17 resultados para Derecho de tanteo y de retracto

em Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)


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Existen diversos pactos, convenciones y acuerdos internacionales que prescriben de manera inalienable el derecho de todos y todas a la educación, aunque la expresión de este derecho, en cantidad y calidad, varía de un país a otro. El promedio de enseñanza obligatoria, establecida por derecho, es de diez años en los países de la región, si bien en el 50% de ellos toda la enseñanza secundaria (baja y alta) ya es obligatoria. Esto es razonable, si se considera como un umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. El artículo central de esta edición de Desafíos profundiza en este tema y muestra los rezagos y metas para avanzar en la plena titularidad del derecho a la educación en adolescentes. Destacan la baja tasa de conclusión de la educación secundaria y de aprendizajes pertinentes, la fuerte estratificación socioeconómica y sociocultural, los atrasos en competencias ciudadanas y la persistencia de un nivel relativamente alto en deserción escolar, sobre todo a lo largo del ciclo secundario. Sin duda el principal reto para avanzar en el derecho a la educación es reducir brechas de logro y aprendizaje, favoreciendo a los grupos que hoy presentan mayor postergación. Junto al artículo central, y como es habitual, se informa sobre encuentros y conferencias en la región acerca de este tema durante el semestre en curso, se presentan opiniones expertas y de adolescentes, y se destacan experiencias positivas de promoción de asistencia escolar en el Uruguay y en la República Dominicana.

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Resumen Con este trabajo la División de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace un aporte al desarrollo conceptual de las políticas mineras del continente. Es el producto tanto de una búsqueda inicial sistemática como de una dispendiosa labor de seguimiento y actualización de los cambios que se han producido en las legislaciones mineras de los países de América Latina y el Caribe Al presentar este documento la DRNI busca apoyar la investigación sobre la minería y la sociedad y el desarrollo de conceptos claros que orienten la cooperación técnica en esta materia.Para tal efecto, se tomaron los aspectos centrales de la legislación minera, identificando los temas sustantivos en cada ley, las que a su vez son la materialización de la política minera de cada país, enfocadas la mayoría de ellas, en un principio, a incentivar y capturar la inversión privada, en particular la internacional. Hoy, se quieren introducir en ellas cambios que tengan en cuenta a la sociedad civil.En el pasado reciente este material ha sido solicitado estudiado y pedido por gobiernos, universidades, investigadores, promotoras de inversión, congresistas y por supuesto por las empresas mineras interesadas en la selección de alternativas de inversión. Se pretende con el documento, precisar y ordenar las leyes de minería vigentes, dejando de lado el estudio y análisis de su aplicación y modus operandi, habida cuenta de las constantes modificaciones de procedimiento y reglamentarias que se registran. Este compendio sistemático incluye ahora las legislaciones de catorce países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Se ha tratado preservar en cada párrafo la identificación de la ley y el número del artículo correspondiente, con lo cual puede el investigador remitirse al cuerpo legal respectivo para un examen en mayor profundidad. Sólo como una referencia general, se ha mantenido incluído el capítulo séptimo, sobre Incentivos y Garantías a la Inversión Privada, la regulación de la inversión extranjera en los países de la región estudiados, aunque se da por descontado que los cambios en esta materia son tan drásticos y ocurren tan rápido que algunas de las normas citadas pueden haber sido reemplazadas ya sin conocimiento nuestro.Es interesante destacar dos aspectos en los nuevos cambios mineros de tercera generación, fruto de los nuevos conceptos constitucionales desarrollados en América Latina, nos referimos a los conceptos de zonas mineras indígenas y zonas mineras negras, y el tema de la océano - minería o minería marina, ambos insertados en la reciente legislación colombiana. La recopilación inicial de leyes ha sido retomada por el señor Eduardo Chaparro Avila, oficial de Asuntos Económicos, quien mantiene un registro completo y comunicación con los países seleccionados, con el propósito de consignar las modificaciones de carácter general que se introduzcan en cada ley o de introducir nuevas normas de otros paises que se sumen a los seleccionados en un principio, en el trabajo base que fue elaborado por el señor Jorge Berríos por encargo expreso de esta División. La utilización de este texto deberá acogerse con todo rigor a las disposiciones y consideraciones de derecho sobre registro y protección de la propiedad intelectual. La CEPAL continuará actualizando este documento, basándose para ello en las sugerencias, informaciones o cambios sugeridos por los lectores, introduciéndolos en el texto y citando la fuente de origen de la modificación.

