13 resultados para Sistema de soporte a la decisión ambiental

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La función social de la educación, como sistema es asegurar que la sociedad se apropie y reproduzaca la cultura dominante. Pero la educación constituye a la vez, la herramienta imprescindible para promover la transformación social. A partir de estas premisas, el presente trabajo reflexiona respecto de la función social asignada a la educación ambiental en la construcción de las comprensiones individuales y sociales de las relaciones sociedad-naturaleza-desarrollo. Esta investigación educativa apunta a ensayar respuestas a la pregunta ¿De qué manera la educación ambiental, asumida como política educativa en el bachillerato, contribuiría a transformar las relaciones sociedad- naturalezadesarrollo en el contexto de la Constitución 2008, aportando a la sociedad del buen vivir? La tesis desarrolla tres capítulos. El primero realiza un acercamiento cronológico, reflexivo y crítico a las políticas educativas globales, de enfoque antropocéntrico, que emergen de Cumbres internacionales sobre el desarrollo y que asignan a la educación ambiental la tarea de formar conciencia ambiental para lograr desarrollo sostenible. El segundo refleja la fuerza de dichas políticas en la orientación de las políticas educativas del país y devela la progresiva ubicación de la educación ambiental en las fronteras de las propuestas curriculares del sistema educativo. El tercero reflexiona respecto de las implicaciones para la función social de la educación ambiental, frente al referente ideológico biocentrista de la Constitución 2008, en el contexto de una reforma curricular al bachillerato que no muestra correspondencia con el nuevo referente teórico constitucional respecto de las relaciones sociedad-naturaleza-desarrollo. La reflexión de estos tres elementos configura un contexto para formular conclusiones y recomendaciones que apuntan a la necesidad de recuperar la educación ambiental en el bachillerato, y recoge elementos para fortalecer desde ésta, la sociedad del Buen Vivir.

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La promoción del desarrollo sostenible de la cuenca amazónica se presenta como una prioridad para los países andinos. Debe ser sostenible, pues es necesaria la integración de variables económicas, sociales y ambientales para lograr el fin último del mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de una distribución equitativa de los recursos generados a partir del aprovechamiento de los recursos naturales, sin afectar al medio ambiente. Debe concebir a la cuenca en su conjunto, en respuesta a un enfoque ecosistémico que refleja la cantidad de interdependencias entre los distintos componentes del sistema y que por tanto, no pueden tratarse por separado ni ser abordados en función de fronteras político-administrativas. Y, debe ser asumido por los países andinos, no solo porque su territorio ocupa el 36,1% de la cuenca amazónica, sino porque es indispensable un manejo coordinado proveniente de una instancia como la CAN, desde donde se ha identificado el desarrollo sostenible y el medio ambiente como un factor de integración y se ha manifestado la necesidad de manejar internacionalmente agendas conjuntas en materia de medio ambiente y cambio climático. Surge entonces, como objetivo de la presente investigación el establecer cómo la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, como primer esfuerzo por incorporar el tema del medio ambiente en la agenda comunitaria, estructura políticas y acciones favorables al desarrollo sustentable de la cuenca amazónica, a través de la revisión de sus tres ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos.

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A solo año y medio desde el reconocimiento constitucional del Ecuador de que la Naturaleza tiene derechos, la idea ha caminado tanto que ahora, en un masivo escenario de debate global, despierta enormes entusiasmo. Los trabajos del Grupo 3 de la “Cumbre de Cochabamba” albergaron discusiones apasionadas entre no menos de cien participantes a lo largo de tres días, para afinar un texto del Proyecto de Declaración que partiendo del documento de trabajo elaborado por Cormac Culliman, logre incorporar y armonizar las visiones y aspiraciones de un colectivo por demás diverso. Al final, la plenaria lo aprobó en medio de un consenso casi completo respecto a la pertinencia de reconocer, mediante un instrumento internacional de alcance universal, los derechos de la Madre Tierra, pero con debates aún no agotados respecto de varios temas críticos de su contenido. El documento final aprobado, contiene sin embargo una excelente síntesis del estado de la cuestión respecto a la discusión internacional sobre los derechos de la naturaleza, y sin duda servirá como punto de partida del proceso, que confiamos sea breve pero sustantivo, de aprobación de la Declaración por parte de la Asamblea de la ONU.

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El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.

