8 resultados para Educación ciudadanía
em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar
Resumo:
Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.
Resumo:
Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.
Resumo:
El “Imperio de los Incas” que estuvo en proceso de consolidación, fue exterminado y esclavizado por el colonizador “español”, pues la población “del Imperio Incaico, conforme a cálculos prudentes, no era menor de diez millones. Hay quienes la hacen subir a doce y aun a quince millones” y “podemos señalar que disminuyó aproximadamente en un 75% hacia 1561”; y “entre 1821-1823, en los países de Perú, Ecuador y Bolivia, el 90% de la población eran siervos indígenas”; habiéndose suprimido el tributo indígena en el Perú, recién durante el gobierno de Ramón Castilla en 1854. Genialmente, José Carlos Mariátegui publica sobre “El problema de la tierra”, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde establece que el problema del indio es “fundamentalmente económico”, afirmando que “No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra”. Sin embargo, José María Arguedas señaló que las “luchas sociales tienen un trasfondo no sólo económico, en un país como el nuestro, sino un denso trasfondo cultural”. Siendo así, nos preguntamos ¿Por qué a través de la historia el indígena peruano ha sido y es invisibilizado?, entonces ¿Qué pasó y en que parte del tiempo se detuvo la lucha del reconocimiento y respeto del indígena peruano?
Resumo:
Pensar en la formación en valores lleva implícito reconocer maneras ideales de educación que se llevan a la práctica desde el presente, por ello la necesidad de pensar en lo humano y la educabilidad, que se materializan mediante procesos de humanización. Estos se expresan en perspectivas éticas, opciones morales y objetivaciones valorales. Ahora, ¿cómo hacer para que sin perder horizontes teóricos se pueda formar el ciudadano que existe en el presente y que va siendo el gestor de nuevas generaciones? Una opción es asumiendo la educación como un acto de natalidad, donde ésta es acogida del que llega al proceso educativo.
Resumo:
En el proceso de búsqueda de un nuevo paradigma educativo que haga posible el desarrollo de las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio de la competitividad, se ha elaborado el presente trabajo como aporte a la comprensión de uno de los enfoques educativos más nombrados en la actualidad: la educación por competencias. Para ello, se parte de un debate sobre los desencuentros existentes entre el desarrollo humano, la educación y la producción. También se debate sobre las demandas del desarrollo humano y de la producción hacia la educación y la necesidad de adoptar un nuevo enfoque educativo que responda a dichas demandas. El concepto de competencia está soportado por su caracterización y su clasificación. La caracterización lo relaciona con los ámbitos ideológico, político y económico de la estructura social y sus elementos claves de desarrollo humano, educación y producción, respectivamente; también lo relaciona con capacidades fines que son el ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio de la competitividad. Además, la caracterización del concepto está dada también por sus elementos cognitivo, praxiológico, actitudinal, integración y generalización. La clasificación en relacionales, cognitivas y técnico-profesionales, está relacionada por las principales actuaciones de los seres humanos: convivir, aprender y trabajar. Finalmente, se elabora un conjunto de implicaciones curriculares y pedagógicas, respecto de las estructuras organizativas para el trabajo educativo (currículo) y respecto de las prácticas educativas relacionadas con la preparación, la ejecución y la evaluación de los aprendizajes.
Resumo:
El artículo ofrece una reflexión sobre la génesis histórica de la ciudadanía en el contexto de la modernidad; señala los nexos con la constitución de los estados nacionales, y el lugar que tuvo la educación en la creación de comunidades políticas conformadas por ciudadanos libres. El estudio destaca, en primer lugar, las profundas modificaciones que ha sufrido la ciudadanía a lo largo del siglo XX y, en segundo lugar, la necesidad de que la historiografía de la educación incorpore otros enfoques analíticos además de la teoría liberal, que ha ejercido una amplia influencia. Esta renovación analítica contribuirá con herramientas teóricas y metodológicas que permitan reelaborar la categoría de ciudadanía, para comprender mejor los procesos históricos de los últimos siglos, así como las expectativas planteadas a comienzos del siglo XXI.
Resumo:
Por varias décadas, el tema de la educación superior, el sentido de responsabilidad social de sus instituciones, la calidad académica, su pertinencia y su financiamiento estuvieron ausentes en la política pública y curiosamente, salvo esporádicas preocupaciones que no tuvieron eco, en la vida académica misma. Es únicamente con la expedición del Mandato Constituyente No. 14 que el Estado empieza todo un proceso de recuperación de su papel director y regulador del sistema de educación superior. Este proceso empezó, en cumplimiento con el Mandato mencionado, con la evaluación de las instituciones de educación superior, realizada por el ex – Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA) y cuyos resultados fueron publicados en el informe Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Se analiza las tendencias en el panorama de cambio del sistema e educación superior ecuatoriano y las políticas aplicadas por el actual gobierno.
Resumo:
El tema de las competencias, ha germinado con la idea de desarrollar en el individuo diferentes capacidades que integradas le permitan desenvolverse en medios y contextos determinados. Uno de estos contextos es precisamente el sector público, donde las personas que dependen del servicio que brinda este sector esperan que sea de calidad y orientado a satisfacer sus necesidades. Una manera de cubrir las expectativas de un servicio público de calidad es la capacitación, la misma que orientada bajo un enfoque por competencias promete desarrollar en el servidor público las capacidades necesarias para cubrir estas expectativas. Una propuesta curricular que coadyuve a una capacitación de calidad, oriente el desarrollo de capacidades y pueda merecer la atención de las instituciones y empresas públicas para mejorar el servicio a la ciudadanía es el propósito que anima este trabajo.