34 resultados para Impactos ambientales

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El proyecto de consolidación se enfocó en completar y fortalecer las evidencias científicas de la primera fase de investigación realizada por el CEAS sobre los impactos de la agroindustria floricultora en la Cuenca del Río Granobles (Cayambe, Ecuador) en la salud y los ecosistemas.

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El Estado ecuatoriano debe respetar los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho que tiene la naturaleza a ser protegida, así como la defensa de los derechos humanos que también es su deber. Es parte sustancial de la democracia el derecho a discrepar de políticas que supongan impactos ambientales, sociales o culturales; aun cuando la minería es considerada prioritaria en el Plan de Desarrollo, sus prácticas conllevan una limitación en la práctica del derecho al agua y de los derechos de la naturaleza, y se contraponen con el buen vivir y con principio de la soberanía alimentaria. Se debe respetar a la plurinacionalidad como un pilar de la nueva Constitución y se requiere de un diálogo abierto para aplicarla.

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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.

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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.

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La economía ecuatoriana, basada principalmente en las exportaciones de petróleo desde 1972, ha enfrentado serios obstáculos para canalizar las utilidades del petróleo hacia un desarrollo equitativo y sustentable. La experiencia de las cuatro últimas décadas refleja un crecimiento económico lento e inestable, que se ha mostrado insuficiente no solamente para diversificar y fortalecer la economía sino sobre todo para superar las grandes inequidades que históricamente han prevalecido en el país, logrando la inclusión efectiva de una proporción elevada de la población. Si bien durante los últimos años se han registrado importantes avances sociales, su continuidad y profundización son dudosas, debido a factores como la mínima diversificación de las exportaciones y de la actividad productiva, y también el progresivo agotamiento de las condiciones externas que han impulsado la recuperación reciente del país y de América Latina. Adicionalmente, la progresiva declinación de la extracción petrolera a partir de 2004 y las limitadas reservas configuran un escenario caracterizado por la necesidad de una rápida sustitución del petróleo por una economía más diversificada y flexible, en un lapso de tiempo no mayor de 20 años. Los avances en este sentido han sido muy limitados. Finalmente, los impactos ambientales de la extracción petrolera sobre los ecosistemas extremadamente ricos en biodiversidad en la Amazonía, la salud de la población y las culturas indígenas han sido severos.

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En el contexto global, los países del norte y del sur han implementado diversos modelos de desarrollo para lograr el crecimiento de sus economías, siendo la tendencia de la región latinoamericana, aprovechar su riqueza natural para impulsar modelos extractivistas. La contraposición entre el modelo extractivista y el desarrollo sustentable, se pone de manifiesto en las acciones que han emprendido los Estados, orientadas a la explotación de los recursos naturales sin considerar los límites de la naturaleza y de la sociedad. Los consecuentes impactos ambientales y sociales resultantes de la actividad extractiva minera, han desembocado en conflictos socioambientales, evidenciándose la incapacidad de respuestas asertivas por parte del aparato estatal, a las demandas sociales de la población. Complementariamente, las actividades mineras al estar reguladas por una normativa débil y permisiva, han facilitado a las empresas mineras la ejecución de proyectos mineros. A fin de aportar elementos para el análisis, en la presente investigación se revisa el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la cordillera de Toisán; destacándose cómo la institucionalidad estatal relacionada con la actividad minera brinda las facilidades para la gestión de estos proyectos, que mayoritariamente favorecen a los intereses empresariales; así como, la alta conflictividad generada a causa de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera. En el proyecto Llurimagua, se describe la problemática de la resistencia minera de la zona de Intag, en los ámbitos institucionales y normativos, considerando para el análisis aspectos ambientales, sociales y económicos; se identifican los actores involucrados y el rol que han jugado en el proyecto, poniendo énfasis en el aparato estatal en sus distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han identificado los impactos sociales y ambientales que desde el inicio de la actividad minera se han generado en la zona, y se ha efectuado una aproximación de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden resultar de la exploración avanzada, en curso.

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El dinámico crecimiento de los flujos comerciales, así como la preocupación por la protección de los recursos naturales han dado lugar al aparecimiento de un fuerte debate sobre los efectos que provoca la producción y el comercio de un bien sobre los recursos naturales. Como una forma de compatibilizar las aspiraciones de protección ambiental y crecimiento comercial, los países aplican una serie de medidas que van desde regulaciones y normas ambientales hasta instrumentos de mercado como impuestos, certificaciones y sellos ambientales. Si bien, aún no se conoce con precisión la efectividad de tales medidas en la protección del medio natural, es evidente que las mismas están provocando cambios en los procesos de producción y comercialización de un bien. En el caso del Ecuador, en tanto el sector privado busca ingresar a los exigentes mercados internacionales y cumplir con las condiciones ambientales exigidas, éste se ve obligado a adaptarse a las regulaciones ambientales internacionales, a incorporar tecnología ambientalmente limpia y a replantear sus condiciones de competitividad. Este libro inicia con un análisis de las relaciones comerciales entre América Latina y los países industrializados: Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente aborda los vínculos entre comercio internacional y protección ambiental, para finalmente analizar los efectos de las regulaciones ambientales en la producción y comercio de banano y flores del Ecuador y la respuesta del sector privado frente a estas medidas.

