31 resultados para ICA Y CERTIFICACIÓN DE BPG EN COLOMBIA

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La justicia transicional es implementada en sociedades donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del conflicto armado colombiano. Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia la paz.

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El objeto de este trabajo fue analizar la asociatividad realizada en Colombia para identificar si ha servido para formular teoría e implementar prácticas gerenciales en las entidades asociativas y en sus afiliadas. En la primera parte analiza el concepto de asociatividad y su aplicación en Colombia; en la segunda parte analiza el concepto de gerencia. El estudio se centró en identificar el contenido manifiesto y el sentido latente del discurso gerencial que se hace en las entidades asociativas y si el proceso asociativo ha contribuido a implementar teorías o estilos gerenciales. La fuente fue una muestra de entidades asociativas, según la legislación vigente. A los directivos de estas entidades se les hizo una entrevista semiestructurada para la cual se utilizó una guía, en la cual se tuvieron en cuenta 17 temas de carácter gerencial; dichas entrevistas fueron grabadas en audio y video para su posterior análisis mediante el software Atlas-Ti. Como fuente secundaria fueron revisadas las cartas estatutarias de las entidades, sus medios de comunicación institucional, sus pronunciamientos y comunicados públicos, así como los temas centrales de los congresos más recientes; lo anterior constituyó el universo de registros para el análisis; a partir de allí se aislaron las palabras clave o distintivas y la definición que el gremio les da para, con base en ello, identificar el modelo de administración y gerencia que prima en la práctica y en el imaginario de estas entidades. Al mismo tiempo, ello permitió vislumbrar hacia dónde se dirigen, mediante el análisis de tendencia. En un esfuerzo por evitar o controlar el sesgo, además de hablar con los directivos de las entidades asociativas, se habló con directivos y empleados de empresas asociadas a las primeras, siguiendo el mismo modelo de entrevista semiestructurada. Se pretendió considerar el sentido latente del discurso en cuanto tiene que ver con el lenguaje aprehendido por los directivos a partir de los modelos, mediante la hermenéutica del discurso en sus aristas económica y política.

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La presente tesis tiene como objetivo identificar los obstáculos y las posibilidades para incidir en la política migratoria colombiana, de tal manera que se visibilice en ella el carácter político y social de los colombianos emigrantes, tomando como caso específico a los colombianos que viven en Ecuador. Para esto, en el primer capítulo, a manera de contextualización, hablo sobre el fenómeno de la movilidad y la migración en Colombia y los diversos enfoques con los que se ha abordado el estudio del mismo. De igual manera hago un recuento sobre el contexto político actual que ha incidido en la migración Colombia – Ecuador. Posteriormente intento identificar los obstáculos y las posibilidades para recuperar como actor político y social al migrante colombiano en Ecuador, para tal fin indago en tres áreas: En las miradas y posturas que el Estado colombiano le ha otorgado a la población migrante; en segundo lugar, en las interpretaciones que los migrantes hacen de sus experiencias en condición de refugio, irregularidad y detención en el exterior; por último, en las acciones y estrategias que organizaciones de colombianos en Ecuador vienen agenciando para visibilizarse e impactar en la política pública tanto de Colombia como de Ecuador. Las conclusiones a las que llega esta investigación intentan aportar a la resignificación conceptual de exterioridad física y expulsión social del migrante en las miradas estatales del país de origen; en las naturalizaciones que se evidencian en las narrativas de los migrantes colombianos, las cuales justifican la exclusión y desatención del gobierno colombiano para sus connacionales en Ecuador; y finalmente, presento las conclusiones sobre las estrategias y acciones emprendidas por las organizaciones de colombianos en Ecuador y de dos organizaciones en Colombia tomadas para este estudio.

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Si bien un importante referente sobre la agenda de la eficacia en el mundo de la cooperación lo constituye la Declaración de París (DP) y posteriormente la Agenda de Acción de Accra (AAA), en este ensayo se traerá a colación otro proceso en la búsqueda de eficacia de la cooperación internacional en Colombia; el proceso Londres, Cartagena, Bogotá (LCB). El objetivo de este ensayo consiste en poner en discusión los posibles avances y aportes al desarrollo en Colombia desde la agenda de eficacia de la ayuda. Así como también destacar las críticas que en dicho proceso de implementación se generan desde actores afectados o involucrados en el proceso como las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

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Nuevas contextos exigen nuevas estrategias. Pero no puede hablarse de una estrategia de exigibilidad si ésta carece de una sostenibilidad de actores, de organizaciones, de sujetos sociales que se reconozcan como sujetos, como titulares de derechos y, por lo tanto, se organicen, movilicen y exijan la plena realización de esos derechos.

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La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.

