Inseguridad jurídica en la ejecución de la sanción administrativa en la terminación unilateral del contrato administrativo

La Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, establecen que la inhabilidad para contratar con el Estado de los contratistas incumplidos y también de los adjudicatarios fallidos, una vez resuelto por parte de la Administración Pública la terminación unilateral y anticipada de un contrato de obra, bien o servicio o la negativa del oferente a suscribir el contrato, será de cuatro y tres años respectivamente, contados a partir de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, en la práctica la sanción o inhabilidad del contratista o adjudicatario fallido sancionado, va más allá de lo que la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción determinan. De hecho la sanción impuesta al contratista incumplido o al adjudicatario fallido, por parte de la administración pública, empezaba desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado tomaba conocimiento de la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, mediante la cual resolvía, entre otras cosas el registro como contratista incumplido o adjudicatario fallido en la entidad de control, incumpliendo de esta manera lo que la Ley y el Reglamento prescribía respecto a que la sanción produciría efecto desde la fecha en que la entidad pública emisora de la sanción ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de seriedad de la oferta, según el caso.

Análisis de la adopción del pasado judicial en el contexto del debate nacional de la inseguridad ciudadana

Esta investigación pretende despejar de alguna manera la inquietud y preocupación que se ha generado en la percepción ecuatoriana de asimilar los niveles de violencia y delincuencia común que han azotado al país con la presencia de ciudadanos colombianos. Desde hace una década atrás aproximadamente el “derrame” del conflicto violento de Colombia ha generado en el Ecuador diversas manifestaciones, entre ellos el flujo masivo, incesante y continuo de inmigración colombiana, violencia en la frontera común, obligando al gobierno ecuatoriano de Gutiérrez a redimensionar su agenda de seguridad, implementando como una medida válida desde el 01 de mayo del 2004 la adopción del pasado judicial como requisito indispensable para regular la inmigración colombiana y buscar reducir los índices de inseguridad que ha caracterizado últimamente al país.

Inseguridad ciudadana y derechos humanos: por la deconstrucción de un discurso securitista y hacia un nuevo derecho penal

Sumario: I. Introducción. II. La inseguridad ciudadana y la legitimación del poder punitivo. III. La mirada de los derechos humanos. IV. Deconstrucción del discurso securitista. 4.1. La inseguridad ciudadana: una percepción perversa. 4.2. Todo conflicto social debe tener solución. 4.3. La solución de la violencia no puede ser reducida al tipo penal y a una persona. 4.4. El falso dilema eficiencia y garantismo. 4.5. El garantismo el único derecho que permite el estado constitucional de derechos. 4.6. El funcionalismo promueve normas y prácticas inconstitucionales. 4.7. La trampa del poder punitivo. 4.8. El poder punitivo nunca tutela derechos humanos violados. V. ¿Un nuevo derecho penal? Lineamientos para la investigación penal crítica. 5.1. Derecho penal integral. 5.2. Derecho penal interdisciplinario. 5.3. Derecho penal reparador. 5.4. Derecho penal intercultural. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

Sentimiento de inseguridad en la sociedad del riesgo, controversias y demandas ciudadanas en la ciudad de Cuenca

El presente trabajo de investigación se denomina: “El sentimiento de inseguridad en la sociedad del riesgo, controversias y demandas ciudadanas en la ciudad de Cuenca”. La percepción del fenómeno criminal influye en la creación y modificación de políticas del Estado y de los Gobiernos Locales, que intentan paliar de diferentes formas el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Para lograr alcanzar esta propuesta cabe buscar la respuesta a la siguiente pregunta central de la investigación: ¿De qué manera incide la percepción de inseguridad en las autoridades locales de la ciudad de Cuenca? Para lograr los resultados pertinentes, se ha realizado una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la percepción de la criminalidad en la ciudad de Cuenca, trasladando las preguntas a un segmento de la población, y a un grupo de jurisconsultos conformado por abogados, jueces y fiscales, que ejercen profesionalmente en dicha ciudad. La investigación se sustentó con fuentes primarias, haciendo análisis: de los cuerpos normativos; las doctrinas expuestas en los manuales y libros jurídicos; a la Ordenanza dictada por el Consejo Cantonal de Cuenca; a las encuestas a la población cuencana sobre la percepción sociológica; y, a las entrevistas realizadas a los profesionales de la justicia. Las conclusiones resultantes se basaron en los conceptos y las doctrinas analizadas, junto a los análisis elaborados de las encuestas y las entrevistas.

