72 resultados para Políticas ambientales, política ecológica, cuencas acuíferas, deforestación, sedimentación.


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Fil: Camou, Antonio Adolfo Marcial. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en la actualidad, encuentra respuesta en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la cual determina cómo debe tratarse la basura desde que se genera, se transporta y cuál debe ser su destino final. Esta política reconoce la recuperación de residuos como fundamental para una correcta gestión de la basura, y en este sentido, los Recuperadores Urbanos son quienes realizan esta tarea y reinsertan los residuos en el sistema productivo. En el presente trabajo se analiza cómo se construyen las relaciones entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos (CRU) y el Estado provincial, en la implementación de la política de Gestión diferenciada de RSU de grandes generadores (GG) de la provincia de Buenos Aires entre el año 2013 y 2014. Para esto nos basamos en la perspectiva de análisis de las políticas públicas, centrándonos en la fase de la implementación de la misma, pero necesariamente recorriendo la construcción del tema en la agenda de gobierno y los posicionamientos de los distintos actores sociales. En la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Area Metropolitana y el Gran La Plata, los residuos se entierran en los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La saturación de estos rellenos sanitarios en el año 2012, generó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) implemente una política de Gestión diferenciada de RSU para los GG, con el objetivo de reducir los residuos que se entierran en la CEAMSE. Esta política implementada por el Organismo, tiene la particularidad de incluir a las Cooperativas bajo la figura de "Destino Sustentables", dando la posibilidad de que cobren el servicio de tratamiento de los residuos. Pero esta inclusión de las CRU trajo aparejada una gran cantidad de problemáticas debido al desconocimiento del OPDS de la heterogeneidad y diversidad de realidades en las que se encuentran las Cooperativas en la actualidad. En este contexto, se generó un espacio de participación entre las CRU y el OPDS denominado "Mesa de Trabajo", en donde centramos nuestro análisis

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Las estrategias para incrementar la actividad física enfatizan en políticas que propicien cambios ambientales. Las recomendaciones se basan en modelos ecológicos que describen relaciones entre conductas de salud y subsistemas interpersonales, organizacionales, comunitarios y sociales, con un abordaje interdisciplinario basado en la complejidad. El cambio de un estilo de vida rural a urbano se asocia a menos oportunidades para la actividad física y mayor riesgo de ECNT, por lo que mejoras en el diseño urbano, el transporte público, y las instalaciones recreativas, estimulan comunidades activas. El Estudio Internacional de Actividad Física y Ambientes Construidos (IPEN methods) propone una metodología común a ser aplicada en distintos países para generar insumos importantes para quienes diseñan y ejecutan políticas públicas. Se presenta el desarrollo metodológico del estudio ?Porteño?, a realizarse en la C.A.B.A., y los resultados preliminares, y no representativos, así como la discusión, del plan piloto desarrollado en el barrio de Flores, para describir la información que resulta del procesamiento y análisis de datos obtenidos a través de mediciones objetivas y subjetivas de la actividad física. Estos hallazgos informan acerca de intervenciones, basadas en la evidencia, para incrementar los niveles de actividad física, para prevenir la obesidad y las ECNT

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Las estrategias para incrementar la actividad física enfatizan en políticas que propicien cambios ambientales. Las recomendaciones se basan en modelos ecológicos que describen relaciones entre conductas de salud y subsistemas interpersonales, organizacionales, comunitarios y sociales, con un abordaje interdisciplinario basado en la complejidad. El cambio de un estilo de vida rural a urbano se asocia a menos oportunidades para la actividad física y mayor riesgo de ECNT, por lo que mejoras en el diseño urbano, el transporte público, y las instalaciones recreativas, estimulan comunidades activas. El Estudio Internacional de Actividad Física y Ambientes Construidos (IPEN methods) propone una metodología común a ser aplicada en distintos países para generar insumos importantes para quienes diseñan y ejecutan políticas públicas. Se presenta el desarrollo metodológico del estudio ?Porteño?, a realizarse en la C.A.B.A., y los resultados preliminares, y no representativos, así como la discusión, del plan piloto desarrollado en el barrio de Flores, para describir la información que resulta del procesamiento y análisis de datos obtenidos a través de mediciones objetivas y subjetivas de la actividad física. Estos hallazgos informan acerca de intervenciones, basadas en la evidencia, para incrementar los niveles de actividad física, para prevenir la obesidad y las ECNT

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Las estrategias para incrementar la actividad física enfatizan en políticas que propicien cambios ambientales. Las recomendaciones se basan en modelos ecológicos que describen relaciones entre conductas de salud y subsistemas interpersonales, organizacionales, comunitarios y sociales, con un abordaje interdisciplinario basado en la complejidad. El cambio de un estilo de vida rural a urbano se asocia a menos oportunidades para la actividad física y mayor riesgo de ECNT, por lo que mejoras en el diseño urbano, el transporte público, y las instalaciones recreativas, estimulan comunidades activas. El Estudio Internacional de Actividad Física y Ambientes Construidos (IPEN methods) propone una metodología común a ser aplicada en distintos países para generar insumos importantes para quienes diseñan y ejecutan políticas públicas. Se presenta el desarrollo metodológico del estudio ?Porteño?, a realizarse en la C.A.B.A., y los resultados preliminares, y no representativos, así como la discusión, del plan piloto desarrollado en el barrio de Flores, para describir la información que resulta del procesamiento y análisis de datos obtenidos a través de mediciones objetivas y subjetivas de la actividad física. Estos hallazgos informan acerca de intervenciones, basadas en la evidencia, para incrementar los niveles de actividad física, para prevenir la obesidad y las ECNT