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Las instituciones clásicas de la responsabilidad civil en los sistemas jurídicos que mantienen el régimen subjetivo, y el ecuatoriano en particular, procuran la defensa de los derechos ambientales a partir de una concepción patrimonialista; razón por la cual los instrumentos normativos han sido diseñados para proteger por separado cada uno de los elementos de la naturaleza, asumidos como bienes específicos de tutela jurídica y en consecuencia ignorando su función integral; hecho que dificulta la reparación eficiente de los derechos vulnerados por daños ambientales y aún más compleja la reparación cuando se trata de un daño ecológico puro. La incidencia del derecho comparado y de las recomendaciones doctrinarias en la evolución de las normas legales, coadyuvan a que los Estados asuman la responsabilidad extracontractual objetiva para el tratamiento de las afectaciones generadas a partir de un daño ambiental, cuyos efectos recaigan sobre bienes patrimoniales particulares, o bienes de titularidad indiferenciada. Desde esta perspectiva, la presente investigación pretende re-conceptualizar ciertos términos del derecho positivo objetivo sobre la materia, evidenciar las dificultades prácticas que genera el régimen de responsabilidad civil extracontractual subjetiva contenido en las instituciones del Código Civil ecuatoriano, y destacar su insuficiencia en los procesos de reparación integral de los daños ambientales. Las conclusiones que plantean son provisionales y más que respuesta a los problemas concretos, podrían ser asumidos como nuevos elementos del contenido esencial para futuros debates teórico-metodológicos que coadyuven a la implementación de instrumentos jurídico-institucionales para la reparación de daños ambientales.

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En esta investigación, se realiza un análisis cualitativo del proceso de evolución del Derecho del Mar, aplicación y limitaciones, hasta llegar a su institucionalización en el año de 1982, en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho el Mar, donde se concreta una codificación con carácter normativo sobre temas del mar, llamada Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que entra en plena vigencia en 1994. Esta se convierte, en definitiva, en la nueva era del Derecho el Mar acogida por gran parte de los países ribereños y no ribereños alrededor del mundo. Partiendo de este marco normativo institucional, es de vital importancia el análisis de las implicaciones de la posible adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, UNCLOS por sus siglas en inglés), y a los impactos que tendría la misma sobre la soberanía y delimitación de los espacios marítimos, así como el uso, goce y disposición de los recursos vivos o no vivos que se encuentran tanto en las columnas de agua, donde tiene jurisdicción el país ribereño, como en el lecho y subsuelo marino. De igual manera se abordará la situación de las Islas Galápagos, y la incidencia, en temas jurisdiccionales, ambientales y de reconocimiento, de la posible membrecía del Ecuador a la CONVEMAR. Por último, se analizará la situación de delimitación fronteriza marítima del Ecuador con sus países vecinos, poniendo especial énfasis en la problemática frontera sur y la posición del Perú respecto a la misma. Se abordará también, el análisis de los posibles impactos sobre el Ecuador, de la resolución que emita la Corte internacional de la Haya, respecto al diferendo de delimitación marítima entre Chile y Perú. Y finalmente se analizará, de manera prospectiva, la posible solución de este problema en el marco de los entes jurisdiccionales de la CONVEMAR.

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El proceso de liberalización del mercado de telefonía fija en Ecuador tenía como finalidad la introducción de la competencia en un mercado donde las empresas de telecomunicaciones de propiedad del Estado ecuatoriano mantienen el monopolio en la prestación del servicio de telefonía fija. Este proceso estuvo siempre delineado por los 10 lineamientos del Consenso de Washington, basados a su vez en los preceptos de la economía liberal de mercado. Con las recomendaciones planteadas, en Ecuador se dio inicio al proceso de liberalización del mercado de la telefonía fija, para lo cual se realizaron varias reformas normativas para permitir la participación del sector privado en el sector de las telecomunicaciones fijas, y la introducción de la competencia en el mercado de telefonía fija. Sin embargo, a pesar de las reformas, el proceso de liberalización del mercado de telefonía fija en Ecuador no logró cumplir con las expectativas por varios factores atribuibles directamente a la gestión del Estado que no supo aplicar adecuadamente el modelo económico propuesto. Entre estos factores se pueden mencionar el fracaso en la privatización de las empresas de telefonía estatales, la débil actuación del Regulador para que se logren acuerdos de interconexión oportunos y eficaces, la ingerencia política en la dirección de las empresas estatales, y la no eliminación de tarifas subsidiadas.

