21 resultados para Masacre de El Salado, 2000
em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar
Resumo:
Enfrentados al desafío de generar las condiciones para acceder a la llamada sociedad de la información y el conocimiento, en las páginas siguientes se analizará cuáles han sido las políticas desarrolladas desde las diferentes instancias oficiales para promover el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC, y cuáles han sido los resultados de la aplicación de las políticas en el sector de la educación básica en el Ecuador entre enero de 2000 y mayo de 2009. A pesar de que los organismos competentes han desarrollando una serie de proyectos tendentes a incorporar a los más amplios sectores de la sociedad al uso de las tecnologías de información y comunicación, una buena parte de estos no se ha concretado y constituyen esfuerzos aislados, no consistentes ni perdurables y carentes de obligaciones de seguimiento y auditoria, y que además no se compadecen con las reales necesidades de la sociedad en conjunto. El propósito de esta investigación es el de identificar los principales enfoques sobre el acceso y uso de las TIC, determinar los principales acuerdos internacionales y los lineamientos que favorecen el acceso y el uso de éstas en la educación, analizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones vigente en el Ecuador y las políticas del Estado ecuatoriano para promover el uso de las TIC en la educación básica. La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, basado en el análisis de los documentos que recogen las políticas formuladas y en la aplicación de una guía de entrevistas a informantes calificados, luego de lo cual se sistematiza la información proporcionada y se realiza el análisis correspondiente previo la presentación de las conclusiones.
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La apertura del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador se inicia en el año 1995 cuando se reforma la Ley Especial de Telecomunicaciones para permitir la privatización de las telefónicas locales; esta reforma fue guiada y asesorada por el Banco Mundial. Si bien la privatización fracasó, se siguió el camino hacia la apertura del mercado. Los principales objetivos de la intervención del Estado en un sector de la economía son solucionar los problemas del mercado, mejorar la eficacia económica y obtener mejores servicios para los usuarios. Es así que considerando la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y con intención de tener mejores tarifas, de conformidad con el marco legal vigente a partir del año 2000, en el país los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia. Hasta la diciembre de 2007, el Estado había otorgado 10 concesiones de telefonía fija local; sin embargo, no se ha efectivizado la competencia, el mercado en su gran mayoría sigue en manos de los operadores establecidos y las tarifas y los servicios ofrecidos se han mantenido sin mayores cambios, los usuarios no han sentido el efecto de la competencia. En este trabajo se analizan las causas de esta falta de desarrollo de la telefonía fija local y, de manera especial, la incidencia de la operación de los operadores establecidos todos estatales. Para este efecto se estudiará el marco teórico de la competencia, se revisará el contexto en el que se ha desarrollado el mercado de la telefonía fija local, se analizará cada uno de los aspectos de la competencia, para finalmente establecer en base a un trabajo de campo, el estado de este mercado y los posibles servicios sustitutos.
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El desenvolvimiento del mercado de la telefonía móvil bajo el modelo económico neoliberal y el esquema monetario de dolarización aplicado a partir del año 2000 en la economía del Ecuador, sugieren un tema interesante para la investigación y el análisis académico. La presencia de tres operadoras con cobertura nacional en el mercado de telefonía móvil ecuatoriano, CONECEL-Porta, OTECEL-Movistar y TELECSA-Alegro PCS, las dos primeras con presencia en el mercado desde 1993 y la última relativamente nueva, desde el año 2003 han mostrado distintas suertes en un escenario económico caracterizado por el régimen de libre competencia y la intención del gobierno actual por implantar nuevas políticas socioeconómicas denominadas de socialismo moderno. Este trabajo realiza una evaluación del mercado del servicio de telefonía móvil en el Ecuador, analizando aspectos relativos con la penetración del servicio, recursos escasos, interconexión, precios, productos, cobertura y lo más importante, una estimación de la percepción de los usuarios, autoridades y empresas operadoras sobre la calidad y la satisfacción de los usuarios. La renovación de los contratos de concesión de las principales operadoras CONECEL y OTECEL, crea el momento oportuno para que el Estado analice la situación del sector y busque nuevos y mejores instrumentos de regulación considerando una realidad inevitable, la convergencia. De allí, que al finalizar este trabajo presentaremos propuestas de orden regulatorio que permitan a las autoridades de telecomunicaciones del Ecuador actuar con eficiencia técnica y jurídica, cumpliendo y haciendo cumplir derechos y obligaciones de operadores y usuarios, privilegiando la innovación, la calidad de los servicios móviles y por supuesto la satisfacción de los usuarios.
