La economía política de las drogas ilegales en los Andes (Otros Temas)

Este artículo examina el negocio de las drogas ilegales en los Andes desde las relaciones de la oferta y la demanda. Luego, en el intento de construir una respuesta a la interrogante de por qué unos países producen drogas ilegales y otros no, Thoumi cuestiona las cuatro razones (pobreza, desigualdad, crisis económicas y corrupción) que comúnmente se utilizan para explicar este fenómeno, y señala que en muchas ocasiones estas variables son detonantes más que causas. En la parte final, el autor expone las características sociales e institucionales de los países que propician las destrezas necesarias para llevar a cabo actividades ilegales, y argumenta que su solución requiere cambios estructurales en la sociedad.

Posibilidades y desafíos del sector de flores colombianas frente a la ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas ATPDEA

El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush expidió el4 de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Perú. Sin embargo, el ATPA venció el4 de diciembre de 2001, lo que llevó a los gobiernos de los países andinos beneficiarios, a una vigorosa campaña para lograr su prórroga y ampliación. De esta manera, el 6 de agosto de 2002, el Presidente Bush firmó la Ley Comercial de 2002, la cual incluye dentro del Título XXXI la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA, prorrogando y ampliando las preferencias del ATPA. Los países beneficiados por estas preferencias arancelarias son Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, cubre a más de 6500 productos, los beneficios comerciales que se otorgaron a través del ATPA y el ATPDEA son un reconocimiento a la lucha que se adelanta desde hace décadas contra la producción de las drogas ilícitas, este conjunto de preferencias arancelarias son una expresión del principio de corresponsabilidad acogido por la comunidad internacional para hacer frente al problema mundial de drogas. Colombia se ha caracterizado por tener unas magnificas relaciones comerciales con Estados Unidos, y es uno de los países beneficiados que más le ha sacado provecho a los diferentes acuerdos como el ATPA Y ATPDEA, uno de los principales sectores que se destacaron fue el florícola el cual esta amparado por los beneficios arancelarios desde el ATPA.

De la vigilancia convencional al monitoreo participativo

La necesidad de transformar el monitoreo de la salud de un instrumento funcional al sistema dominante de poder en una herramienta del poder colectivo, y de negociación del desarrollo de la salud laboral y el bienestar, implica la urgente transformación de la vieja vigilancia epidemiológica en un monitoreo participativo. Debe superarse el sistema convencional de información en salud, que observa fundamentalmente los “factores de enfermedad” y sus efectos mórbidos aislados, invisibilizando los procesos de determinación integrales. Este trabajo analiza el proceso de derrota de los derechos sociales y laborales, lo cual sitúa el desafío planteado en un escenario de profundo retroceso social y asalto a los derechos conquistados por los/as trabajadores/ as en años de lucha. Con el propósito de esclarecer dicho argumento, al autor comienza contrastando los modelos de vigilancia clásicos, algunas propuestas transicionales, hasta arribar al monitoreo participativo. La aplicación de la categoría “perfil epidemiológico” permite sistematizar los dominios y dimensiones del monitoreo y establecer los sujetos sociales de esa mirada crítica e intercultural del pueblo sobre su salud, mediante la construcción de una matriz de procesos críticos.

El principio de lesividad en las sentencias de drogas

Bajo una política de control social dirigida desde la “guerra contra las drogas” que lidera Estados Unidos de Norteamérica, nuestra legislación antidrogas ha asumido la tarea de punirlo todo, creando falsas concepciones sobre una sociedad de riesgo. Una legislación que transgrede la Constitución y violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la falta de análisis del principio de lesividad en la conducta tipificada como tenencia o posesión de drogas, que más allá de no solucionar el problema del consumo, termina siendo la figura ideal para cubrir desde la venta hasta el mismo consumo, criminalizando al eslabón más frágil de toda la cadena. El seguimiento de estas políticas ha creado verdaderos aparatos estatales de represión que coexisten, siendo los cuerpos de policía quienes deciden sobre culpabilidad o inocencia desde el mismo momento de la detención. Fiscales y juzgadores bailan al son que tocan esos cuerpos policiales, los que ejercen también una función de control hacia los operadores de justicia. Toda esta política de un Estado policía, lleva a sentencias rara vez argumentadas, muy pobres en análisis doctrinario y principios rectores del proceso, sin existencia de una posición crítica de los jueces frente al bien jurídico que realmente desean proteger; crean un bien jurídico abstracto como la salud pública para acogerse de él y justificar la aplicación de penas desproporcionadas al delito e incluso a la cantidad de la sustancia encontrada en poder del procesado.