17 resultados para Sant Gregori (Catalunya) -- Política de la joventut

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Comentarios a Jaime Rodríguez, La revolución política durante la época de la Independencia. El Reino de Quito, 1808-1822, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E)/Corporación Editora Nacional (CEN), 2006.

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Comentarios a Jaime Rodríguez, La revolución política durante la época de la Independencia. El Reino de Quito, 1808-1822, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E)/Corporación Editora Nacional (CEN), 2006.

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A partir de la reforma y codificación constitucional de 1998, realizado por la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente de 1997, se introdujo el principio de competencia en la Constitución ecuatoriana, determinando así la regulación de ciertas materias por ley orgánica, ciertas por ley ordinaria y ciertas por actos normativos con categoría normativa inferior a la ley. El mencionado principio de competencia tiene relevancia desde que ya no se aplica a rajatabla el principio de jerarquía que hasta antes de dicha codificación se utilizaba con mucha frecuencia cuando existían problemas de contradicciones normativas, ya que las normas jurídicas en general estaban perfectamente jerarquizadas, sin dar pábulo a confusiones sobre la aplicación de las normas. Evidentemente la Constitución ecuatoriana no determina expresamente la aplicación del principio de competencia, es más, en el artículo 272 de la Constitución se trata de jerarquizar el ámbito normativo, pero sucede que esto no es así, ya que no se puede interpretar la Constitución de manera absoluta y en contra de si misma. Es por lo dicho que en derecho constitucional existen mecanismos y métodos propios de interpretación constitucional como es el método tópico que en suma nos dice que a la constitución hay que interpretarla en función de los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa de la Constitución, que se explicarán ampliamente en el desarrollo de la tesis y mediante el cual llegaremos a la conclusión que la Constitución ecuatoriana determina claramente el principio de competencia. Es debido precisamente a este problema de interpretación de la Constitución, que en los actuales momentos, con este nuevo principio introducido en la constitución ecuatoriana, ha llevado a que el Congreso Nacional trate de regular mediante ley (sea esta orgánica u ordinaria) materias que la constitución ha asignado a otros órganos del Estado, lo que se traduce en una evidente arbitrariedad por parte del legislativo sobre potestades que la Constitución no le ha asignado, contrariando así el principio de legalidad consagrado en el artículo 119 de la Constitución que determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y lo funcionarios públicos no podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley...”. La importancia de este tema desde el punto de vista académico es interesante desde que la aplicación del principio de competencia no es una invención ecuatoriana, es así que este principio de origen francés con la V República de 1958 es tomado en sistemas como el español, el chileno, el colombiano entre otros ya han determinado claramente la aplicación de este principio por sobre el principio clásico de jerarquía, determinando en su jurisprudencia que la creación y aplicación de la norma se la realiza en virtud de las competencias que la Constitución de cada país ha determinado a los órganos del poder público respectivos. Por último, la importancia social de este tema es evidente ya que el Congreso Nacional ecuatoriano utilizando un concepto ya superado, como es el de que la soberanía radica en ellos, pretende arbitrariamente regular materias que no le competen, provocando así una confusión en los operadores de la norma, como son la administración pública, los jueces y los administrados, utilizando el criterio de que una ley y mejor aun que una ley orgánica se aplica por sobre el resto del ordenamiento jurídico inferior en aplicación del principio de jerarquía y no del principio de competencia vigente a partir de la codificación y reforma constitucional de 1998.

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Este artículo examina la estructura de la Función Judicial en la vigente Constitución Política de la República, se anotan los problemas que se han presentado a partir de 1998 en que entró en vigencia la Carta Fundamental y se insinúan algunas posibles reformas en orden a alcanzar una organización de la Función Judicial que supere las falencias detectadas.

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Este artículo analiza los avances de la Constitución Política del Ecuador en materia de derechos de las mujeres y el enfoque de género, así como los retos que este nuevo marco legal propone, tanto al Estada ecuatoriano como al movimiento social de las mujeres y a la sociedad en general, de manera que se pueda pasar del solo reconocimiento del Derecho en la letra de la ley, al ejercicio y goce pleno de los mismos. La reflexión sigue la propuesta del feminismo en la crítica al Derecho. Se profundiza el análisis de los derechos constitucionales civiles y políticos, económicos y sociales, pero sobre todo, se reconoce la importancia del reconocimiento de muchos de los derechos sexuales y reproductivos que ya han sido incorporados como parte del Derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, entendiendo que este logro no es una concesión generosa del Estado sino más bien es el resultado de todo un proceso de movilización y generación de propuestas legales, trabajadas desde el movimiento de mujeres del Ecuador, que tuvo como corolario la aprobación de 34 de las 36 propuestas presentadas a la última Asamblea Nacional.

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Estos modos de vida otros aparecen en el texto de la nueva Constitución con las expresiones “buen vivir” –en castellano– y “sumak kawsay” –en kiwcha– y constituyen el paradigma de vida hacia el cual deberá orientarse el “desarrollo”. El “buen vivir” o “sumak kawsay” postula un reordenamiento general de lo que el término moderno “desarrollo” había querido expresar. En la medida que desborda los límites de un proyecto meramente económico, social o político, adquiere el carácter de paradigma regulador del conjunto total de la vida. Su perspectiva “holística” (León 2008a: 137) contrasta con los modelos dedesarrollo” que infructuosamente se han ensayado en la historia ecuatoriana y se plantea desde su novedad como una alternativa al modelo de “civilización” dominante.