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En el contexto global, los países del norte y del sur han implementado diversos modelos de desarrollo para lograr el crecimiento de sus economías, siendo la tendencia de la región latinoamericana, aprovechar su riqueza natural para impulsar modelos extractivistas. La contraposición entre el modelo extractivista y el desarrollo sustentable, se pone de manifiesto en las acciones que han emprendido los Estados, orientadas a la explotación de los recursos naturales sin considerar los límites de la naturaleza y de la sociedad. Los consecuentes impactos ambientales y sociales resultantes de la actividad extractiva minera, han desembocado en conflictos socioambientales, evidenciándose la incapacidad de respuestas asertivas por parte del aparato estatal, a las demandas sociales de la población. Complementariamente, las actividades mineras al estar reguladas por una normativa débil y permisiva, han facilitado a las empresas mineras la ejecución de proyectos mineros. A fin de aportar elementos para el análisis, en la presente investigación se revisa el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la cordillera de Toisán; destacándose cómo la institucionalidad estatal relacionada con la actividad minera brinda las facilidades para la gestión de estos proyectos, que mayoritariamente favorecen a los intereses empresariales; así como, la alta conflictividad generada a causa de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera. En el proyecto Llurimagua, se describe la problemática de la resistencia minera de la zona de Intag, en los ámbitos institucionales y normativos, considerando para el análisis aspectos ambientales, sociales y económicos; se identifican los actores involucrados y el rol que han jugado en el proyecto, poniendo énfasis en el aparato estatal en sus distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han identificado los impactos sociales y ambientales que desde el inicio de la actividad minera se han generado en la zona, y se ha efectuado una aproximación de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden resultar de la exploración avanzada, en curso.
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A pesar del discurso estadístico e instrumental sobre la importancia de la inmigración para el futuro económico de Europa que va de la mano con el de la necesidad de desarrollar políticas (sociales y culturales) de integración del inmigrante, actualmente existe una tendencia regresiva a restringir su acceso a los derechos ciudadanos (civiles, políticos y sociales). Un ejemplo de este proceso es el que se produce en España, en el actual contexto de conformación de la Unión Europea y de la llamada Globalización. El año 2000 constituyó un punto culminante de este fenómeno en España, en cuanto fue el escenario temporal de una lucha social y política en el que se confrontaron dos perspectivas y concepciones contrapuestas de ciudadanía, hecho que evidenció la caducidad del antiguo modelo de ciudadanía comprendida como el vínculo político (estatuto de derechos y obligaciones) entre el individuo y el Estado-nación, que se adquiere de manera preferente a través de la descendencia (ius-sanguinis).
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Informe realizado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Center for Civil and Political Rights. Presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Autores: César Duque y Charles Duverger. Analiza el período 2000-2008. Junio de 2009. El informe analiza los derechos a la: vida; prohibición de la tortura; seguridad personal; libertad personal; derechos de niños y niñas; y la situación de las personas privadas de la libertad. Texto completo: ‹www.cedhu.org›.
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La presente investigación pretende mostrar al lector, como a consecuencia de la multilateralización del derecho de propiedad intelectual representada por el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su posterior bilateralización, mediante los Tratados de Libre Comercio, se afectó el manejo de las políticas de Propiedad Intelectual en el Proceso Subregional Andino. A este objeto, describiremos los tipos de políticas en materia de propiedad intelectual, para luego estudiarlo en el marco de las políticas adoptadas e implementadas por la Comunidad Andina hasta el año 2000, y finalmente detendremos nuestro análisis en los cambios incorporados por este organismo subregional frente al tema de la propiedad intelectual en la presente década y analizar sus efectos en el proceso de integración andino.