El monstruo es el otro: la narrativa social del miedo en Quito

Este trabajo explora en hechos y en discursos para entender cómo el aumento de la violencia en Quito ha provocado una serie de respuestas basadas en el miedo, esa forma de relación social inspirada en la desconfianza y el temor al otro. El primer capítulo, “Ciudad real y ciudad imaginada”, contiene una crónica de la ciudad como espacio de existencia y comunicación, y hace un acercamiento a las principales narrativas –oficial, mediática y cotidiana- que contribuyen a la construcción del miedo. El segundo, “La representatividad monstruosa del otro” aborda la manera cómo el poder se afianza sobre los conceptos de orden y de paz para justificar la eliminación de todo lo que, desde su mirada, resulta peligroso, violento y monstruoso. El tercero, “La crisis del Estado social y la imposición de modelos disciplinarios”, trata sobre los conceptos de violencia social o estado de violencia más allá de la lucha de clases o la confrontación entre buenos y malos. En el cuarto capítulo, “Violencia y prácticas sociales”, se analiza cómo la percepción de inseguridad provoca una ruptura entre los habitantes y su entorno, una crisis de sentidos, en medio de la cual se desarrollan diversas estrategias de sobrevivencia. Finalmente, se propone: a) reconocer la dimensión política de la violencia, y b) desmontar el esquema de organización maniqueísta del mundo basado en el lugar común de la lucha del bien contra el mal.

La construcción social del miedo. Caso: Sucumbíos

La circulación de la violencia, las palabras, los rumores, el miedo representado e impregnado en personas o cosas cotidianas vuelven a éste una epidemia que corroe las raíces mismas de la sociedad, rompe con la cotidianidad y, en su lugar, dispone de nuevos códigos que harán de las relaciones sociales una convivencia en tensión permanente, en desconfianza, en inseguridad. Es posible hablar de una nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en el miedo donde confluyen más de un discurso y más de un símbolo. En sociedades mutiladas por la angustia queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida. Entonces, se debe pretender que, si se ve, se oye y se calla, nada pasará. Es mejor no preguntar quién murió y menos por qué, todos lo saben, nadie lo dice. Belén Vásconez escribió este relato en Sucumbíos, a manera de diario de campo, tratando de leer a la ciudad como un texto, con la certeza de que “los capítulos están incompletos porque las palabras se hacen todos los días, porque el ser humano tendrá siempre cosas que decir y, con suerte o con algo de dignidad, seremos -tendremos que ser- nosotros y nosotras quienes aprendamos a escuchar y hasta podría ser que algún día, ojalá pronto, seamos capaces de dar un respuesta”.

Guantánamo o la aceptación del terrorismo de Estado democrático

El sistema internacional globalizado avanza los intereses políticos y económicos del hegemon Estadounidense hacia el resto del mundo, intentando interesadamente que el resto de los pueblos consideren como propias las aspiraciones a lograr regímenes Democráticos y Capitalistas como síntesis histórica del desarrollo político y económico. Como afirma Bertrand Russell, el temor es un elemento siempre útil en la ejecución de toda política y se relaciona actualmente con la necesidad de temerle al Terrorismo internacional, ultimísimo elemento disuasorio de toda reacción contraria a la globalización. Y mas específicamente a la globalización de la seguridad que posee en el hegemon su policía internacional. Mas un siglo y medio después del viaje efectuado por de Tocqueville a EEUU, la sociedad Norteamericana merece volver a ser aprehendida: ¿se trata de reaccionarios cínicos poseedores de un doble estándar de derechos "nuestros" y "ajenos", o sólo intentan defender al mundo por el especial lugar que la historia (entre otras cosas), les ha asignado?. Nuestro análisis será simple. Tomaremos como dados la existencia de la globalización, la inseguridad universal que genera el Terrorismo y el rol de poder de policía mundial asumido por EEUU en su lucha contra el Terror. En este contexto ensayaremos algunas ideas sobre la existencia de una cárcel mundial creada y administrada por EEUU en su base de Guantánamo (Cuba) en la cual la pionera Democracia Estadounidense viola abiertamente derechos humanos básicos cuya existencia y necesidad de respeto supo enseñar al resto del mundo. Nuestro comentario intentará reflexionar sobre la orientación de la democracia norteamericana y su posibilidad real de continuar guiando los procesos de democratización, toda vez que la misma habilita lisa y llanamente el Terrorismo de Estado como política de gobierno posible dentro de un sistema democrático justificándola en la necesidad de seguridad de su población frente a un ataque terrorista. Y en todo caso pensaremos si el modelo democrático que tantos estados ensayan consolidar bajo la guía de EEUU admitirá dentro de su esquema esencial, la violación impune de derechos frente a la mencionada amenaza. ¿Estamos frente a una desviación a corregir o a una tendencia a imitar? Guantánamo existe. Es una de las varias cárceles de esta policía internacional Norteamericana que nos protege (como habitantes del mundo y sin haberlo solicitado) de ese temor que genera la amenaza terrorista. Sin embargo además de su existencia material, es interesante reparar en su justificación formal o jurídica, sobre todo en el marco de un sistema democrático.

