Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Conocimiento y participación : ¿Qué democracia?

Un nuevo ímpetu por la recolección de información parece estar ganando terreno, tal vez heredero del "movimiento de los indicadores sociales". Este movimiento fue un legado de quienes apoyaban la cuantificación en las Ciencias Sociales, en la medida que los números se creían objetivos y científicos per se y la información se consideraba un derecho ciudadano. El estudio de la sociedad en sus múltiples dimensiones ha estimulado la búsqueda y construcción de indicadores e índices estadísticos. Sin embargo, el interés por contar con mejores formas de estudiar el progreso social ha conducido, muchas veces, a un uso inadecuado de indicadores y medidas. El PBI, por ejemplo, ha sido frecuentemente tomado como un indicador de bienestar. Pero la carencia de un marco conceptual para el estudio del bienestar no es el único problema, ni siquiera el más importante. Una significación similar -o aun mayor- la tiene la escasa competencia estadística de periodistas, hacedores de políticas públicas y -en general- la ciudadanía. En conjunto, estos elementos coadyuvan a limitar el uso de los datos en el debate público. En este artículo abordo el cambio desde la aritmética política hacia los modernos reportes sociales (par. 1); el éxito de la cuantificación en la administración del Estado (par. 2); los usos inadecuados de la cuantificación (par. 3); la actual no utilización de la cuantificación y la búsqueda de condiciones contextuales que interfieren en la transformación de la información en conocimiento (par. 4)

Conocimiento y participación : ¿Qué democracia?

Un nuevo ímpetu por la recolección de información parece estar ganando terreno, tal vez heredero del "movimiento de los indicadores sociales". Este movimiento fue un legado de quienes apoyaban la cuantificación en las Ciencias Sociales, en la medida que los números se creían objetivos y científicos per se y la información se consideraba un derecho ciudadano. El estudio de la sociedad en sus múltiples dimensiones ha estimulado la búsqueda y construcción de indicadores e índices estadísticos. Sin embargo, el interés por contar con mejores formas de estudiar el progreso social ha conducido, muchas veces, a un uso inadecuado de indicadores y medidas. El PBI, por ejemplo, ha sido frecuentemente tomado como un indicador de bienestar. Pero la carencia de un marco conceptual para el estudio del bienestar no es el único problema, ni siquiera el más importante. Una significación similar -o aun mayor- la tiene la escasa competencia estadística de periodistas, hacedores de políticas públicas y -en general- la ciudadanía. En conjunto, estos elementos coadyuvan a limitar el uso de los datos en el debate público. En este artículo abordo el cambio desde la aritmética política hacia los modernos reportes sociales (par. 1); el éxito de la cuantificación en la administración del Estado (par. 2); los usos inadecuados de la cuantificación (par. 3); la actual no utilización de la cuantificación y la búsqueda de condiciones contextuales que interfieren en la transformación de la información en conocimiento (par. 4)

Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Estado, Justicia y Sociedad : la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881

Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

Conocimiento y participación : ¿Qué democracia?

Un nuevo ímpetu por la recolección de información parece estar ganando terreno, tal vez heredero del "movimiento de los indicadores sociales". Este movimiento fue un legado de quienes apoyaban la cuantificación en las Ciencias Sociales, en la medida que los números se creían objetivos y científicos per se y la información se consideraba un derecho ciudadano. El estudio de la sociedad en sus múltiples dimensiones ha estimulado la búsqueda y construcción de indicadores e índices estadísticos. Sin embargo, el interés por contar con mejores formas de estudiar el progreso social ha conducido, muchas veces, a un uso inadecuado de indicadores y medidas. El PBI, por ejemplo, ha sido frecuentemente tomado como un indicador de bienestar. Pero la carencia de un marco conceptual para el estudio del bienestar no es el único problema, ni siquiera el más importante. Una significación similar -o aun mayor- la tiene la escasa competencia estadística de periodistas, hacedores de políticas públicas y -en general- la ciudadanía. En conjunto, estos elementos coadyuvan a limitar el uso de los datos en el debate público. En este artículo abordo el cambio desde la aritmética política hacia los modernos reportes sociales (par. 1); el éxito de la cuantificación en la administración del Estado (par. 2); los usos inadecuados de la cuantificación (par. 3); la actual no utilización de la cuantificación y la búsqueda de condiciones contextuales que interfieren en la transformación de la información en conocimiento (par. 4)