65 resultados para Feria de la economía social

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.

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El presente trabajo pretende ser una guía de orientación para el enriquecimiento de la ciencia jurídica, dirigido hacia la instrumentalización de una ley de economía solidaria, tomando en cuenta que el Preámbulo y el Art. 242 de nuestra Constitución la enuncian como un principio que rige la economía social de mercado; y, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada como un principio modernizador de la esfera estatal; de tal manera que se constituya en un posible instrumento eficaz de desarrollo económico y social que conlleve a la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana. Dividimos la investigación en cuatro capítulos: En el Capítulo I se analizan los derechos y los principios económicos constitucionales que rigen a los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, principalmente: el derecho a la propiedad privada y su función social, el derecho a la libre competencia, el derecho a la libertad de empresa, y el principio de la solidaridad económica. Los objetivos de la economía social de mercado contemplados en las constituciones andinas. En el Capítulo II se realiza un estudio sobre los orígenes remotos y próximos de la economía solidaria, así como los fundamentos del cooperativismo a nivel nacional e internacional. En el Capítulo III se establece un marco conceptual referencial sobre la necesidad de instrumentalizar una ley de economía solidaria, estableciendo su objeto, principios, fines y organización. Por otro lado, se describen los parámetros para la creación de un fondo de fomento y de una Superintendencia de economía solidaria. Finalmente, en el Capítulo IV arribamos al establecimiento de conclusiones y recomendaciones.

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La investigación analiza el metabolismo social capitalista a través del estudio de su quinto proceso, la excreción. En una suerte de relación subsunción-autonomía, partimos de la construcción de una teoría crítica del metabolismo del desecho en la determinación social de la salud que aterriza en un estudio nacional de economía política y geografía crítica de la basura en el Ecuador, y termina con un estudio de caso que devela de qué manera esos procesos macro determinan las condiciones de vida, de salud o su pérdida en comunidades afectadas por sistemas de disposición final de residuos, especialmente recicladores/as informales y sus familias. El primer capítulo propone un abordaje conceptual de ruptura, que toma como marcos disciplinarios la crítica de la economía política, la ecología política, la epidemiología crítica y las teorías del Estado. El segundo capítulo realiza un análisis sociohistórico a nivel nacional, desde los años del neoliberalismo durante los que se gesta la crisis de la basura, hasta los años del gobierno actual en los que la crisis de la basura tiene un boom, con el colapso de muchos de los sistemas de disposición final, especialmente en cabeceras cantonales. El tercer capítulo analiza la determinación social, exposición, vulnerabilidad y perfil epidemiológico de trabajadores informales y sus familias, en el botadero a cielo abierto del cantón Portoviejo en Ecuador. La investigación finaliza evidenciando el peso que representa, en términos económicos para el Estado, mantener el subsidio de la gestión y administración de los residuos sólidos y propone el modelo de “Basura cero”, reparador del metabolismo social.

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Este artículo examina el negocio de las drogas ilegales en los Andes desde las relaciones de la oferta y la demanda. Luego, en el intento de construir una respuesta a la interrogante de por qué unos países producen drogas ilegales y otros no, Thoumi cuestiona las cuatro razones (pobreza, desigualdad, crisis económicas y corrupción) que comúnmente se utilizan para explicar este fenómeno, y señala que en muchas ocasiones estas variables son detonantes más que causas. En la parte final, el autor expone las características sociales e institucionales de los países que propician las destrezas necesarias para llevar a cabo actividades ilegales, y argumenta que su solución requiere cambios estructurales en la sociedad.

