18 resultados para Política-Tratados, manuales, etc.

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales, en adelante GLBTT, han sido ocultados y menospreciados por un poder heteropatriarcal dominante, que dicta que la única forma posible de sexualidad es la que se da entre un hombre y una mujer exclusivamente para fines reproductivos. En la presente tesis busco negar y desmitificar tal concepto, a través de un análisis jurídico y sociológico del ámbito de la familia, demostrando que no es una institución fija, sino que responde a los intereses del poder dominante y por tanto es posible, cambiando la matriz social, ampliar los sujetos legitimados a formarla hacia las personas GLBTT. Adicionalmente, deconstruyo otros conceptos e instituciones como el sexo, género, moral, heterosexismo y patriarcalismo, demostrando que todo aquello que se toma como base inamovible y natural en las relaciones de poder no son más que productos de la cultura. Afirmo que los ordenamientos jurídicos, también productos culturales, responden a las necesidades de los grupos hegemónicos de poder, lo que lleva a analizar la forma en que éstos incluyen principios como igualdad y no discriminación en sus normas, a través de un estudio comparado de derecho, principalmente entre España y Francia en el ámbito familiar, encontrando que el reconocimiento de derechos realizado a las personas GLBTT por estos sistemas jurídicos de una u otra forma no responde a reivindicaciones reales y efectivas de los derechos de GLBTT. Concluyo que para que el reconocimiento sea real y efectivo debe crearse un conjunto de instituciones sociales y estatales que permitan el libre desarrollo de la personalidad y acceso sin presiones sociales a la familia por parte de las personas GLBTT, incluyendo la adopción y herencia, llegando a ser así sujetos de derechos tanto privados (dentro de la familia) como públicos (política, cultura, arte, etc)

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El artículo hace referencia a la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, resume el procedimiento establecido por la Constitución Política del Ecuador para la aprobación y ratificación de los tratados internacionales en general y del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional y establece la relación entre las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos y la aprobación y ratificación del Estatuto de Roma.

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Por muchos años la lucha por la igualdad de las mujeres centró sus esfuerzos en problemáticas como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la participación social y política de género y los derechos sexuales y reproductivos. Es indudablemente que a través de estas luchas se alcanzaron conquistas en el ámbito legislativo y en las políticas públicas, además del reconocimiento social sobre las desigualdades existentes, aspectos que el Estado, por iniciativa propia, jamás los hubiera reconocido. Sin embargo estos cambios demandan procesos que sobrepasen los temas antes aludidos; ahora, corresponde a las mujeres debatir temas económicos, de integración económica y los demás problemas estructurales de la sociedad, desde una perspectiva distinta a la tradicional; estos son los actuales desafíos de los movimientos de mujeres.

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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

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En la actualidad los temas que más debates han ocasionado dentro del panorama mundial son la seguridad y el libre comercio, sin embargo, en la mayoría de los casos sin ninguna vinculación entre ellos. El tema de la seguridad generalmente va ligado al factor militar y el libre comercio, al aspecto comercial y financiero. Luego de la finalización de la Guerra Fría, a principios de los años 90, y la implantación de un “Nuevo Orden Mundial” regido por los Estados Unidos y por ende la complejización de las relaciones internacionales ha llevado a que el concepto de seguridad se amplíe, abarcando todas y cada una de las relaciones entre los países e incluso en el interior de los mismos, y entre estas se encuentran las relaciones comerciales. La presente investigación trata acerca de la forma en que para los países andinos la agenda comercial se halla supeditada a la agenda de seguridad de los Estados Unidos, debido a las amenazas a la seguridad (terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, emigración ilegal, etc.), que los países andinos representamos para Estados Unidos. Es por esto que la negociación de un TLC andino (individual o colectivamente) reviste primordial importancia, dentro de la agenda de seguridad estadounidense de combate al terrorismo. Y para clarificar de mejor manera esta relación libre comercio y seguridad se comenzó con la revisión de las preferencias arancelarias, siguiendo hacia las negociaciones comerciales más recientes como son el ALCA y posteriormente el TLC, con sus condicionalidades y beneficios al tiempo que se revisa la política de seguridad norteamericana y la forma en que se relaciona con estas negociaciones y tratados.