El régimen constitucional vigente de los servidores del sector público

La vigente Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 35 numeral 9º, determina de manera expresa el régimen legal, al que deben estar sujetos los servidores, autoridades, empleados, trabajadores y obreros que prestan sus servicios en el sector público, determinando que en el caso de las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal, y las Instituciones del Estado que ejerzan actividades que no puedan delegar sus actividades al sector privado, las relaciones con sus servidores se regularán por el Derecho Administrativo, con excepción de los obreros que se regirán por el derecho del Trabajo. Y en el caso de las Instituciones del Estado que si pueden delegar sus actividades al sector privado, las relaciones se regularán por el Derecho del Trabajo con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental, las cuales se sujetarán al derecho administrativo. La expedición de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA, vulneró este mandato constitucional, sujetando a los trabajadores y obreros del sector público a esta Ley del Derecho Administrativo. Este quebrantamiento a la Ley Suprema fue demandado ante el Tribunal Constitucional, Órgano supremo de control constitucional que debe asegurar la eficacia de las normas supremas en especial las que consagran los derechos y garantías referentes al régimen jurídico al que pertenecen los trabajadores en el numeral 9º del artículo 35 de la Constitución. El Tribunal si bien reconoce la vigencia del régimen del Derecho del Trabajo, expide una Resolución ambigua, desautorizando a la Tercera Sala que en cumplimiento de su obligación, declaró en su informe que esta Ley no era orgánica, y que no debía regir una ley del derecho administrativo a los trabajadores sujetos al Derecho del Trabajo; sin embargo el pleno del Tribunal dejó vigentes normas de la Ley que contradicen su pronunciamiento creando una inseguridad jurídica que ha causado un daño irreparable al Estado Social de Derecho y ha destruido la paz laboral en el sector público. Bajo estos contenidos de la tesis nos hemos propuesto como objetivo fundamental el de ubicar a cada régimen su ámbito de regulación, el de las autoridades, funcionarios y empleados, la Ley del Derecho Administrativo, y para los trabajadores y obreros el Derecho del Trabajo, tal como lo prescribe la Constitución, para de esa manera hacer prevalecer la supremacía de la Carta Magna, frente a leyes de menor jerarquía que deben mantener concordancia y sujeción a sus enunciados.

Regresión laboral en el Ecuador y sus consecuencias: gobierno de Rafael Correa

Este artículo centra su análisis en la vigencia de los derechos sindicales y laborales en el Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa se han impulsado una serie de contrarreformas que afectan los derechos sindicales y laborales de los trabajadores y trabajadoras. Se vive un estado de inseguridad, indefensión y persecución que pone en riesgo la existencia de las organizaciones sindicales y las posibilidades de defensa de lo público frente a la amenaza neoliberal. Los problemas de desempleo y subempleo se han agravado haciendo cada vez más lejano el sueño de la construcción de una sociedad justa y equitativa, garante de derechos, dando lugar a la aparición de una segunda etapa de desregulación y flexibilización laboral.

Seguridad jurídica en el contrato de concesión para la generación de energía eléctrica, suscrito entre el Consejo Nacional de Electricidad - CONELEC - y la compañia Machalapower Cía. Ltd.