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El presente trabajo analiza los sistemas de seguridad social predominantes en el mundo centrando su estudio en América Latina, analizamos las transformaciones que se vienen experimentando a raíz del modelo neoliberal que impuso reformas tendientes a la privatización de los sistemas de seguridad social, el caso especifico de análisis es el boliviano tomando en cuenta el viraje socio-político que fortalece la tendencia anti – privatizadora. Es en este sentido que se intentará dilucidar las razones de esta resistencia en el desarrollo de la Asamblea Constituyente y la comparación con otros casos similares que han tenido lugar en la región. En este contexto, el objetivo fundamental es identificar los desafíos de la seguridad social en Bolivia, particularmente, del seguro de pensiones, a partir de analizar el desarrollo del sistema pensional boliviano, los aciertos y desaciertos de la aplicación del modelo neoliberal, los problemas y planteamientos vigentes, así como los retos más importantes frente a una nueva visión de Estado y un nuevo orden internacional. El documento está estructurado por una parte introductoria en la que se desarrollan las características fundamentales de los sistemas de pensiones en diferentes escenarios a nivel mundial enfocándonos en los principales desafíos que enfrentan los esquemas previsionales individuales de contribución definida y gestión privada en debate con los sistemas tradicionales públicos, para este efecto se procede al análisis de un caso de estudio específico por lo cual desarrollamos en los capítulos siguientes el proceso que se sucedió en Bolivia. El capítulo 1 analiza el funcionamiento del sistema pensional boliviano, en el marco del contexto socioeconómico del país, examinando el periodo anterior a la reforma de 1997, donde se aplica el Código de Seguridad Social que pone en vigencia el Sistema de Reparto y el periodo de la reforma de pensiones, caracterizado por una transformación drástica a un sistema de capitalización individual de administración privada. El capítulo II esboza la nueva visión del Estado boliviano, que a través de un debatido y polémico proceso constituyente define el nuevo marco constitucional; se describen las principales propuestas que se debatieron desde la visión del oficialismo y la oposición, así como las modificaciones que se dieron a lo largo del proceso. De la misma forma, se presenta un análisis del proyecto de Ley de Pensiones presentado por el Gobierno al Congreso Nacional, el cual instrumentaliza los objetivos que se persiguen para modificar la actual estructura del sistema de seguridad social (caracterizado por ser privado y de capitalización individual). En la parte final, se sintetizan las principales conclusiones y se esbozan en líneas generales, un conjunto de recomendaciones dirigidas al fortalecimiento en la investigación de la seguridad social en Bolivia.

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El modelo de acumulación por despojo y las presiones de monopolización económica y exclusión social que se han desencadenado en años recientes, exacerban un empobrecimiento extremo, la destrucción de las condiciones de vida y el deterioro de la integridad ambiental. La lógica de las grandes corporaciones avanza demoliendo no sólo las condiciones de vida, sino las bases de nuestra soberanía, al tiempo que las movilizaciones sociales se multiplican para defender los derechos humanos y sociales; pero el mundo profesional y académico reacciona con exasperante pasividad e indolencia y las universidades entran de lleno en un modelo de educación neoliberal. Los departamentos universitarios, las unidades técnicas de agencias gubernamentales- locales y nacionales- y hasta organizaciones no gubernamentales independientes, han acogido las políticas y agendas del poder, y siguen en la línea de programas inefectivos e inocuo para encarar la tan mencionada “pobreza”, o se enrolan directamente en líneas de trabajo empresariales. Los programas sociales no van a las raíces de los problemas y terminan reproduciendo las propias reglas del juego neoliberal y la hegemonía, muchas veces en el marco de una fraseología progresiva y de la ilusión creada por acciones limitadas de desarrollo local. En este trabajo se pretende explicar aquel contrasentido histórico, reflexionando sobre aquello que el autor define como las raíces de una cultura pragmática y de resignación; sazonada en medio de las presiones del mercado de trabajo, el miedo y de las confusiones ideológicas de la época. Un análisis sobre una época donde impera en las universidades y entidades de investigación, una corriente de renuncia a la critica del capitalismo; una cultura inmediatista que ha hegemonizado muchos ámbitos académicos y técnicos, que renuncia a la construcción de una sociedad distinta, generando la incapacidad institucional y de los expertos para mirar las raíces de una creciente inequidad y el divorcio entre los aparatos tecnocráticos y la lucha de los pueblos.