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Desde hace más de una década, el Lago San Pablo se ha convertido en un hermoso tema de investigación y diagnóstico; es decir, varias instituciones, sean estas, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales han intervenido y han puesto su toque de gestión ambiental en los trabajos desarrollados, que parecen más bien – a la postre- una mera justificación a los recursos económicos manejados. El caso es, que sin desmerecer los logros teóricos alcanzados y el trabajo de concienciación logrado, los diagnósticos situacionales en los diferentes campos del accionar social, siendo problemas por resolver: la depredación del bosque nativo, la quema constante de los paramos, el desguarnecimiento de las vertientes, las concesiones de agua, la no existencia de inventarios de volúmenes de agua tanto superficial como subterránea, la contaminación, en fin, son múltiples las acciones por estudiar y emprender para lograr la Gestión Integral de cuencas hidrográficas andinas. Este es el hilo conductor que me lleva a plantear la creación de un Instituto Tecnológico de Estudios Lacustres y ambientales, como la forma más adecuada de poder ‘lograr’ la Gestión Integral de los recursos naturales en la cuenca del Lago San Pablo, con énfasis en los recursos hídricos, es decir, formar técnicos con conocimientos claros sobre la conducta del agua en un territorio determinado, donde además las actividades de los asentamientos humanos modifican el estado natural de los mismos e inciden directamente en lo que hoy conocemos como ‘calidad de vida’. Siguiendo los procedimientos que la Ley de Educación Superior y el respectivo Reglamento, así como otros documentos afines, pongo a consideración lo que podría ser una nueva institución de educación Tecnológica, con nuevas carreras para el desarrollo del País.

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La política petrolera privilegia los ingresos económicos y margina los derechos ambientales y sociales de la población en las zonas petroleras. Ilustra el análisis de la entrega de licencias que contravienen los derechos establecidos: contrato en el bloque 20 y la explotación en la costa ecuatoriana; a esto se suma los numerosos y graves casos de derrame de petróleo. El gobierno implementa un programa de reparación ambiental y social entre el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, pero falta tomar decisiones fuertes para no ampliar más la frontera petrolera y para aplicar verdaderos procesos de reparación integral, tal como lo estipula la Constitución. Es urgente la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta la participación social, por ser inconstitucional.

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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.

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Estudio de caso de los impactos de la floricultura asumidos como una violación al derecho humano a la salud. Revela como esta actividad genera afectación sobre la población trabajadora, sometida a trabajo intensivo, de ritmo alto, rutinario y con poco tiempo de descanso. Lejos de las ganancias que muestran las cifras de los agroexportadores, se generan serios problemas de contaminación. Existe una práctica de uso de plaguicidas indiscriminada, que genera contaminación de suelos y del agua de las cuencas hidrográficas. La producción de flores en Cayambe usa 60 veces más agua por hectárea/mes que el de una hacienda tradicional, 1.000 veces más que una pequeña propiedad campesina y hasta 1,07 veces más que el agua que se consume por mes en una hectárea de Quito.

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La guía de emprendimiento para el retorno voluntario del migrante se diseña en cuatro capítulos: el primer capítulo describe los antecedentes migratorios desde momentos históricos del Ecuador hasta la fecha actual, su incidencia, los impactos socioeconómicos que ha generado, los flujos migratorios, características, principales trabajos, aportes de los migrantes al sector empresarial y la descripción del Programa Fondo para el Retorno Digno El Cucayo, desarrollado por la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), cuyo programa pretende que los migrantes no crezcan sino aquellos que ya han salido de Ecuador retornen al mismo recibiendo capital semilla para la creación de sus negocios. El segundo capítulo describe la esencia de la cultura emprendedora del emprendedor migrante, sus principales características y los factores esenciales que apoyan al migrante en la creación de su negocio. El tercer capítulo describe las técnicas para determinar oportunidades de negocio, los aspectos técnicos, financieros y de producción del negocio, además de los aspectos legales y ambientales que se debe realizar para crear un negocio. El cuarto capítulo describe las leyes que se relacionan con la creación y gestión de un negocio, además de la descripción de las instituciones públicas y privadas que ofrecen ayuda a los emprendedores migrantes en materia de asesoría, capacitación y canalización de recursos financieros para crear nuevos negocios. A lo largo del documento se cita los testimonios de emprendedores migrantes conforme la temática de la guía, pero por petición expresa de los propietarios de dichos negocios y de quieres facilitaron las entrevistas se ha guardado en reserva el nombre de los mismos. Finalmente se describe las conclusiones del estudio realizado, así como también las recomendaciones que buscan el fortalecimiento de los actuales programas para una atención más efectiva a los emprendedores migrantes.