24 resultados para Simulación de la falta de peso

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Aunque ha existido un notable crecimiento del comercio en la Comunidad Andina, la integración se encuentra en una fase imperfecta de unión aduanera. No existe una verdadera solidaridad subregional, ya que cada Estado mantiene su posición en cuanto a la política exterior. Esta visión estatalista se contrapone a la integracionista. La falta de voluntad política es también la causa de una ausencia de efectividad de la Comunidad, cuya consecuencia es la responsabilidad de los países sobre la base de la protección de los derechos de los particulares que se encuentren vulnerados, por cuanto ellos son los principales destinatarios del proyecto integracionista. Por ello, cabe derivar un derecho de reparación por los daños que provoque el incumplimiento de las disposiciones comunitarias.

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El presente trabajo investigativo titulado “Efectos jurídicos por la falta de motivación de los Actos de Determinación Tributaria del SRI” tiene como propósito realizar un estudio descriptivo y ejemplificativo los efectos jurídicos de la motivación vista desde su inaplicación en la esfera administrativa tributaria, la cual constituye una institución primordial en la relación entre el contribuyente y la Administración Tributaria cuando esta última realiza un procedimiento que derivará en una acto administrativo, dentro del ejercicio de la Facultad Determinadora de impuestos. Esta facultad si bien está establecida dentro de las normas jurídicas, constituye un actividad eminentemente discrecional, que se regirá por parámetros razonables de juridicidad, adquiriendo, por tanto, la motivación, una importancia fundamental que significará que su vulneración, convierte a la actividad determinadora de impuestos en una vía de hecho carente de contenido jurídica que deja al sujeto pasivo en estado de completa indefensión y a la Administración Tributaria en una situación de supremo y desorbitante poder arbitrario que deslegitima su actuación.

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El autor a través de la sistematización del proceso de negociaciones -el análisis del contexto mundial, las características del sistema político ecuatoriano, la conformación de la estructura de la negociación y la dinámica decisoria- arriba a tres conclusiones: en primer lugar, que la condicionalidad implícita en los programas de reestructuración de la deuda externa y los programas de ajuste de la economía son de tal naturaleza que a la apertura externa y la liberalización de la economía ecuatoriana se anticipan y superan a las normas librecambistas de la OMC convirtiendo a las negociaciones en un simulacro. En segundo lugar, que las negociaciones reproducen las características del sistema político nacional, convirtiéndose en un proceso excluyente, cerrado y poco transparente, conducido desde la opción ideológica neoliberal del grupo negociador. Y, en tercer lugar, que la falta de sistematización de esta experiencia, el anacronismo y burocratismo institucional y la formulación “reactiva” de la política exterior convierten a la actual negociación para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en un calco: desde la disputa interburocrática entre los ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores para presidir las negociaciones, hasta la exclusión deliberada de actores importantes de la “sociedad civil”, y la ausencia de mecanismos de participación.

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Explora la posibilidad de utilizar en Puerto Rico la Educación Popular como fundamento para la Educación en Derechos Humanos y su contribución para lograr la elaboración de un Plan Nacional de Educación en materia de tales derechos. Ante la inexistencia de este plan en el país y la falta de iniciativa política para su realización, la Educación Popular es considerada como esa práctica educativa que permitiría -entre otras cosas- convocar la organización, movilización y acción de sectores sociales, para reclamar al Estado su obligación con la educación en Derechos Humanos. De acuerdo con dicho propósito, el contenido de este trabajo investigativo consiste de varios momentos. El primer momento aborda teóricamente la Educación Popular y delimita el fundamento que habrá de ser considerado para su manejo. En un segundo momento, los conceptos principales de esta investigación son aplicados al contexto de Puerto Rico. Lo referente a Derechos Humanos, Educación Popular y Educación en Derechos Humanos, es profundizado para sustentar el por qué, para qué, cómo y en qué condiciones se pretende utilizar la práctica educativa propuesta. Los resultados y análisis sobre el proceso de consulta que validaría la posibilidad de utilizar la Educación Popular, se encuentran contenidos en el tercer momento de la investigación. La consulta que fuera realizada a representantes de la sociedad civil e instituciones que cuentan con el potencial de asumir la Educación Popular, generó varias consideraciones para hacer aplicable dicha práctica en el país. Lo que respecta a las implicaciones de elaborar en Puerto Rico un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, constituye el cuarto y último momento de este trabajo investigativo.

