201 resultados para DELITO FLAGRANTE


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El presente artículo pretende reconstruir, en clave descriptiva y general, el escenario de emergencia y la anatomía de las principales políticas de seguridad frente al delito diseñadas y/o implementadas por el Frente Progresista Cívico y Social en la Provincia de Santa desde el año 2007 hasta la actualidad.

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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.

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En las últimas décadas, el delito se convirtió en uno de los principales problemas sociales para los ciudadanos latinoamericanos. Como consecuencia, la ?batalla? contra la inseguridad se transformó en uno de los motores de la gubernamentalidad y las campañas electorales se centraron en discursos sobre el miedo. Este trabajo propone identificar algunas variables de la comunicación política en el contexto de las sociedades de seguridad. Para ello, se analizan piezas comunicacionales de las campañas entre 2007 y 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tipo de subjetividad se promueve? ¿Cuál es el rol asignado al Estado? ¿Cómo se describe la seguridad? ¿Qué características permiten describir al ciudadano- víctima? Se propone indagar acerca de los modos de interpelación a la ciudadanía, las características de enunciación de la seguridad y la imagen que asume el Estado en momentos electorales

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En la Argentina se institucionalizó la figura del perito médico con la creación del Cuerpo Médico de Policía por decreto del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gral. Martín Rodríguez en 1822, apareciendo en los expedientes judiciales con la designación de "Médico de Policía" o "Médico de Tribunales". Sin embargo la primera definición de este auxiliar de la justicia como "experto en arte o cosa" es más antigua, apareciendo en la legislación base de nuestro sistema penal: las Leyes de Partidas (especialmente la 3a y la 7a). En este capítulo analizaremos la actuación de este agente en los casos de violencia sexual, mostrando la importancia vital de su función para la determinación misma de su existencia como delito punible por la ley, veremos como se mezclan a un tiempo las consideraciones científicas, sociales e incluso personales en sus informes pretendida y idealmente neutrales. Además buscaremos resaltar cuando sea posible el nivel de imbricación de los saberes médicos y legales en los abogados y médicos de esta época caracterizada por la profesionalización de ambas ramas.

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Incentivados por la consolidación de la inseguridad como problema público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión. Por su parte, las ciencias sociales locales no han contribuido aun en la problematización de estos nuevos dispositivos. La presente investigación se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata (MoPU). Optamos por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y observación participante en la sala de monitoreo. El objetivo será describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea cotidiana de vigilancia. Intentaremos a su vez reponer sus relaciones con distintos actores dentro y fuera del organismo, como supervisores/as, funcionarios/as y policías. Intentaremos finalmente caracterizar desde este ámbito al sistema de videovigilancia como actor particular en un campo del control del delito y el lugar que adopta dentro del proceso de municipalización de la seguridad

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En La lengua de las mariposas y El lápiz del carpintero Manuel Rivas presenta conflictos y personajes inmersos en el contexto de violencia y opresión desatados por el accionar de las fuerzas franquistas triunfantes en Galicia. Por su parte, uno de los hilos narrativos desarrollados por Eduardo Sacheri en La pregunta de sus ojos, se interna en la relación entre el delito, la impunidad y el castigo en el marco de la violencia estatal que se instala en Argentina en los años anteriores al golpe militar de 1976. En los tres relatos los comportamientos indignos o criminales, cuya génesis es inseparable del terror impuesto por una dictadura u otras formas de violencia emanadas de un poder opresor, disparan interrogantes de complejas respuestas. El concepto de zona gris que acuñó Primo Levi en su obra dedicada a testimoniar su experiencia de deportado en Auschwitz ofrece una vía de reflexión para volver más inteligible la respuesta del ser humano en situaciones límite.

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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En las últimas décadas se ha manifestado un incremento de las tasas de encarcelamiento en la mayoría de los países del mundo occidental. Si bien esta es una tendencia conocida, no existe acuerdo en la actualidad acerca de las causas operantes en el incremento de la población carcelaria a escala global y local. Para el presente análisis se utilizaron datos de población carcelaria de las ultimas dos décadas, provenientes de fuentes institucionales de diversos países. Los datos de la provincia de Buenos Aires fueron discriminados por sexo, tipo de delito y rango de edad. Los resultados muestran que existe un crecimiento de la prisionización a escala global y este se presenta con mayor intensidad en las mujeres que en los hombres. Mientras que en países centrales la tasa de crecimiento es constante, en Latinoamérica las políticas de encarcelamiento dependen de un factor limitante de hacinamiento. Del análisis de los datos se concluye que en la provincia de Buenos Aires la política de encarcelamiento presenta sesgo por sexo y edad. La política excarcelatoria reciente solo redujo el encarcelamiento en sujetos masculinos jóvenes. Las mujeres, además de presentar una tendencia al encarcelamiento mayor que los hombres, se ajustan a una curva de crecimiento exponencial

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Incentivados por la consolidación de la inseguridad como problema público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión. Por su parte, las ciencias sociales locales no han contribuido aun en la problematización de estos nuevos dispositivos. La presente investigación se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata (MoPU). Optamos por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y observación participante en la sala de monitoreo. El objetivo será describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea cotidiana de vigilancia. Intentaremos a su vez reponer sus relaciones con distintos actores dentro y fuera del organismo, como supervisores/as, funcionarios/as y policías. Intentaremos finalmente caracterizar desde este ámbito al sistema de videovigilancia como actor particular en un campo del control del delito y el lugar que adopta dentro del proceso de municipalización de la seguridad

