29 resultados para Política ambiental - Canada

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El tema del calentamiento global y sus consecuencias pone en el orden del día la discusión sobre la protección y el control de la región amazónica al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad del desarrollo sostenible bajo el capitalismo. En Brasil, Lula defiende la Amazonía en palabras, pero en los hechos impulsa una política económica que tiene como prioridad la entrega de los recursos naturales al capital nacional e internacional. ¿A quién interesa la conservación de la Amazonía brasileña?

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La necesidad de una política exterior ecuatoriana en lo ambiental surge de la naturaleza global del medio ambiente, de la responsabilidad del Ecuador como país privilegiado por su megadiversidad, de la vinculación inevitable entre la pobreza que le aqueja y la degradación del ambiente y de los compromisos internacionales por él adquiridos. Una política exterior ambiental debe resultar de un proceso de diseño en que participen todos los actores de la temática ambiental, aunque su ejecución debe estar centralizada en un órgano gubernamental. Se sugieren algunos temas específicos que deberían formar parte de una agenda internacional del Ecuador en lo ambiental.

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El campo de la política exterior ambiental ha abierto un espacio para que países ricos en recursos naturales, megadiversos y susceptibles a los efectos del cambio climático, participen del concierto internacional independientemente de su tamaño o poder; a través de propuestas innovadoras, que en pos de asegurar el desarrollo sostenible de sus naciones, llamen a la reflexión y cuestionen el modelo tradicional de desarrollo basado en la explotación de recursos a costa del sacrificio del ambiente, y propongan nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza. En este sentido, el Ecuador ha sido pionero con propuestas como mantener el crudo bajo tierra y las compensaciones por Emisiones Netas Evitadas ENE, y es justamente la adopción de esa posición propositiva lo que inspira a la presente investigación a determinar bajo qué términos se ha fundamentado, formulado, implementado y socializado la política exterior ambiental ecuatoriana.

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En el siglo XXI la protección del Medio Ambiente constituye un tema de real importancia, en donde si no tomamos medidas adecuadas estaríamos poniendo en riesgo nuestra raza humana. Por ello, es necesario plantear desde el derecho una propuesta de cambio de conductas frente a la indiscriminada explotación de los recursos naturales y más bien recurrir a una relación armónica entre el ser humano, medio ambiente y economía. Partimos entonces de una triple visión ecológica, económica y jurídica, en la que es necesario dar soluciones que aseguren el cuidado y protección ambiental. El propósito de nuestra investigación es entender el desafío al que nos llama el Derecho Ambiental y su trascendencia de aplicación respecto a su transversalidad en las diferentes ramas del derecho entre las que se encuentra el Derecho Tributario. Para ello, hemos desarrollado nuestra labor en base a la combinación de las materias Constitucional, Ambiental y Tributario, con el fin de dar alcance doctrinario y jurídico a aquellos aspectos relacionados con los diferentes métodos de protección ambiental. A razón de lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo mostrar los puntos de acuerdo y desacuerdo sobre la tributación ambiental, plantear sus problemas de aplicación y mostrar su efectividad sobre el cuidado ambiental, que puede generarse a partir de la creación de tributos ambientales que buscan mitigar el daño ambiental y crear nuevos comportamientos de producción, pretendiendo hacer coincidir los intereses económicos y ambientales, como respuesta a una verdadera conjugación de la parte económica, social y cultural.

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América Latina juega un papel importante en relación con la Gobernanza Ambiental. El conocimiento generado por estudios empíricos y teóricos sobre los desafíos ambientales del presente pueden apoyar los renovados esfuerzos de la región por alcanzar un uso de los recursos naturales que sea equitativo y sustentable. A pesar de que los vínculos entre las dimensiones social y ambiental han sido explorados por la academia desde los años noventa, las nuevas tendencias de la Gobernanza Ambiental en América Latina requieren una aproximación analítica comprehensiva. Los autores argumentan que, a fin de potenciar las “perspectivas latinoamericanas” para la solución de los dilemas socioambientales, algunas corrientes de investigación deben juntarse en marcos analíticos integradores que puedan generar complejas preguntas relacionadas con las interacciones a múltiples niveles entre Estado, sociedad civil y actores de mercado.

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La promoción del desarrollo sostenible de la cuenca amazónica se presenta como una prioridad para los países andinos. Debe ser sostenible, pues es necesaria la integración de variables económicas, sociales y ambientales para lograr el fin último del mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de una distribución equitativa de los recursos generados a partir del aprovechamiento de los recursos naturales, sin afectar al medio ambiente. Debe concebir a la cuenca en su conjunto, en respuesta a un enfoque ecosistémico que refleja la cantidad de interdependencias entre los distintos componentes del sistema y que por tanto, no pueden tratarse por separado ni ser abordados en función de fronteras político-administrativas. Y, debe ser asumido por los países andinos, no solo porque su territorio ocupa el 36,1% de la cuenca amazónica, sino porque es indispensable un manejo coordinado proveniente de una instancia como la CAN, desde donde se ha identificado el desarrollo sostenible y el medio ambiente como un factor de integración y se ha manifestado la necesidad de manejar internacionalmente agendas conjuntas en materia de medio ambiente y cambio climático. Surge entonces, como objetivo de la presente investigación el establecer cómo la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, como primer esfuerzo por incorporar el tema del medio ambiente en la agenda comunitaria, estructura políticas y acciones favorables al desarrollo sustentable de la cuenca amazónica, a través de la revisión de sus tres ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos.

