356 resultados para Actores políticos


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La investigación que aquí presentamos con un abordaje desde las Ciencias Sociales, tiene como objetivo indagar acerca de la cancelación anticipada de la deuda que tenía el Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios del año 2006 por parte del gobierno de Néstor Kirchner. No solo el porqué de esta decisión, sino también los distintos posicionamientos que emergieron, quienes los expresaron y porque, además de reflexionar sobre los ejes de discusión y tensión que se abrieron, y como éstos se vincularon con el diseño de políticas económicas a futuro. También pretendemos dar cuenta de cómo se fueron construyendo las condiciones necesarias para concretar este hecho, y cómo el mismo, repercutió en el plano económico y en el plano político cultural. En síntesis, se trata de pensar la cancelación de la deuda al FMI no solo en términos económicos-financieros sino también en términos socio-políticos

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La carta que presentamos traducida al español fue escrita en el año 1008 por el obispo misionero Bruno de Querfurt. El destinatario era el rey sajón Enrique II (1002-1024), emperador desde el año 1014. El contexto de la epístola está marcado por los vínculos cambiantes entre diversos actores políticos. La dinastía polaca piasta había cooperado con el Imperio desde mediados del siglo x. Por otra parte, los liutizos, una confederación de pueblos eslavos paganos, se habían levantado contra las estructuras eclesiásticas e imperiales en la región del Elba en 983, en el marco de un floreciente paganismo. Sin embargo, al iniciarse el nuevo milenio, el piasta Boleslao el Bravo se había convertido en una amenaza más atemorizadora para el Imperio, debido particularmente a la expansión territorial que encabezaba. Así, el rey Enrique II pactó en el año 1003 en Quedlinburg con los liutizos frente al piasta: se sellaba una alianza entre un rey cristiano y una confederación pagana para hacer frente a otro gobernante cristiano. Bruno de Querfurt, que había dedicado su vida a la misión y recibía apoyo de Boleslao, escribió esta misiva, con el objeto de señalar las contradicciones de la alianza citada arriba

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El estudio del semanario Azul y Blanco [importante referente intelectual y político del nacionalismo de derecha] y el análisis de las dos generaciones de intelectuales nacionalistas que se hicieron cargo de su edición desde 1956 hasta 1969 condujeron a la descripción de un nacionalismo de derecha de un nuevo cuno. Este se vio influenciado principalmente por la proscripción del peronismo, la Revolución Cubana, la nacionalización de la nueva izquierda, la promulgación de la encíclica papal Populorum Progressio y las sucesivas políticas autoritarias y liberales de las presidencias de Aramburu, Frondizi y Onganía. Así, al igual que sucediera con otros actores políticos de la época, el nacionalismo que representaba este seminario vio reestructurada su identidad política a partir de un proceso de actualización de sus discursos y tradiciones a un contexto lingüístico cambiante. En este sentido, este nacionalismo de la década del sesenta se caracterizó por un acercamiento gradual y constante hacia los sectores populares, hacia la izquierda nacional y el peronismo. Azul y Blanco y las trayectorias intelectuales y políticas de su grupo son testigos de este proceso de transformación de adaptación del nacionalismo de derecha los nuevos lenguajes políticos

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Esta investigación se propuso rastrear analíticamente las posiciones y los movimientos de los actores políticos, sindicales, mediáticos y expertos durante los años que transcurrieron entre la asunción presidencial de Carlos Saúl Menem, en julio de 1989, hasta la sanción de la Ley Federal de Educación en abril de 1993, con la hipótesis principal de que la educación se constituyó en un problema público que cobró notoriedad y abrió un debate en el que el diagnóstico y la política educativa impulsada por el Gobierno Nacional lograron imponerse ante las demás propuestas. En la década de 1990 la educación fue definida como una situación problemática que adquirió notoriedad, promoviendo la participación de diferentes actores -con sus propias claves interpretativas y líneas de acción práctica- en una polémica en la que la categoría crisis fue el eje ordenador. Así, el propósito de este estudio fue indagar en la construcción de esta controversia a partir del análisis de los posicionamientos, enunciaciones y movimientos de los actores que lograron agenciarse y tener injerencia en el debate de esos años. Para trazar la cartografía de esta polémica, se consultaron distintas fuentes que permitieron conocer el entrecruzamiento en la arena pública de las distintas posiciones y atender a las particularidades de este complejo proceso que implicó la composición y reconfiguración de los actores y sus registros de acción. Así, se relevaron las publicaciones del diario Clarín, los discursos de los funcionarios nacionales y los comunicados de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación de Trabajadores Nacionales de la Educación (FeTEN) que circularon en el periódico analizado entre julio de 1989 y abril de 1993