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La parte medular de esta tesis es el estudio de la legitimación en los procesos judiciales y constitucionales que se promueven para la defensa de los derechos colectivos. La legitimación ordinaria es una cualidad derivada de la relación de titularidad del derecho subjetivo o de la obligación, que permite a una persona formular una pretención o contradecirla, en un caso concreto. Las teorías sobre esta materia se dividen en una de corte clásico, según la cual la legitimación nace de la titularidad real de la relación sustancial, y otras de corte moderno, según las cuales existe legitimación, con sólo afirmar esa titularidad, aunque a fin del proceso se establezca que ella no existía. El optar por una o por otra, influye en el tipo de resolución que debe adoptar el juez, sobre todo frente a la falta de legitimación. Respecto de los derechos colectivos, estudiamos los aspectos necesarios para comprender que su presencia ha motivado el aparecimiento de nuevos conceptos procesales o su modificación, entre ellos, el de la legitimación, cuyo ejercicio da origen a un proceso colectivo. Finalmente estudiamos en detalle la legitimación para la tutela de los derechos colectivos. Nos referimos a que ha sido necesario ampliar la noción clásica del concepto para permitir un real acceso a la justicia, en pos de la tutela de esos derechos, sin que, para tener legitimación, haga falta hacer una afirmación de titularidad o invocar una afectación directa. Analizamos quiénes serían los legitimados, con especial referencia a nuestro país, ilustrando los temas con casos resueltos, tanto por la justicia ordinaria como por la justicia constitucional.

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El derecho a solicitar la devolución del IVA a favor de las instituciones del Sector Público, dio pie a un sinnúmero de inconvenientes que lo único que lograron fue obstaculizar el proceso de devolución de IVA mensual, perjudicando a las instituciones públicas que se veían privadas de capital para poder continuar con el cumplimiento de sus fines. Este trabajo pretende exponer los principales problemas que surgen por la no tipificación en la ley del plazo de prescripción del derecho para pedir la devolución del IVA debidamente pagado, tema en el cual encontramos criterios opuestos, de lo que nace la importancia de legislar este tema que causa graves inconvenientes. Problema que aunque ya no pertenece a las instituciones del sector público, actualmente causa inconvenientes a los demás organismos que tienen derecho a la devolución de IVA, de conformidad al art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por el art. 128 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Además analizaremos el no reconocimiento de intereses a favor de estos organismos, por parte del Servicio de Rentas Internas, a pesar de haber transcurrido más de un año en la resolución de un reclamo y que este haya sido favorable. Revisando los temas expuestos podemos percibir en muchas ocasiones la violación de derechos constitucionales que no son considerados por el SRI al emitir sus resoluciones en contra del contribuyente; siendo a veces censurable la actitud de la administración tributaria en el sentido de entorpecer su operación práctica, mediante inadmisiones injustificadas y caracterizadas por un formalismo inaceptable que no se separa en mucho de la arbitrariedad. El propósito de este trabajo es encontrar la base legal apropiada, a fin de evitar inconvenientes a los contribuyentes y a la administración tributaria, por la falta de normativa clara y expresa, que se debe aplicar en los casos motivo del presente estudio.

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El presente trabajo parte del principio de que el régimen jurídico de todo estado debe sujetarse a normas claras que permitan que los entes del poder público, cumplan con sus propósitos. Ahora bien debemos entender que la administración publica es: “...la actividad práctica que el Estado desarrolla para atender de manera inmediata los intereses públicos que tiene a su cargo para el cumplimiento de sus fines”1; y el no hacerlo de este modo, genera incomodidad entre sus administrados; y, que esta actividad se manifiesta o expresa a través de actos y hechos administrativos los cuales deben responder al marco constitucional vigente. El profesor Enrique Sayagués Laso a este respecto manifiesta: “...para lograr la realización de sus fines propios, las entidades estatales actúan mediante actos jurídicos y operaciones materiales... Las entidades estatales realizan esos actos y operaciones en virtud de los poderes jurídicos que el derecho objetivo establece...2. Es indispensable subrayar que todo acto administrativo, goza de la presunción de legalidad, por ello conceptualmente podemos decir que el acto administrativo por sí, es de cumplimiento mandatario; sin embargo, frente a la realidad jurídica, todo acto administrativo puede ser impugnado por que a decir de demandante fue fruto de vicios y dependiendo de la gravedad de ellos pueden ser convalidados, o declarados de nulidad absoluta. Partiendo del tema central de este trabajo que es los “EFECTOS DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL ACTO ADMINISTRATIVO”, debo decir que fue primordial saber que la voluntad dentro del derecho administrativo es la conciencia cierta de la autoridad administrativa de hacer algo; y, que todo acto administrativo lleva sobre entendido la manifestación de la voluntad de los órganos administrativos, es decir, es la adopción de cierta conducta voluntaria por parte de la administración, frente a una situación que involucre a los administrados. El marco jurídico de nuestro estado, dispone normas claras que todo acto administrativo de contener, por esto, la falta o el vicio de ellos provoca que quien deba cumplirlos no pueda hacerlo, luego entonces, frente a esta eventualidad, el administrado tiene el derecho de impugnarlo si considera que lesiona sus intereses. Impugnación que por supuesto, tendrá que regirse a las normas legales vigentes que respecto a este tema contempla la legislación ecuatoriana.