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Globalización y equidad, asuntos trascendentes y definitorios para el futuro de nuestros pueblos, son, desafortunadamente términos que reflejan profundas contradicciones, ya que no es la equidad precisamente lo que caracteriza la actual globalización, que con signo neoliberal es propia del mundo de hoy, como expresión contemporánea de la internacionalización de la producción asociada al capitalismo altamente desarrollado. La globalización, en lo que se ha llamado su tercera etapa, se sustenta en significativos avances de las comunicaciones y la informática, que ofrecen amplias posibilidades para el desarrollo. Sin embargo, obtener los beneficios de ese proceso supone una participación equitativa de los avances científico-técnicos que la hacen posible, entendiendo por equidad el acceso en igualdad de condiciones a todo aquello a lo que se tiene derecho, de acuerdo a normas universales de justicia social. Semejantes premisas no están presentes hoy y diríamos que históricamente el concepto moderno de equidad no se ha desarrollado en esa dirección. Desde las tesis liberales de Adam Smith, que concebían el libre juego del mercado como el medio ideal para compatibilizar la búsqueda del beneficio individual con el mayor beneficio social, asistimos a la singular transfiguración del egoísmo personal en una virtud social, dando a la equidad, así concebida en los marcos de la concurrencia, un sello de igualdad de dudosa validez. Precisamente serían los socialistas utópicos primero y los marxistas después, los que cuestionarían el concepto de equidad así sustentado, llegando a la conclusión de que era necesario alcanzar una nueva forma de organización social si se quería lograr un mundo realmente equitativo. Ciento cincuenta años después, en la conciencia de la humanidad se abren paso de forma creciente los principios de equidad y justicia social propugnados por el pensamiento socialista, que impulsan la globalización de la solidaridad en contraposición a la globalización neoliberal. Este debate no solamente se ha desarrollado en Cuba. En el plano internacional tiene una historia más reciente, pero no menos contrapuesta. Después del reparto colonial del mundo y pasadas dos guerras mundiales, los propios intereses del desarrollo capitalista generaron la necesidad de superar el empleo de la fuerza como medio de dominación. La liberación de las antiguas colonias y los nuevos mecanismos de sometimiento neocolonial que la seguirían pusieron de manifiesto como nunca antes la desigualdad en el ejercicio del derecho al desarrollo y la inequidad del orden económico internacional existente. La experiencia de la posguerra demostró que si bien el capitalismo podía propiciar el crecimiento económico, no aseguraba con ello el acceso equitativo a sus frutos, y mucho menos a un desarrollo social adecuado. El debate internacional sobre estos temas tomó el rumbo del derrame sobre el desarrollo de los resultados del progreso, por la vía de un acelerado intercambio comercial que pondría de manifiesto en los años 60 y 70 del siglo pasado el hoy poco mencionado fenómeno del intercambio desigual y la necesidad de promover un nuevo orden económico internacional más justo. La expansión de los flujos financieros internacionales y su contradictorio devenir en los 80, se manifestarían con fuerza en la crisis de la deuda externa y los debates que la compañaron, hoy sepultados bajo la aparentemente infinita capacidad de movimiento del capital financiero especulativo, con sus soluciones salvadoras de corto plazo que no han hecho más que agudizar las contradicciones del endeudamiento creciente del Tercer Mundo, tema que se pretende ignorar hasta en las conferencias financieras más recientes.

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En este número se plantean avances y limitaciones en licencias parentales y maternales para el cuidado y se enfatizan las deudas pendientes. Las múltiples necesidades del cuidado en la primera infancia han tenido escasa traducción legal y práctica, y persisten desigualdades de origen. Para enfrentarlas se requiere de políticas que universalicen, más allá del empleo formal, el derecho de niños y niñas a recibir cuidados, además de un examen profundo de los modelos imperantes de provisión de cuidado infantil desde el nacimiento.

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El tema del diseño de sistemas apropiados de gestión del agua reviste enorme importancia para América Latina y el Caribe. En este documento, se destaca la asistencia técnica dada a un gran número de países en la formulación y puesta en marcha de leyes, regulaciones y políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos. Esto siempre hecho bajo la óptica de que la inserción sustentable del agua en la economía y en la sociedad depende de un adecuado equilibrio entre intereses públicos, ambientales, económicos, sociales y privados.

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