en el Ecuador; asimismo establecer cómo está determinado el impuesto predial en el Ecuador; y, examinar si el régimen de exenciones del impuesto predial en el Ecuador responde a los principios de legalidad y reserva de ley. Esta investigación ha permitido cubrir con suficiencia los objetivos planteados. Sin embargo, es menester dar a conocer que al respecto hay poco estudio sobre esta realidad dentro del país, por eso se ha acudido a fuentes de otros países, que nos ha permitido incluso comparar lo que ocurre en nuestro ordenamiento jurídico. El afán de este trabajo investigativo es enriquecer la labor diaria de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales en cuanto a la aplicación del régimen de exenciones del impuesto predial y de esa manera mejorar el trato hacia los contribuyentes. Se puede apreciar que los principios de legalidad y reserva de ley son los que dan vida al régimen de exenciones del pago del impuesto predial en nuestro país, aunque el trabajo legislativo no ha podido interpretar esta relación jurídica en su dimensión total. Se han revelado grandes esfuerzos pero no han sido suficientes para que el régimen de exenciones del impuesto predial se consolide. La experiencia adquirida como funcionaria de la Administración Municipal y también la oportunidad de ser contribuyente, ha permitido que se aporte en esta tesis con ideas para que las administraciones seccionales puedan elaborar de mejor manera sus planes de gestión, y consideren con mayor acierto la concesión de exenciones del pago del impuesto predial, tomando en cuenta el significado real del gasto fiscal en el que se incurre al hacerlo.

Memorias del Foro Reforma Tributaria: una explicación necesaria

Conozca las memorias del Foro realizado el pasado 24 de noviembre en alianza con la Fundación Buen Gobierno, el Gobierno Nacional y los empresarios de Bogotá y la Región. En el evento se conoció el alcance de las propuestas de modificación en impuestos como Renta, IVA, Impuesto al consumo, Monotributo, Impuesto al consumo de bebidas azucaradas, y un capítulo especial sobre impuestos territoriales. El foro contó con la presencia del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la DIAN, Santiago Rojas, así como destacados expertos y cerca de mil empresarios de Bogotá y la Región interesados en escuchar y dialogar acerca del alcance e implicaciones de las propuestas para el sector empresarial. Objetivos: •Dar a conocer a los empresarios el alcance de las propuestas de modificación en impuestos •Que los empresarios formulen preguntas directamente al Gobierno Nacional •Reflexionar sobre la propuesta de reforma tributaria 2016.

El catastro multifinalitario y su impacto en la recaudación de los impuestos prediales de los Gobiernos Municipales de Latacunga y Pujilí por los bienios 2010-2011 y 2012-2013

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos tienen la competencia exclusiva para la formación y administración de los catastros prediales en sus respectivas circunscripciones territoriales, siendo el manejo de esta herramienta de vital importancia para el fortalecimiento de la gestión municipal general, que al mismo tiempo expone su carácter multifinalitario; en ese sentido, uno de los propósitos más visibles es el de contribuir a la debida gestión de los tributos municipales, en este caso particular de los impuestos prediales urbano y rural para proveer de mayores recursos a las arcas municipales e ir concretando objetivos de redistribución a través de la imposición directa. Vista así la figura del catastro, resulta fundamental indagar sobre su operación, tomando como referente la realidad de dos gobiernos municipales, considerando para el presente trabajo los Gobiernos Municipales de Latacunga y de Pujilí y por un período de tiempo determinado (bienios 2010-2011 y 2012-2013), principalmente por la accesibilidad de información en la esfera administrativa, trascendental para el cumplimiento de los objetivos investigativos trazados. En esa tarea se evidencia las dificultades para llevar apropiadamente el catastro y la repercusión directa en los niveles de recaudación por impuestos prediales urbano y rural, pero también permite ir planteando algunas alternativas que procuren mejorar la gestión catastral predial municipal y coadyuven, a su vez, a potenciar la gestión de los tributos locales.

Territorios en disputa. Un estudio sobre los conflictos territoriales urbanos y rurales en la provincia de Córdoba.

El territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos -políticos, económicos, culturales- y de disposiciones sociales que, en su concurrencia y/o contradicción, configuran tanto identidades y campos de comportamiento posibles, como un particular modo de producir y relacionarse con la naturaleza. Entendido así, el territorio y sus posibilidades son el resultado de relaciones de fuerza desplegadas en torno al control y posesión de recursos sociales, económicos, naturales, etc. Estas fuerzas condensan en una específica -es decir histórica- partición del territorio y en formas también específicas de distribución y jerarquización de los elementos y sujetos dispuestos en él. Esto implica pensar el territorio no solamente como dominio del Estado que lo administra, ordena y controla, sino también como resultante de los imperativos del capital, y como espacio de conflictos y resistencias. Se trata de una mirada que, sin descuidar esas dos dimensiones -accionar estatal y accionar del capital- privilegia enfocar el análisis del territorio a partir de conflictos que en él se desatan, entre los modos y prácticas de intervención del Estado, las intervenciones del capital y las resistencias y luchas que la población residente entabla frente o a partir de ellos. En este marco, el interés de este proyecto es analizar los distintos conflictos en torno a la tierra, sus usos y disposición en la provincia de Córdoba, a fin de conocer: la configuración de los conflictos; la confluencia de políticas; los proyectos, intereses, y obstáculos de desarrollo territorial. Su concreción nos permitirá acceder a una última instancia de observación y elaboración propuestas de gestión e intervención sobre los territorios que tengan en cuenta la participación y los intereses de las comunidades involucradas. La hipótesis de trabajo que orienta nuestra propuesta de estudio sostiene que los modos de intervención del Estado y el capital tienen fuerte contenido performativo de los espacios sociales, en tanto la conflictividad desatada en los territorios no es otra cosa que la conformación de subjetividades colectivas que denuncian un modo específico de configuración del espacio en tensión con las racionalidades socio-locales. 

TERRITORIOS EN DISPUTA. UN ESTUDIO SOBRE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES URBANOS Y RURALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos –políticos, económicos, culturales- y de disposiciones sociales que, en su concurrencia y/o contradicción, configuran tanto identidades y campos de comportamiento posibles; como un particular modo de producir y relacionamiento con la naturaleza. Entendido así, el territorio y sus posibilidades son el resultado de relaciones de fuerza desplegadas en torno al control y posesión de recursos sociales, económicos, naturales, etc. Estas fuerzas condensan en una específica –es decir histórica– partición del territorio y en formas también específicas de distribución y jerarquización de los elementos y sujetos dispuestos en él. Esto implica pensar el territorio no solamente como dominio del Estado que lo administra, ordena y controla, sino también como resultante de los imperativos del capital, y como espacio de conflictos y resistencias. Se trata de una mirada que, sin descuidar esas dos dimensiones -accionar estatal y accionar del capital- privilegia enfocar el análisis del territorio a partir de conflictos que en él se desatan, entre los modos y prácticas de intervención del Estado, las intervenciones del capital y las resistencias y luchas que la población residente entabla frente o a partir de ellos. En este marco, el interés de este proyecto es analizar los distintos conflictos en torno a la tierra, sus usos y disposición en la provincia de Córdoba, a fin de conocer: la configuración de los conflictos; la confluencia de políticas; los proyectos, intereses, y obstáculos de desarrollo territorial. Su concreción nos permitirá acceder a una última instancia de observación y elaboración propuestas de gestión e intervención sobre los territorios que tengan en cuenta la participación y los intereses de las comunidades involucradas. La hipótesis que orienta nuestra propuesta de estudio sostiene que los modos de intervención del Estado y el capital tienen fuerte contenido performativo de los espacios sociales, en tanto la conflictividad desatada en los territorios no es otra cosa que la conformación de subjetividades colectivas que denuncian un modo específico de configuración del espacio en tensión con las racionalidades socio-locales.