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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

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La historia de Colombia ha sido una sucesión de pequeñas y grandes manifestaciones de violencia. Desde las guerras de independencia, pasando por las guerras del siglo XIX, y por una innumerable cantidad de alzamientos, revoluciones y montoneras menores, hasta llegar al punto álgido de la violencia como institucionalidad paralela: la muerte de Gaitán, el Bogotazo y los años de la Violencia. Pensar que los orígenes de tales manifestaciones de «la política por otros medios» fuesen el resultado de las mismas causas, consecuencias de los mismos procesos o, al menos, gritos comunes ante privaciones similares, sería bastante simplista. Pues, mientras el país se mueve, y cambia su realidad, la violencia permanece perenne. Sobrevive la violencia en sus odios y en sus fantasmas, en los vencidos y en los vencedores. La guerra, y toda apelación a la violencia, quedaban como una ocupación contingente pero común.

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Este artículo analiza las reformas institucionales emprendidas por Colombia y Venezuela para enfrentar las crisis de la democracia durante los noventa. Si bien los intentos de reforma han comprendido desde la descentralización y la transformación de los sistemas electorales hasta las reformas constitucionales, las reformas parecerían no haber generado los resultados adecuados dado que, en algunos casos, parecen haber profundizado las crisis. Al respecto se argumenta que toda reforma puede producir efectos imprevistos, no siempre benéficos. Dado que toda reforma implica costos, se torna necesario desprenderse de aquellos diagnósticos que perciben la realidad como verdad incuestionable.

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Este artículo reflexiona sobre los conflictos que aquejan a la sociedad colombiana, teniendo en consideración a los actores y a los elementos objetivos y estructurales que los condicionan. Se parte de entender al conflicto no como algo patológico sino como un espacio normal de divergencia social. Además de ello, el autor analiza la relación entre política y violencia en Colombia, considera los elementos de tipo interno y externo que han determinado esta relación, enfatiza sobre los rasgos de exclusión social y política que han caracterizado a Colombia, y analiza los escenarios posibles de resolución del conflicto colombiano.

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La compilación forma parte de la cátedra y proyecto “Estudios de la Diáspora Afro-Andina. Construcción de identidades afros en Ecuador y Colombia: procesos sociales, políticos y epistémicos”, financiado por el Convenio Andrés Bello. Tomando la “diáspora” como marco y perspectiva, se promueve una consideración crítica sobre lo afro y sus nuevas conceptualizaciones tanto en las Américas como en la región andina, con enfoque particular en el Ecuador y Colombia, para estudiar y comprender las nuevas construcciones de identidades afros y los procesos sociales, políticos y epistémicos asociados con ellas. La bibliografía pretende ofrecer una contribución a estos procesos.

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La globalización como un proceso de carácter multidimensional, que abarca no sólo aspectos económicos y financieros, sino también sociales, culturales y tecnológicos, ha servido como plataforma para el surgimiento de nuevos actores sociales de índole transnacional. La creciente conformación y expansión de redes transnacionales, ha abierto una mirada hacia nuevas temáticas, conflictos y desarrollos que deben ser contemplados en el ámbito global. Por ello estas redes, entre otras cosas, han implementado nuevos mecanismos de control y garantía de los derechos humanos en el ámbito global, han desarrollado también estrategias de cooperación para que sus esfuerzos y activismo hagan eco dentro de las políticas domésticas de los Estados. Es esta investigación se ilustra bajo un ejemplo práctico, la participación y el activismo de una red transnacional feminista que con la cooperación de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lograron crear y llevar a cabo de manera efectiva, una estrategia en aras de la despenalización del aborto, en Colombia, estado que había sido muy severo en esta materia. En América Latina, la inflexibilidad de las legislaciones en materia de aborto, ha radicado, en que éstas han tomado como base la doctrina católica, que durante mucho tiempo fue impartida y considerada como el discurso hegemónico o más relevante en la discusión de políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Entonces, teniendo en la mira a estos protagonistas que se encuentran en conflicto, bien por hacer prevalecer la autonomía individual, la salud pública la equidad social o de género en las legislaciones domésticas, o bien por salvaguardar la noción de familia tradicional que se está viendo amenazada por un relativismo moral que debe ser contrarrestado al interior de los Estados, esta investigación, analiza por un lado, si existe o no influencia de los grupos feministas transnacionales, quienes han visto la importancia de actuar globalmente para promover cambios nacionales como la liberalización del aborto en las legislaciones, dado el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos avalados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos , y por otro, estudia la decadencia de la doctrina católica, ya que como actor político la Iglesia Católica ha perdido fuerza a la hora de participar en los debates sobre sexualidad y aborto. Para el fin perseguido en este documento, se analizan los principales postulados de la Teoría Liberal de las Relaciones Internacionales y se contrasta con un ejemplo práctico: el proceso de despenalización parcial del aborto en Colombia durante el periodo comprendido entre 2005 – 2006.

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Teniendo en cuenta que la reparación es un derecho con características particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigación revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta política en Colombia. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la legislación internacional, legislación nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparación Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparación desde una visión subjetivista de los derechos humanos, entendiéndola no solo como una obligación del Estado sino como un derecho en sí mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la política concibiéndolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prácticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemonía del discurso adultocéntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparación integral de la infancia y la adolescencia en la formulación y ejecución de la política pública y contribuye para que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseñados para tal fin en Colombia.