Participación ciudadana en Colombia

La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben “interpretar” la voluntad del pueblo que los ha elegido. Esto es, lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es también la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon, el inmenso poder que este sistema les confería y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos. Esos fueron los presupuestos teóricos de los Constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano. El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades “históricas” liberales y conservadoras. Era desde luego fundamental superar desde luego la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.

Derechos humanos y formación ciudadana en Colombia, una mirada desde la educación

Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

Informantes y cooperantes, ¿Una alternativa para la construcción de ciudadanía en Colombia?

El presente texto constituye una reflexión teórico-normativa sobre la política de informantes y cooperantes implementada en Colombia durante el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El análisis propuesto de la política de informantes y cooperantes tiene como objetivo principal identificar el tipo de ciudadano que se construye a través de la implementación de dicha política. Para lograr este fin, la autora, primero, da a conocer de forma integral los antecedentes contextua les del país en el que se ejecuta la política y presenta algunos argumentos gubernamentales expresados en la política de seguridad de mocrática. Después, plantea el funcionamiento –instituciones estatales implicadas, pautas y estrategias de ejecución, tipos de ciudadanos participantes–, los logros y problemas de dicha política para, por último, analizar todos los elementos a través de algunos discursos filosóficos de tipo liberal y republicano que permiten comprender la relación Estado-ciudadanos que promueve la política. Con esta amplia argumentación, la autora concluye que la política de informantes y cooperantes busca crear un tipo de ciudadanía súbdita, obediente, que protege y es protegida por la entidad dominadora: el Estado.

El movimiento de derechos humanos en Colombia

En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.

Análisis de la adopción del pasado judicial en el contexto del debate nacional de la inseguridad ciudadana

Esta investigación pretende despejar de alguna manera la inquietud y preocupación que se ha generado en la percepción ecuatoriana de asimilar los niveles de violencia y delincuencia común que han azotado al país con la presencia de ciudadanos colombianos. Desde hace una década atrás aproximadamente el “derrame” del conflicto violento de Colombia ha generado en el Ecuador diversas manifestaciones, entre ellos el flujo masivo, incesante y continuo de inmigración colombiana, violencia en la frontera común, obligando al gobierno ecuatoriano de Gutiérrez a redimensionar su agenda de seguridad, implementando como una medida válida desde el 01 de mayo del 2004 la adopción del pasado judicial como requisito indispensable para regular la inmigración colombiana y buscar reducir los índices de inseguridad que ha caracterizado últimamente al país.

Estado, ciudadanía y capital social: tres lecciones de paz en uno de los países más violentos de América Latina

El Salvador es uno de los países con más homicidios en América Latina desde hace más de cinco años. Un análisis comparativo de la tasas de homicidios de las naciones con más asesinatos en Latinoamérica reveló que, durante el 2005, en el territorio salvadoreño ocurrieron 54.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para entonces Honduras, con problemas de delincuencia juvenil como la nación salvadoreña, tenía una tasa de 40.6 homicidios; mientras que Colombia, sumergido en un conflicto armado y con problemas de narcotráfico, alcanzó una tasa de 33.7 homicidios ese mismo año. Pese al panorama, no todo en El Salvador es así. Al analizar los homicidios por departamentos desde el 2002 hasta el 2007 se puede encontrar que existen alrededor de 21 municipios que no registran asesinatos. Tres de ellos llaman la atención en particular por su pasado violento al estar ubicados en sitios que fueron escenarios del conflictivo armado durante la guerra civil (1980–1992) y por la organización municipal que han alcanzado tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño en 1992.

Las relaciones entre Ecuador y Colombia: un ejemplo de la necesidad de una política exterior democrática (Coyuntura)

El autor realiza una revisión de las que considera han sido las deficiencias de la política exterior ecuatoriana hacia Colombia. La carencia de consensos básicos, la escasa coordinación civil-militar, la falta de participación ciudadana, la débil vinculación entre política externa e interna y la usencia de una agenda específica para Colombia, son algunos de los aspectos analizados por Ponce, quien finalmente plantea algunos de los elementos que deberían fundamentar la elaboración de una política exterior de Ecuador hacia Colombia, destacando la elaboración de una agenda clara de política exterior que priorice los objetivos nacionales internos.