SINGULARIDADES TERRITORIALES: TRAMAS PRODUCTIVAS, CALIDAD DE VIDA Y VULNERABILIDAD. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS DISPARIDADES DEPARTAMENTALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La estructura económica de la provincia de Córdoba, como resultado de un conjunto de numerosas causas, genera en su interior muy marcadas disparidades. Según datos de la Dirección de General de Estadísticas y Censos dependiente del Gobierno Provincial, el valor de los bienes y servicios finales presentados en la serie Producto Bruto Regional, en miles de pesos corrientes, a precios de productor (PBG), alcanzó en 2008 en el Departamento Capital un valor 4,4 veces superior al del segundo en importancia, Río Cuarto, y 517 veces mayor que el de Minas. Estas disparidades se registran, aunque suavizadas por la desigual distribución de la población, en el valor de la producción por habitante de cada departamento, registrada en la variable Producto Bruto Regional Per Cápita. También en el año 2008, el valor del departamento Juarez Celman fue de casi 5 veces el observado en Minas. Evaluados los resultados productivos por cualquiera de las dos variables, la trayectoria observada desde 2001 no presenta señales de reducción de esas disparidades. La existencia de abundante evidencia acerca de la estrecha relación entre estas desigualdades productivas y otras desigualdades sociales, como la distribución del ingreso, la pobreza y otros atributos que definen el bienestar de los habitantes de los diferentes territorios, pone en valor la relevancia de la reducción de esas brechas. La ciencia aplicada al análisis de fenómenos territoriales, especialmente la economía y la geografía por su relevancia en esta propuesta, ha tenido un formidable desarrollo en los últimos tiempos, permitiendo la comprensión de la dinámica la dinámica territorial y proveyendo de líneas de acción que permitar impactar, corrigiendo o morigerando, las trayectorias no deseables. En tal sentido, esta propuesta de trabajo tiene como objetivo general contribuir a la reducción de las disparidades en el desarrollo interdepartamental cordobés, medidos en términos del PBG per cápita, a partir del análisis de las variables relevantes que expliquen este comportamiento y el consecuente diseño de un conjunto de líneas de acción, de naturaleza pùblica y privada. La comprensión de la especificidad del desarrollo territorial cordobés se abordará desde aproximaciones teóricas que destacan las características de la diversidad estructural, de las relaciones económicas y sociales y de la gestión del conocimiento y la innovación. La conjunción de estos atributos perfilan sistemas productivos con densificaciones territoriales diversas que, aún sometidos a las mismas condiciones macroeconómicas, permiten identificar algunos razgos idiosincrásicos, haciendo relevante el diseño de politicas territoriales que articulen eficicazmente los determinantes globales y locales de las trayectorias territoriales.

AMBIENTE Y CONFLICTOS TERRITORIALES: ¿OBSTÁCULOS U OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL?

La ciudad es un territorio de producción social del espacio derivado del esfuerzo colectivo, que requiere la presencia del Estado en la distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso urbanizador entre los agentes públicos y privados. En este contexto, las políticas públicas son herramientas que posibilitan el establecimiento de directrices que orientan el proceso de desarrollo del territorio. La definición de las mismas requiere, entre otros aspectos, la clara identificación de las prácticas de los agentes en el territorio en donde se inscriben proyectos sociales y en donde los intereses contrapuestos de los agentes generan negociaciones y conflictos. Esto implica que uno de los insumos claves para la definición de políticas y estrategias de gestión es la identificación y análisis de los conflictos que en el territorio se hacen evidentes o los que potencialmente pudieran existir. En estos conflictos están en disputa los sistemas de vida locales y el control de los territorios. El Ordenamiento Territorial es un instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de producción social del espacio en este sentido. Sin embargo, la ordenación pensada desde los enfoques neoclásicos apunta principalmente a cuantificar. Hoy esa mirada no es suficiente para explicar los contextos complejos y es necesario profundizar en las cualidades del territorio y debe ser complementada con la inclusión de las prácticas de los agentes y los conflictos asociados, así como la definición de los componentes que le dan origen que sustenten espacios de decisión y negociación dinámicos. En este marco, este proyecto se plantea como hipótesis que la incorporación de los conflictos territoriales como un criterio más a tener en cuenta en las estrategias de gestión territorial es una oportunidad para potenciar el desarrollo local y como objetivo de general evaluar la utilización de los conflictos territoriales como criterios para la gestión sustentable del territorio Si bien el Proyecto se desarrollará en el arco sur del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, se tendrán presentes las implicancias de las prácticas y/o intereses contrapuestos de la Región Metropolitana Córdoba que podrían afectar el sector de análisis particular. Para la descripción de la situación socio-ambiental y sus tendencias se elaborará cartografía digital y se simularán escenarios mediante un sistema de información geográfica (ArcGis 10.0). La recolección de información primaria para la identificación de las prácticas se hará mediante entrevistas semiestructuradas y en profundidad y grupos focales. Se determinarán las relaciones existentes entre las prácticas de los agentes, la condición ambiental y los conflictos. Se plantearán escenarios posibles considerando las tendencias actuales y diferentes opciones de actuación. Desde el punto de vista del desarrollo territorial local, se propone aportar un estudio de caso que integre datos del medio físico, de la práctica de los agentes y de los potenciales conflictos entre ellos. Esto posibilitará obtener resultados, que plasmados en propuestas de uso del territorio dinámica, facilitarán el equilibrio de fuerzas entre agentes en conflicto.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

Subir los impuestos al tabaco, propuesta de la OMS para el Día Mundial sin Tabaco 2014

Boletín semanal para profesionales sanitarios de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales