102 resultados para Actividades económicas


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Las actividades económicas y las poblaciones de la zona rural de Centroamérica y la República Dominicana están altamente expuestas a amenazas climáticas que se agravan dada la alta vulnerabilidad de sus estructuras económicas y sociales. Ante los elevados riesgos resultantes, es urgente reducir las vulnerabilidades y blindar las estructuras económicas mediante una estrategia de gestión integral de riesgos que incluya opciones de de seguros agropecuarios. El éxito del desarrollo del mercado de seguros agropecuarios está en función, en buena medida, del esfuerzo concertado para fortalecer la gestión integral de riesgos en las actividades productivas y poblaciones de las zonas rurales. Este documento se realizó conjuntamente con el Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgo y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, instancia de los Ministros de Agricultura de Centroamérica y la República Dominicana en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). A partir de las lecciones de proyectos previos de asistencia técnica para la región, la experiencia de las propias instituciones nacionales, la de otros países latinoamericanos y documentos claves como la sistematización de experiencias y recomendaciones desarrolladas por instituciones multilaterales, se propone y evalúa un marco de análisis para el desarrollo del mercado de seguros agropecuarios en cuatro áreas específicas: marco institucional, marco legal y mecanismos financieros, gestión integral del riesgo y desarrollo del negocio de aseguramiento agropecuario. Tomando en consideración la evaluación de la situación actual del mercado de seguros agropecuarios en la región, se recomiendan líneas de acción de política pública para la gestión integral de riesgos y el desarrollo de los seguros agropecuarios a corto y mediano plazos.

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En el presente artículo se indican y analizan evidencias empíricas de la absorción tecnológica externa propiciada por actividades que la empresa realiza internamente. Se establecieron indicadores de aprendizaje interno y externo que se aplicaron en modelos de causalidad estadística, utilizados como método para distinguir posibles formas de absorción tecnológica. Los sectores de la actividad industrial son las unidades básicas de referencia de la investigación a nivel de los tres dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (cnae), que aprovecha la información emanada de la Encuesta de Innovación Tecnológica (pintec por sus siglas en portugués) del Brasil. Según los resultados, se advierte que las actividades de investigación y desarrollo (i+d) a nivel interno son la principal fuente de absorción tecnológica, seguidas por los conocimientos generados a partir del “aprendizaje práctico” y las “prácticas de capacitación”.

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Hay un consenso entre académicos y practitioners sobre la existencia de una relación positiva entre más y mejor infraestructura y crecimiento económico. Respecto del fenómeno más amplio del desarrollo, la literatura ha procurado desentrañar los nexos teóricos y las regularidades empíricas entre la infraestructura con la productividad, por un lado, pero también con la inclusión social y la equidad, por otro. La infraestructura efectúa diferentes aportes. El capital de infraestructura no es homogéneo y tampoco lo es su efecto sobre los aspectos distributivos. El agua y el saneamiento tienen un nexo particular con la salud de la población en general, con la mortalidad infantil, con la salud de los infantes, su capacidad de aprendizaje y de adquisición de destrezas laborales. En materia de transporte, la reducción de costos y tiempos tiene un impacto económico directo en actividades económicas de producción, distribución doméstica e internacional. Pero también tiene dicha infraestructura un rol que cumplir en lo social y distributivo al reducir accidentes fatales y heridos graves en los sectores naturalmente más vulnerables a los mismos, que son los pobres. Bajo el paraguas general de la infraestructura, se pueden incorporar una serie de instalaciones que permiten la prestación de determinados servicios, algunos con muy fuertes inversiones de capital fijo, unos domiciliarios y otros que no lo son necesariamente, pero que comparten en común la existencia de redes (de transporte, de cableado, de cañerías) y un fuerte concurso de capital físico y tecnología, así como la necesidad de mantenimiento periódico con fuertes inversiones.

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Los mecanismos de solución de diferencias contribuyen a que los agentes económicos puedan contar con un ambiente lo suficientemente predecible y certero para desarrollar sus actividades económicas en el ámbito internacional. En este contexto es importante evaluar, tras el cumplimiento de una década de funcionamiento del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los avances logrados por América Latina y el Caribe, región que más participó de dicho mecanismo en este período y cuyos países reunieron resultados importantes en contra del proteccionismo en sectores esenciales para sus exportaciones los que constituyen precedentes clave que influirán en las próximas negociaciones multilaterales y en las futuras diferencias comerciales. Este artículo presenta un balance genérico de la labor realizada por el OSD, la actuación de los grandes protagonistas del sistema (Estados Unidos y la Unión Europea) y los avances logrados por los países de la región en un escenario mundial que viene destacándose por la complejidad de los temas comerciales y de la normativa jurídica que los regula.Las constataciones presentadas en este artículo se basan en el estudio "Una década de funcionamiento del Sistema de Solución de Diferencias de la OMC: avances y desafíos".