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El presente trabajo busca ver en qué medida los pueblos que cohabitan la sociedad otavaleña comparten o no una visión de desarrollo. De no existir una visión común, se pretende indagar cuáles son estas visiones, qué las diferencia y por qué se producen, cuáles son las consecuencias o implicaciones derivadas de estas diferencias. A la luz de algunas discusiones y aproximaciones teóricas producidas sobre el desarrollo local, se tratará de descifrar la visión o los diferentes enfoques de desarrollo presentes en el cantón Otavalo. En definitiva la cuestión que se plantea abordar en este trabajo de investigación, está referida a cuáles son las visiones de desarrollo que están presentes en el cantón Otavalo y en qué grado están articuladas en el imaginario de la gente o constituyen parte de un acuerdo entre los pueblos que coexisten en esta sociedad local. Interesa indagar qué es lo que caracteriza a esas visiones presentes en la realidad local; cuáles enfoques o aproximaciones teóricas del desarrollo predominan en estas percepciones y prácticas, explicar las yuxtaposiciones que se producen con la propuesta de desarrollo dominante que ha impreso la población blanco – mestiza, como también ver en qué medida el enfoque de desarrollo que está contenido en el Plan de Vida, elaborado de manera participativa en la actual administración que inicia su gestión del gobierno municipal de Otavalo en el año 2000, contribuyen al encuentro o desencuentro de las diferentes percepciones de estos colectivos sociales. Para lograr el propósito de este trabajo, en un primer momento, se enunciará el referente teórico desde el que vamos a problematizar algunas reflexiones y prácticas referidas al desarrollo local en Otavalo; en un segundo momento se caracterizará la sociedad Otavaleña, poniendo énfasis en los rasgos demográficos, culturales y las actividades económicas alrededor de las cuales se desenvuelve la vida de los pueblos kayambi y Otavalo; en un tercer momento se procede a utilizar el instrumental metodológico para procesar la información recabada y con ello tener una aproximación a las visiones de desarrollo que han ido construyendo los pueblos kayambi y Otavalo que cohabitan el territorio del cantón junto a la población blanco - mestiza. Finalmente, a manera de conclusiones se presentan los hallazgos más significativo, los cuáles pueden ser tenidos en cuenta por el gobierno municipal de Otavalo, para bosquejar una propuesta de desarrollo que recoja estas diferentes visiones y precautele la reproducción de la vida de estos pueblos, yendo más allá de tan sólo privilegiar el desarrollo económico o el equipamiento urbano y la infraestructura básica.
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A partir del 9 de enero del 2000, fecha en la cual el Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal de la economía, los partidarios de la dolarización señalaban que uno de los principales beneficios del nuevo esquema monetario era que la tasa de inflación local convergería hasta llegar a niveles internacionales. Sin embargo, en el período 2000-2002, los índices inflacionarios demostraron lo contrario. El año 2000, a septiembre, registró la tasa acumulada más alta de la historia, a saber, 108% y la mayor variación anual (91%) ya dolarizada la economía. El 2001, la tasa de inflación anual de 22.4% fue la más alta en los países de América Latina y 10 veces la inflación registrada en los Estados Unidos. No obstante, para el 2002, se esperaba que el índice anual cerrará en un dígito porcentual bajo. En la presente investigación se efectúa una descripción del proceso inflacionario y se analiza los diferentes discursos sobre las causas de la inflación ecuatoriana que circularon en la opinión pública durante el período en estudio. Dicha investigación pretende determinar cuáles fueron los elementos que, de acuerdo a los analistas locales y formadores de opinión pública, incidieron en el comportamiento de los precios durante los tres años de dolarización. Para ello se revisan las distintas posiciones adoptadas por los analistas, los elementos utilizados y el tiempo transcurrido después de la dolarización oficial.
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El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis costo beneficio del endeudamiento público del periodo comprendido entre los años 2000 al 2011, para lo cual se tomó como base el año 2000 que fue en el que la República adoptó como moneda de circulación el dólar, lo que permite realizar comparaciones de las cifras de deuda durante estos años. Dentro de la serie considerada se toman en cuenta dos periodos de análisis, el primero antes del año 2008 y el segundo luego de este año, en el que se reforma todo el marco legal del endeudamiento. Para cumplir con este objetivo, se revisa la normativa legal referente al endeudamiento en el periodo señalado y se estudian los conceptos de la deuda pública utilizados en el país, tanto en las estadísticas como en los documentos oficiales. Así también, se analiza el entorno político y económico que es determinante para el comportamiento de la deuda pública, además se realiza el análisis histórico del endeudamiento público, considerando la evolución del saldo de la deuda interna y externa, la composición por deudor, por acreedor, contrataciones, desembolsos y condiciones financieras. Finalmente, se repasa la política de endeudamiento en el periodo, la evolución de los indicadores y el destino que ha tenido los recursos de la deuda pública, el análisis de los costos y el beneficio que se refleja en la inversión pública que el Gobierno ha realizado en estos años.
