72 resultados para Derecho ambiental-México


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La presente Guía busca apoyar la elaboración de canastas desde un enfoque normativo y de bienestar, cuyo centro sea el Derecho Humano a la Alimentación. Parte de la experiencia en la construcción de canastas para la determinación de los umbrales de satisfacción de las necesidades alimentarias utilizadas para la medición de la pobreza. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ellas, construye los mínimos como mínimos de bienestar y tiene como parámetro normativo cumplir adecuadamente con el Derecho Humano a la Alimentación. Este tipo de canasta, además de ser utilizado para definir los umbrales para la medición de la pobreza, puede usarse para evaluar la satisfacción del Derecho Humano a la Alimentación.

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Contribución para el capítulo 2E, La equidad y la sustentabilidad ambiental de la "Pauta del temario del documento dirigido a la Reunión Preparatoria de México", preparada por la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos de la CEPAL

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El presente estudio tiene el objetivo, por una parte, de proponer un enfoque metodológico para introducir en el análisis de la política monetaria la consideración de un conjunto de derechos humanos y, por otra, aplicarlo a México, Guatemala y Costa Rica, los tres países latinoamericanos indicados por la Sede Subregional de la CEPAL en México. Los derechos humanos considerados para este trabajo, siguiendo las instrucciones de la CEPAL, son el derecho a un trabajo digno, el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a una vivienda decente y salubre.

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El tema del diseño de sistemas apropiados de gestión del agua reviste enorme importancia para América Latina y el Caribe. En este documento, se destaca la asistencia técnica dada a un gran número de países en la formulación y puesta en marcha de leyes, regulaciones y políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos. Esto siempre hecho bajo la óptica de que la inserción sustentable del agua en la economía y en la sociedad depende de un adecuado equilibrio entre intereses públicos, ambientales, económicos, sociales y privados.

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En este documento se examina la pertinencia y oportunidad de las Reformas Fiscales Ambientales (RFA) para tres servicios públicos en cinco países de la región (Chile, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay). Se discute el significado de la RFA en la oferta y uso de esos servicios y se muestra que existen prioridades comunes y específicas de cada país, dependiendo de cómo son producidos, “comercializados” y utilizados, lo que a su vez se relaciona con las estructuras sociales y productivas, las políticas públicas, y la conformación y dinámica de los mercados relevantes. Luego de caracterizar las estructuras de mercado, políticas de precios y tarifas, y acceso o uso de los servicios por estratos de hogares y sectores productivos, se identifican políticas fiscales ambientales que cabría considerar, tomando como referencia las experiencias exitosas de países más avanzados. Se identifican los posibles efectos no deseados por su regresividad o deterioro de la competitividad de agentes productores y se discuten medidas compensatorias o complementarias de las innovaciones ambientales.

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El presente estudio tiene por objeto relacionar la problemática del desarrollo sostenible con la explotación de gas natural no convencional a nivel general y en específico para los países seleccionados

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La medición del gasto en protección ambiental permite evaluar el desempeño, la eficacia y el impacto de políticas, planes, programas e instrumentos económicos de gestión ambiental. Sin embargo, para medir los progresos y realizar ajustes a las políticas ambientales es necesario que estas mediciones sean sistemáticas, continuas y estandarizadas. En América Latina y el Caribe existen experiencias de cálculo del gasto en protección ambiental del sector público, aunque la mayoría no ha perdurado en el tiempo. Las mayores dificultades en la medición de este gasto se asocian con la falta de uniformidad de conceptos y clasificaciones, la doble contabilidad y los escasos registros administrativos existentes. Para abordar los retos mencionados es necesario un marco ordenador, basado en estándares internacionales, que permita fortalecer las capacidades técnicas de los países y calcular el gasto en protección ambiental de manera regular. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México han elaborado esta guía metodológica, con el fin de apoyar los esfuerzos de los países vinculados a la generación y difusión de estadísticas oficiales sobre el gasto en protección ambiental.

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El panorama demográfico internacional apunta en una misma dirección: la población mundial está envejeciendo. América Latina y el Caribe no es la excepción, las grandes transformaciones de las décadas pasadas abren paso a nuevas realidades en la región. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 22, señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, y en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.