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El estudio deLa Delegación de los Servicios Públicos a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, se ha centrado en la delimitación conceptual y ubicación jurídica de los servicios públicos, y en el reconocimiento del nuevo sector económico denominado economía popular y solidaria, conforme la Constitución de la República del Ecuador vigente y la legislación aplicable. Como consecuencia, se logra conocer el alcance de la delegación por excepción a la economía popular y solidaria en la prestación de los servicios públicos; y, sus efectos en el desarrollo social y económico frente a la participación estatal, privada, mixta y comunitaria, conforme la Constitución del 2008. En vista de la amplitud del tema central, cuyo abordaje requiere la compresión de estas dos figuras, en todo su contexto, aparecen algunas limitaciones para su análisis, sobre todo por los tecnicismos, especialmente de índole económico, que rebasan la aplicación del derecho, por lo que se ha visto necesario contar con mayores estudios especializados que los aborden, para que complementariamente y en un segundo momento de estudio, se determine en forma global su alcance y efectos en la prestación de losservicios públicos. Sin embargo, se ha logrado inferir la aplicación de casos concretos por parte de los actores de la economía popular y solidaria, que cotejados con las normas del ordenamiento jurídico y la doctrina de pensadores especialistas, deducen máximas generales concluyentes para este estudio. Logrando concluir en que jurídicamente y pese a la visión estatista que se plantea en la Constitución, es factible la intervención del sector económico popular y solidario, como actor en la prestación de los servicios públicos, de forma directa en las actividades prestacionales de educación, salud y comunitarias; y, excepcionalmente por delegación en cuanto a las actividades que se enmarcan en el amplio segmento de los denominados sectores estratégicos; pero pese a esa posibilidad, prevalece la necesidad de la revisión de la ley orgánica específica, regulación administrativa e implementación de políticas públicas, a fin de que se den las condiciones adecuadas para que este acertado avance, en la práctica, no quede sin una efectiva aplicación.

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La mala alimentación ha generado que el organismo de los individuos no funcione bien provocando enfermedades crónicas. Comer es un acto tan normal, como cotidiano y se ha convertido en un problema de salud pública. Por consiguiente, el Plan Nacional del Buen Vivir plantea que hasta el 2017 se reduzca la incidencia de la obesidad y sobrepeso en niños de cinco a once años. El país está actuando con intenciones de cumplir lo que se ha propuesto y por consiguiente, nació la necesidad de realizar está investigación. El objetivo general es determinar estrategias para el sector de la economía saludable localizado en el norte de Quito, con relación a la elaboración de alimentos preparados por empresas de catering para eventos. Para esta investigación, se optó por un estudio descriptivo para determinar cómo está estructurado el sector de la economía saludable en el distrito metropolitano de Quito y se utilizó un método empírico basado en la realización de entrevistas y encuestas a un grupo objetivo. Se sustentó en diferentes bases teóricas, siendo útiles para la orientación de los procedimientos investigativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos planteados, y por otro lado esta investigación demandó el uso de herramientas que permitan disponer de información actualizada para la propuesta de estrategias. Los resultados muestran que el sector de catering se encuentra en desarrollo, siendo sus fortalezas mecanismos para impulsar un crecimiento sostenido que aporte a elevar la calidad de vida de los consumidores. Se describen varias estrategias especializadas relacionadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Éstas pretenden fortalecer la descripción del Objetivo No.3, el que indica mejorar la calidad de vida de la población, en donde se establezcan lineamientos específicos que sustenten acciones concretas con referencia a la salud y el bienestar. En el diseño de las estrategias, se resalta la iniciativa de formar una asociación que permita asistir a las empresas interesadas para que adopten procesos de calidad y oferten alimentos nutritivos. La ejecución de éstas demandan de una estructura que faculte su gestión por fases y se presenta un plan operativo, el cual muestra las actividades que cada estrategia contiene, así como su relación y temporalidad. Finalmente, los impactos evaluados señalan que la propuesta incide a nivel económico, social y ambiental, siendo un aporte fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.