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El propósito de la elaboración de esta tesis es debido el auge de la nueva Constitución del 2008 nos obliga a reflexionar sobre todos los tópicos que integran una verdadera transformación, para la base estructural del Estado Ecuatoriano. Dentro de estos temas, el Derecho Internacional es de imprescindible análisis a la medida que delimita el desarrollo de las relaciones de nuestro país con otros Estados, sujetos de Derecho Internacional. Alrededor de esta esfera, encuadraremos nuestro análisis en los procedimientos por los cuales el Ecuador adquiere obligaciones internacionales. Nos permitimos escudriñar alrededor de estos procesos, por medio de un análisis comparativo de las Constituciones: Colombiana, Ecuatoriana y Mexicana. De ello se desprenderán los procedimientos que existen de acuerdo a la Carta Magna de cada país. Todo esto, con el fin de pronosticar las posibles consecuencias de orden teórico y práctico para el país, las tribulaciones que puedan surgir en ellos; y a lo mejor plantear soluciones de encontrar alguna inconsistencia constitucional al desarrollar esta investigación.

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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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Las preguntas por los métodos en ciencias sociales parecen responderse con facilidad en los manuales, el simple ejercicio de definir el enfoque que utilizaremos (cuantitativo o cualitativo) supone la apertura a la claridad. En este sentido los cuestionamientos acerca de qué es lo que vamos a estudiar, por cuánto tiempo, quiénes conformarán nuestra muestra, cómo abordaremos a los sujetos de estudio, qué tipo de preguntas, encuestas o modalidades de conversación grupales aplicaremos, de qué modo validaremos nuestros resultados y tantas otras preguntas, aparecen como estrategias y técnicas metodológicas con simulaciones contextuales que en muchos aspectos aclaran los tecnicismos, pero que no agotan las múltiples críticas y preguntas que dichos métodos también presentan. En los métodos de manual, particularmente la etnografía, las estrategias aparecen unas seguidas de otras como una multiplicidad de opciones a la mano que podemos elegir según el imaginario que hemos proyectado inicialmente. Siguiendo las pautas tendemos a olvidar que los sujetos de estudio son personas hombres y mujeres que piensan, accionan y reaccionan de distintos modos afectando las metodologías y estrategias seleccionadas, de tal modo que el manual debe ser siempre el repertorio de opciones posibles de modificarse, nunca la guía final de nuestros estudios. Estos cuestionamientos acompañaron muchos de mis procesos y experiencias con los métodos de campo, a partir de los cuales presentaré algunos aspectos que me parece interesante exponer.

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La presente investigación pretende mostrar al lector, como a consecuencia de la multilateralización del derecho de propiedad intelectual representada por el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su posterior bilateralización, mediante los Tratados de Libre Comercio, se afectó el manejo de las políticas de Propiedad Intelectual en el Proceso Subregional Andino. A este objeto, describiremos los tipos de políticas en materia de propiedad intelectual, para luego estudiarlo en el marco de las políticas adoptadas e implementadas por la Comunidad Andina hasta el año 2000, y finalmente detendremos nuestro análisis en los cambios incorporados por este organismo subregional frente al tema de la propiedad intelectual en la presente década y analizar sus efectos en el proceso de integración andino.

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El presente artfculo presenta de manera resumida la evolución histórica del resguardo de la Constitución Política del Ecuador por medio del control constitucional frente a los tratados internacionales. Incorpora además una reflexión que resalta la importancia del perfeccionamiento del derecho a través de la relación armónica entre la legislación interna e internacional en pos de la unidad del sistema jurídico, y especialmente en la defensa de los derechos humanos protegidos constitucionalmente. Muestra la necesidad de establecer las pautas para la correcta interpretación de la legislación nacional con base en grandes principios como la libertad, la igualdad, y la no discriminación, contenidos en varios instrumentos internacionales.

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El artículo presenta algunos elementos que permiten constatar que la negociación para la firma de un Tratado de Libre Comercio va más allá del tema comercial y se inscribe, tarrlbién, en una esfera política. Para esto la autora analiza lo que han sido las negociaciones para la firma del TLC entre Estados Unidos y los países andinos, señalando que en esta otra "negociación política" se ven involucrados diversos actores como empresas, ONG's, organizaciones de trabajadores, entre otros.

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La agenda internacional de Colombia, durante los siete años de Uribe, se ha securitizado y terrorizado en el ámbito temático y se ha concentrado y bilateralizado en Estados Unidos desde un punto de vista geográfico. En consecuencia, ni Latinoamérica ni Europa han merecido la atención de otros tiempos. Por ello, se califica la actual política exterior de Colombia, que determina hoy las estrategias de integración de Colombia, de neo Respice Polum (mirar al polo).

