618 resultados para Cultivos ilícitos -- Aspectos sociales -- Colombia


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Los datos recientes de areas de cultivos ilícitos indican que a pesar de las fumigaciones, la producción total se ha reducido levemente y los cultivos se han dispersado. Se plantea un modelo teórico que analiza las decisiones tomadas por los cultivadores sobre la localizaci´on de sus parcelas, basando esta escogencia en la dinamización local de los costos esperados. Se utiliza un modelo de agentes para la simulación de la naturaleza compleja de las dinámicas estudiadas. Se encuentra que el incentivo para agruparse aumenta con las economías a escala y se reduce con la expectativa del castigo, sobretodo en zonas con alta densidad de cultivadores.

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De tal manera, el objetivo principal del siguiente trabajo, es mostrar las condiciones que vive hoy el país por cuenta de los cultivos ilícitos, que repercuten directamente en la situación de orden público; y pretende hacer un llamado a la reflexión para reaccionar ante esta realidad, intentando demostrar que el programa de Desarrollo Alternativo en Colombia, es viable y que presenta soluciones concretas para enfrentar de raíz y de manera sostenible, el problema de los cultivos ilícitos

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Los procesos de sustitución de cultivos ilícitos que se han implementado en algunas comunidades indígenas, tomando como principal ejemplo el pueblo o comunidad Guambiana, que habita en el Resguardo de Guambía, Cauca, donde se centra este estudio

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Puerto Asís, Putumayo,ha sido uno de los principales centros de cultivos ilícitos, generando reacciones por parte del Estado para mitigar dicho fenómeno que ha logrado influenciar la soberania alimentaria de los pueblos.

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La relación entre seguridad y medio ambiente ha sido tema de debate de múltiples escuelas de pensamiento en los últimos treinta años desde la Cumbre de Estocolmo en 1972, cuando en las Naciones Unidas los gobiernos se comprometieron con el principio 21 según el cual las actividades al interior de la jurisdicción nacional de un país no pueden causar daños ni en otros Estados, ni más allá de su jurisdicción o control. En la Cumbre de Río, el tema del deterioro ambiental adquiere un status político que compromete a todos los países en las Naciones Unidas. Paralelamente a éste desarrollo en la política internacional, ha habido un desarrollo académico que a su vez ha facilitado un mayor acercamiento a esta temática al centrarse en buscar una explicación a la relación entre seguridad y medio ambiente.

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Este Estudio de Caso busca analizar la cooperación en la erradicación de cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, durante la Administración de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y la primera Administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Desde esta perspectiva el trabajo se fundamenta en dos objetivos específicos: describir los antecedentes de la cooperación colombo-estadounidense en la erradicación de cultivos ilícitos; e identificar los principales acontecimientos que caracterizaron la cooperación bilateral en la erradicación de cultivos ilícitos en el marco del Plan Colombia durante la Administración Pastrana y la primera Administración Uribe. Estos objetivos responden a una investigación de tipo cualitativa, brindando un contexto histórico de la situación, para posteriormente, identificar los acontecimientos con respecto a la cooperación colombo-estadounidense en la erradicación de cultivos ilícitos.

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El objetivo de este documento es presentar un panorama de la experiencia del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea de Glifosato (PECIG) y del debate que este ha suscitado al interior de la sociedad colombiana en los últimos tiempos. Para lograr el objetivo, el documento parte por contextualizar la política de erradicación mostrando la evolución de las fumigaciones desde sus inicios. Seguidamente se expone el marco legal sobre el cual se ha sustentado el programa de erradicación con Glifosato. La tercera parte del documento, la constituye los argumentos centrales de los actores que se encuentran a favor y en contra de la implementación del programa de erradicación. Por último, se expone la acción popular que pretende la suspensión del programa en la totalidad del territorio nacional. Este proceso jurídico se elige dada la importancia y magnitud de las pretensiones de la parte demandante y el complejo trámite que ha tenido que cursar en los estrados judiciales del país.

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La aspersión aérea con Glifosato ha sido una política importante en la lucha contra las drogas en Colombia. Como se verá a lo largo de la monografía, hay posiciones encontradas respecto a su uso y efectos colaterales, las cuales han generado tanto fricciones como cooperación a nivel internacional. En este trabajo se busca entender mejor los temas que se debaten y evaluar como opera la política de erradicación a través de la aspersión aérea con Glifosato, junto con sus logros y problemas. De acuerdo a las estadísticas presentadas por la ONU, los Estados Unidos y el gobierno colombiano sobre el número de hectáreas erradicadas a través de la aspersión aérea con Glifosato, éstas demuestran que han disminuido, aunque durante el último año, los resultados no han sido los esperados, siendo éstos difíciles de evaluar. Un problema con las cifras surge de la frecuente equiparación de la fumigación con la erradicación. En realidad, como se mostrará, una hectárea fumigada no es necesariamente erradicada. Otros de los puntos debatidos son el efecto de la aspersión sobre la salud de los habitantes de zonas asperjadas, sobre el desplazamiento de cultivos y de personas y el posible aumento en la oferta de mano de obra para los guerrilleros y paramilitares. Así mismo, se han presentado algunos efectos colaterales en las áreas de cultivos ilegales que perjudican y entorpecen el proceso de erradicación de éstos.

