Alianzas público-privadas para una visión estratégica del desarrollo

Incluye Bibliografía

Vieillisement de la population et économie générationnelle: principales conclusions

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México: un CANálisis de su competitividad internacional

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El impacto de las reformas estructurales en la agricultura colombiana

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Indicadores de desempeño en el sector público

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Consideraciones económicas sobre la política industrial

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Proceso de consolidación de los mercados mayoristas de electricidad en los países centroamericanos

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La utilización de las encuestas de uso del tiempo en las políticas públicas

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Federalismo ambiental en América Latina: una revisión

El rol del Estado en la economía incluye una serie de funciones que implican la definición y el diseño de la política pública. Desde la segunda mitad del siglo XX, la adscripción de responsabilidades en la toma de decisiones del Estado con respecto a la política ambiental, en general y, a la política referente al cambio climático, en específico, ha cobrado una mayor relevancia. El objetivo del presente estudio es analizar, desde la perspectiva del “federalismo ambiental”, condiciones relacionadas con el éxito de una política ambiental. En primer lugar, el estudio presenta distintas consideraciones para decidir si se debería utilizar una política ambiental uniforme para toda la nación o una diferenciada por regiones. En segundo lugar, examina si el objetivo de la misma debería regionalizarse o no, dependiendo de las diferencias económicas, sociales y ambientales existentes dentro de cada país. En tercer lugar, observa las circunstancias para que el diseño federal de política ambiental resulte en un incremento en el bienestar de la población. En cuarto lugar, analiza las condiciones para que el gobierno federal pueda intervenir en la solución de problemas que se puedan presentar. En quinto lugar, busca comprender cómo elaborar el diseño de un esquema cooperativo entre los distintos estados, de manera que la política ambiental sea armónica en la situación en la que ésta se descentralice. Finalmente, identifica cuál o cuáles son los niveles de gobierno que deberían hacerse cargo de los costos del diseño y la implementación de una política ambiental.