36 resultados para Participación Desregulada

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Tiene como objetivo fundamental estudiar en qué medida la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido la transnacionalización de las formas de participación política en el contexto democrático de los países de América Latina, enfatizando el caso ecuatoriano. Para lograr el objetivo planteado, se ha realizado un sucinto recorrido teórico sobre la democracia, el estado y la ciudadanía desde la mirada de la Ciencia Política. Además se ha desarrollado el análisis de la transnacionalización de la participación política en el marco del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La metodología utiliza la información aportada por tres variables, la conceptual y la recabada a través de entrevistas a profundidad y encuestas realizadas a actores estratégicos en materia de sociedad y tecnología. El estudio analiza las prácticas que en este campo han experimentado los países de América Latina, profundizando el razonamiento en el caso ecuatoriano. Para este fin se ha tomado varias iniciativas de e-participación política en el Ecuador subrayando el modelo planteado por la Plataforma Virtual "Bienvenidos a Casa" que lidera la Secretaría Nacional del Migrante de este país. Finalmente, se discuten las posibilidades empíricas de ampliar el ejercicio en la actualidad de la participación política en este contexto analítico.

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Intenta dar a conocer el grave problema comunicacional que existe entre entes de desarrollo como en este caso el Municipio del Cantón Morona y la ciudadanía a la que representa. Esto debido a que se necesita en primer lugar de la voluntad política para congestionar entre ciudadanía y entidades de desarrollo, lo cual en muchos casos no existe debido a las diferentes prioridades y concepciones de desarrollo y gestión pública por parte de las autoridades. Otro aspecto es la débil organización ciudadana, que trabaja por beneficios sectoriales y de corto plazo, lo cuál no permite realizar un trabajo que entrelace los intereses comunes para alcanzar mejores resultados. El primer capítulo de esta investigación, hace un acercamiento teórico en donde se percibe la transversalidad de la comunicación, además de analizar a la organización como un ente comunicativo, en vista de que el gobierno local necesita de un trabajo coordinado, interdisciplinar, intersectorial y participativo en un entorno dinámico y cambiante. Se revisa además el tema de la participación ciudadana, en donde se presenta sus debilidades pero también las posibilidades de ejercer un mejor gobierno, mucho más transparente y equitativo. El segundo capítulo recoge datos descriptivos del cantón Morona, para de esta manera entender las grandes necesidades básicas insatisfechas con las que cuenta esta zona amazónica, y así poder entender la mayor participación y organización a nivel rural, puesto que lo que se intenta por medio de la presión y la participación ciudadana es mejorar su nivel de vida. El tercer capítulo relata las percepciones de los actores locales, las mismas que se realizaron gracias a observaciones, entrevistas y algunas visitas de campo para entender las subjetividades de los mismos. Además, se realizó encuestas a la ciudadanía de la localidad al igual que a los miembros de la organización municipal, para poder contar con algunos datos cuantitativos que permitan vislumbrar algunas conclusiones. El último capítulo tiene las conclusiones finales y recomendaciones, para de esta manera cerrar la investigación realizada en el Cantón Morona.

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El concepto de ciudadanía-ejercicio de derechos y deberes- es coemergente con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. De allí que el análisis de la ciudadanía (estado en el que se encuentran el ejercicio de los derechos y deberes) está obligadamente ligado al análisis de la democracia (características de las normas sobre la toma de decisiones de interés público). La democracia es posible solamente donde existen ciudadanos, es decir, sujetos con iguales derechos y deberes. De la misma manera, el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía solo es posible donde las decisiones de carácter público se las toma según las reglas de la democracia. Históricamente, la ampliación de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como resultado de las luchas por la ampliación de los derechos a todas las personas. Ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.

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La compleja realidad latinoamericana se encuentra aún caracterizada por la pobreza, la exclusión social, los altos índices de corrupción pública y privada, la violación de los derechos humanos y por una ineficacia gubernamental generalizada. Esta situación requiere; sin lugar a dudas, de un nuevo abordaje que implique el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan aunar esfuerzos entre el Estado, los ciudadanos y la sociedad civil en beneficio de construir soluciones viables de corto, mediano y largo plazo en un ambiente de libertad, inclusión, responsabilidad y eficiencia. En ese contexto de necesidades, especialistas y expertos han volcado la mirada, y puesto su atención en la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión pública, como una alternativa de cambio institucional y de “perfeccionamiento” de nuestras democracias. ¿Será posible entonces, impulsar un nuevo esquema de funcionamiento democrático, donde el ciudadano, el pueblo, y la sociedad civil ocupen el lugar de protagonismo frente al Estado, sus instituciones y su gobierno? ¿Puede contribuir la participación ciudadana a alcanzar la senda del desarrollo, la prosperidad y la modernidad, en nuestros países? Exploremos algunos de sus rasgos distintivos y tal vez, luego obtendremos conclusiones.