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El artículo es un análisis de la crisis económica que mira hacia sus efectos sobre las relaciones de clase social. Se comprueba que la desigualdad ha crecido de manera importante en Norte América y Gran Bretaña en la época neoliberal, y se sugiere que, desde la perspectiva del consenso político actual, la tendencia se agudiza. El posible efecto sobre el orden social poscrisis y su impacto sobre la política, están en discusión.

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Este trabajo analiza el legado de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 en Cuenca entre 1812 y 1814. Estudia los principales cambios políticos relacionados con los derechos de diversos actores sociales, así como el rompimiento de antiguas formas de relación social. Los cambios políticos se relacionaron con la introducción de nuevos conceptos y prácticas como ciudadanía, soberanía, elección y representación, tanto en el mundo criollomestizo como en el indígena (población cañari) de la provincia. Se analiza la abolición del tributo indígena, el servicio personal y la mita, además se estudian algunos cambios administrativopolíticos como la creación de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y nacionales.

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El presente trabajo analiza los cambios introducidos en el procedimiento de determinación de responsabilidad a cargo de la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la expedición, en el año 2008, de la Constitución de la República del Ecuador.

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El objetivo de la presente investigación es responder la inquietud de qué implicaciones tiene la nueva política de seguridad energética de los EUA frente a sus relaciones con Latinoamérica. Para abordar esta pregunta y darle una respuesta, la presente investigación está conformada por tres partes. La primera analiza la situación internacional de la oferta y la demanda de petróleo, su disposición geográfica, la cantidad remanente de reservas, los riesgos a los que se enfrenta el mercado internacional de crudo y la tendencia de los precios en los últimos 5 años, para demostrar que existe una amenaza de escasez de este bien estratégico en el mundo. El segundo capítulo se concentra en explicar la dependencia de los EUA hacia las importaciones de petróleo como fuente energética primaria y las dificultades que enfrentan en un contexto internacional donde existe tanto una tendencia de largo plazo de incremento en los precios internacionales del crudo, como una competencia geopolítica con otros Estados poderosos por asegurarse el control político y el acceso a las principales reservas de petróleo del mundo. Sobre esta base explicamos el giro que ha tomado la política de seguridad energética de los EUA bajo la administración Bush y la repercusión de este hecho en el diseño de su política exterior. El tercer capítulo analiza la forma en la que la nueva política de seguridad energética ha modificado la política exterior de los EUA frente a los países Latinoamericanos. Para tal efecto hemos tomado como referentes de análisis a México, Venezuela y Brasil, Estados con los sectores energéticos más importantes de la región: México y Venezuela por su producción y reservas petroleras, y Brasil por su experiencia pionera en la transformación de la base energética hacia una economía menos dependiente de importaciones petroleras. Sobre la base del análisis de las relaciones entre EUA y estos tres Estados latinoamericanos, concluimos el papel que la región pasa a ocupar en el diseño de la estrategia geopolítica de la administración Bush.

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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia dela deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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Esta investigación se pregunta fundamentalmente por las formas en las que la interculturalidad puede llegar a construirse como una apuesta política y epistémica dentro de las prácticas de educación alternativa, alternativas a la educación formal o a la educación desde los parámetros estatales. Para este fin realizo un recorrido crítico que permite ubicar el lugar la educación, por un lado como escenario de reproducción de las ideologías dominantes y, por otro lado, como escenario de disputa entre los movimientos sociales indígenas y afros en Colombia. De esta manera lograremos mirar las tensiones y conflictos de la educación desde una perspectiva monocultural, planteada en la construcción de la identidad nacional colombiana, y en segundo lugar una perspectiva política de la cultura, desde las propuestas de etnoeducación de los movimientos sociales en Colombia. Ello brindará las herramientas de análisis, sobre las articulaciones donde se encuentra ubicada la educación y la cultura como un escenario de disputa. En este contexto se ubicara la educación frente a la relación entre Cultura, Poder y Conocimiento, donde la interculturalidad plantea nuevos escenarios de articulación, escenarios de posicionamiento político y epistémico. Para esto último me referiré a una experiencia concreta en el Valle de Sibundoy, al sur occidente colombiano, donde la Escuela Ambiental Panamazonía, se erige como estrategia política en la formación de nuevos sujetos sociales alrededor de lo ambiental, proponiendo la articulación de sistemas de conocimiento dentro del transepto pacífico, andes, amazonía.

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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.

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La tesis se propone indagar la urdimbre de contradicciones o tensiones que se establece entre el cruce dela política en lo político”· y “lo político en la política” en las prácticas de socialización, instituciones, proyectos de acción y discursos que se resitúan permanentemente en la inclausurable reproducción/transformación que opera en la constitución de los estudiantes. El apartado uno establece los procesos que reubican y transforman la discusión sobre los significados y los ejercicios de la política y lo político y se aborda el marco teórico en torno a la política en lo político y lo político en la política, y los contenidos y la dinámica histórica de esas relaciones en el contexto europeo y en América Latina, teniendo en cuenta los mecanismos de la institucionalización de la política en el cuerpo social y la forma como es procesado lo político por los estudiantes en sus diversas esferas de influencia. El apartado dos busca dilucidar cómo las prácticas y visiones de la política dominante ha querido cristalizarse en las instituciones económicas, políticas y educativas, pero al igual se pregunta sobre cómo tal política es reapropiada de manera diferencial por los estudiantes. El apartado tres sustenta que lo político en la vida de los estudiantes de la Universidad del Valle tiene un carácter plural y polifónico. Y muestra cómo ellos resignifican la visión monológica de la Política, de la Universidad y del conocimiento, pero a la vez redireccionan los procesos sociales mismos.