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Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950. El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado. Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno desdeñable.

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La política ambiental de Colombia se centra en mecanismos e instrumentos de protección ambiental y desarrollo sostenible sobre los cuales se sustenta el crecimiento económico del país; además, establece medidas para la adaptación del país al cambio climático. Tal política se articula en el desarrollo de la agenda internacional de cambio climático, en cuya sincronía –entre la política internacional y política doméstica– contribuye la cooperación internacional (Norte-Sur), ahora que ha existido un cambio sustancial en la arquitectura de su agenda. Lo anterior ha limitado el desarrollo de políticas ambientales pertinentes y efectivas para la coyuntura ambiental y climática de Colombia.

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El presente trabajo de investigación procura dar a conocer las causas y efectos de la contaminación ambiental en el desarrollo de nuestras actividades, así como, las medidas de protección ambiental y su conexión con el sistema tributario, fundamentando la teoría con las experiencias de los países europeos que implementaron a su tributación, imposición ambiental como instrumentos económicos, para limitar los efectos ambientales que producen los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo contar con los recursos necesarios que ayuden en la búsqueda de soluciones adecuadas. En la actualidad la preocupación de las autoridades para resarcir en parte el daño causado a nuestro medio; ha ocasionado que se empiece a adoptar impuestos ambientales como política social y económica, considerando los convenios internacionales, así como, los principales lineamientos y directrices que han sido emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las experiencias en países como Perú, Costa Rica y México han sido fundamentales para desarrollar nuestra propuesta de mejoramiento del actual Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, puesto que, su eficiencia se ha medido por el desarrollo institucional en materia ambiental. La propuesta de mejoramiento que se ha desarrollado en la presente investigación, se ha enfocado desde la perspectiva por cumplir con responsabilidad las políticas del buen vivir y el derecho de los ecuatorianos para habitar en un ambiente sano, buscando con ello se graven las emisiones contaminantes y se pueda reflejar su verdadero costo ambiental, estableciendo una relación jurídica tributaria vinculante entre el Sujeto Activo, representado por el Estado y el Sujeto Pasivo por los contribuyentes, aprovechando las ventajas que ofrece el empleo de tributos ambientales como un medio para disminuir la contaminación y asegurando además que no existan exoneraciones dentro de las políticas fiscales o que el pago del tributo brinde el derecho a contaminar.

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Las islas Galápagos son mucho más que los títulos y reconocimientos que las han hecho populares en el ámbito mundial. Detrás de la imagen de naturaleza casi prístina, se encuentran unas islas habitadas cuya dinámica social desborda muchas veces lo esperado, con comunidades humanas que afrontan diversas problemáticas que no son aleatorias sino producto de un modelo de desarrollo inequitativo impulsado en diferentes instancias nacionales e internacionales. Esta investigación establece la relación entre el diseño de políticas públicas y el desencadenamiento de conflictos socioambientales en las islas, y analiza la conformación de un imaginario externo como la causa de muchos problemas presentes, entre ellos la aspiración local de conseguir un mayor grado de desarrollo. También se enfoca en el rol del Estado ecuatoriano a lo largo del siglo XX, la creación del Parque Nacional, la posterior provincialización de las islas, y las consecuencias de esta doble figura y de las nuevas fuentes de conflicto dentro del débil marco de gobernanza local y nacional. Finalmente, se analiza el caso específico de la designación del director del Parque Nacional Galápagos, y se perfilan alternativas para que los actores locales enfrenten estos nuevos desafíos.

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El artículo documenta los antecedentes y la creación del Departamento Forestal del Ecuador, primera instancia estatal preocupada por la protección de los bosques y el control ambiental. El estudio analiza la influencia del primer director de esta agencia estatal: Misael Acosta Solís, geobotánico ambateño y reputado estudioso en temas forestales y conservacionistas en Ecuador. El ensayo explora, además, los conceptos de conservacionismo que fueron asumidos por el Estado y otras instituciones ecuatorianas, así como las tensiones entre el discurso y la práctica ambientalista.

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El autor plantea cómo desde hace décadas los gobiernos de los países más industrializados han utilizado los informes científicos para legitimar sus posiciones en las negociaciones de los regímenes internacionales, para establecer las prioridades de la cooperación al desarrollo o para influir en los ámbitos de acción de las organizaciones multilaterales. El artículo aborda el informe La Economía del Cambio Climático, presentado por Nicholas Stern ante el gobierno británico, para esbozar algunos elementos de esta dimensión de la gobernanza ambiental.

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Las pruebas científicas son hoy en día incuestionables: el cambio climático constituye una seria amenaza mundial, que exige urgentemente una respuesta asimismo mundial. Esta revisión ha examinado una amplia gama de datos sobre las repercusiones del cambio climático y sobre sus costes económicos, habiendo utilizado diversas técnicas para la evaluación de dichos costes y riesgos. Teniendo todo ello en cuenta, la evidencia recogida en la revisión nos lleva a una clara conclusión: los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes superará con creces los costes económicos de la pasividad.

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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.