El derecho a entornos saludables para la infancia y la adolescencia. Un diagnóstico desde América Latina y el Caribe

Entornos saludables: deudas pendientes que afectan a la infancia y la adolescencia.En esta nueva edición, resaltamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a entornos saludables, con énfasis en el acceso adecuado a agua potable y saneamiento, tanto en diagnóstico como en políticas. Es nuestro aporte a los desafíos planteados por la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El derecho a la educación: Una tarea pendiente para América Latina y el Caribe

El derecho a la educaciónUna vez más nuestro boletín asume los desafíos planteados por la Declaración del Milenio y el enfoque de derechos humanos plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta vez examinamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación.

El derecho a la identidad: Los registros de nacimiento en América Latina y el Caribe

El derecho a la identidad: Los registros de nacimiento en América Latina y el CaribeUn rostro sobrecogedor de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe es no estar registrados como nacidos y nacidas y, con ello, carecer de toda identidad legal. Esto implica no poder ejercer derechos ciudadanos básicos y enfrentar trabas en el acceso a prestaciones sociales, al sistema de justicia, al reconocimiento como personas en plenitud, al derecho al bienestar, al desarrollo de capacidades, al acceso a empleos productivos y a la participación política.

Políticas tarifarias y regulatorias en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el derecho humano al agua y al saneamiento

Incluye bibliografía.

La adolescencia y el derecho a la educación

Existen diversos pactos, convenciones y acuerdos internacionales que prescriben de manera inalienable el derecho de todos y todas a la educación, aunque la expresión de este derecho, en cantidad y calidad, varía de un país a otro. El promedio de enseñanza obligatoria, establecida por derecho, es de diez años en los países de la región, si bien en el 50% de ellos toda la enseñanza secundaria (baja y alta) ya es obligatoria. Esto es razonable, si se considera como un umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. El artículo central de esta edición de Desafíos profundiza en este tema y muestra los rezagos y metas para avanzar en la plena titularidad del derecho a la educación en adolescentes. Destacan la baja tasa de conclusión de la educación secundaria y de aprendizajes pertinentes, la fuerte estratificación socioeconómica y sociocultural, los atrasos en competencias ciudadanas y la persistencia de un nivel relativamente alto en deserción escolar, sobre todo a lo largo del ciclo secundario. Sin duda el principal reto para avanzar en el derecho a la educación es reducir brechas de logro y aprendizaje, favoreciendo a los grupos que hoy presentan mayor postergación. Junto al artículo central, y como es habitual, se informa sobre encuentros y conferencias en la región acerca de este tema durante el semestre en curso, se presentan opiniones expertas y de adolescentes, y se destacan experiencias positivas de promoción de asistencia escolar en el Uruguay y en la República Dominicana.

El derecho de las personas mayores a la autonomía, la salud y la vida independiente en la Unión Europea

Este trabajo se ocupa del tema de la autonomía y la salud de la población adulta mayor de Europa en relación con distintas modalidades de atención institucional, una vinculación que se establece sobre todo debido a que en las residencias de larga estadía las personas mayores se encuentran expuestas a serias violaciones de sus derechos humanos, derivadas de una mala atención y del descuido de su dignidad, en razón de la discriminación por edad y de la percepción de la vejez como un destino inevitable. Se abordan dos temas principales: las crecientes limitaciones al ejercicio de los derechos humanos debido a la escasez de recursos y la austeridad, y el marco vigente de protección de estos derechos para responder a los desafíos que enfrentan hoy las personas mayores.