Cooperantes e informantes como modelo de ciudadanos en Colombia

El presente trabajo es una breve descripción y análisis del funcionamiento de una política de guerra implementada en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta política hace referencia al proceso de vinculación de la ciudadanía con la Fuerza Pública, conocida como Cooperantes o Informantes. El análisis está dirigido a establecer cuál es la relación entre el Estado colombiano y sus ciudadanos y qué tipo de ciudadanía se concibe y se crea dentro de esta política que crea unas condiciones de interacción particular entre los ciudadanos y de estos con el Estado.

Ciudadanías culturales y usos públicos de la ciudad: prácticas sociales críticas en Manizales-Colombia

Este trabajo de investigación pretende generar elementos reflexivos para la construcción de una propuesta de ciudadanía cultural en la ciudad de Manizales- Colombia, mediante la utilización de la fenomenología social que permite generar observaciones reflexivas sobre el mundo de la vida. En este caso se parte de reflexiones críticas sobre un fenómeno urbano, de gran impacto para la ciudad, que sucedió a finales del año 2011, denominado la “tragedia grecocaldense”. Se trató de una serie de acontecimientos coyunturales, generados por las acciones extremas de fenómenos climatológicos, que se combinaron con problemas administrativos de la ciudad, lo que ocasionó una impactante crisis, con consecuencias de todo tipo. Uno de los elementos interesantes de esta crisis lo constituyó la manera como se expresaron muchos ciudadanos, que en otras circunstancias nunca lo hubieran podido hacer, que además cuestionaron notablemente muchas de las “verdades”, construidas por la cultura urbana, desde los poderes hegemónicos. Se reflexionó bastante acerca de temas que, aparentemente eran incuestionables, relacionados con la historia, los símbolos y los imaginarios, entre otros, de una ciudad que se precia de una gran tradición cultural dentro del contexto nacional e internacional. Los Estudios Culturales Latinoamericanos, en su vertiente derivada de las prácticas sociales críticas, contribuyen a vislumbrar nuevos elementos analíticos para la investigación sobre la variada y extensa realidad sociocultural de los contextos urbanos actuales.

El piropo callejero: acción política y ciudadana

El piropo callejero ha dejado de ser visto exclusivamente como una práctica “positiva” para comprenderse como un problema social. Así, gobiernos, organismos internacionales y activistas han generado iniciativas que lo abordan como una forma de acoso basada en la desigualdad de género. Un boom de experiencias latinoamericanas de rechazo, la diferencia de sus propuestas y sus coincidencias en formatos que van desde leyes hasta expresiones artísticas, pasando por un agitado activismo, fueron el punto de partida de este trabajo. Preguntarse ¿cómo un piropo se convierte en un problema social?, y ¿cuáles son las estrategias que se usan para enfrentarlo?, permitió acercarse a un complejo objeto de estudio que da cuenta de varias relaciones de convivencia en las ciudades contemporáneas, surcadas situaciones de violencia y desigualdad de género. Este trabajo explora diversos escenarios del piropo callejero. Desde su historia, hasta sus principales rasgos culturales; la forma en la que entran a operar estas iniciativas que lo objetan en Suramérica y se detiene en dos experiencias concretas: Quito y Bogotá. La primera, “Quiero andar tranqula, calles sin acoso”, cuenta con una campaña estatal y la segunda, “¡Atrévete!”, con un proceso de tipo activista. En ambas la relación con la Internet y la comunicación es determinante para operar. Finalmente, este estudio se presenta como una propuesta para comprender las relaciones de “socialidad” a partir de prácticas de comunicación en la ciudad. El piropo callejero se asume como un asunto social que problematiza la relación de las mujeres con el espacio público. Transforma la experiencia de habitar el escenario indivisible de la comunicación determinada por la cultura e interpela los códigos de convivencia urbanos, en suma, la tradición.