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En la región centroamericana, Guatemala ha sido pionero en la elaboración y utilización proactiva de “Cuentas de Energía”, las cuales se definen como un marco contable que proporciona una descripción detallada del uso de energía por las distintas actividades económicas y brindan un registro de la producción de emisiones asociado a las distintas fuentes energéticas utilizadas. La estructura contable para desarrollar dichas cuentas se basa en las clasificaciones y definiciones del “Sistema de Contabilidad Nacional”, principal instrumento de medición del desempeño económico en los países de la región centroamericana y del mundo. Uno de los objetivos de las cuentas es la estimación del desempeño energético de las distintas actividades económicas, lo cual se logra mediante una serie de indicadores. La experiencia tanto en la construcción, como en el uso de las “Cuentas de Energía”, ha sido muy aleccionadora para el país y hace pensar del gran potencial que éstas tienen como un instrumento para el seguimiento del uso eficiente de energía a nivel macro y sectorial, tanto en el ámbito nacional como regional. Es por ello que se desarrolla este ensayo, que incluye una discusión sobre las posibilidades reales de implementar y utilizar las “Cuentas de Energía” en países en vías de desarrollo como complemento a los ya conocidos balances energéticos y estadísticas energéticas tradicionales, en particular en su aplicabilidad en países centroamericanos. Para el desarrollo del ensayo, se utilizan, como estudio de caso, el ejercicio de las “Cuentas de Energía” de Guatemala para el período 2001-2006, describiendo las lecciones aprendidas del proceso de implementación, desde los arreglos institucionales hasta el uso de la información por los actores clave.

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Las actividades económicas generan diversos beneficios económicas y sociales pero, por desgracia, tienen también consecuencias negativas tanto en las mimas actividades económicas como en el bienestar de la población y el medio ambiente. Este conjunto de efectos negativos, desde la óptica de la literatura económica, se derivan de fallas de mercado que ocasiona estas externalidades negativas. Esto es, las actividades económicas generan efectos colaterales tales como emisiones o desechos que son depositados en el medio ambiente sin costo económico alguno y que generan impactos negativos.Las políticas públicas buscan reducir o eliminar estas externalidades negativas a través de la aplicación de diversas regulaciones o del uso de algún incentivo económico en donde destacan por su importancia el uso de diversos impuestos de corte ambiental. Estos impuestos ambientales tiene su fundamento teórico en el impuesto Pigou, que busca internalizar el costo de las externalidades negativas generadas por los agentes económicos.Este tipo de impuesto permite fundamentar la utilidad de aplicar impuestos verdes o ambientales para controlar o reducir las externalidades negativas y obtener incluso otros efectos positivos a través de los subsidios. Por desgracia, en América Latina es aún incipiente la aplicación de algunos de estos instrumentos fiscales. El principal objetivo de este documento es presentar la aplicación de este tipo de impuestos ambientales para automóviles y para botellas de plástico en Ecuador.

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El cambio climátio tiene impactos significativos sobre las actividades económicas, las condiciones sociales y los escosistemas a través de diversos canales de transmisión. El objetivo de esta publicación es brindar una aproximación sobre la magnitud de estos efectos en el empleo en la región.

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Las actividades económicas generan, de forma colateral, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que conforman el fenómeno del cambio climático. En este sentido, la teoría económica sugiere diversas soluciones de política pública en donde destacan el uso de impuestos a las emisiones de CO2, la conformación de un mercado de emisiones a través de la creación de un sistema de permisos comercializables o el uso de regulaciones especificas que limita las emisiones de gases de efecto invernadero . Cada una de estas opciones tiene desde luego ventajas y desventajas. En este contexto, existen diversas propuestas que buscan apuntalar el uso de algún tipo de impuesto al carbono; en particular en la modalidad de un impuesto al carbono en referencia a las importaciones de los países desarrollados. Este mecanismo gravaría a las importaciones hacia los países desarrollados atendiendo al contenido de carbono de los productos. En este sentido, resulta relevante identificar la viabilidad y consecuencias potenciales de la imposición de este tipo de impuesto en América Latina.