Algunas reflexiones acerca de un formulario censal diseñado para captura de datos mediante tecnología de imágenes (scanners)

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Algunas reflexiones acerca de un formulario censal diseñado para captura de datos mediante tecnología de imágenes (escáner)

El Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 1996 de Uruguay incorporó simultáneamente un conjunto de innovaciones tecnológicas, manteniendo un alto control sobre la calidad de los datos y los costos. Ello cambió radicalmente la organización del trabajo de elaboración de los datos posterior al relevamiento, destacando la importancia de la capacidad institucional para la implementación del proceso con un alto nivel de coordinación. La automatización casi completa de la captura de datos (mediante tecnología de imágenes), la codificación de textos y la depuración de los datos resultantes, permitió -entre otros aspectos- un control de calidad más acucioso de todos los procesos, asegurando la uniformidad de criterios y la obtención de información detallada sobre los niveles de error obtenidos dentro de los rangos definidos. El análisis pormenorizado del "mapa" de los diferentes niveles de error de la captura de datos revela la existencia de múltiples factores de importancia que deben considerarse en el diseño de un cuestionario censal. Los avances tecnológicos producidos con posterioridad y los resultados globalmente positivos de una experiencia pionera -como la relatada- permiten predecir avances significativos en la calidad y eficiencia del procesamiento de los datos censales del futuro.

Captura de carbono y desarrollo forestal sustentable en la Patagonia argentina: sinergias y desafíos

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Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo

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El financiamiento para el desarrollo y los países de renta media: nuevos desafíos

Un criterio comúnmente utilizado para clasificar países -empleado, inclusive, por los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- es el que se basa en el ingreso per cápita como el principal factor para definir los grupos. Esta clasificación se relaciona con la idea de que los países deberían asumir la responsabilidad de su propio desarrollo luego de alcanzar un cierto nivel de ingresos (proceso denominado "graduación"). Sin embargo, el uso de límites arbitrarios de ingresos para definir categorías acarrea muchas consecuencias importantes. En primer lugar -sobre todo en el caso de los países que están cerca de la línea divisoria entre un grupo y otro-, la "graduación" se puede alcanzar simplemente debido a modificaciones marginales en las condiciones económicas, pero puede provocar cambios mayores en el área de la asistencia para el desarrollo, como la suma recibida por este concepto y las condiciones -la mayor o menor concesionalidad- en que esta se entrega. En segundo lugar, el proceso de ascender a una categoría de ingresos superior no es lineal, y muchas veces los países retroceden al estado anterior. Esto demuestra una vez más que el cambio de categoría puede no ser el resultado de transformaciones fundamentales en la realidad del desarrollo de los países, sino solo reflejar modificaciones marginales en las condiciones económicas. Finalmente, lo más importante es que el uso de límites de ingresos conduce a agrupar los países de un modo que no captura la compleja naturaleza del desarrollo y la diversidad de situaciones que existen en cada grupo y en cada miembro de esos grupos. En particular, los países de renta media considerados como un grupo constituyen un pilar fundamental de la economía mundial; representan una gran proporción de la actividad económica y el comercio, y son el hogar de la mayoría de la población del mundo y de la mayoría de los pobres del mundo. No obstante, si se observa más detenidamente a este grupo, llama la atención la heterogeneidad existente entre los países que lo componen. Al agrupar a los países según el nivel de ingresos, no se toma en cuenta el amplio rango de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. En América Latina y el Caribe, casi el 90% de los países pertenecen a la categoría de renta media. Las diferencias de un país a otro se presentan en un amplio rango de variables, no solo relacionadas con el tamaño y la situación de la economía, sino también con la situación social y las condiciones estructurales vinculadas al potencial de desarrollo y al desempeño productivo. Sin embargo, los países donantes y los organismos multilaterales rara vez toman en cuenta esta amplia diversidad de capacidades y necesidades al establecer prioridades para la asignación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La lógica seguida en las últimas décadas fue canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos, incluidos los clasificados como países menos desarrollados, en detrimento de los países de renta media. Se presume que, dado que estos últimos tienen un ingreso medio más elevado, sus necesidades deben de ser menores. Para una región de renta media como América Latina y el Caribe, esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo cayera desde un monto ya bajo (9%) en 1990 a uno todavía inferior (7%) en 2009, en contraste con África y Asia, que reciben la mayor proporción (un 37% y un 30%, respectivamente). Si bien es esperable que el sistema de cooperación internacional se centre en nivelar el campo de juego de las economías de bajos ingresos y reducir la brecha del desarrollo con respecto a los países más avanzados, su mandato no debería limitarse a este objetivo. El sistema de cooperación internacional debería buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo que no solo se oriente a las necesidades de los países de bajos ingresos, sino que también considere las diversas necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media. Para que esto sea posible, es fundamental tener un conocimiento integral, en cada caso, de las áreas que presentan mayor necesidad y son más vulnerables, e identificar las principales brechas entre las necesidades y las posibilidades, de modo que la asistencia para el desarrollo pueda asignarse adecuadamente. Un paso crucial en esta dirección sería la revisión de los métodos utilizados para clasificar países y la sustitución de los criterios actuales (basados en los ingresos) por nuevos indicadores que sean más adecuados para esta clasificación. Estos nuevos indicadores deberían ser capaces de captar la naturaleza multifacética del problema del desarrollo y, por lo tanto, permitir la formación de grupos de países menos heterogéneos entre sí. Más específicamente, los indicadores deberían reflejar los desafíos estructurales y las áreas vulnerables existentes en los países de renta media y que no son captados por el criterio del ingreso per cápita. En el caso de los países de renta media de América Latina y el Caribe, estos desafíos de largo plazo y áreas vulnerables pueden resumirse en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó como brechas clave que deben cerrarse para evitar caer en la "trampa de la renta media" y avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible y dinámico que tenga como eje central la equidad (CEPAL, 2010a). Estas son: la brecha del financiamiento, la brecha de la desigualdad y la protección social, la brecha del capital humano y la brecha de la productividad y la inversión. Además de elaborar mejores criterios para la asignación de AOD, la comunidad internacional debe persistir en la tarea de aumentar los recursos disponibles para el financiamiento para el desarrollo. El nivel actual de financiamiento otorgado a los países en desarrollo por medio de la AOD es claramente insuficiente y, por lo tanto, en ocasiones se aumenta la asistencia a ciertos países o regiones a expensas de otros -como los países de renta media- que también tienen importantes necesidades. A pesar de los esfuerzos por parte de los países donantes para elevar el monto de AOD, los niveles de asistencia en 2010 alcanzaron un promedio de apenas un 0,32% de su ingreso nacional bruto (INB), muy por debajo de la meta del 0,7% acordada internacionalmente. Asimismo, las finanzas públicas de muchos donantes se deterioraron sustancialmente como consecuencia de la crisis mundial, lo que hace menos probable el incremento de los niveles de asistencia. Dado que el escenario posterior a la crisis ha agregado nuevas áreas de vulnerabilidad a las que tradicionalmente enfrentan ciertos países en desarrollo, persistirá la tensión entre la escasez de recursos y las grandes necesidades. Por estos motivos, es de vital importancia que la comunidad internacional aúne sus fuerzas para encontrar formas innovadoras de movilizar recursos para el desarrollo que sean adicionales, y no sustitutos, de los flujos de AOD. Los países del norte y del sur se han unido en diferentes ocasiones para elaborar mecanismos de financiación innovadora para el desarrollo. Las propuestas abarcan desde impuestos globales específicos hasta mecanismos para facilitar las donaciones voluntarias privadas de un individuo a otro. Algunas de las propuestas ya se están llevando a cabo, y los resultados son alentadores. No obstante, aún queda mucho por hacer, por lo que la comunidad internacional debería emprender una seria labor en este sentido.

