993 resultados para Gobierno parlamentario
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La idea de la reestructuración de los partidos políticos existentes, como condición para la instauración de un Régimen Parlamentario en Colombia, se debe mirar desde el punto de vista teórico y práctico, para de esta manera poder entender la urgencia de la recuperación y buen desempeño de las instituciones frente a las necesidades que tiene la población, ya que su deslegitimación ha sido notable desde ya hace varios años, lo cual impide que el país tenga un desarrollo más equitativo y justo desde el campo político, económico y social. Por ello, es indispensable que por un lado se analice esta situación expuesta anteriormente y por otro lado, se debe hacer énfasis incansablemente en trabajar por el cambio de mentalidad de todos los actores políticos del Estado, pues a través de reformas institucionales y políticas como las planteadas en la investigación, es que se puede influir en el desarrollo de una mejor cultura política. Así, desde los dos frentes, se pueden establecer objetivos y conseguir metas interesantes en la búsqueda de la reestructuración de los Partidos Políticos como condición para la instauración de un Régimen Parlamentario en Colombia y en una sana política para la sociedad.
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Modernización del Congreso de Colombia, entendido como una responsabilidad académica, más que un punto de negociación de los grupos guerrilleros o al margen de la ley, y menos aún bandera de campaña política y calculadora revancha entre partidos
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El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los efectos del acto legislativo 01 de 2003, en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2006 en el Departamento de Antioquia. Esto con el fin de mostrar el comportamiento de los partidos y movimientos políticos antes y después de entrar en vigencia la reforma. El objetivo principal de la investigación es identificar y entender la cotidianidad y las prácticas políticas a las que los partidos tradicionales y las nuevas organizaciones estaban acostumbradas después de la constitución de 1991. Estas reglas de juego planteadas por las Constitución Política, cambiaron el panorama político tanto para los partidos tradicionalistas, como para las nuevas organizaciones que querían y reclamaban reconocimiento, participación y poder. Reglas que se transformaron con la reforma política, y específicamente con el Acto legislativo 01 de 2003, cambiando el escenario político y por ende el comportamiento electoral.
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Contiene: Vol.1 - Vol.2 - Vol.3 - Vol.4 - Vol.5 - Vol.6 - Vol.7 - Vol.8 - Vol.9 - Vol.10.
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Resumen basado en el de la publicaci??n
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La organización del Partido Progresista tiene una configuración abierta, que ensaya fórmulas de elecciones primarias y que con contará con dos núcleos: La minoría parlamentaria y una organización que será permanente desde 1846, en la que se distingue la Junta Central y la Comisión Directiva. Entre los políticos de la generación del progreso Francisco de Luxán será el primero de una nómina muy reducida de ministros con formación científico-técnica, y entre los dirigentes del Partido Progresista y de la Unión Liberal será también el único con formación científico-técnica.
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Resumen: El artículo indaga en la fiscalidad sobre el comercio interior de Buenos Aires y su relación con la consolidación de la propiedad privada en la campaña. A partir de un estudio de caso, se examinan las particularidades de las imposiciones fiscales sobre las actividades comerciales en el ámbito rural identificando cambios y continuidades en las formas de recaudación y gravamen. Este análisis se combina con el de los problemas que las prácticas ilegales vinculadas al abasto de ganado presentó tanto en su circulación en la campaña como en su introducción a los mercados citadinos. Ambas cuestiones son contrastadas con lo sucedido a partir de 1822, cuando durante el gobierno de Martín Rodríguez tanto el comercio como la circulación de ganado en el Hinterland intentarían ser regulados con mayor énfasis a fin de asegurar el respeto de la propiedad privada en el mundo rural.