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El campo de las microfinanzas se está desarrollando con rapidez en muchas direcciones a la vez1. Entre éstas, hay fuertes tendencias hacia niveles cada vez mayores de comercialización, un aumento del nivel de la clientela objetivo en la dirección de microempresas más grandes y aún pequeñas empresas, y un acrecentamiento de niveles de supervisión formal por parte de las superintendencias bancarias. Uno de los agentes principales en este esfuerzo para llevar servicios de microfinanzas a los muy pobres han sido las instituciones microfinancieras que proporcionan servicios de banca comunal2. En realidad, una misión básica del movimiento de banca comunal ha sido utilizar las microfinanzas como herramienta para ayudar a aliviar la pobreza y han dado origen a la aparición de nuevos e importantes intermediarios financieros para microfinanzas y la actividad de las cooperativas de crédito ha crecido en tamaño e importancia como un proveedor de servicios financieros a familias y microempresas, pero todavía persiste un sentimiento general, de que grandes segmentos del sector todavía son incapaces de acceder a otros servicios financieros que necesitan para crecer y prosperar, como lo indicó un estudio reciente del potencial de una institución financiera de segundo piso para microfinanzas en Ecuador3: No ha habido ningún estudio sistemático y comprensivo de la demanda de servicios de microfinanzas en Ecuador a nivel nacional; existen pocos datos sólidos relacionados con la estructura de la demanda por región y por tamaño del crédito, monto de ahorros potenciales, demanda de productos no crediticios tales como microseguros y servicios de desarrollo empresarial. Parece haber una escasez de información respecto al nivel y las características de la demanda para microfinanzas por nivel de pobreza, región geográfica, sector económico, características de los hogares, etc. También hay una falta de información respecto al alcance del crédito alternativo tal como el de prestamistas informales, proveedores de crédito al consumidor y leasing de equipos. Un estudio integral, proveería una base más sólida para planear e implementar futuras intervenciones de donantes. La falta de la información confiable sobre el tamaño, el alcance, las características y la distribución de la Banca Comunal en el Ecuador, plantea una importante restricción a los esfuerzos de planificación estratégicos de las IMFs y de los donantes, que buscan estimular el desarrollo de las microempresas y reducir la pobreza. Por lo indicado, el presente trabajo de investigación se realizó en forma coherente con la metodología de Banca Comunal aplicada por WOCCU – PROYECTO CREER en Ecuador, por considerar que la misma, mantiene un equilibrio entre Rentabilidad Social y Rentabilidad Financiera, ya que, cuando las cooperativas entienden que no hay divorcio entre visión empresarial y visión social, la inversión social de implementar productos de microfinanzas para los más pobres se convierte en un muy buen negocio financiero.

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En el Perú, por regulación constitucional el Estado se obliga a realizar una serie de servicios a favor de los ciudadanos a efectos de cumplir en forma prioritaria, con los tres primeros artículos constitucionales (dignidad, fin supremo, derechos fundamentales) obligación que parte del principio de creación del Estado como figura jurídica. Sin embargo una serie de factores han impedido que múltiples derechos constitucionales y algunos fundamentales tengan una viabilidad positiva en la realidad nacional. Entre estos factores encontramos aquellos de carácter objetivo, que están vinculados al ámbito económico, los cuales se producen por la situación de crecimiento económico de naciones como la peruana, que enfrenta situaciones de pobreza extrema, así como la falta de servicios públicos como: salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, que puedan mejorar la calidad de vida de población.

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El presente trabajo pretende enfocarse en la gestión de Crédito y Cobranzas de la empresa AGA S.A., la misma que según el organigrama estructural forma parte del área financiera. Considerando que el 96% de las ventas totales de la compañía son efectuadas a crédito, el porcentaje de contribución de éstas en los resultados de la compañía se da en la misma proporción, razón por la cual se hace indispensable una administración adecuada y recaudación oportuna de estos recursos en poder de terceros, así como también alcanzar niveles óptimos de productividad y calidad que reflejen un incremento en la rentabilidad. Esta es la razón de ser del presente documento, en el cual, a través de técnicas y herramientas adecuadas descritas en los capítulos 1 y 2 se pretende identificar todas aquellas actividades que no aportan valor agregado para la organización, tareas manuales muy operativas e innecesarias que estén ocasionando cuellos de botella; así como también se proyecta realizar una simulación de la situación luego de implantar las mejoras, lo cual se puede visualizar en los capítulos 3 y 4. Finalmente, se entregará a la organización una propuesta de alternativas a implantarse para mejorar el proceso de crédito y cobranzas tanto en tiempos como en calidad.

