30 resultados para Política económica - Historia - Colombia

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El artículo reflexiona sobre la política exterior de Colombia, sus prioridades y desafíos. Iniciando con un recorrido de lo que fue la diplomacia tradicional colombiana, el autor analiza las relaciones de Colombia con Estados Unidos en la última parte del Siglo XX, caracterizadas por altibajos y por su concentración en el tema de lucha contra las drogas. Fernando Cepeda analiza además el papel de la llamada diplomacia por la paz, las condiciones que dan lugar a la internacionalización del proceso de paz y los objetivos prioritarios que ha definido la política exterior colombiana, alrededor de la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado.

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En esta conferencia, Stiglitz aborda la teoría de la información imperfecta y sus implicaciones en la economía. Cuestiona los fundamentos de aquellos presupuestos económicos mantenidos durante mucho tiempo y sostiene que las fallas del mercado ocurren cada vez que la información es imperfecta o que los mercados son incompletos. Esta teoría de la información imperfecta rebate los fundamentos del conjunto de ideas usualmente denominadas como el "Consenso de Washington", basado en un fundamentalismo de mercado.

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Las Zonas Francas son áreas de territorio nacional delimitado y autorizado por el Presidente de la República mediante decreto, sujetos a regímenes de carácter especial determinados por Ley, en temas de comercio exterior, aduanera, tributaria, financiera, de capital y laboral, existiendo varios tipos de zonas como las comerciales, industriales, de servicios, turísticas y especiales, estas zonas tienen como ventaja de atraer inversiones, crear empleos y generar ingresos con divisas extranjeras promoviendo las inversiones extranjeras, esperando también inversiones extranjeras directas en temas de transferencia de tecnologías. Las Zonas Francas en el Ecuador estuvieron vigentes hasta el año 2010, regida por la Ley de Zonas Francas, aprobada por el ex Presidente Rodrigo Borja y publicada en 1991, siendo estas cambiadas en diciembre del 2010 reformándolas a Zonas Especiales de Desarrollo Económico. (ZEDES), las zonas francas tenían una estructura basada en administraciones reguladas por el Consejo Nacional de Zonas Francas (COZANOFRA), además estas deberían ubicarse en zonas o áreas deprimidas del país, para impulsar su desarrollo. En la actualidad con el nuevo Código de la Producción existen la Zonas Especiales de Desarrollo Económico, en la que prevalece el aprovechamiento de recursos naturales para la expansión productiva y la generación de empleo, con fines desconcentradores, caracterizado por ser un instrumento para impulsar la economía a corto plazo de estas áreas, así Las ZEDES serán destinos aduaneros donde se buscará desarrollar las actividades de logística, transferencia de tecnología y diversificación de exportaciones cuya autorización es por un plazo de 20 años prorrogables una vez cumplidas las respectivas evaluaciones, estas no son un instrumento de ventaja comparativa sino que potencia las ya existentes.

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La vinculación entre los derechos humanos y la tributación ha evidenciando una nueva perspectiva respecto de este principio constitucional. De modo que, hoy en día, la igualdad fiscal no puede ser apreciada materialmente desde la sola perspectiva de la generalidad, sino que supone un juicio integrado visto desde la interdependencia de los principios de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es el eje sobre el cual se construyen tratos tributarios diferenciados legítimos, que garantizan un tratamiento igual para los iguales y uno desigual para los desiguales, en mérito a su desigualdad – precisamente – en su capacidad para contribuir. De esto trata el primer capítulo del presente trabajo de investigación; y, en uno de los títulos del segundo capítulo se propone, en definitiva, como consecuencia de lo dicho, como un principio tributario propiamente, el de no discriminación fiscal como la manifestación de la igualdad jurídica en esta materia. Ahora bien, la apreciación que antecede está relacionada directamente con el fin esencial de los tributos: recaudar dinero suficiente para el sostenimiento del gasto público; sin embargo, existen también tributos en los que prevalecen los fines extra-fiscales, es decir, aquellos ligados a la promoción o a la inhibición de determinados actos o hechos económicos, en cuyo caso, los principios que matizan la igualdad jurídica en el régimen tributario no son ya los mismos, pues, bajo la perspectiva de la política tributaria, son legítimos los tratos tributarios diferenciados fundados en una razón suficiente, sin que ésta trate ya de la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se hace una reseña de este particular y se propone que en dichas condiciones, deben considerase nuevos límites materiales que garanticen la igualdad jurídica en los tributos finalistas (no recaudatorios). A dicho efecto realizó un breve análisis de los posibles supuestos de desigualdad que promueven ciertas normas dictadas recientemente: (1) la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en Ecuador para reducir el valor de los tributos impuestos por ley por motivo del cumplimiento de ciertos fines de orden económico, (2) los incentivos tributarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y (3) la exclusión del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a quienes se dedican a la actividad del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. En tal virtud, finalmente, propongo como límites materiales que garantizan la igualdad en las figuras tributarias utilizadas como herramientas de política fiscal los principios de razonabilidad, el de equidad en la redistribución de la riqueza y el de neutralidad o de incidencia económica menor.

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1. Los puntos de partida: el aporte del enfoque marxista. 2. Los años ochenta y el protagonismo de los historiadores. 3. Crisis obrajera y reorientación de la economía. 4. Hacienda y población tributaria. 5. Comercio y región. 5. La historia andina. 6. Administración colonial, poderes locales y élites. 7. Rebelión y sociedad urbana. 8. Perspectivas actuales.