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El presente estudio trata de dar una solución en la planificación de la producción para una Planta industrial que fabrica productos semiterminados de acero, tanto para mantener stock como para productos bajo pedido. En esta línea se genera un modelo de planificación que obedezca a las necesidades de fabricar productos para clientes en tiempos de entrega reales y ciertos en su cumplimiento. Además mediante el levantamiento de la capacidad individual por máquina y la determinación del cuello de botella en cada línea de producción se discute la forma en la cual se pueda mejorar el estado actual de la mencionada Planta, y el ordenamiento de producción en cuanto a las prioridades comerciales y operacionales. Para esto se disponen los contenidos que en breves palabras se los puede mencionar como sigue: análisis actual del funcionamiento de la Planta, una base teórica respecto a la Teoría de las Restricciones el cual es el fundamento que más se adapta a la descripción de la realidad y a su mejoramiento, la descripción del modelo en cuanto a su funcionamiento, y algunas conclusiones y recomendaciones que aportarían a futuro, al mejor desempeño en la gestión de la producción de la Planta en cuestión. Es importante mencionar que al haber realizado el estudio para una Planta con los dos tipos de productos (stock y bajo pedido), el modelo es extrapolable hacia otras Plantas que tengan ya sea el un tipo de producto o el otro, claro esta que las soluciones a la mejor gestión dependedel caso que se esté analizando.

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En el presente trabajo se analizan las causas de la reforma del sistema jurídico regulador de la economía durante el actual gobierno, desentrañando las motivaciones económicas, políticas y sociales que la han impulsado. Se considera que los actuales cambios legales no solamente dan respuesta a procesos internos, sino que obedecen a una lógica que traspasan la fronteras nacionales y tienen correspondencia con el fenómeno de la "globalización". Desde esta óptica se revisa el proceso de crisis del capitalismo de postguerra, su reestructuración y las nuevas modalidades de acumulación y centralización del capital a nivel mundial que han promovido la modificación de la forma de Estado intervencionista y por tanto han generado una radical transformación de la estructura jurídica. El análisis está centrado en América Latina y Ecuador. A la luz de estos elementos se analiza el proceso de reforma legal vivido en el Ecuador desde agosto de 1992, considerando las condiciones económicas, políticas y sociales del país y examinando las leyes relacionadas con la economía.

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Este estudio tiene como fin el analizar en profundidad la Decisión 608 de la Comunidad Andina desde un doble aspecto, la investigación se la realizará tanto desde una perspectiva comunitaria, es decir como norma de la Comunidad Andina; como desde la perspectiva de normativa interna en materia de derecho de la Competencia en el Ecuador, mediante la Decisión 616 y el Decreto Ejecutivo 1614. Es así que, en el Primer Capítulo se analiza la Decisión 608 desde dos enfoques, el primero es desde el punto de vista estricto del derecho de la competencia. Al efecto, se revisan las diferentes prácticas restrictivas de la competencia que la Decisión contempla, se estudia el ámbito de aplicación de la Decisión y el proceso para conocimiento y sanción de las prácticas atentatorias de la competencia. Desde un segundo enfoque, se aborda el estudio de la Decisión 608 a la luz del derecho comunitario, en busca de determinar la naturaleza jurídica de esta normativa comunitaria. El Segundo Capítulo se concentra en la Decisión 608 como norma de aplicación interna en el Ecuador. Se analiza en primer lugar si la Comunidad Andina tenía la competencia para expedir una norma de carácter interna para el Ecuador y Bolivia, mediante las disposiciones de las Decisiones 608 y 616. Posteriormente se analiza el Decreto Ejecutivo 1614 de 2009 y los pasos seguidos para la implementación de la Decisión 608 como norma de derecho interno en el Ecuador. El Tercer y último Capítulo se estudia y busca evaluar cual ha sido el resultado y la experiencia de la aplicación de la Decisión 608 tanto a nivel comunitario como en el Ecuador. En razón de la poca o nula aplicación de la Decisión en la Comunidad Andina, se investigarán las posibles razones de esto.

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Este artículo busca establecer cómo la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, como primer esfuerzo por incorporar el tema de medio ambiente en la agenda comunitaria, estructura políticas y acciones favorables al desarrollo sustentable de la Cuenca Amazónica a través de una revisión de sus tres ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos.