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La noción de democracia moderna planteó desde sus raíces conceptuales tener mayores y mejores posibilidades para organizar la vida de los Estados contemporáneos porque básicamente era presentada como una forma de gobierno opuesta al autoritarismo, es decir como una forma de organizar el poder político con límites precisos constituidos por los derechos humanos y como un mecanismo de regular la potencial participación de todos los ciudadanos por alcanzar tal poder. Tenía, en ese sentido, una pretensión emancipatoria que hacia pensar a los ciudadanos que las experiencias presentes de vida y organización socio-política pueden ser, y de hecho van a ser, superadas y mejoradas en cuanto se adquiera como forma de gobierno a la democracia. Esta pretensión emancipatoria se sintetizó en la promesa de progreso continúo y colectivo que caracteriza a la modernidad, y que nos llevó a creer que la noción de bien común gestionada desde las prácticas democráticas encerraba el mandato de aumentar progresiva e ilimitadamente el bienestar de los asociados en el Estado, es decir de los ciudadanos que lo constituyen. Esa era la dinámica que planteaba el contrato social de Rousseau, por el cual se aspiraba a una sociedad en la que, con base en los derechos inherentes a las personas, ningún hombre fuera tan rico para poder comprar a otro y ninguno sea tan pobre para tener que venderse a otro. Sin embargo la noción del bien común pronto perdió este sentido básico de equilibrio y colectividad que originalmente le impregnó el liberalismo europeo. En efecto, el bien común pasó de ser el bien de las mayorías (de la comunidad) a ser el resultado de sumar el bienestar de cada uno de los asociados individualmente considerados. Así pues el promedio entre el más rico y el más pobre determina el estado de bienestar en la sociedad, aunque hacer esto encubra las enormes inequidades que existen entre uno y otro. Desde esta racionalidad, el bienestar de una sociedad se mide por su crecimiento económico, aunque la riqueza esté hiper concentrada en pocas manos, y no se mide por el grado de satisfacción de necesidades y acceso a oportunidades que tienen la mayoría de los ciudadanos.

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La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben “interpretar” la voluntad del pueblo que los ha elegido. Esto es, lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es también la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon, el inmenso poder que este sistema les confería y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos. Esos fueron los presupuestos teóricos de los Constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano. El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades “históricas” liberales y conservadoras. Era desde luego fundamental superar desde luego la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.

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La investigación se realizó en el marco de un proyecto en ejecución denominado “Ciudadanía Plena: ejerciendo mis derechos”, partiendo de un proceso de sistematización y de encuestas a nivel de hogar, se identificaron los intereses, valores, motivaciones, oportunidades, espacios y formas de participación, que pueden contribuir a los procesos locales de desarrollo en la Parroquia San Andrés. Se aborda desde el plano local, debido a que en Ecuador, los municipios y juntas parroquiales están avanzando hacia constituirse en gobiernos locales, superando un rol de simples dotadores de servicios básicos. Si bien, en la planificación estratégica del Cantón Guano y de la Parroquia San Andrés, no existen elementos que demuestren la participación de los jóvenes en la elaboración del Plan de Desarrollo, si es evidente la voluntad política que considera a los jóvenes como sujetos de cambio, por su energía productiva, su capacidad creativa y facilidad de asumir riesgos. Así también, el interés de varios sectores bajo una visión común de desarrollo, en establecer acuerdos a favor de los jóvenes. Las organizaciones juveniles han permitido el reconocimiento social de que los valores como: la honestidad, honradez, respeto, responsabilidad y solidaridad son los más importantes en la vida de los jóvenes. Su predisposición para trabajar y responsabilizarse por grupos vulnerables es evidente. En resumen, la coordinación interinstitucional efectiva y el potenciar los espacios de diálogo establecidos entre los distintos actores se constituirán en ejes fundamentales en la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y equilibrado en el Cantón Guano y sus parroquias con un enfoque de desarrollo humano integral.

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El presente artículo hace un balance de los resultados de la participación política de las mujeres a partir de la implementación de la Ley de Cuotas en el ámbito municipal en Bolivia. Los aspectos a ser abordados son la ampliación de la participación política femenina y las condiciones de inserción política en el país. Para este propósito, se presenta previamente una reflexión teórica inicial acerca de la dicotomía público/privado como mecanismo de exclusión de las mujeres de la esfera política; y, un breve análisis del marco normativo y el contexto internacional en el que se plantea la Ley de Cuotas en Bolivia.

