Hambre y Derecho a la Alimentación: la agenda 2030 en Centroamérica y la República Dominicana

Al abordar el problema del hambre y la desnutrición, la más reciente Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL (Lima, Perú, 2 a 4 de noviembre de 2015) puso énfasis en la necesidad de tratar estos asuntos desde la óptica del derecho a la alimentación, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el documento preparatorio de dicha conferencia se señala que el Objetivo 2 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible es relevante en tanto aborda la problemática de la alimentación y la nutrición de una manera más integral y considera la seguridad alimentaria como un derecho humano fundamental, cuya conculcación limita la capacidad de ejercicio de los derechos políticos y el desarrollo de una democracia participativa. En línea con este planteamiento, uno de los objetivos principales de este estudio es conocer el estado del arte que en la subregión ha tenido el enfoque de derechos en las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y, en particular, la promoción del derecho humano a la alimentación,

Legislación comparada sobre personas mayores en Centroamérica y la República Dominicana

Incluye separata (6 p.)

Mercados de tierras rurales en la República Dominicana

Incluye Bibliografía

La adolescencia y el derecho a la educación

Existen diversos pactos, convenciones y acuerdos internacionales que prescriben de manera inalienable el derecho de todos y todas a la educación, aunque la expresión de este derecho, en cantidad y calidad, varía de un país a otro. El promedio de enseñanza obligatoria, establecida por derecho, es de diez años en los países de la región, si bien en el 50% de ellos toda la enseñanza secundaria (baja y alta) ya es obligatoria. Esto es razonable, si se considera como un umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. El artículo central de esta edición de Desafíos profundiza en este tema y muestra los rezagos y metas para avanzar en la plena titularidad del derecho a la educación en adolescentes. Destacan la baja tasa de conclusión de la educación secundaria y de aprendizajes pertinentes, la fuerte estratificación socioeconómica y sociocultural, los atrasos en competencias ciudadanas y la persistencia de un nivel relativamente alto en deserción escolar, sobre todo a lo largo del ciclo secundario. Sin duda el principal reto para avanzar en el derecho a la educación es reducir brechas de logro y aprendizaje, favoreciendo a los grupos que hoy presentan mayor postergación. Junto al artículo central, y como es habitual, se informa sobre encuentros y conferencias en la región acerca de este tema durante el semestre en curso, se presentan opiniones expertas y de adolescentes, y se destacan experiencias positivas de promoción de asistencia escolar en el Uruguay y en la República Dominicana.

El aporte de las familias y las mujeres al cuidado no remunerado de la salud en el Uruguay

La constatación del aumento de las necesidades específicas de cuidados en salud producto sobre todo del proceso de envejecimiento y de la vulnerabilidad del sistema sanitario, el que está apoyado en las mujeres y en un modelo familiar biparental tradicional, han derivado en una serie de cuestionamientos. ¿Quiénes asumen los costos del cuidado no remunerado en salud en Uruguay?, ¿Qué perfil tienen las personas cuidadoras no remuneradas en salud?, ¿A quiénes cuidan? ¿Cuál es el vínculo que mantienen con el sistema institucional de salud? El presente documento busca responder a dichas interrogantes en base al análisis de la Encuesta Nacional de Cuidados No Remunerados en Salud (Uruguay 2013) realizada por el Equipo Sociología de Género del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República con el financiamiento del Programa de Investigación y Desarrollo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), y con apoyo del Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) y de la División de Asuntos de Género de CEPAL (DAG-CEPAL).