6 resultados para DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

em Biblioteca Digital | Sistema Integrado de Documentación | UNCuyo - UNCUYO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.


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El presente material bibliográfico busca que el lector conozca y comprenda el marco ético-jurídico en el cual se desenvuelven las personas y las organizaciones, así como el Derecho Administrativo y su vinculación con la Constitución Nacional. También se propone que reconozca la importancia de la seguridad en la sociedad, que interprete y comprenda la misión del servicio de protección a la sociedad, que reconozca que la complejidad de la sociedad y la importancia de una ciudadaa responsable y que valore críticamente los diversos posicionamientos teóricos para el abordaje de la problemática de las organizaciones sociales y la seguridad social. Se editó como material de aprendizaje destinado al personal de seguridad pública de la Provincia de Mendoza en el marco del proyecto pedagógico con modalidad a distancia para la terminalidad de estudios de EGB3 y Educación Polimodal –EDITEP–, implementado a partir de la firma del Convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, en octubre de 2003.

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El objetivo que este trabajo se plantea es analizar las estrategias y respuestas implementadas desde el Estado para el tratamiento del conflicto social, sobre todo a partir de los acontecimientos ocurridos en Argentina a finales del año 2001. De modo general, interesa avanzar en la comprensión de las causas de tal accionar estatal, analizando dichas causas a la luz de una perspectiva histórica que permita visualizar cuáles son las concepciones sobre las que se asienta dicho Estado, como parte del sistema capitalista en su actual fase neoliberal. Se toma como blanco de acción estatal a los movimientos sociales, entendiendo que existen otros actores sociales y políticos también alcanzados por las políticas de criminalización. En ese sentido, se analizarán los procesos de criminalización y judicialización de la protesta social ocurridos en los últimos años en tanto política de Estado, entendido éste desde la compleja relación consenso-coerción, como fundamentales herramientas en momentos históricos de pérdida de consenso y legitimidad. En la misma línea de análisis, se intentará estudiar los procesos de criminalización y judicialización de la protesta social como parte de una concepción de la lucha popular como delito; concepción que opondría la movilización y organización popular a lo que sería la “normalidad e institucionalidad democrática". De este modo se intentaanalizar cuáles son los significados más profundos de tal consideración desde lo penal y cómo esto se corresponde con una cuestión de clase. Siguiendo esto último entonces, se analizala vinculación entre la criminalización de la protesta y la criminalización de la pobreza.

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En la actualidad, como consecuencia de iniciar una relación laboral el empleador debe hacer frente a ciertas obligaciones tales como, dar el alta en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la Obra Social, efectuar la afiliación al Sindicato, inscripción ante los organismos de la seguridad social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), entre otras. El objetivo que se persigue con el cumplimiento de estos deberes es lograr la protección tanto del trabajador como así también del empleador ante eventuales contingencias que puedan surgir, durante el transcurso de la relación laboral o a su finalización. El principal problema se presenta cuando se incumple con estos deberes, ya sea porque se desconoce la ley o porque se la ignora con la intención de reducir costos y obtener así una mayor rentabilidad, generándose como consecuencia, los costos laborales ocultos que deberá afrontar el empleador por no cumplir con la normativa vigente; tales como indemnizaciones, multas y desprestigio. Al mismo tiempo, hay situaciones que también pueden generar elevados costos del mismo tipo y que están ajenas a la voluntad del empleador, como es el caso de los juicios fraudulentos iniciados por los trabajadores como consecuencia de un accidente laboral. El objetivo del presente trabajo se enmarca, en lograr reflejar concretamente los costos implícitos en una relación laboral cuando no se actúa conforme la ley; por otro lado proponer medidas que incentiven la regularización del trabajador, para combatir el empleo en negro y por último, y no por eso menos importante, medir el impacto sufrido en la empresa a causa de juicios fraudulentos impulsados por los empleados.

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El artículo revisa el concepto de cohesión social y la noción de seguridad, partiendo del análisis de los profundos desequilibrios y desigualdades sociales que el modelo económico dominante a escala global desde los años 1980 crea o intensifica en América Latina. Centrado en las transformaciones que generaron la pérdida de confianza en las instituciones, en el Estado, en el mercado del trabajo, en la educación, incluso en la religión y en la familia, sobre las cuales reposaba la solidaridad orgánica en el marco de la sociedad industrial capitalista, examina cinco indicadores de la existencia de problemas de inseguridad en relación con la cohesión social. Pone de relieve que el problema de la inseguridad se asocia con la ruptura o la fragilidad de los mecanismos de integración y de mediación social y sostiene la necesidad de reconstruir la cohesión social para alcanzar la seguridad ciudadana, destacando que este proceso se funda en una profunda modificación política, económica y social enfocada en la inclusión social, de la que son co-responsables el Estado y los ciudadanos como actores de su propio desarrollo.

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Las teorías sobre el desarrollo son en realidad un dinámico debate acerca de la relación población/recursos, de las condiciones de inequidad a escala planetaria y al interior de las naciones, y de las formas de superarlas. Para avanzar hacia el desarrollo humano, es prioritario enfocar las acciones en la superación de las carencias que afectan la situación personal de los ciudadanos y eliminar los obstáculos que impiden su bienestar en relación con las condiciones medioambientales en las que transcurre su vida. La educación es comprendida como el eje fundamental para alcanzar niveles de desarrollo aceptables, asegurando superar situaciones de exclusión social. Sobre la base de encuestas en cuatro establecimientos educativos del Gran Mendoza, se analizan las relaciones existentes entre las representaciones, de los adolescentes y sus familias sobre la importancia de la educación como medio optimizador de las situaciones socioeconómicas y los proyectos de capacitación futura, tanto a nivel terciario como universitario.

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La respuesta a la inseguridad se ha basado en enfoques policiales y represivos que no han dado los resultados esperados. Las causas son muchas y complejas, pero tres de ellas resultan fundamentales: la exclusión laboral ya educativa de los jóvenes y la desarticulación de las familias. Pero existen otras amenazas relacionadas con el hábitat. Este tema es objeto de estudio del proyecto Habitabilidad y seguridad humana en ambientes urbanos y rurales en el que se demuestra que las condiciones de habitabilidad determinan diferentes situaciones de seguridad y que es posible focalizar en el territorio acciones que respondan a los conflictos sociales y problemáticas del lugar. Se identifican indicadores geográficos complejos con el propósito de detectar la diversidad de situaciones que se presentan, se analizan y ponderan la fragilidad y aptitud del lugar, las modalidades de asentamiento humano y las condiciones en que vive la población. Se llega a la conclusión que el hábitat es una dimensión de la seguridad humana porque si bien el bienestar y equidad son principios de una vida sin necesidades y carencias, el sello distintivo de una vida sin temor lo da la paz, la justicia y condiciones de vida dignas en un ambiente sano y seguro.