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Este trabajo explora en hechos y en discursos para entender cómo el aumento de la violencia en Quito ha provocado una serie de respuestas basadas en el miedo, esa forma de relación social inspirada en la desconfianza y el temor al otro. El primer capítulo, “Ciudad real y ciudad imaginada”, contiene una crónica de la ciudad como espacio de existencia y comunicación, y hace un acercamiento a las principales narrativas –oficial, mediática y cotidiana- que contribuyen a la construcción del miedo. El segundo, “La representatividad monstruosa del otro” aborda la manera cómo el poder se afianza sobre los conceptos de orden y de paz para justificar la eliminación de todo lo que, desde su mirada, resulta peligroso, violento y monstruoso. El tercero, “La crisis del Estado social y la imposición de modelos disciplinarios”, trata sobre los conceptos de violencia social o estado de violencia más allá de la lucha de clases o la confrontación entre buenos y malos. En el cuarto capítulo, “Violencia y prácticas sociales”, se analiza cómo la percepción de inseguridad provoca una ruptura entre los habitantes y su entorno, una crisis de sentidos, en medio de la cual se desarrollan diversas estrategias de sobrevivencia. Finalmente, se propone: a) reconocer la dimensión política de la violencia, y b) desmontar el esquema de organización maniqueísta del mundo basado en el lugar común de la lucha del bien contra el mal.

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La circulación de la violencia, las palabras, los rumores, el miedo representado e impregnado en personas o cosas cotidianas vuelven a éste una epidemia que corroe las raíces mismas de la sociedad, rompe con la cotidianidad y, en su lugar, dispone de nuevos códigos que harán de las relaciones sociales una convivencia en tensión permanente, en desconfianza, en inseguridad. Es posible hablar de una nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en el miedo donde confluyen más de un discurso y más de un símbolo. En sociedades mutiladas por la angustia queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida. Entonces, se debe pretender que, si se ve, se oye y se calla, nada pasará. Es mejor no preguntar quién murió y menos por qué, todos lo saben, nadie lo dice. Belén Vásconez escribió este relato en Sucumbíos, a manera de diario de campo, tratando de leer a la ciudad como un texto, con la certeza de que “los capítulos están incompletos porque las palabras se hacen todos los días, porque el ser humano tendrá siempre cosas que decir y, con suerte o con algo de dignidad, seremos -tendremos que ser- nosotros y nosotras quienes aprendamos a escuchar y hasta podría ser que algún día, ojalá pronto, seamos capaces de dar un respuesta”.

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El conflicto político que vive Venezuela ha limitado la discusión del problema clave que nos afecta desde hace más de una década: la pobreza y la exclusión. La aprobación de un modelo de seguridad social garantista, solidario y apegado a la Constitución es una de las condiciones fundamentales para promover y lograr la inclusión social.

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La protesta social que Argentina vivió el pasado diciembre concentró el repudio de la nación hacia el modelo económico vigente, originado en el agudo proceso de degradación paulatina de los derechos sociales de la población. La sostenibilidad de la democracia reclama urgente atención sobre tres cuestiones: la violencia política, la fragilidad institucional y los derechos sociales, que guardan una estrecha relación entre sí. De como se encare su solución dependela vida democrática regional en los próximos años.

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Las rebeliones de los últimos tiempos tienen rasgos propios, algunas al borde de asumir las características de la desobediencia civil, un tipo de resistencia contra reglas institucionales o políticas públicas mantenidas injustamente por una mayoría electoral. Estas responden a estrategias de "señoreaje", concepto que patentiza la dureza de los obstáculos que se interponen no sólo a la construcción de una nueva democracia sino también a la búsqueda de una democracia capitalista "normal".

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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el programa social de alimentación más grande e importante que realiza el Estado ecuatoriano, atendiendo con desayuno y almuerzo escolar a niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de todo el país. Los objetivos del programa son lograr el mejoramiento de la educación básica, brindar un apoyo alimentario con enfoque nutricional para menguar el hambre a corto plazo, otorgar un subsidio directo y focalizado a las familias pobres. El PAE para cumplir cabalmente con sus propósitos de abastecer a todos los niños, niñas y adolescentes, requiere de aproximadamente 40 millones delares. Apenas está financiado la mitad. Sin embargo el Estado, que apenas tiene financiado el 50% de lo que requiere para cumplir sus objetivos, restó un 20% adicional. De ahí que de los beneficiarios del PAE, dejaron de comer 12'608.695 raciones de desayuno y almuerzo escolar. Es decir, durante 11 días los niños, niñas y adolescentes dejaron de alimentarse en las escuelas. Para evitar la impunidad, ha esta violación de derechos se realizó varias acciones judiciales incluida una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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Artículo preparado para el Tomo 16 de la Nueva Historia Ecuatoriana, por publicarse.