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En busca de un mayor desarrollo económico, los Estados han optado por suscribir instrumentos internacionales que fomenten y liberen los flujos de inversión extranjera directa en sus territorios. Estos acuerdos internacionales, a la vez que promueven las inversiones, proporcionan un marco jurídico dentro del cual los Estados partes del acuerdo se comprometen a cumplir y respetar determinados principios y normas protectoras del inversionista. Además, estos instrumentos internacionales están generalmente dotados de una cláusula para someter las diferencias Estado-Inversor al arbitraje obligatorio. Por la importancia de este tipo de tratados, por su acelerada proliferación y por las repercusiones que puede tener la suscripción de cláusulas arbitrales “without privity”1 en las políticas internas de los Estados, es indispensable que éstos regulen detenidamente los aspectos intrínsecos a su soberanía durante la suscripción o renegociación de los referidos instrumentos. En lo referente a la materia tributaria, la experiencia y la casuística, existentes al respecto, han demostrado que su falta de regulación o somera regulación puede generar a los Estados signatarios de los tratados graves inconvenientes y limitaciones en el manejo de su política fiscal frente a la inversión extranjera. En efecto, los inversores podrían sentirse vulnerados en sus derechos convencionales con la adopción de medidas tributarias o de una nueva política fiscal por parte del Estado receptor y podrían, en consecuencia, exigir el respeto de aquellos derechos. En última instancia, podrían someter las diferencias originadas por cuestiones tributarias al arbitraje internacional, distrayéndolas de su fuero originario, que son las cortes tributarias locales. Lo anterior podría ocurrir en detrimento de una de las facultades inherentes a la soberanía estatal, que es la potestad tributaria, la cual además resulta imprescindible para solventar el gasto público y para alcanzar determinados objetivos particulares de desarrollo nacional. Dentro de este contexto, el presente trabajo procura exponer y analizar ciertas cuestiones en torno a la importancia y necesidad de regular e incluso excluir la materia fiscal de la aplicación de los tratados internacionales de inversión.

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La presente investigación titula la “Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del municipio de Turco (departamento, Oruro-Bolivia) entre 2007 – 2010”. Lo cual aborda las nuevas formas de legitimación en las que están inmersos las autoridades aymaras y su relación con las autoridades del municipio, donde se expresa la combinación de legitimidad, entre la gestión comunal de la autoridad aymara con la gestión estatal ejercida por el municipio. Sin embargo, yendo más allá de esas afirmaciones encontramos, un conjunto de factores internos y externos que han transformado la naturaleza interna del ayllu. Donde el hilacata como autoridad del ayllu, sus responsabilidades se van ampliando hacia otros ámbitos, como ser, proyectos de desarrollo, fiscalización, etc. Los conflictos sobre la posesión legítima de la tierra surgen a raíz de que muchos poseedores, comunarios, no viven en el ayllu como ocurrían antes, sino muchos emigraron hacia las áreas urbanas. Además otro elemento que coloca en entredicho a la autoridad aymara es la valoración diferenciada a su trayectoria política. Las autoridades que provienen del ayllu tienden a gozar de mayor reconocimiento, que aquellas autoridades residentes que retornan de las ciudades. Lo cual significa para los comunarios, desconfianza, y menor grado de legitimidad política. En relación a los factores externos, encontramos la actitud de algunas autoridades residentes que tienen dificultades en mantener un diálogo con los comunarios. Además se observa la misma realidad en los comunarios residentes que con su ausencia influyen en la agudización de tensiones por la posesión legítima de la sayaña. Ante este panorama la legitimidad de la autoridad aymara tiene que ver con la combinación entre un ejercicio comunal y estatal.

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La presente tesis, presenta los efectos jurídicos de la relación constitución- relaciones internacionales, revisando nociones como soberanía y tratado internacional, también se delinean las principales características del control constitucional a priori, como uno de los máximos referentes para que un estado soberano pueda ser parte de un proceso de integración regional, sin dejar de lado un precepto básico de todo ordenamiento jurídico y de toda relación interestatal: la supremacía constitucional. Producto central de este trabajo de investigación es delimitar el tratamiento normativo que da la Constitución boliviana a las relaciones internacionales, el comercio internacional y la integración, advirtiendo después de un minucioso estudio, que existen carencias en su regulación ya que las únicas competencias en materia internacional son solo de carácter funcional, no existiendo alguna definición en la Carta Magna de Bolivia sobre relaciones externas del Estado. Por otro lado, si bien se puede manifestar que en Bolivia existe un control a priori que se desprende de la Constitución boliviana en el artículo 120 Nº 8, el mismo no garantiza el que se preserve la noción de supremacía constitucional, ya que no están claros en la Ley del Tribunal Constitucional N° 1836, menos en la Constitución, cuáles serían los efectos jurídicos de la aprobación de tratados o convenios multilaterales virtualmente inconstitucionales a pesar de la reserva del Tribunal Constitucional.