64 resultados para Política pública - educação


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Fil: Iucci, Matías. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Tras la crisis que hizo eclosión en los años 2001-2002, irrumpió la necesidad de redefinir el papel del Estado, reivindicando el rol de la Administración Pública. Es a partir de esta coyuntura que se comenzó a dar un nuevo impulso a la modernización de la gestión pública en la provincia de Buenos Aires. En este trabajo, se aborda críticamente el proceso de fortalecimiento y modernización del Estado provincial, tomando como objeto de estudio el Programa de Expertos en Gestión Pública creado en el año 2010. Por medio de un estudio de caso, nos proponemos indagar en la posible brecha existente entre el discurso modernizador esbozado por las autoridades y el funcionamiento del Estado provincial. Así, se retoman los análisis de Oszlak [2009], quien sostiene que toda transformación en el aparato institucional '(...) exige una combinación virtuosa de tres variables: tecnología, cultura y voluntad política.' Tomando como base esta premisa y considerando que la innovación tecnológica no habría operado como un factor decisivo, se supone que serían la cultura organizacional y la voluntad política dos nociones fundamentales a la hora de explicar la mencionada acción modernizadora

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La reestructuración del modelo económico en Chile a mediados de los setenta impactó a todos los sectores productivos y el sector agropecuario no fue una excepción. Se iniciaba así el comienzo de la "Era agroexportadora", que fomentaba aquellas orientaciones productivas con claras ventajas competitivas en los mercados internacionales. El paradigma agrícola chileno se ha caracterizado por funcionar sobre la base de salarios bajos, disponibilidad de mano de obra y tipo de cambio favorable. En 2006, y en este escenario, se ha implementado la política pública denominada "Chile Potencia Alimentaria 2020", que buscar reforzar la fórmula anterior. Esta iniciativa considera estrategias de crecimiento que invisibilizan la estructura bimodal agraria presente en el país. A lo anterior se suma el agravante de que territorios (como la Región de Los Lagos en el sur de Chile) con orientaciones productivas tradicionales (ganaderas específicamente) presentan posiciones manifiestamente vulnerables, especialmente de aquellos grupos de productores que se caracterizan por funcionar con racionalidades distintas de la empresarial.

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Tras la crisis que hizo eclosión en los años 2001-2002, irrumpió la necesidad de redefinir el papel del Estado, reivindicando el rol de la Administración Pública. Es a partir de esta coyuntura que se comenzó a dar un nuevo impulso a la modernización de la gestión pública en la provincia de Buenos Aires. En este trabajo, se aborda críticamente el proceso de fortalecimiento y modernización del Estado provincial, tomando como objeto de estudio el Programa de Expertos en Gestión Pública creado en el año 2010. Por medio de un estudio de caso, nos proponemos indagar en la posible brecha existente entre el discurso modernizador esbozado por las autoridades y el funcionamiento del Estado provincial. Así, se retoman los análisis de Oszlak [2009], quien sostiene que toda transformación en el aparato institucional '(...) exige una combinación virtuosa de tres variables: tecnología, cultura y voluntad política.' Tomando como base esta premisa y considerando que la innovación tecnológica no habría operado como un factor decisivo, se supone que serían la cultura organizacional y la voluntad política dos nociones fundamentales a la hora de explicar la mencionada acción modernizadora

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La reestructuración del modelo económico en Chile a mediados de los setenta impactó a todos los sectores productivos y el sector agropecuario no fue una excepción. Se iniciaba así el comienzo de la "Era agroexportadora", que fomentaba aquellas orientaciones productivas con claras ventajas competitivas en los mercados internacionales. El paradigma agrícola chileno se ha caracterizado por funcionar sobre la base de salarios bajos, disponibilidad de mano de obra y tipo de cambio favorable. En 2006, y en este escenario, se ha implementado la política pública denominada "Chile Potencia Alimentaria 2020", que buscar reforzar la fórmula anterior. Esta iniciativa considera estrategias de crecimiento que invisibilizan la estructura bimodal agraria presente en el país. A lo anterior se suma el agravante de que territorios (como la Región de Los Lagos en el sur de Chile) con orientaciones productivas tradicionales (ganaderas específicamente) presentan posiciones manifiestamente vulnerables, especialmente de aquellos grupos de productores que se caracterizan por funcionar con racionalidades distintas de la empresarial.

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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La reestructuración del modelo económico en Chile a mediados de los setenta impactó a todos los sectores productivos y el sector agropecuario no fue una excepción. Se iniciaba así el comienzo de la "Era agroexportadora", que fomentaba aquellas orientaciones productivas con claras ventajas competitivas en los mercados internacionales. El paradigma agrícola chileno se ha caracterizado por funcionar sobre la base de salarios bajos, disponibilidad de mano de obra y tipo de cambio favorable. En 2006, y en este escenario, se ha implementado la política pública denominada "Chile Potencia Alimentaria 2020", que buscar reforzar la fórmula anterior. Esta iniciativa considera estrategias de crecimiento que invisibilizan la estructura bimodal agraria presente en el país. A lo anterior se suma el agravante de que territorios (como la Región de Los Lagos en el sur de Chile) con orientaciones productivas tradicionales (ganaderas específicamente) presentan posiciones manifiestamente vulnerables, especialmente de aquellos grupos de productores que se caracterizan por funcionar con racionalidades distintas de la empresarial.

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Tras la crisis que hizo eclosión en los años 2001-2002, irrumpió la necesidad de redefinir el papel del Estado, reivindicando el rol de la Administración Pública. Es a partir de esta coyuntura que se comenzó a dar un nuevo impulso a la modernización de la gestión pública en la provincia de Buenos Aires. En este trabajo, se aborda críticamente el proceso de fortalecimiento y modernización del Estado provincial, tomando como objeto de estudio el Programa de Expertos en Gestión Pública creado en el año 2010. Por medio de un estudio de caso, nos proponemos indagar en la posible brecha existente entre el discurso modernizador esbozado por las autoridades y el funcionamiento del Estado provincial. Así, se retoman los análisis de Oszlak [2009], quien sostiene que toda transformación en el aparato institucional '(...) exige una combinación virtuosa de tres variables: tecnología, cultura y voluntad política.' Tomando como base esta premisa y considerando que la innovación tecnológica no habría operado como un factor decisivo, se supone que serían la cultura organizacional y la voluntad política dos nociones fundamentales a la hora de explicar la mencionada acción modernizadora

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Este trabajo apunta al análisis del programa denominado ProProE (Programa de Promoción de Egreso de las Carreras de Grado), como política pública, implementado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata con el objetivo de acompañar hasta la graduación a los alumnos avanzados que han tenido demoras o detenimientos hacia la finalización de sus trayectorias. Se exponen los antecedentes existentes en la UNLP, las características del programa, con sus diferentes etapas, y evaluación final, el material considerado de interés para su investigación, y se desarrolla el marco teórico metodológico con el que se abordó la investigación. El estudio de las políticas universitarias como herramientas que apuntan al progreso y egreso de todos los estudiantes, sus aplicaciones y los resultados de las mismas es fundamental para comprender de qué modo las autoridades universitarias enfrentan fenómenos como el de la heterogeneización y masificación matricular. Se describe la experiencia desarrollada en la FCNyM, considerando los diferentes desempeños y vivencias vinculados a los gestores del programa, los alumnos incorporados, y los docentes que trabajaron en el mismo. Respecto a sus resultados se exponen los progresos y el objetivo futuro de rediseño y aplicación del programa considerando lo relevado en la primera experiencia de aplicación