41 resultados para embarazo en adolescencia


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Póster presentado en la Primera Conferencia Latinoamericana Prevención y Atención del Aborto Inseguro. Lima, Perú, 29 y 30 de junio de 2009.

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El presente documento contiene un análisis de la legislación sobre aborto desde tres perspectivas: la legalización (estudio de normas nacionales que han legalizado el aborto y la reglamentación existente para su aplicación), la despenalización (estudio de los códigos penales de los Estados donde el aborto es delito pero en los que hay excepciones/ causales excluyentes de responsabilidad) y atenuantes de la pena. Pese a que este estudio está centrado en los países que están incluidos en el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, resulta relevante entender su situación en el contexto de la situación mundial de las leyes relativas al aborto. El 97% de los países del mundo permiten el aborto para salvar la vida de la mujer y solo un 3% de países lo mantiene completamente penalizado. Éstos se ubican en su mayoría entre los países de este estudio junto con otros como Malta y con la Santa Sede. En términos de población, los países que tienen el aborto completamente penalizado, corresponden tan solo a un 1% de la población mundial. En el lado contrario se encuentran los países que permiten el aborto por la sola voluntad de la mujer, los cuales representan el 29% de los países del mundo que se corresponden con cerca del 40% de la población del mundo. En cuanto a las causales, entre un 63 a 67% permiten el aborto para preservar la salud física o mental de las mujeres. Los países de este estudio que también prohíben estas dos causales comparten esta situación con países que están mayoritariamente ubicados en África y Asia.

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Este logro alcanzado con la aprobación del proyecto de Ley en Diputados redobla nuestro compromiso con la salud de las mujeres y genera nuevos desafíos. Con la certeza de que los profesionales podemos ser agentes de cambio de las políticas públicas y sociales, seguiremos trabajando para continuar avanzando en los derechos sexuales y reproductivos.

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Fortalecer las estrategias de información y consejería de aborto con medicamentos en México.

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La investigación Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, ha sido elaborada por la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador, con el fin de aportar información relevante y válida sobre el impacto de la actual legislación penalizadora del aborto en todas sus formas.

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Presentación en la Segunda Conferencia Subregional del Cono Sur del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI. Buenos Aires, 4 y 5 de noviembre de 2013.

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En el último año, Uruguay se ha posicionado a la vanguardia garantizando ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, al aprobar una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). A más de un año del inicio de la implementación de estos servicios, este reporte presenta los hallazgos de una investigación realizada por Médicos del Mundo Francia en Uruguay, que pretende relevar las vivencias y las trayectorias de las mujeres usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y la prestación de IVE que se brinda a través de este servicio.

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El Derecho, como sistema de regulación de conductas, establece cuáles están permitidas, prohibidas u ordenadas. En el caso del aborto, un enfoque conservador se orienta a su prohibición absoluta, lo que equivale a que el sistema legal indica que todos los embarazos deben culminar en nacimientos, proscribiéndose cualquier intervención en ese transcurso. No obstante lo anterior, existe otra tendencia en materia de aborto: aquella orientada a su permisión en determinados supuestos que son más bien excepcionales. En ese contexto, algunos ordenamientos jurídicos otorgan tratamientos diferentes al aborto que se produce en circunstancias en los que las mujeres no han podido decidir sobre el embarazo, pues las relaciones sexuales les fueron impuestas, como es el caso de las víctimas de violación sexual o en circunstancias en las que a mujeres a quienes han consentido continuar con su embarazo se les indica médicamente que el feto tiene malformaciones que hacen no viable su vida extrauterina. No es el caso peruano en que ambas situaciones son consideradas delitos.

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Este artículo se origina en una investigación llevada a cabo mediante metodologías cualitativas de las ciencias sociales. Su objetivo es compartir algunos de los avances del estudio realizado en una clínica del Gobierno del Distrito Federal para explorar los efectos de la implantación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el personal que proporciona este servicio sanitario. Se subraya que además de disminuir los riesgos en la salud de las mujeres, la ILE con misoprostol impulsó un cambio de actitud de muchas usuarias, lo que expresa una disminución de los efectos negativos provocados por el estigma, aunque se sigue detectando la persistencia del estigma en las opiniones del personal sanitario. El fortalecimiento personal de las mujeres que se someten a este procedimiento legal se debe a que llevan a cabo el ejercicio pleno de un derecho.

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Presentación en la 3ra. Conferencia Subregional del Cono Sur. Chile, Santiago de Chile, 3 y 4 de diciembre de 2015

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La iniciativa tiene como objetivo recoger y analizar las construcciones y valoraciones de las mujeres acerca de su experiencia con el proceso de interrupción de embarazo a partir de la consejería en reducción de riesgos y daños

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La Corte Suprema de la Nación de Argentina dictó en el día de la fecha (13.03.12) una sentencia en un caso de aborto no punible por violación. El fallo deja en claro que la interpretación adecuada es aquella que sostiene que toda mujer que tiene un embarazo impuesto por una violación, y no solamente aquella mujer con discapacidad mental, puede solicitar la interrupción del embarazo en un servicio de salud, sin necesidad de autorización judicial.

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La mortalidad materna en Bolivia sigue siendo una de las principales problemáticas de salud pública en general, y de la salud sexual y reproductiva en particular. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF estiman que la mayor parte de las muertes maternas ocurren debido a cinco complicaciones obstétricas: hemorragias, sepsis, abortos inducidos inseguros, hipertensión durante el embarazo y partos obstruidos. Reducir la mortalidad materna plantea desafíos a la salud, la ética y la equidad de género, pues las mujeres siguen muriendo por causas relacionadas con el embarazo, el parto y posparto. Estas defunciones evitables reflejan la desigualdad de la situación de las mujeres y de su acceso a los servicios básicos de salud. Además, la educación de las mujeres, el control de los recursos económicos y su participación en la toma de decisiones son menores. En este sentido, es necesario considerar que la maternidad sin riesgo no puede lograrse sólo mejorando los servicios de atención de salud materna.Por tanto, se hace necesario visibilizar esta problemática para orientar acciones a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la reducción de los embarazos no deseados, el embarazo en adolescentes y la despenalización del aborto, en el marco de lo establecido en el Art. 66 de la Constitución Política del Estado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Meta Nº 5), y las Plataformas de Acción de Cairo y Beijing, además de otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. A partir de esta realidad, Católicas por el Derecho a Decidir, a través de la construcción y aplicación de una “Guía para el monitoreo de la mortalidad materna vinculada al aborto”, comparte el presente informe sobre “Mortalidad materna vinculada al aborto en Bolivia”, como un aporte que permite identificar, cuantificar y analizar esta temática de urgencia en el país.