13 resultados para proyectos institucionales de participación

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.

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La compleja realidad latinoamericana se encuentra aún caracterizada por la pobreza, la exclusión social, los altos índices de corrupción pública y privada, la violación de los derechos humanos y por una ineficacia gubernamental generalizada. Esta situación requiere; sin lugar a dudas, de un nuevo abordaje que implique el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan aunar esfuerzos entre el Estado, los ciudadanos y la sociedad civil en beneficio de construir soluciones viables de corto, mediano y largo plazo en un ambiente de libertad, inclusión, responsabilidad y eficiencia. En ese contexto de necesidades, especialistas y expertos han volcado la mirada, y puesto su atención en la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión pública, como una alternativa de cambio institucional y de “perfeccionamiento” de nuestras democracias. ¿Será posible entonces, impulsar un nuevo esquema de funcionamiento democrático, donde el ciudadano, el pueblo, y la sociedad civil ocupen el lugar de protagonismo frente al Estado, sus instituciones y su gobierno? ¿Puede contribuir la participación ciudadana a alcanzar la senda del desarrollo, la prosperidad y la modernidad, en nuestros países? Exploremos algunos de sus rasgos distintivos y tal vez, luego obtendremos conclusiones.

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En el Ecuador, la Industria de la Construcción, la Industria del Bienestar Humano en la presente década acusa un notable crecimiento y desarrollo, se espera que en los próximos años este crecimiento sea mayor y más sostenido considerando la intervención en esta actividad de financistas institucionales como es el caso del IESS, Mutualismo, Bancos Privados, múltiples Cooperativas y el fortalecimiento del Banco Ecuatoriano y el Ministerio de la Vivienda así como visionarios del sector privado. La presente investigación, que hoy con mucho beneplácito presentamos a los profesionales del país, permite diseñar y mantener sencilla y práctica guía que facilite y estandarice los procesos administrativos y contables, tanto en el desarrollo de obra como en oficina, a fin de que las empresas constructoras y constructores del país realicen sus actividades de forma eficiente y coordinada, que les permite llevar un optimo control a sus procesos constructivos, obtengan información eficiente que guíe el control sobre la calidad del avance de obra Vs. Los aspectos financieros. La utilización de los procedimientos descritos en este libro ayudará al constructor al cumplimiento de planes y programas en fortalezcan la toma de decisiones de manera ágil, organizada y enmarcada en su planificación.

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El presente trabajo tiene como propósito determinar ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los actores locales ante las barreras jurídicas que se imponen en los procesos de integración transfronteriza?, para lo cual se analizará el proceso de integración colombo-ecuatoriano, direccionado hacia la movilidad transfronteriza de personas, lo cual tiene una repercusión en los ámbitos económico, político y social. Para llevar adelante esta acometida se aborda un análisis de la normativa comunitaria andina en especial las decisiones relacionadas con la temática fronteriza, así como las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a la integración y la movilidad humana. Se aborda un estudio de cómo el diseño de las políticas de integración transfronteriza ha sido ejecutado desde una perspectiva centralista; lo cual ha generado la falta de participación de la sociedad civil y gobiernos locales en la implementación de normativa transfronteriza; y, cómo bajo la política de seguridad se han implementado barreras jurídicas que no permiten el libre tránsito de personas en países miembros de la Comunidad Andina. Los principales temas abordados en la tesis los podemos sintetizar en: la conceptualización de fronteras y su operación en los procesos de integración, para lo cual se aborda un estudio de las políticas de integración transfronteriza desde una perspectiva centralista, y una redefinición del concepto de fronteras; las Zonas de Integración Fronteriza existentes en el ámbito de la Comunidad Andina; los límites jurídicos al libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales; abordándose de manera especial la implementación del pasado judicial para ciudadanos colombianos en el Ecuador.

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Durante los últimos años Venezuela ha experimentado un proceso de cambio de tipo político, económico y social, en el que el poder popular, y con ello las organizaciones de base, han sido identificados por la política gubernamental como el motor de cambio y transformaciones sociales. Conforme con ello, la conformación de Consejos Comunales, a través de disposiciones legales e institucionales, se han configurado como la instancia básica de organización, a través de la cual el pueblo está en capacidad de formular, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas, aunado a la formulación de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades. En ese sentido, como instancia de participación y articulación de las diversas organizaciones comunitarias, en el que se redefine la concepción de democracia, los Consejos Comunales combinan estrategias desde arriba y dinámicas desde abajo. Por lo que se considera, que más que un lineamiento político derivado de la estrategia gubernamental, es una instancia que responde a un proceso de larga trayectoria, que tiene sus orígenes en la contienda política de los años ochenta y noventa. Por ende, su conformación deriva del proceso de deslegitimación del sistema populista de conciliación de élites de la democracia puntofijista y del deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana, en el marco de la aplicación de políticas de corte neoliberal. Escenario, en el que el gobierno de Hugo Chávez, viene a canalizar el descontento existente, para pasar a la ampliación de las oportunidades políticas de la organización popular. Se genera entonces un proceso organizativo en el que no sólo se plantean oportunidades, sino también límites a la acción comunal. Donde la polarización moviliza y los pequeños cambios culturales que se logran desde las reivindicaciones económicas y de los logros obtenidos en la transformación de la calidad de vida, podrían apuntar hacia conformación de una voluntad colectiva nacional-popular.

