461 resultados para Administración de justicia penal


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La administración de justicia oficial en las dos últimas décadas es interpelada permanentemente por el desafío de convivir y coordinar con la administración de justicia indígena. Este desafío asume diferentes matices, pero sin lugar a dudas se convierte en uno complejo y difícil de enfrentar cuando incorporamos a su análisis el tema de los derechos humanos traducido en los límites -discutibles en cuanto a su existencia- que deben imponerse a la justicia de los Pueblos indígenas ante la potencial violación a los derechos fundamentales. De este modo, la diversidad cultural frente a los derechos humanos se ha convertido en uno de los temas más sensibles tanto en su análisis teórico como en los modos de instrumentación. Pero antes de presentar concretamente el problema que constituye la relación entre diversidad y derechos humanos (y sus posibles soluciones), vale la pena señalar algunos presupuestos que dan forma y contenido al sistema de justicia frente a los Derechos de los Pueblos indígenas, dentro de un determinado modelo de Estado que se encuentra en permanente construcción.

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Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretendedemostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

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La Justicia Penal Militar es el privilegio histórico más importante que ha sido concedido a las Fuerzas Militares colombianas debido a la función pública que desempeñan. De allí, que la presente investigación esté dirigida a comprender las causas que han conducido a que el Fuero Militar sea una figura cada vez más restringida no sólo en el mundo, sino en Colombia. Así mismo, el papel de las víctimas será transcendental en el trabajo para comprender un proceso de deslegitimación de la institución marcial traducido en la generación de un debate nacional en torno a la conveniencia de la ampliación de las competencias judiciales de su jurisdicción especial. Finalmente, se planteará una posible alternativa a partir de la conceptualización sobre la Justicia elaborada por John Rawls en el siglo XX, con miras solventar este fenómeno político, jurídico y social.

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El reconocimiento de la crisis por el que atravesaba el sistema de administración de justicia Colombiano, permitió concluir como verdad contundente, la crisis del principio de legalidad para la persecución del delito y de la pena de prisión como principal respuesta frente al delito ejecutado, de manera que resultó necesario buscar otras soluciones, plateándose el legislador colombiano, la consagración del principio de oportunidad, que en aplicación de un derecho penal mínimo, fragmentario y de última ratio, permitiera interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal, diseñando un nuevo modelo de investigación, imprimiendo mayor celeridad, rebajando los costos y el empleo de recursos, lo que conlleva activar la persecución penal hacia los delitos más graves y perseguir las organizaciones criminales sin descuidar los fines del Estado Social y Democrático de Derecho. La aplicación del principio de oportunidad no puede implicar el desconocimiento de los derechos de la víctimas, pues si bien es cierto que se trata de un medio a través del cual la Fiscalía puede renunciar al ejercicio dela acción penal, suspenderlo o interrumpirlo, su ejercicio debe ser compatible con el mandato constitucional que implica el respeto a los derechos de la víctimas de las conductas delictivas.

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Esta investigación surge de la necesidad del Órgano Judicial de buscar nuevas formas de organización que contribuyan a incrementar el nivel de eficiencia de la administración de justicia en nuestro país. Con la elaboración de la Propuesta Administrativa de un Centro Integrado de Justicia Penal para el Municipio de San Salvador, se busca lograr el objetivo de Incrementar la eficiencia en la Administración de Justicia, ejercida por los diferentes tribunales en materia Penal del municipio de San Salvador. Durante el proceso de elaboración la investigación se establecieron como punto de partida en el proyecto de investigación, los elementos para el desarrollo de la misma; como son: El planteamiento del problema, justificación e importancia de la investigación, la factibilidad, los objetivos, el marco teórico, el planteamiento de hipótesis, etc. En cuanto a la metodología de investigación, en un primer momento se hizo uso de las fuentes secundarias para sustentar teóricamente la investigación, la cual representó el marco teórico referencial del Órgano Judicial, de los Centros Integrados de Justicia y de la Administración en General. Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual, representando las fuentes primarias para la recolección de información los tribunales que operan en el municipio de San Salvador, específicamente los que administran justicia en materia penal. La investigación se realizó considerando la totalidad de la población, por ser un número de unidades que se podían abarcar y por tratarse de unidades homogéneas, cuyos sujetos de estudio fueron los Magistrados y Jueces de las Cámaras y Juzgados. Las principales conclusiones y recomendaciones de mayor importancia que se establecieron, fueron fundamentales para la elaboración de la propuesta administrativa de organización y funcionamiento de un Centro Integrado de Justicia Penal para el Municipio de San Salvador; en donde se establece el planteamiento de la organización con sus objetivos, y de cada área organizacional, así como; sus funciones; y relaciones interna y externas de dicho centro. Finalmente se elaboró un plan de implementación en donde se establecen los pasos a seguir para dicho fin. El esfuerzo realizado durante el desarrollo de esta investigación, se ha plasmado en este documento, el cual será de gran ayuda para contribuir a mejorar la situación actual en la que funcionan los Tribunales de Justicia Penal en el municipio de San Salvador.

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[ES]El objeto de este artículo es saber hasta qué punto pudo emplearse la justicia penal como un instrumento más de la política de carácter antijudío desarrollada por las autoridades cristianas de la España medieval a finales del siglo XV, concretamente en los momentos previos a la expulsión. Para indagar sobre esta cuestión se tendrá presente el proceso penal por blasfemia al que fue sometido el judío de Vitoria (Álava) Jato Tello.

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[ES]La adaptación de la Administración de Justicia al estatus de doble oficialidad lingüística exige la adopción de importantes medidas estructurales y organizativas que, hasta la fecha, no han resultado suficientemente efectivas. Este trabajo profundiza en los retos que en materia de lenguas se plantean a la Administración de Justicia, sobre la base del hilo conductor del sistema de planificación lingüística diseñado por la CAPV y su análisis desde la perspectiva de la jurisprudencia más reciente.

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[Tesis] ( Maestría en Ciencias Penales) U.A.N.L.

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[Tesis] (Maestría en Derecho con Especialidad en Derecho Penal ) U.A.N.L.

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Tesis (Maestro en Derecho Público) U.A.N.L.