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Incentivados por la consolidación de la inseguridad como problema público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión. Por su parte, las ciencias sociales locales no han contribuido aun en la problematización de estos nuevos dispositivos. La presente investigación se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata (MoPU). Optamos por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y observación participante en la sala de monitoreo. El objetivo será describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea cotidiana de vigilancia. Intentaremos a su vez reponer sus relaciones con distintos actores dentro y fuera del organismo, como supervisores/as, funcionarios/as y policías. Intentaremos finalmente caracterizar desde este ámbito al sistema de videovigilancia como actor particular en un campo del control del delito y el lugar que adopta dentro del proceso de municipalización de la seguridad

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En el marco de una Tesis de Doctorado acerca del rol de Rodolfo Walsh como intelectual orgánico, nuestro trabajo se propone indagar Caso Satanowsky en tanto exponente del ilegalismo inherente al ejercicio del poder. La novela de Walsh desarrolla tres aristas de este fenómeno: los crímenes cometidos por los servicios secretos judicial del Estado, la corrupción y la venalidad de la prensa masiva; fenómenos que adquieren una relevancia particular en el contexto de un régimen dictatorial. Nuestro trabajo se propone analizar las relaciones entre delito y sociedad planteadas en el texto, teniendo en cuenta que el mismo se inscribe en la llamada "novela de no- ficción" o "relato testimonial", un género tensionado por los procedimientos y presupuestos del policial negro y la investigación periodística. Creemos apropiado analizar Caso Satanowsky en paralelo con Operación Masacre, no sólo porque ambas investigaciones se encuentran muy cercanas en el tiempo y plantean problemáticas parecidas, sino porque las mismas resultan a nuestro entender, complementarias: el tema que las vincula es el crimen de Estado, que queda igualmenteimpune tanto cuando las víctimas pertenecen a los sectores populares cuanto cuando son miembros de la clase alta argentina

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En las últimas décadas se ha manifestado un incremento de las tasas de encarcelamiento en la mayoría de los países del mundo occidental. Si bien esta es una tendencia conocida, no existe acuerdo en la actualidad acerca de las causas operantes en el incremento de la población carcelaria a escala global y local. Para el presente análisis se utilizaron datos de población carcelaria de las ultimas dos décadas, provenientes de fuentes institucionales de diversos países. Los datos de la provincia de Buenos Aires fueron discriminados por sexo, tipo de delito y rango de edad. Los resultados muestran que existe un crecimiento de la prisionización a escala global y este se presenta con mayor intensidad en las mujeres que en los hombres. Mientras que en países centrales la tasa de crecimiento es constante, en Latinoamérica las políticas de encarcelamiento dependen de un factor limitante de hacinamiento. Del análisis de los datos se concluye que en la provincia de Buenos Aires la política de encarcelamiento presenta sesgo por sexo y edad. La política excarcelatoria reciente solo redujo el encarcelamiento en sujetos masculinos jóvenes. Las mujeres, además de presentar una tendencia al encarcelamiento mayor que los hombres, se ajustan a una curva de crecimiento exponencial

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Para comprender los fenómenos delictivos suele recurrirse al análisis de las desigualdades de clase, enfocándose en la marginalidad urbana para dar cuenta de los delitos callejeros violentos, y en la estratificación social para referirse a los diferentes tipos de delito que se cometen según la clase social. Pero el género no debe olvidarse como una determinación fundamental a tener en cuenta al estudiar el delito, lo cual puede sostenerse en las contundentes diferencias en las frecuencias y características de los hechos delictuales según el sexo de los ejecutores y víctimas de los mismos. En este trabajo nos proponemos, a partir del análisis de delitos publicados por la prensa escrita, reflexionar acerca de la incidencia del sexo en el nivel de comisión de delitos, en el tipo de delito y en la violencia de los mismos. Concluimos que aunque las mujeres sigan delinquiendo mucho menos y con menor violencia que los varones, estas tendencias están actualmente en transformación. El incremento de la delincuencia femenina puede tomarse como un indicador de la disminución de la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y varones, síntoma de tendencias de crisis del patriarcado debidas a la atenuación de los controles informales disciplinarios sobre las mujeres

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Propongo tomar una perspectiva a la vez filosófica e histórica pensando en torno al problema más abstracto de los límites a la obediencia de la norma en términos teóricos por un lado (poniendo en diálogo construcciones iuspositivistas e iusnaturalistas) y ejemplos concretos que pueden notarse en la práctica de los abogados penales durante el siglo XIX en Buenos Aires en particular el de los casos de violación en varones. Si bien no existe codificación formal hay persecución formal y pena del delito a partir de la denuncia y en contradicción con la idea de obediencia a la ley formal y a ciertos principios considerados fundamentales (no penar sin ley previa). En estos casos que tomo como base para la reflexión se puede ver no sólo el conflicto jurídico sino su relación con cuestiones que pueden considerarse "no-jurídicas" como ideas sobre la sexualidad, la honorabilidad y las consecuencias para la sociedad de este delito, que llevan a una práctica jurídica desobediente/disidente de la ley formal. Planteo que en ocasiones la desobediencia con fundamentos puede garantizar no sólo una forma del hacer -y de entender el hacer- justicia sino llevar al cambio en las normas como, para el caso en particular, ocurrió en 1903.