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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.

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La siguiente investigación fue realizada para la obtención del título de Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. El estudio consiste en analizar la influencia de los procesos de cambio institucional en la formulación, gestión y efectivización de los proyectos de MDLs en Ecuador y Chile. Por ello, en un primer momento, se presenta una introducción de la problemática de la institucionalidad relacionada al tema del cambio climático tratada en éste trabajo y situándola en la actualidad académica. En el segundo capítulo, se realiza un planteamiento teórico de los procesos institucionales y de la gestión y funcionamiento de MDLs desde la perspectiva de los nuevos enfoques institucionalistas, exponiendo la necesidad teórica de generar un modelo empírico multidimensional para captar mejor los desafíos de las características de los nuevos bienes comunes. Este modelo será utilizado para el tratamiento de las experiencias de los procesos de cambio institucional frente al cambio climático y los MDL en Ecuador y Chile. En el tercer capítulo se presenta, analiza y ubica la situación, el potencial y las experiencias empíricas chilenas y ecuatorianas, para determinar la dinámica de gestión, formulación y eficiencia de los proyectos de MDL, en el tiempo y en el lugar. En el último capítulo se discute lecciones, recomendaciones y su alcance empírico y teórico, antes de presentar las conclusiones finales.

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Analiza la garantía extrainstitucional de participación de las personas y grupos sociales en el procedimiento legislativo para exigir, mediante la deliberación, la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución y a los estándares del corpus iuris de derechos humanos. Presenta el tratamiento adoptado por la Asamblea Nacional a las observaciones sociales a proyectos de ley, concluyendo que no se han generado espacios verdaderamente democráticos y que el procedimiento no está reglado integralmente por lo que no se garantiza, en la práctica, que la decisión de incorporar o no las observaciones sociales sea debidamente motivada por parte del legislador.

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En esta investigación realizo un análisis respecto del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, derecho que está contemplado en la Constitución, a fin de determinar su nivel de ejercicio por parte de la sociedad civil y su respeto, garantía y cumplimiento por parte del Estado. Se considera al derecho a la participación social en el procedimiento legislativo como una de las expresiones de la vigencia de una democracia participativa y deliberativa, garante de la adecuación material de la legislación a la Constitución. Luego de la presentación de los marcos doctrinario, constitucional, legal y reglamentario, analizo el procedimiento legislativo adoptado en la tramitación de una muestra de proyectos de ley en materia de derechos humanos, tramitados por la Asamblea Nacional, AN, en el período comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Del análisis, evidencio las limitaciones del procedimiento adoptado en la mayoría de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la AN y planteo alternativas para lograr la vigencia del derecho a la participación social en la creación legislativa del derecho.

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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La gestión del riesgo durante un largo periodo, ha sido vista de manera ausente en la política pública del Estado. Es por ello que en la actualidad, la nueva visión de la gestión integral de los riesgos en las Entidades del Gobierno se orientan a una política de Estado que responde a la necesidad de prevenir, mitigar y establecer un plan de contingencias ante la presencia de estos. En el caso del presente documento se analizará la planificación integral de gestión de riesgos para los proyectos: Minicentral Hidroeléctrica y Biomasa – Aceite Piñón, dando énfasis en el análisis cuantitativo a través de la elaboración de la viabilidad financiera, a fin de establecer herramientas que contribuyan a determinar la sostenibilidad y sustentabilidad en la ejecución de proyectos en el Sector Eléctrico La temática se constituye en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta una reseña del sector eléctrico, sus funciones y atribuciones dentro del Gobierno Central, así también el objetivo del documento para el manejo de la gestión de riesgos en este nivel. El segundo capítulo detalla el ámbito legal bajo el cual se rige el sector eléctrico en cuanto a gestión de riesgos se refiere. El tercer capítulo muestra la estructura orgánica funcional del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y su cumplimiento con la misión, visión y objetivos institucionales. El cuarto capítulo se refiere al análisis y comparación del marco teórico de las metodologías: Project Management Body of Knowledge – PMBOK y Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission – COSO a fin de determinar cuál de estas se ajusta a la naturaleza del Sector. El quinto capítulo se centra directamente en la planificación integral de la gestión de riesgos de los proyectos antes mencionados, mostrando su análisis desde la planificación, identificación mediante la cual se registra una lista corta de riesgos, análisis cualitativo en donde se estableció la matriz de probabilidad e impacto de riesgos, análisis cuantitativo efectuado a través de la ejecución del flujo financiero, plan de respuesta y monitoreo y control. El capítulo seis presenta las conclusiones y recomendaciones. Finalmente el capítulo siete detalla la bibliografía utilizada en el presente documento.

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El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.