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El municipio de Puerto Asis, Putumayo se ha caracterizado por ser centro de producción,distribución y comercialización de drogas como la cocaína, gracias a la presencia de cultivos ilícitos, fenómeno que ha logrado influenciar la soberanía alimentaria del pueblo, dadas las reacciones por parte del Estado para mitigar esta problemática.

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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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En enero de 2006 el presidente Álvaro Uribe Vélez decidió implementar un ambicioso programa de erradicación de miles de hectáreas de cultivos ilícitos en la sierra de La Macarena. La política de erradicación de cultivos ilícitos se ha caracterizado por fuertes disensos entre quienes la ejecutan e importantes sectores que la critican debido a los supuestos daños que provoca al medioambiente y a la salud de las personas. En sus orígenes la erradicación manual en La Macarena contó con un inusual consenso social en materia de política antidrogas en el país; en él confluyeron la urgencia del Gobierno por adelantar la lucha contra las drogas y la pretensión de diferentes sectores por llevarla a cabo con el menor impacto social y ambiental posible.

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Este trabajo obedece a un estudio conceptual que invita a la reflexión acerca de los contenidos de una verdadera política de Defensa y Seguridad Democrática y compone a su vez una invitación a su reformulación hacia el futuro, la cual debería ser enriquecida a partir de una discusión de carácter teórico, en donde se confrontaran las concepciones de Estado Social de Derecho y Seguridad Democrática, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen frente a los DESC, desde la perspectiva de su esencia y obligaciones de carácter nacional e internacional y del papel que debe desempeñar como política pública. En ningún momento ésta investigación debería entenderse como un estudio socio económico de la situación actual del país, ni mucho menos como una crítica ligera que busca un estado ideal nacional, el objetivo de la misma es el de sentar un precedente sobre la importancia y la mora en que se encontraría el Estado colombiano y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, frente a los DESC, a partir del señalamiento de la situación de estos derechos en el ámbito colombiano, y que a partir de ello, surja una invitación a la reformulación de los objetivos de la misma política de manera tal que logre superar sus limitaciones y de la misma forma articularse con otras políticas nacionales. Es así, como este trabajo convida al lector a realizar un análisis sobre la importancia de los DESC en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir del desarrollo de los tres objetivos de la presente monografía, en donde el primero intentará entender el modelo de Seguridad Democrática como una expresión de la Teoría Liberal, y su rol como política pública; la segunda fase busca establecer una relación entre el arquetipo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y el modelo de Seguridad Democrática, formulado a partir de la Comisión Sudamericana de Paz, el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y de los Talleres del Milenio; finalmente la tercera fase versará sobre las razones por las cuales el Estado colombiano debería asumir, una posición más contundente como Estado Social de Derecho y actor internacional, frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional.

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Este artículo se basa en una investigación realizada en tres municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia); analiza las disfunciones en el arreglo institucional, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales activos y de cultivos ilícitos; señala las afectaciones que se presentan en el régimen político y en el ejercicio de la democracia; y plantea los problemas que deben afrontar los gobiernos locales para dar cumplimiento a su mandato.El artículo propone que la acción del Estado en esta región se ve afectada por fuertes fallas de legitimidad, eficiencia y eficacia, las cuales generan limitaciones críticas a la gobernabilidad del territorio. Dichas fallas tienen que ver con la supresión del pacto social y con la inoperancia de la democracia en su versión mínima. Se concluye que en los municipios estudiados, las fallas de Estado disminuyen radicalmente los costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del territorio y establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el aumento de los costos de inversión pública necesarios para la corrección de dichas fallas hace que a su vez disminuya el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, generando una trampa crónica de reducción de la gobernabilidad en la escala regional.-----This article is based on research carried out in three municipalities of the Catatumbo (North Santander department, Colombia) region, and analyzes institutional arrangement dysfunctions that arise from active illegal armed groups and illicit crops, pointing out the effects on the political regime and the exercise of democracy and stating the problems that must be faced by local governments in order to perform their mandate.The article suggests that Government action in this region has been affected by deep failures in legitimacy, efficiency, and effectiveness, which generated critical limitations to governability in that territory. Such failures are related to the factual suppression of the social contract and to the ineffectiveness of a democracy in its least representation. It concludes that in the municipalities under examination, Government failures strongly reduce the settlement costs for illegal armed groups to access territory control and to establish as protection agents in competition with the State. They also lead towards the establishment of a vicious affectation cycle where the cost increase of the public investment required to correct such failures in turn reduces political actors’ interest in solving them, thus creating a chronic trap that reduces governability in the regional level.