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¿Qué es mejor: el gobierno de la ley o el gobierno de los hombres? La cuestión es, a la vez, política y jurídica. Desde el punto de vista político, consiste en determinar si, en esas raras ocasiones en las que accede al poder un hombre excepcionalmente dotado para la conducción del Estado, conviene o no restringir su libertad de decisión por medio de leyes. Allí donde concurran en el mismo individuo la más alta aptitud política y la personalidad carismática para liderar a sus conciudadanos: ¿debe estar subordinado a la ley o más bien conviene dejar que sea él mismo quien cree la ley mediante su acción ejemplar? En el ámbito jurídico, se presenta una tensión problemática de signo análogo, que ha sido identificada como una “aporía empírica del Derecho”, cuyos términos son los siguientes: o bien organizar la vida social mediante leyes, generales y abstractas, en detrimento de lo singular; o bien dejar librada la última decisión de los asuntos jurídicos a la prudencia de hombres investidos de la autoridad para administrar justicia y resolver las controversias que se produzcan en el marco de la vida social. El problema fue planteado –y resuelto– por primera vez en la historia de las ideas por Platón y Aristóteles. El propósito de este estudio es examinar el tratamiento de la cuestión y las respectivas soluciones, tal como aparecen en las obras de los dos grandes maestros y fundadores de la filosofía política y jurídica occidental. Empero, es menester aclarar que si bien el trabajo trata innegablemente sobre Platón y Aristóteles, no pretende ser una contribución original al conocimiento de su pensamiento. Nuestra aspiración es, más bien, contribuir con el aporte de los dos magnos filósofos griegos al debate actual sobre el gobierno de la ley, el llamado “Rule of Law” o el Estado de Derecho...
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Resumen: Los cronistas del siglo XIII se han ocupado principalmente de la actividad política y militar de Fernando III, dejando en penumbra casi todo lo que se refiere a su labor como gobernante. Sin embargo, los diplomas del monarca han informado sobre su actividad legislativa. De estos asuntos nos ocupamos a partir de la documentación y las referencias cronísticas, y además de la bibliografía más reciente, en especial la publicada por E. S. Procter, Julio González, Ana Rodríguez y algunos estudios publicados en el congreso celebrado en 1998 con motivo del 750 aniversario de la conquista de Sevilla.
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El trabajo aborda el gobierno de las instituciones como una alternativa superadora del activismo judicial producto de la visión neoconstitucionalista del orden social.
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La búsqueda y consolidación de la paz está en la esencia del pacto constitucional de convivencia, por lo que restaurar su vigencia, acotar las divisiones, enmendar errores y reparar daños, corregir los enfrentamientos, sanar rencores y resentimientos, levantar a los caídos e incluir a los marginados, y, en lo posible, neutralizar todo motor de violencia, constituyen la esencia del buen gobierno y cimentan cualquier programa que aspire al futuro.
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Uno de los problemas centrales que ha ocupado a la filosofía política y jurídica ha sido, desde siempre, el de evitar el ejercicio arbitrario y discrecional del poder político por parte de los gobernantes; es decir, el de conjurar el peligro de la tiranía2. Son muchos los artificios pensados a lo largo de la historia para escapar de ese flagelo, pero entre ellos, el que aparece con mayor persistencia y continuidad en el tiempo es el del denominado “gobierno del derecho”, o “imperio de la ley” o, en las versiones más recientes, “Estado de Derecho”...
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Bajo los lineamientos del pensamiento liberal e individualista, propios del siglo XIX, la sujeción absoluta a lo pactado en los contratos era la forma por excelencia para satisfacer las exigencias de los cánones ideológicos de la época. El Código Civil de Vélez Sársfield no resultó ajeno a esa ideología e incorporó en sus disposiciones la máxima pacta sunt servanda en aras de garantizar la estabilidad y la fuerza de los contratos como presupuestos básicos de la seguridad jurídica y el desarrollo de las actividades económicas. Así, en materia contractual, la realización de la justicia se reducía, simplemente, al cumplimiento fiel del contrato, sin importar el grave perjuicio que debía soportar el contratante al momento de cumplir con la prestación debida en caso de que ésta se volviera excesivamente onerosa, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles.