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La política ambiental de Colombia se centra en mecanismos e instrumentos de protección ambiental y desarrollo sostenible sobre los cuales se sustenta el crecimiento económico del país; además, establece medidas para la adaptación del país al cambio climático. Tal política se articula en el desarrollo de la agenda internacional de cambio climático, en cuya sincronía –entre la política internacional y política doméstica– contribuye la cooperación internacional (Norte-Sur), ahora que ha existido un cambio sustancial en la arquitectura de su agenda. Lo anterior ha limitado el desarrollo de políticas ambientales pertinentes y efectivas para la coyuntura ambiental y climática de Colombia.

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El estudio tiene como propósitos relacionar la participación ciudadana como marco general y la consulta previa como uno de sus manifestaciones puntuales que ponen en ejercicio el derecho de participación, el de la información disponible, permite la exigibilidad de los derechos ambientales por parte de la ciudadanía, veedora del cuidado del ambiente, patrimonio e interés público; estudiar algunos elementos para la comprensión del alcance de la normativa legal, constitucional y la contenida en instrumentos internacionales, que resaltan el rol de la participación directa del pueblo en el proceso de adopción de decisiones públicas que afecten al entorno y cuyo fin es el respeto al derecho colectivo a vivir en un ambiente ecológico y equilibrado; adicionalmente contribuir u orientar una adecuada normativa que recoja los criterios y mecanismos de la participación ciudadana y consulta previa a ser adoptados por las autoridades que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, coordinados por el Ministerio del Ambiente, a fin dar cuenta con el mandato constitucional referido a la consulta en materia ambiental, y salvaguardar la seguridad jurídica y la gobernabilidad de la gestión publica en este campo. En este sentido mi reflexión aborda en el primer capitulo temas sobre el medio ambiente, los factores causantes del deterioro ambiental, y el cuidado del medio ambiente como una obligación de todos y todas. En el segundo capitulo enfoca el significado de la democracia, la participación ciudadana como ejercicio democrático, el ejercicio de este derecho contenido en instrumentos internacionales, y el alcance de la participación ciudadana y la consulta previa en la Constitución y más normativa interna. En el tercer capitulo aborda el carácter de la consulta previa, analizaré cual es su propósito, quienes deben ser consultados, cuando procede la consulta previa, su procedimiento, la construcción de la decisión y su obligatoriedad y la vigilancia ciudadana. El análisis de este trabajo ha sido realizado desde una visión sociológico-jurídica, que equivale a que la interpretación y aplicación de la norma no puede realizarse por la simple vía del mero razonamiento deductivo, sino que es preciso una comprensión apropiada de las distintas realidades y necesidades sociales, que respondan a contextos económicos, políticos, culturales, costumbres y convicciones e inspirada en principios como la justicia, la equidad y el bienestar colectivo y social.

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El presente trabajo de investigación procura dar a conocer las causas y efectos de la contaminación ambiental en el desarrollo de nuestras actividades, así como, las medidas de protección ambiental y su conexión con el sistema tributario, fundamentando la teoría con las experiencias de los países europeos que implementaron a su tributación, imposición ambiental como instrumentos económicos, para limitar los efectos ambientales que producen los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo contar con los recursos necesarios que ayuden en la búsqueda de soluciones adecuadas. En la actualidad la preocupación de las autoridades para resarcir en parte el daño causado a nuestro medio; ha ocasionado que se empiece a adoptar impuestos ambientales como política social y económica, considerando los convenios internacionales, así como, los principales lineamientos y directrices que han sido emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las experiencias en países como Perú, Costa Rica y México han sido fundamentales para desarrollar nuestra propuesta de mejoramiento del actual Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, puesto que, su eficiencia se ha medido por el desarrollo institucional en materia ambiental. La propuesta de mejoramiento que se ha desarrollado en la presente investigación, se ha enfocado desde la perspectiva por cumplir con responsabilidad las políticas del buen vivir y el derecho de los ecuatorianos para habitar en un ambiente sano, buscando con ello se graven las emisiones contaminantes y se pueda reflejar su verdadero costo ambiental, estableciendo una relación jurídica tributaria vinculante entre el Sujeto Activo, representado por el Estado y el Sujeto Pasivo por los contribuyentes, aprovechando las ventajas que ofrece el empleo de tributos ambientales como un medio para disminuir la contaminación y asegurando además que no existan exoneraciones dentro de las políticas fiscales o que el pago del tributo brinde el derecho a contaminar.