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La globalización y con ella el crecimiento tecnológico ha tenido como resultado el crecimiento del comercio internacional, lo cual a su vez ha generado un desarrollo importante de la Institución del Arbitraje. El Arbitraje Internacional requiere de eficacia en la ejecución del laudo. El problema central de la presente investigación es el vacío legal que existe en el sistema legal ecuatoriano, en relación al procedimiento de homologación, nacionalización o reconocimiento de los laudos arbitrales dictados en el extranjero, para su posterior ejecución. Es importante considerar que la norma interna, no trata de manera suficiente el tema del reconocimiento y posterior ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Los tratados y convenios internacionales suscritos por el Ecuador sobre el tema ayudan, pero no suplen la falta de norma, toda vez que se remiten al procedimiento establecido en la norma nacional. Por lo expuesto, es necesaria una reforma de la ley.

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El estudio “Situación actual y perspectiva del desempeño docente en la Escuela de sanidad de la Armada”, Guayaquil, Mayo de 2009, permitió detectar las falencias pedagógicas que tienen los profesores sin formación docente y que se desempeñan como tales de acuerdo a la profesión o especialidad que poseen. Si bien es cierto que las instituciones educativas tienen directrices y políticas estrictas para el cumplimiento pedagógico de estos profesores, estas no se han aplicado con la obligatoriedad y frecuencia requerida debido a que se deben cumplir otras directrices enmarcadas dentro del régimen disciplinario militar en el que se desenvuelve la población objeto de estudio. Los objetivos planteados para el presente estudio me han facilitado el obtener un diagnóstico institucional de estas unidades educativas y, por ende, me han dado pautas para alternativas de solución de este problema. Esta investigación fue factible por su carácter descriptivo-analítico-proyectivo en la recolección de la información de campo por medio de encuestas a los estudiantes y profesores con el objeto de detectar los problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el origen de la falta de motivación de los profesores para capacitarse en el campo pedagógico, y la desmotivación de los estudiantes hacia las exigencias técnicas y científicas por la falta de una buena guía u orientación por parte del maestro. Estas situaciones se acentúan por el ámbito riguroso de la formación militar. Por lo tanto, se recomienda diseñar un proyecto formativo en enseñanza superior para los docentes que laboran en las diferentes áreas de especialidad y unidades educativas, con el objetivo de mejorar su desempeño para motivar a los estudiantes en todas las esferas académicas y así lograr calidad pedagógica en las diferentes competencias que deseamos lograr del profesor/alumno.

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El autor realiza una revisión de las que considera han sido las deficiencias de la política exterior ecuatoriana hacia Colombia. La carencia de consensos básicos, la escasa coordinación civil-militar, la falta de participación ciudadana, la débil vinculación entre política externa e interna y la usencia de una agenda específica para Colombia, son algunos de los aspectos analizados por Ponce, quien finalmente plantea algunos de los elementos que deberían fundamentar la elaboración de una política exterior de Ecuador hacia Colombia, destacando la elaboración de una agenda clara de política exterior que priorice los objetivos nacionales internos.

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Este artículo pasa revista al proceso de diálogo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Los requerimientos establecidos por la UE para los acuerdos de asociación y la posibilidad de que los mismos sean cumplidos por los países de la CAN son analizados por el autor, quien señala que la falta de "profundidad" y una serie de obstáculos políticos e institucionales están vigentes en el grupo andino, lo que de alguna forma restringe la consolidación de espacios a nivel internacional. García señala que un Acuerdo de Asociación con la UE podría fortalecer la cooperación en lo que a cohesión social andina se refiere.

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Este artículo trata sobre la caducidad de la facultad determinadora de la obligación tributaria de la administración, con particular referencia a la ejercida de oficio o de modalidad mixta, conlleva el análisis previo de esta figura frente a la prescripción, a la luz del Código Tributario ecuatoriano, con respaldo en reconocida producción doctrinaria, dejando al descubierto la falta de previsión legal sobre los plazos de caducidad que deben obrar en el ejercicio de esa facultad y la incidencia por su omisión.