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En el marco de una investigación más amplia que examina en forma comparada los oficialismos de Lula en Brasil y de Kirchner en Argentina durante 2005-2006, el presente trabajo se propone estudiar, la relación que algunos movimientos sociales mantuvieron con el gobierno, como parte integral o como aliados del mismo, en el período consignado. En ese sentido, el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), en Brasil, y organizaciones como la Federación Tierra y Vivienda (FTV), el Frente Transversal Nacional y Popular, el Movimiento Evita, y Libres del Sur, en Argentina, constituyen uno de los distintos sujetos de dos conjuntos oficialistas que difícilmente puedan ser caracterizados, como se hacía en el pasado, como "partido oficial" o "coaliciones de partidos". Los oficialismos en cuestión no sólo aglutinan en su seno a un conglomerado muy heterogéneo de actores políticos individuales y de dirigentes de múltiples fuerzas y sellos partidarios -con sus respectivas redes de poder territorial-, sino que incluyen también a estas organizaciones populares, protagonistas de históricos procesos de amplia movilización y lucha social. ¿Qué identidad reivindican esas organizaciones en su apoyo al gobierno? ¿Cómo conciben su propio rol dentro del oficialismo? ¿Cómo definen a ese conjunto al que pertenecen o se asocian? ¿Cuál es su relación con el presidente?

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Es un hecho visible el reciente fortalecimiento del Movimiento Obrero Organizado en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta los intentos de destrucción de la participación de los trabajadores iniciados con el golpe militar de 1976, y profundizados de forma aguda en la década del '90. Este resurgimiento pone de relieve la importancia que adquieren las grandes mayorías trabajadoras para sostener un modelo económico y social progresivo. En este contexto, las políticas propuestas por un Gobierno Nacional median [y expresan en su interior] las luchas que se desatan entre las fuerzas del capital y el trabajo. En la presente investigación se analiza el enfrentamiento originado a partir del conocimiento público de la propuesta del 'Proyecto de Ley de Participación de los Trabajadores en las Ganancias de las Empresas'. Los debates sobre esta iniciativa adquirieron relevancia en el año 2010, cuando diversos actores políticos, político-institucionales, económicos, sociales, y estratégicos lanzaron sus posicionamientos sobre una temática controvertida, un derecho que está presente en la Constitución Nacional pero del que pocas veces se conoció esfuerzo alguno por garantizar. A partir del análisis del enfrentamiento de fuerzas visible en las discusiones suscitadas, se discurrirá en relación a las características del proyecto de ley; las consecuencias para cada sector de la sociedad; las interpretaciones, ideas y posicionamientos de tales sectores; y las implicancias de fondo que se encuentran en la propuesta. Finalmente, se podrá explicar el desenlace que de momento tuvo el conflicto desatado por la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas

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En la década del ochenta, la vida política argentina transita hacia la democracia, por la misma se establecen pautas para acceder al gobierno, que convierten al sistema de partidos y a sus actores en el eje fundamental del sistema político. La instauración de la democracia se expresa en un déficit institucional, sirviendo de contexto socio- político para la transformación de la cultura política, lo que motiva la movilización y judicialización de la política por parte de actores sociales que comienzan a cuestionan el financiamiento de la política en nombre de la equidad electoral y la transparencia del sistema político. Interesa investigar las implicancias para los actores políticos de las transformaciones de las normativas referentes al financiamiento del sistema de partidos en el nivel nacional en Argentina en los años 2009 y 2010. La hipótesis de la que se parte es que el actual financiamiento del sistema de partidos se encuentra reglamentado por normas que establecen conductas principalmente para los partidos políticos, donantes públicos y privados, que no promueven necesariamente el equilibrio electoral y la accountability del sistema político, sino que apuntan a promover un retorno a la configuración partidaria bipartidista, lo que refuerza a los dos partidos tradicionales del sistema de partidos a nivel nacional y pone en desventaja al resto de los partidos políticos. Por la presente investigación, se encontraron elementos empíricos que permiten señalan problemáticas referentes al financiamiento del sistema de partidos a nivel nacional que correspondería continuar investigando