Análisis económico de externalidades ambientales. Guía para decisores

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Alianzas público-privadas para una visión estratégica del desarrollo

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Las barreras medioambientales a las exportaciones latinoamericanas de camarones

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Exportaciones no tradicionales latinoamericanas: un enfoque no tradicional

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Indicadores de capacidades tecnológicas en América Latina

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Las reformas energéticas en América Latina

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Evaluación de la aplicación de los beneficios tributarios para la gestión e inversión ambiental en Colombia

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Sostenibilidad y seguridad de abastecimiento eléctrico: estudio de caso sobre Chile con posterioridad a la ley 20.018

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Determinantes de las tasas de reemplazo de pensiones de capitalización individual: escenarios latinoamericanos comparados

La aparición de las cuentas individuales como mecanismo de financiamiento substitutivo o parcial de los sistemas de pensiones de la seguridad social y su significativa expansión en América Latina, y más tarde en algunos países de Europa del Este, abrió un interesante y no pocas veces acalorado debate sobre los objetivos, alcances y principios inherentes a su funcionamiento. Uno de los objetivos explícitos de estas reformas fue mejorar los niveles de suficiencia de las pensiones; es decir, la relación entre los montos de las pensiones y los salarios con base en los cuales se pagan las contribuciones. Pero ello continúa siendo un tema muy polémico entre los defensores y detractores de las cuentas individuales. El concepto tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el nivel de ingresos con que se realizaron las aportaciones a lo largo del ciclo laboral del individuo. La aproximación utilizada habitualmente para calcularlas compara los salarios cotizables previos a la jubilación con los montos de pensión disponibles tras el retiro y es el considerado en este trabajo para favorecer la comparación internacional de los resultados y el uso de las bases de datos disponibles. Pero el presente análisis no versa sobre las tasas efectivas de reemplazo a escala individual que obtendrían quienes están o estarán recibiendo beneficios, ya que ellas, al depender de las características y trayectorias individuales de las personas seleccionadas, no serían representativas de las pensiones que brinda el sistema en su conjunto para la población meta establecida en una ley de seguridad social. Para indagar en el perfil de las tasas que los sistemas de pensiones ofrecen al conjunto de la población, el presente estudio las simula para diferentes países, bajo diferentes escenarios. Utiliza como unidad de análisis al individuo, por medio de una medición teórica prospectiva de largo plazo que captura datos transversales promedios, combina las principales características individuales del grupo cubierto y evalúa la sustitución de los ingresos de los trabajadores asalariados, en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay según los factores determinantes de las tasas. Estos factores determinantes son múltiples: económicos, socio-demográficos y programáticos, es decir, relativos al diseño, organización financiera y régimen administrativo de los sistemas de pensiones. Dichos factores en su interacción generan resultados muy distintos en cada país por sector económico, género, edad, nivel de ingreso etc. Se trata de identificarlos y de captar la relevancia y la magnitud de su incidencia.