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Este artículo reflexiona sobre los conflictos que aquejan a la sociedad colombiana, teniendo en consideración a los actores y a los elementos objetivos y estructurales que los condicionan. Se parte de entender al conflicto no como algo patológico sino como un espacio normal de divergencia social. Además de ello, el autor analiza la relación entre política y violencia en Colombia, considera los elementos de tipo interno y externo que han determinado esta relación, enfatiza sobre los rasgos de exclusión social y política que han caracterizado a Colombia, y analiza los escenarios posibles de resolución del conflicto colombiano.

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Esta tesis pretende determinar si los atentados del 11 de septiembre de 2001 generaron un cambio en el enfoque de la política de asistencia de Estados Unidos hacia Colombia. Con este fin, se presenta la posición del Congreso norteamericano frente a la ayuda destinada hacia Colombia antes de los atentados y luego de estos, permitiendo realizar una comparación entre los dos momentos. Mediante la revisión del discurso de los congresistas norteamericanos previo a la aprobación del Plan Colombia en el 2000 y de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Emergencia para el 2002, - en la cual se pone especial énfasis - se muestran los principales elementos manejados por los legisladores para argumentar su posición a favor o en contra de la destinación de recursos hacia Colombia. La identificación de estos elementos es la herramienta principal que permiten determinar el grado de incidencia del 11 de septiembre sobre el enfoque de política hacia Colombia, en un momento en donde la seguridad nacional pasa a ocupar las prioridades de la agenda internacional de Estados Unidos.

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El Fondo Monetario Internacional tiene un programa de condicionalidad que materializa por diferentes métodos, entre los que se encuentra las cartas de intención, a través de ellas exigió a Colombia modificar la política macroeconómica a cambio de asistencia financiera y técnica en las que se determinó la orientación de la normatividad jurídica en materia macroeconómica, es decir, la política fiscal, monetaria, de comercio exterior, financiera y política cambiaria; de esta manera, el FMI interviene directamente en la política interna de Colombia bajo el pretexto de ayudar al crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. La aplicación de estos condicionamientos se dio a través de reformas laborales, tributarias, de reestructuración al Estado, financiera, de comercio exterior, régimen cambiario, de seguridad social y pensiones, y de regalías. Por lo tanto, en estas circunstancias es importante analizar el tema desde el ámbito del derecho económico, constitucional e internacional, a fin de determinar cuáles son los problemas jurídicos y sociales que han generado estos condicionamientos al supeditar la estabilidad macroeconómica a la balanza de pagos y a los ajustes fiscales, sin importarle el coste social generado y el desmedro a los derechos de los colombianos, contrariando los fines del Estado, debilitando la Constitución y poniendo en crisis el Estado Social de Derecho.

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Colombian foreign policy has gone through important transformations in its formulation and implementation. Through a Neoclassical Realist (NCR) analysis, this article discusses the domestic and systemic factors that have influenced the Foreign Policy Executive (FPE) in Colombia. It makes a historical journey through different presidential terms, ranging from the loss of Panama in 1903, to the adverse decision of the International Court of Justice (ICJ) in 2012, which stripped Bogotá of a significant portion of its Caribbean Sea. This analysis reveals problems in the formulation of Colombian foreign policy due to a weak foreign service, a complex relationship with the United States and the country’s internal conflict; it is argued that if these factors were to be reduced or disappear, a new form of foreign policy in the country would be facilitated in the twenty-first century.

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La presente proyecto de investigación busca hacer un análisis de casos que han generado debate en dos países de la región y que pone en evidencia la postura asumida desde el Estado, frente a resoluciones determinadas por organismos internacionales de carácter regional en el campo de los derechos humanos. En ese sentido, se busca hacer un análisis comparativo entre la política multilateral de Colombia y Ecuador ante los planteamientos realizados por la CIDH en materia de derechos humanos. La investigación busca comprender la política exterior actual de los dos países y determinar las principales acciones tomadas durante los últimos meses, a fin de poder visualizar el camino a establecerse para el futuro. La investigación abordará como tema central el campo de los derechos humanos y la relación entre el Estado y organismos internacionales.

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El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados. Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.

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Cuando estalla la crisis financiera 2007-2009, no tardan en aparecer rápidamente las explicaciones y las respuestas de todos los estados afectados por sus secuelas, incluyendo entre ellos a los países periféricos. Esta realidad demostró que la capacidad de respuesta de los estados del primer mundo es diametralmente distinta a las realidades y particularidades de los estados periféricos. En la presente tesis se abordarán los principales debates a partir de las explicaciones sobre la formación de la crisis, los impactos del liberalismo financiero en la expansión- profundización de esta, las estrategias de defensa de Colombia como estudio de caso y se realizará una evaluación del impacto en el sector financiero doméstico y las particularidades de los esquemas de captación masiva de dineros o “boom de las pirámides”. Por último, se desglosarán las políticas económicas que pretenden responder a los efectos en la economía real.

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El estudio analiza el intento de las autoridades coloniales quiteñas de poner en marcha un proyecto vial que conecte la región centro-norte de la Sierra con la costa del Pacífico en el siglo XVII. Con este propósito, se fundó la villa de San Miguel de Ibarra, un centro urbano de enlace que permitiría concretar dicho proyecto viaL El artículo enfatiza en la ubicación estratégica de la ciudad, la participación del Cabildo, las aspiraciones económicas de las élites regionales, la participación de Pedro Vicente Maldonado y las dificultades y oposiciones que impidieron la realización del proyecto.

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La agenda internacional de Colombia, durante los siete años de Uribe, se ha securitizado y terrorizado en el ámbito temático y se ha concentrado y bilateralizado en Estados Unidos desde un punto de vista geográfico. En consecuencia, ni Latinoamérica ni Europa han merecido la atención de otros tiempos. Por ello, se califica la actual política exterior de Colombia, que determina hoy las estrategias de integración de Colombia, de neo Respice Polum (mirar al polo).

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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.