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La participación en la Constitución de 2008 es un elemento fundamental de la organización estatal, pero los instrumentos participativos no son suficientes para concretarla. No se toma en cuenta que el espacio participativo no puede nacer desde las leyes sino a partir de formas de acción política que modifiquen los esquemas tradicionales de toma de decisiones. Se confunde el espacio de lo público con el estatal, la estructura participativa no es otra cosa que aparato de estado. La experiencia: participación vigente en el papel; temas de interés colectivo pasan por la representación o la protesta (casos de trampolín político); nuevas leyes con la falta de participación; y fortalecimiento de un poder personal y autoritario, que no deja espacio para ejercicios democráticos o participativos.

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Ester artículo intentará bosquejar una breve semblanza sobre el rol de la mujer rural en la participación política del Ecuador, ya que como se conoce, la inequidad existente en el ámbito socio-político, entre mujeres y hombres, fue y sigue siendo una cruda y patética realidad, pese a esta larga trayectoria de esfuerzo y conquista desde las mismas mujeres, para romper esquemas y barreras impuestas por sistemas androcéntricos que influyen directa e indirectamente. Así mismo se presenta el rol y la participación política de la mujer rural, ocurrida como un hecho histórico a partir de la Constitución de 1998, donde se abre una puerta y se crea un escenario de participación en las listas electorales para integrar las Juntas Parroquiales Rurales.

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El artículo analiza un ámbito de la participación de los indígenas en la coyuntura de quiebre del régimen monárquico producida en Quito ante las noticias de la invasión napoleónica y la abdicación del trono español en favor de José Bonaparte. El trabajo investiga si los indígenas de Quito fueron fundamentalmente indiferentes ante la proclamación de autonomía de la primera junta quiteña en 1809 o si tuvieron alguna propuesta específica durante el período de mayor convulsión y movilización entre 1810 y 1812. De otro lado, explora las actitudes de la élite y la plebe en el período. El trabajo pone atención en el ambiente de temor que la movilización popular suscitó luego de los abusos y la cruenta represión cometidas por las tropas limeñas acantonadas en Quito, en 1810.

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El ensayo analiza la visión que la historiografía tradicional ha consolidado sobre la participación popular en la Independencia de Colombia y explora los temas que la más reciente historiografía sobre este período ha cuestionado y renovado. Entre dichos temas se encuentran: las guerras de independencia como expresión de conflictos preexistentes, la reducción de los términos del enfrentamiento únicamente a los bandos republicano y realista, el recurso al pueblo como mecanismo de presión y legitimidad, la reelaboración del discurso republicano entre los sectores populares, y la movilización indígena antirrepublicana. El artículo concluye presentando algunas propuestas que enriquecerían la comprensión de la política popular desplegada a lo largo de las guerras de independencia.

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Este trabajo académico analiza la participación de los empresarios ecuatorianos en el proceso de integración andina, haciendo énfasis en la posición de los industriales de Pichincha. La primera parte del trabajo está dividida en dos capítulos que exponen la referencia teórica de la integración; y la segunda que concentra las explicaciones empíricas en un capítulo. El primer capítulo desarrolla y evalúa las teorías de la integración, desde la visión estructuralista, comercialista y del regionalismo abierto. Posteriormente y considerando que el eje central de este análisis es la participación empresarial, se destaca el rol que los desarrollos teóricos sobre la integración asignan a los empresarios, desde la perspectiva de las asociaciones empresariales. El segundo capítulo se centraliza en el análisis de la participación empresarial, profundizando el proceso de integración andina, desde la firma del Acuerdo de Cartagena hasta su situación actual. Se toma en cuenta, para el efecto, su estructura institucional, la dinámica comercial en la región, las características de dichos flujos comerciales; y de igual forma, el rol de los empresarios en el Grupo Andino, desde su conformación hasta la actual Comunidad Andina de Naciones, CAN. El tercer capítulo analiza la percepción de los empresarios ecuatorianos sobre la fase más reciente de la integración andina, desde la década de los 90’ hasta la actualidad, partiendo de la sistematización de una evaluación realizada a comienzos de la misma. Este aspecto sirve como punto de referencia para avanzar en el estudio concreto de las posiciones adoptadas por la Cámara de Industriales de Pichincha, como gremio empresarial, y como protagonista activo de la integración andina. Para examinar su participación en el proceso, se considera la posición de los industriales frente a la reforma institucional, realizada a mediados de los 90’; y frente al Acuerdo de Santa Cruz, cuyo fin es la consolidación del mercado común andino. En el cuarto capítulo se exponen las principales conclusiones de la investigación.

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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.