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En el presente trabajo se analizará la figura del prestamista de última instancia de las instituciones financieras, su naturaleza, origen e importancia. Tradicionalmente esta figura de prestamista de última instancia ha sido atribuida a los bancos centrales, por lo tanto enfocaremos este estudio al caso ecuatoriano, con la particularidad que en nuestro país, esta función la dejó de desempeñar el Banco Central del Ecuador desde el año 2000, y ahora es competencia del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano, el cual fue concebido con la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera Por lo tanto, veremos la estructura jurídica de este Fondo de Liquidez, su finalidad, funciones y las operaciones que puede desempeñar. La hipótesis es si en el marco legal vigente en el Ecuador, el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero, cumple con su función de prestamista de última instancia y si es necesario para la solidez del sistema financiero ecuatoriano.
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El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.
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En 1991, cerca de 200 indígenas Wounáan de la comunidad de Curiche en la Costa Pacífica norte se desplazan hacia Juradó, presos del terror por las agresiones propinadas y las amenazas de los narcotraficantes. Estas mismas comunidades en diciembre de 2000 (frente a un ataque de las FARC a Juradó), salen hacia Panamá; cuatro meses más tarde retornan a Colombia. Sin embargo los Embera de Aguas Calientes y Guayabal (comunidades cercanas), víctimas del terror producido por una masacre paramilitar, se desplazan a Juradó y allí, a pesar de la muerte de su principal dirigente Armando Áchito por parte de las FARC, asumen el retorno, reconfigurando un nuevo poblamiento y una nueva estrategia de resistencia desde lo organizativo. Esta es solo una muestra de lo que ha significado el itinerario de una desconocida y dolorosa tragedia de los pueblos indígenas colombianos.
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Señalan las voces expertas que una de las principales consecuencias de la violación sexual es dejarte muda, silenciarte, vivir con la certeza de que gritaste pero nadie escucho, es transformar la culpa en vergüenza. En el Perú el silencio ha cubierto lo que mujeres campesinas y asháninkas susurran: sus cuerpos fueron botín de guerra de las Fuerzas Armadas y los grupos subversivos. La violación sexual fue sistemática y masiva. Pero entre las masacres, desapariciones y torturas de uno y otro bando, lo que las mujeres vivían en sus cuerpos no tenía y tiene suficiente importancia. Hasta hoy no existe un solo caso judicializado y ningún culpable tras las rejas. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, CVR, concluyó que las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que vulneraron fundamentalmente el territorio más privado e intimo: su cuerpo y su libertad sexual. Estas violaciones a sus derechos humanos son expresión de situaciones previas de desigualdad de género, étnicas y sociales. El conflicto armado se instala en un contexto de autoritarismo, violencia contra la mujer, discriminación y exclusión social.
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La autora revisa la contribución de Alfredo Pareja a la memoria del país, a través de su libro La hoguera bárbara. Escrito en 1944, trae a la luz pública un tema eludido o marginado en años previos, reconstruyendo los escenarios que antecedieron a la masacre de Eloy Alfaro y otros liberales, asi mismo presenta claves para la comprensión de los eventos que estuvieron detrás de esos crímenes que marcaron la historia del país. El presente ensayo analiza tres momentos de la memoria social para indagar si fue posible olvidar estos hechos. Primero, revisa la percepción del pueblo y la versión oficial de la masacre de 1912, se recuerda que, en 1919, el fiscal en el juicio para identificar a autores, cómplices y encubridores, determinó en forma concluyente la responsabilidad del Estado en la misma, no obstante, los crímenes quedaron en la impunidad. El segundo momento es el de culto a Alfaro a través de la celebración de su obra pública, en los años 20 y 30, la memoria social sobre la masacre parece distendida. Finalmente, en los años 40, se publican obras sobre Alfaro, por el centenario de su nacimiento -entre ellas La hoguera bárbara-, presentándolo como héroe liberal y mártir del pueblo.