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El trabajo hace una revisión historiográfica que problematiza la hipótesis de que la desamortización despojó de sus tierras o pauperizó a los pueblos de indios en México. Ello permite hilar otros cuestionamientos sobre actores políticos, sociales e institucionales, que no han recibido mucha atención de los historiadores respecto de los efectos de la Ley de 1856, como los ayuntamientos, los abogados y tinterillos. Apunta, además, a problemas metodológicos sobre la interpretación del tipo de tierras que fueron desamortizadas en virtud de que no se ha hecho un análisis corográfico, ni del paisaje de las mismas

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Incentivados por la consolidación de la inseguridad como problema público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión. Por su parte, las ciencias sociales locales no han contribuido aun en la problematización de estos nuevos dispositivos. La presente investigación se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata (MoPU). Optamos por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y observación participante en la sala de monitoreo. El objetivo será describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea cotidiana de vigilancia. Intentaremos a su vez reponer sus relaciones con distintos actores dentro y fuera del organismo, como supervisores/as, funcionarios/as y policías. Intentaremos finalmente caracterizar desde este ámbito al sistema de videovigilancia como actor particular en un campo del control del delito y el lugar que adopta dentro del proceso de municipalización de la seguridad

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Incentivados por la consolidación de la inseguridad como problema público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión. Por su parte, las ciencias sociales locales no han contribuido aun en la problematización de estos nuevos dispositivos. La presente investigación se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata (MoPU). Optamos por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y observación participante en la sala de monitoreo. El objetivo será describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea cotidiana de vigilancia. Intentaremos a su vez reponer sus relaciones con distintos actores dentro y fuera del organismo, como supervisores/as, funcionarios/as y policías. Intentaremos finalmente caracterizar desde este ámbito al sistema de videovigilancia como actor particular en un campo del control del delito y el lugar que adopta dentro del proceso de municipalización de la seguridad

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Incentivados por la consolidación de la inseguridad como problema público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión. Por su parte, las ciencias sociales locales no han contribuido aun en la problematización de estos nuevos dispositivos. La presente investigación se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata (MoPU). Optamos por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y observación participante en la sala de monitoreo. El objetivo será describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea cotidiana de vigilancia. Intentaremos a su vez reponer sus relaciones con distintos actores dentro y fuera del organismo, como supervisores/as, funcionarios/as y policías. Intentaremos finalmente caracterizar desde este ámbito al sistema de videovigilancia como actor particular en un campo del control del delito y el lugar que adopta dentro del proceso de municipalización de la seguridad

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A partir de nuestros estudios realizados desde el 2004 y relacionados con las instituciones deportivas y los actores que intervienen en ellas pudimos observar dos cosas que: por un lado, las instituciones se caracterizan por la diversidad y la singularidad por sobre la homogeneidad y la generalidad; y por otros, los actores que participan en ellas construyen significados y participan desde lugares particulares y específicos que dan a esas intervenciones características puntuales y visiones diferenciadas sobre cómo se actúa e interviene en ellas. Desde estas dos grandes líneas de análisis y desarrollo, intentaré plasmar posibles vínculos con nuevos descubrimientos y resultados obtenidos, no ya referidos a las instituciones solamente sino a éstas en relación con la construcción de sujetos políticos. Por otra parte, y en razón de que estos sujetos políticos se constituyen en actores, se ha observado su inserción y vinculación como colectivos sociales. A su vez, intentaremos presentar nuestra interpretación acerca de la educación física en tanto práctica social e institucional caracterizada por formas de intervención que, en la perspectiva del cuerpo y el movimiento desde los juegos, las gimnasias y los deportes.

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A partir de nuestros estudios realizados desde el 2004 y relacionados con las instituciones deportivas y los actores que intervienen en ellas pudimos observar dos cosas que: por un lado, las instituciones se caracterizan por la diversidad y la singularidad por sobre la homogeneidad y la generalidad; y por otros, los actores que participan en ellas construyen significados y participan desde lugares particulares y específicos que dan a esas intervenciones características puntuales y visiones diferenciadas sobre cómo se actúa e interviene en ellas. Desde estas dos grandes líneas de análisis y desarrollo, intentaré plasmar posibles vínculos con nuevos descubrimientos y resultados obtenidos, no ya referidos a las instituciones solamente sino a éstas en relación con la construcción de sujetos políticos. Por otra parte, y en razón de que estos sujetos políticos se constituyen en actores, se ha observado su inserción y vinculación como colectivos sociales. A su vez, intentaremos presentar nuestra interpretación acerca de la educación física en tanto práctica social e institucional caracterizada por formas de intervención que, en la perspectiva del cuerpo y el movimiento desde los juegos, las gimnasias y los deportes.