La presente investigación contiene el análisis jurídico de: servicio público; servicio público de energía eléctrica; seguridad jurídica; inseguridad jurídica; concesión; contrato de concesión. Se realiza un estudio del Contrato de Concesión suscrito entre el CONELEC y MachalaPower, a fin de verificar si existe o está estipulado la figura de seguridad jurídica, así como también las estipulaciones contractuales que permitan reestablecer la ruptura del equilibrio económico, en caso de presentarse. De igual manera se realiza un análisis comparativo entre la Constitución vigente de 1998 y el Proyecto de Constitución que se somete a referéndum el 28 de septiembre de 2008 sobre el servicio público y seguridad jurídica

La política de inmigración en el Gobierno de Rafael Correa: avances, límites y retos

En medio de un contexto marcado por la globalización, la población que migra experimenta múltiples formas de negación y exclusión. En muchos países es mirada como extraña, intrusa, como ese nuevo “chivo expiatorio”, como “lo malo” e incluso “lo no deseado”. En el Ecuador concepciones como éstas han sido fortalecidas, por un lado, por el discurso oficial que tiende a mirar el libre ingreso de la población colombiana como una causal de la inseguridad ciudadana y, por otro, por las políticas de inmigración que se han implementado en nuestro país a partir del 2004. La presente investigación analiza la posición del gobierno del Presidente Rafael Correa respecto a los inmigrantes y fundamentalmente frente a los inmigrantes colombianos. Privilegia el análisis documental de las políticas de inmigración; los decretos y los comunicados del gobierno de Correa. Intenta responder a preguntas como: ¿Cuál es el peso que otorga el gobierno de Correa a la emigración, inmigración y refugio? ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la implementación de políticas de inmigración? ¿Si las políticas de inmigración afirman o expresan la concepción de la inmigración como un problema de seguridad, como una amenaza y qué implicancias trae ello para los derechos humanos de la población colombiana? Finalmente, propone algunas recomendaciones para trabajar en la implementación de políticas públicas de inmigración, así como también para abordar el tema de la movilidad humana.

Anotaciones sobre los discursos en torno a la frontera colombo-ecuatoriana (Otros Temas)

En el artículo se presentan y analizan algunos de los principales elementos que han hecho parte del imaginario sobre la frontera. Dentro de este imaginario, señala el autor, se inscriben por lo menos tres tópicos que circulan y se resignifican: se trata de zonas en las que impera el desorden y cuyo referente es jurídico, son regiones en donde la democracia está poco consolidada y su referente es político, y son án1bitos en donde es posible que reditúe la guerra y el referente es militar. Estos tópicos fueron la base a partir de la cual se entendió y describió la zona de frontera por parte de algunos intelectuales a finales de los años 80, llegando a convertir de esta forma, a la frontera, en depositaria de inseguridad. De acuerdo con el autor, el manejo de este tipo de discurso no ha permitido realizar un análisis real de la situación de las sociedades de frontera y se tiende a caer en lugares comunes propios de este discurso.

Seguridad cooperativa regional (Artículos Varios)

El autor reflexiona sobre las condiciones en que los países pobres son vulnerables a diversas fuentes de inseguridad. En este contexto, el artículo analiza el caso de Colombia, amenazada por el narcotráfico y la guerrilla, y vincula la inestabilidad colombiana con la estabilidad y paz regionales. El autor insinúa, asimismo, tres escenarios posibles del conflicto y sus consecuencias en la región y propone la seguridad cooperativa regional como respuesta a este problema.

La construcción social del miedo en Sucumbíos

El presente trabajo es un primer acercamiento a la comunidad de Sucumbíos y la nueva realidad que ahora se presenta en la actual coyuntura política, económica y social. Esta provincia, abandonada desde hace décadas por los gobiernos de turno, es la mayor fuente de extracción petrolera, lo que ha causado problemas de contaminación y episodios de abusos en contra de la población civil. Su limite con uno de los sectores más conflictivos de Colombia, en donde operan varios grupos armados, ha provocado también ambiente de tensión e inseguridad. El Plan Colombia, implementado desde 1999, ha tenido como consecuencia la hostilidad hacia los grupos colombianos y muchas veces la persecución y represión, por parte de las autoridades, hacia comunidades ecuatorianas. Cuando la violencia se incrementa, la represión es una amenaza, y la muerte se vuelve cotidiana, la población vive la ruptura de las relaciones sociales. El miedo, un sentimiento que paraliza al ser humano y rompe la solidaridad a cambio de la sobreviviencia, determina que las decisiones o acciones, las formas de comunicarse e inclusive los mismos afectos se trastoquen creando nuevas ciudadanías del miedo, sujetas a él, por el determinadas. La intención de este trabajo es descubrir, a través de la palabra de la gente que ha aprendido a vivir con miedo, desde dónde se ha creado un nuevo tejido social. Leer la ciudad como un texto nacido con la palabra de la gente que la crea y recrea todos los días. Probablemente, a través de su testimonio encontrar la forma de conjurar ese miedo. A mí, por el miedo que me cuesta A mis mujeres, la Mariana, la Alison, la Paula, la Lalita, por el miedo conjurado